Cuerpo de Investigaciones Científicas

La víctima de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana es Marcos Rafael Guevara Iriarte de 35 años

El fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que su despacho investigará el presunto ajusticiamiento a un hombre por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en La Guaira. 

Por medio de su cuenta en X, el funcionario expuso que la Fiscalía 10 adscrita a derechos humanos tendrá la misión de investigar la supuesta ejecución de Marcos Rafael Guevara Iriarte de 35 años a manos de un funcionario de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB durante un procedimiento llevado a cabo en el cerro Colorado del sector Las Cadenas en Naiguatá. 

Según la versión policial, Guevara Iriarte pertenecía a una banda delictiva que se dedicaba a traficar droga y tenía antecedentes penales.

De acuerdo con un informe de la ONG Provea y la Fundación Centro Gumilla de marzo de este año, los cuerpos de seguridad del Estado fueron responsables de 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2022, una cifra que representó 590 menos que en 2021. 

Según la investigación, del total de víctimas, 806 eran hombres y 18 mujeres. La mayoría eran jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años pertenecientes a sectores populares. 

De acuerdo con la investigación, el organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguido del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías estadales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según cifras recolectadas por Monitor de Víctimas, 94 ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos policiales se llevaron a cabo durante 2022 en el área metropolitana de Caracas, y de enero a julio de este año se contabilizaron 62. 

En una carta enviada al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Vulker Türk, la ONG Cofavic informó sobre 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2012.

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Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas fueron resultado de acciones de los grupos delincuenciales armados

Entre enero y junio de este año, el OVV Región Capital registró, a través de su Observatorio de Prensa (OP), un estimado de al menos 155 delitos en los que hubo 412 víctimas. Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas resultaron principalmente de las acciones de los grupos delincuenciales armados, que constituyen gran parte de las causas de violencia en el área metropolitana de Caracas (AMC).

Además de los homicidios, prevalecieron los robos, con 24%; las agresiones, con 15%; y las tentativas de homicidio, con 6%, y constituyen los delitos más denunciados y publicados en los medios de comunicación en la entidad capital durante el primer semestre de 2023. Esa tendencia ocurre aun, con pocas variaciones porcentuales, ya que datos muestran un panorama muy similar a lo detectado en el primer semestre de 2022.

Otro de los datos contabilizados por el OP fueron los casos de Muertes por Intervención Policial (MIP), en los que hubo 39 víctimas en al menos 17 eventos ocurridos, en su totalidad eran hombres, casi todos menores de 40 años. Los representantes de los organismos de seguridad del Estado, responsables de las intervenciones, fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en 53% de estos sucesos, mientras que en 27% fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esta violencia se mantiene debido a la política del Estado, y se hace evidente la escasa política en materia de prevención y seguridad para la ciudadanía. Al observar en general las características demográficas de las víctimas en los eventos de delitos, 68% fueron hombres, entre estos un poco más de la mitad (51%) tenían entre 15 y 29 años. Un aspecto que llamó la atención ha sido los delitos contra el grupo etario entre los 0 y 14 años, que concentró 17% del total de víctimas, lo cual habla de la violencia que también están sufriendo los niños, niñas y adolescentes en la entidad capital del país.

Por otro lado, en aquellos casos en los que se conoció la ocupación de la víctima, se encontró que siete de cada 10 trabajaban. Indagando en el tipo de trabajo que realizaban, predominaron los trabajadores del sector servicios, comercios y mercados, con 47% de los registros; los obreros y trabajadores de las artes mecánicas, con 12%; y los miembros de servicios de protección y cuerpos policiales, con 9%.

La violencia hacia los grupos vulnerables, contra mujeres, niños y adultos mayores es ejercida la mayoría de las veces por sus propios allegados o parientes. A pesar de que la delincuencia común se mantuvo como la principal victimaria de los delitos, con 50% de los casos contabilizados, los familiares y conocidos de las víctimas se ubicaron en segundo lugar, con 33%.

Variables de ocurrencia y tipos de arma

En el periodo registrado, los momentos y lugares de ocurrencia de los sucesos continuaron siendo los días de semana y las calles, allí tuvieron lugar 61% y 51% de los casos, respectivamente. Además, de los hogares, en los que ocurrieron 27% de los eventos delictivos, se registraron hechos en lugares de trabajo (7%), establecimientos comerciales (6%) y medios de transporte (5%).

En este sentido, el OP registró que las armas de fuego se usaron en 40% de los casos, seguido de la fuerza física, con 28%. Se trata de otra tendencia que persistió en este primer semestre del año, en el que la utilización de las armas de fuego fueron las más empleadas para cometer los delitos.

El fallecido fue identificado como Edgar Eduardo Tovar de 32 años

Un hombre que se escapó de los calabozos de la Policía Municipal de Independencia falleció durante un operativo de la Coordinación de Operaciones Estratégicas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La Laguna de Quebrada Seca en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, estado Miranda.  

El parte policial indica que el fallecido fue identificado como Edgar Eduardo Tovar, de 32 años. El mismo estaba evadido desde el 16/08/2017. La policía dijo que era conocido con el alias de “La Perra”.

La versión oficial de los hechos indica que los funcionarios del Cicpc realizaban un trabajo de campo en la zona cuando Tovar accionó un arma de fuego contra ellos. Durante el procedimiento, los uniformados colectaron un revólver, calibre .38 con varias municiones del mismo calibre.  

Según el Sistema de Investigación e Información (Siipol), Edgar Eduardo Tovar tenía cinco antecedentes penales: K-17-0341-00831 de fecha 12/08/2017 por el delito de homicidio intencional; 2950519 de fecha 18/11/2020 por hurto genérico; GNB-P-SN-18 de fecha 01/10/2018 por el delito de usurpación de identidad; 2807808 de fecha 30/09/2018 por actos lascivos y I-613-629 de fecha 04/10/2010 por desvalijamiento de vehículos.  

Tenía cinco días recluido en uno de los calabozos por estar presuntamente involucrado en un robo

Por deshidratación y amebiasis  falleció  Yorman José Ramos Vargas, quien tenía cinco días recluido en uno de los calabozos de la Policía del estado Anzoátegui, ubicado en el municipio Urbaneja del estado Anzoátegui.

El hombre fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Luis Razetti de Barcelona, pero a los pocos minutos de haber ingresado falleció, por lo que el caso está siendo investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad.

Ramos Vargas habría sido arrestado por estar presuntamente involucrado en un robo y presentaba registro policial por droga, hurto y violencia.

Fueron los expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del municipio Bolívar quienes determinaron las causas de muerte luego de practicarle al cadáver la necropsia de Ley.

Yorman José Ramos estaba a la orden del Tribunal Primero de Control de Barcelona, en el estado Anzoátegui, y algunos familiares de privados de libertad que se encuentran detenidos en el cuerpo de seguridad  aprovecharon la oportunidad para denunciar la falta de atención médica y retardo procesal  que existe en el lugar.

400 presos están en peligro 

Las cifras de epidemiologia que reportan un incremento en los casos de tuberculosis en Altos Mirandinos, subregión del estado Miranda, mantiene en peligro a unos 400 detenidos que están en los centro de detención preventiva ubicados en las dependencia de seguridad en la ciudad de Los Teques, Carrizal y San Antonio de los Altos.

Mildred Guevara, tiene a su ahijado detenidos en el CDP de la delegación Miranda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Los Teques, donde conviven unos 200 privados de libertad.

“Tengo que traerle a diario comida y agua, pero no nos dejan pasar medicinas ni nada para la fiebre”, dijo.

Aseguró que a diario todos deben llevar botellones de hasta 20 litros para que los detenidos se aseen y beban. “Es inhumano, estar así no lo merece nadie, porque, aunque han cometido errores no merecen estar entre heces y orina”, señaló.

Actualmente en estos calabozos hay en promedio 150 privados de libertad. “No hay manera que surtan agua directo en calabozos, donde solo tiene un baño para todos los detenidos”.

Guevara con un grupo de familiares destacó que temen un brote de tuberculosis luego que hace una semana sacaron de gravedad a uno de los detenidos. 

65% son hombres y 35% mujeres 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su informe sobre personas desaparecidas en el Arco Minero del Orinoco, en el que registraron 37 reportes de desapariciones en siete municipios de Bolívar entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

En Sifontes hubo 17 reportes de desaparecidos, 3 en Sucre, 3 en El Callao, 2 en Gran Sabana y 1 en Piar, además de 9 ciudadanos de las que se desconoce su ubicación.

La ONG detalló que “del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y sólo dos aparecieron sin vida”.

Las fallas en el acceso a las comunicaciones también se registró como un patrón, ya que por esta misma razón, los desaparecidos solían pasar largo tiempo sin comunicarse con familiares.

Por otra parte, “al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.

De manera extraoficial, funcionarios habrían confesado a parientes de los desaparecidos no contar ni con el personal suficiente, ni con vehículos y demás recursos para la búsqueda.

El trabajo de la minería no es exclusivo del estado Bolívar, y desde hace varios años se da una migración interna de ciudadanos de todo el país, en busca de mejorar su economía a través del oro.

Codehciu señaló que de las personas reportadas como desaparecidas, 11 son de Bolívar, 2 de Anzoátegui, 2 de Apure, 1 de Sucre, 1 de Yaracuy, 1 en Monagas y 1 en Zulia. Del resto no se tiene información de su procedencia.

Codehciu exhorta al Estado venezolano no solo a pronunciarse y asumir la responsabilidad sobre las desapariciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, también a “diseñar un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en contextos violentos, garantizar la no repetición de estos actos y proteger la dignidad de los familiares”.

Ejecuciones extrajudiciales

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la ONG contabilizó al menos 43 casos. Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, con 16, 11 y 5 muertes respectivamente.

“El informe sobre el monitoreo de estas muertes, que abarca desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, alertó que el órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 20 víctimas en Bolívar”.

En el caso del Cicpc se reportaron como autores de seis presuntas ejecuciones extrajudiciales, y tres reportes cada uno para el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La organización advirtió que en Bolívar, tres hombres murieron bajo custodia del Estado: uno en la cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo. 

Ejecuciones en Monagas

Durante el mismo período, hubo 28 víctimas en seis municipios de Monagas. Codehciu alertó que 23 ciudadanos murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Monagas. De ellas, 8 fueron ejecutadas por la PNB; 7 la GNB y 6 el Cicpc.

“En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional”, alertó Codehciu. 

(Con información de Prensa Codehciu)

En una trocha que comunica Venezuela con Colombia, dos hombres murieron en un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la PNB

@anggyp / Foto: Cortesía

En la primera semana de abril se suman otras dos muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas. Esta vez fue en la trocha Centeno, entre Táchira y Norte de Santander.

Trascendió que comisiones mixtas de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) realizaban investigaciones de campo en el paso irregular fronterizo ubicado en San Antonio, municipio Bolívar, en la madrugada del viernes 8 de abril, cuando se produjo el supuesto enfrentamiento.

Fuentes policiales indicaron que los hombres portaban armas de fuego y efectuaron varios disparos a la comisión; además, aseguraron que habían detonado un artefacto explosivo.

Los hombres habrían resultado heridos y fallecieron luego de ser ingresados al hospital de San Antonio.

Solo uno de los occisos fue identificado. Era venezolano y respondía al nombre de Edward Daniel Betancourt Prasca, de 34 años de edad.

Las autoridades regionales señalaron a los fallecidos como presuntos miembros del Tren de Aragua. Hasta el momento de publicación de esta nota no se había acercado algún allegado o familiar a la morgue a reclamar los cadáveres.

Con estos dos, sumarían un total de cuatro personas muertas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas en las últimas semanas.

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En el último semestre de 2019 se han producido en el Zulia varios casos de sicariato con la particularidad de que las víctimas pertenecen al sector de la política: un director general de alcaldía, un alcalde, tres concejales y carios dirigentes vinculados a estas víctimas.

En diciembre de 2018 sicarios asesinaron en el sector Lo de Doria,del municipio Jesús Enrique Lossada, a David Mujica (22 años), sobrino del alcalde de ese municipio e hijo del diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, Edgar Mujica. En el hecho también ultimaron a su chofer Melesio Mapari.

Según la hipótesis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el móvil del suceso fue una represalia de la mafia local debido a las estrategias de seguridad implementadas por el alcalde Junior Mujica con el apoyo del diputado regional, padre de la víctima. Estrategias que, entre otros aspectos, contempla la creación de una sede de la policía científica en el municipio.

El 15 de febrero de este año fue asesinado por sicarios Adalberto Melean Sánchez, de 19 años, chofer del alcalde Mujica e hijo de la concejal del municipio Jesús Enrique Lossada, Verimar Sánchez, quien también fue herida de un disparo en la mano. El hecho ocurrió en el mismo sector del suceso anterior.

El 22 de abril sicarios asesinaron de dos impactos de bala en la cabeza y otros dos en el pecho a Jaime Navarro Ramírez, de 32 años de edad, director general de la alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar. En el suceso resultó herido Abismaer Echeverría, escolta del funcionario. El hecho se produjo en la parroquia Simón Rodríguez del mencionado municipio.

En el primer día del mes de mayo de este año, en el mismo sector, se produjo un atentado en contra del alcalde Junior Mujica del municipio lossadeño. El vehículo en el que se trasladaba fue emboscado por hombres armados que abrieron fuego en contra del primer mandatario municipal, quien salió ileso. En esta acción resultaron heridos tres de sus escoltas, los cuales lograron repeler con éxito el intento de magnicidio.

El 6 de junio, hombres armados ingresaron a la residencia de la concejal Milagros Bedoya, de 36 años, y la asesinaron a disparos en horas de la tarde. El hecho ocurrió en El Guayabo, municipio Catatumbo.

Apenas cinco días después del asesinato de la edil, nuevamente en el municipio Jesús Enrique Lossada se produjo un hecho de violencia en contra de políticos de esta entidad municipal con resultados fatales. El 11 de junio fue asesinado a balazos por la espalda el concejal Michael Padrón, de 28 años de edad, en el barrio Chicho Troconis de la parroquia La Concepción.

El alcalde Junior Mujica señala como responsable de todos esos hechos a El chamut, líder del crimen organizado en esa entidad. Las distintas hipótesis que maneja el Cicpc incluyen desde retaliaciones de la mafia, hasta crímenes asociados a razones políticas.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia Zulia se hace un llamado de alerta a las autoridades, a las organizaciones civiles y a la sociedad en general, a mirar con atención estos hechos de violencia criminal vinculados al mundo de la política. Se deben esclarecer estos crímenes y establecer medidas de control urgente para evitar que se convierta en un nuevo patrón de violencia que se expanda a grandes saltos a los ya altos niveles de violencia presente.