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Protestas 2017 |  Paul Moreno: El único paciente que no atendió la Cruz Verde
El brigadista y estudiante de medicina fue la víctima número 62 de las protestas antigubernamentales de 2017 y uno de los 12 caídos en el estado Zulia según el registro de  Runrunes
La nueva audiencia donde acudirá el supuesto victimario, Omar Barrios, se llevará a cabo a principios de junio de 2018
Familiares y compañeros decidieron crear una asociación con el nombre de Paul para ofrecer atención médica gratuita y dotar de medicinas a personas de escasos recursos

 

@franzambranor

A UN COSTADO DE LA AVENIDA Fuerzas Armadas en Maracaibo, a la altura de la calle 42, Paul Moreno, descansaba sentado luego de prestar servicios como brigadista voluntario en una marcha que nunca llegó a la sede del Consejo Nacional Electoral. Eran días de intensa protesta en la capital zuliana y ese 18 de mayo de 2017, pasadas las 3:00 pm, Paúl había dado por concluida su misión con la Cruz Verde. Una camioneta Hilux con vidrios ahumados se detuvo a metros de donde estaba el estudiante del quinto año de Medicina en la Universidad del Zulia, pero a diferencia del resto de los vehículos no dio una vuelta en “U” para sortear la barricada que habían levantado algunos manifestantes. Aceleró, hizo un rápido giro y se llevó por delante a Paul.

El joven falleció casi en el acto. Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de LUZ, estaba a una cuadra de distancia y escuchó el brusco escape del carro. Minutos después, un desconocido se le acercó diciéndole: “mataron al paramédico, lo mataron, lo mataron”.

Varela, junto al grupo de profesionales que lidera, corrió al sitio y cuando llegó presenció una escena que jamás olvidará. “No vi a Paul tendido en el suelo, ya se lo habían llevado porque el Hospital Adolfo Pons queda muy cerca de allí. Había demasiada sangre en el piso, sabía que algo estaba mal…fue el único paciente que no pudimos atender y cuánto lo sentimos”.

En el Adolfo Pons no cabía un alma, según Varela. Allá también arribó instantes después la persona que más lamentaría el deceso de Paul: su madre, Marlene Camacho, quien solía acompañarlo a todas las manifestaciones. Ese día casualmente se quedó en casa. El propio Paul le pidió que bajara la frecuencia de participación en las protestas de calle porque se estaban tornando cada día más peligrosas. “Me tocó la puerta un compañero de él y me dijo: mami vístete porque a Paul lo atropelló un carro y necesitan tu sangre”, dijo Camacho.

Sacó fuerzas desde donde no tenía para vestirse y emprendió camino. Entró como una tromba a la emergencia del hospital. Allí un grupo de médicos la esperaban con caras largas, como tratando de atajarla antes de confrontar la dura realidad de haber perdido a un hijo.

“Yo confieso que me volví como loca, lo tenían en una camilla, me despedí con un beso, nunca me olvidaré de eso”.

Camacho asegura que ese fatídico día llamó por teléfono a su hijo cerca de la 1:00 pm y le dejó un mensaje de voz para recordarle que lo esperaba para almorzar.

“Él me dijo que no me preocupara, que iba a regresar temprano porque tenía que seguir trabajando esa tarde…a mí me daba miedo, porque para esa época ya habían como 40 muertos en el país, pero él siempre me tranquilizaba, me comentaba que ese era su trabajo: salvar vidas”.

Su hermano mayor Carlos estaba a miles de kilómetros de distancia, en Madrid, donde reside desde hace dos años. Era inevitable que Carlos, quien es periodista y fue director del periódico Versión Final, se enterase por las redes sociales porque además seguía el desarrollo de las protestas con especial interés.

“Hablamos un par de días antes del suceso y le pedí que se cuidara porque la represión estaba recrudeciendo. Le dije que los cuerpos de seguridad estaban saliendo a matar; él siempre me daba tranquilidad y me decía que ese era el trabajo que le correspondía”, aseveró Carlos desde España.

“Él estaba allí para todos, tanto para los que eran opositores como para los chavistas, socorría a los que sufrían de un lado y otro”, asegura el tío de Paul, Octavio Gómez, director de Finanzas de la Asociación Civil “Dr. Paul Moreno Camacho”.

Marlene Camacho relató que horas antes de morir Paul había auxiliado a un manifestante que sufría de asma y se había ahogado con el humo de una bomba lacrimógena. Paul se quitó la máscara que portaba y se la puso al joven afectado.

“Luego durante uno de los homenajes a mi hijo, la mamá de ese muchacho se me acercó y me dijo que Paul le había salvado la vida a su hijo”.

El supuesto culpable y proceso judicial

Luego del suceso, el Ministerio Público aún comandado por Luisa Ortega Díaz, designó al fiscal 4to del Zulia, Israel Vargas para dirigir la investigación.

A bordo de la camioneta Hilux blanca de vidrios ahumados nunca se determinó cuántas personas iban en realidad. En un principio se hablaba de tres individuos y luego se expuso que una pareja formada por Omar Andrés Barrios, de entonces 22 años y Liz Mary Hernández, de 20. También se creía que quien estaba al volante era Hernández, pero en la audiencia de presentación de ambos, Barrios asumió la conducción del vehículo.

Omar Andrés es hijo de Omar Barrios, dueño de la farmacia La Zuliana y el Supermercado La Fiorella, establecimientos donde en diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) incautó 600 cajas de medicamentos provenientes del convenio Cuba-Venezuela.

Luego de arrollar a Paul, Barrios y su compañera huyeron del lugar. Siete días después familiares del señalado como asesino de Paul aseguraron que se entregó voluntariamente, aunque Carlos Moreno niega rotundamente esa tesis.

“Estaba oculto en su residencia que, por cierto, queda en una zona acomodada de Maracaibo”, dijo el mayor de los Moreno. “Quisieron hacerlo ver como que sí se entregó y eso es mentira, fue una captura empujada por la presión social y la indignación que había en ese momento, ellos incluso trataron de contactarnos para ver si llegábamos a un arreglo”.

Posterior a dos días de deliberaciones, la jueza sexta de control, Milagros Méndez, dictó libertad plena para Hernández, mientras que a Barrios le ratificó la privativa por el supuesto delito de homicidio calificado con alevosía.

“Eso es una aberración jurídica porque ella sabía el paradero del victimario de Paul y de algunas modificaciones que se le hicieron a la camioneta Hailux que lo arrolló con la intención de que no la encontrasen, ella es cómplice”, sostuvo Carlos Moreno.

“El habló cerca de dos horas y ella por 50 minutos y ambas declaraciones estuvieron repletas de contradicciones. Ella dijo que Barrios había bajado el vidrio para mediar con quienes obstruían el tránsito, cuestión que él no hizo, entonces él manifestó que le habían lanzado piedras al vehículo y ella no, y cosas así por el estilo”, indicó Moreno.

“Tuvimos seis meses de retardo procesal por razones tan banales como que la jueza se sentía mal o que no había luz en el juzgado”, agregó.

Aunado a esa decisión en noviembre de 2017, la jueza encargada Yesiré Rincón emitió la sentencia Nro 050-2017 en la que ubica la muerte de Paul Moreno el 2 de agosto de 2009.

Con el cambio de fechas, Rincón eximió parcialmente a Barrios de la calificación intermedia de homicidio intencional a título de dolo eventual, una sentencia de criterio aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2011.

En el texto, la jueza Rincón argumenta que aunque el homicidio de Paul se trató de un accidente por imprudencia de Barrios y la falta de cuidado del joven brigadista por estar en una vía pública, el hecho no encajaba en la calificación de homicidio intencional a título de dolo eventual.

“Ella dijo que no se podía apegar a una sentencia de 2011 del TSJ porque Paul había muerto en 2009, así de simple”, expuso Moreno.

De esa manera, Barrios quedaba en libertad con régimen de presentación de un año y siete meses, además de prohibición de salida del país.

“Otro de los argumentos que esgrimió la juez fue que Paul no tenía derecho de estar obstruyendo el tránsito y este señor sí lo tenía para circular”, reclamó el hermano de la víctima.

Pero las acciones de la familia Moreno surtieron efecto y la Corte de Apelaciones con ponencia de la magistrada Maurelis Vílchez decidió el 31 de enero de este año revocar la libertad a Barrios y ordenó arresto domiciliario mientras se espera una nueva audiencia preliminar.

Moreno denunció que el pasado 9 de mayo intentaron hacer una audiencia sin la presencia de los familiares y la defensa.

“A todas estas no sabemos si Barrios está cumpliendo ese arresto domiciliario, no sabemos qué organismo lo custodia, a mí me da la impresión que incluso podría estar fuera de Venezuela”, indicó Marlene Camacho.

Moreno aseguró que la nueva audiencia tendrá lugar el próximo 4 de junio. “Nosotros no confiamos en la justicia venezolana, no solo por el caso de Paul, sino por todas las familias de muchachos que han sido asesinados. Pese a eso, no vamos a dejar de luchar para que se haga justicia dentro y fuera del país”.

La vocación y la asociación

Para Giovanni Varela, coordinador de primeros auxilios de la Universidad del Zulia, Paul Moreno era una inspiración. “Yo pienso que Paul era un ejemplo porque la facultad de Medicina de LUZ tiene 8 mil estudiantes y de esos, 30 preferimos estar en la calle, ayudando a la gente”.

La brigada de la Cruz Verde surgió de manera espontánea afirmó Varela.

“El equipo comenzó a trabajar el 19 de abril de 2017 a propósito de las intensas protestas aquí en Maracaibo y motivados también por el trabajo que hicieron los colegas de la UCV en 2014”, dijo.

Varela manifestó que el grupo de voluntarios llegó a atender entre 40 y 50 heridos por día durante las protestas del año pasado.

“Establecimos una hermandad entre nosotros, nos dimos cuenta que las protestas iban escalando y también los heridos, tanto manifestantes como miembros de cuerpos de seguridad del Estado, así como gente que no tenía que ver con el asunto”.

Varela aseguró que entre los afectados resaltan 8 por arma de fuego, uno de ellos un menor de edad de 17 años que tenía una herida en la arteria femoral.

Manifestó que posterior al asesinato de Paul hubo un obvio luto y repliegue de los miembros de la Cruz Verde. “Muchos no querían salir por miedo”.

Pero pasado el tiempo retomaron las calles y concluidas las manifestaciones presenciaron un fenómeno que no esperaban.

“Hubo un interés inmenso en formar parte del equipo, desde que Paul murió empezamos a recibir solicitudes, hoy en día somos 120 voluntarios”.

“Luego de que cesaron las marchas, nos reunimos para replantearnos nuestra labor y decidimos que teníamos que ayudar a las comunidades más necesitadas, ahora hacemos jornadas médicas en 13 sitios diferentes del estado Zulia y atendemos a 4 mil pacientes”.

Pero la repentina muerte de Paul Moreno no solo inspiró a cientos de compañeros a hacer labor social, también a sus familiares que crearon una asociación con su nombre.

“La asociación civil la hicimos para que prevalezca el anhelo que Paul tuvo en la vida, que era la lucha por la igualdad”, sentenció su tío, Octavio Gómez.

La asociación se encarga de llevar a cabo acciones sociales y recolectar medicinas y nutrientes para personas de escasos recursos. Funciona tanto en Venezuela como en España con el apoyo de la Unión Europea. “Atendemos a enfermos y hacemos entregas de medicamentos gratuitos a la gente”, agregó Gómez.

Marlene Camacho, madre de Paul, entrega un donativo a nombre de la asociación

Este 18 de mayo, a un año del asesinato de Paul, familiares y compañeros aspiran llevar a cabo varios actos.

Rendirán tributo al estudiante en la Facultad de Medicina, donde hay un mural con su imagen, harán una misa cerca de su residencia y acudirán al sitio donde fue asesinado en la avenida Fuerzas Armadas, vía a la que la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales le puso el nombre de “Paul Moreno Camacho” y posteriormente el dirigente municipal Willy Casanova optó por quitar.

“Estas fechas son fuertes porque se revive todo, no hay un día que pase que no piense en mi hermano”, dijo Carlos Moreno. “Este año se me hubiese graduado de médico”, recordó su madre Marlene Camacho.

 

Familiares de víctimas, alcaldes y un exfiscal fueron parte de las últimas audiencias de la OEA sobre Venezuela

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La Organización de Estados Americanos (OEA), analizó este jueves por tercera vez el caso de Venezuela antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a las autoridades chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La OEA ha discutido en varias ocasiones el tema de Venezuela. También ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios de este año. En esta oportunidad, la audiencia contó con los testimonios de familiares de víctimas, políticos venezolanos y un exfiscal.

Luis Almagro, secretario general de la OEA e impulsor de la insólita iniciativa de las audiencias, se ausentó de nuevo de las sesiones, como ya hizo en las anteriores, celebradas en septiembre y octubre.

Uno de los testimonios lo ofrecieron paramédicos de la Cruz Verde, quienes mostraron las estadísticas de las personas fallecidas que fueron atendidas por la institución durante los cuatro meses de manifestaciones continuas.

En el informe mostrado por la ONG, se destaca que 48 personas murieron por disparos con armas de fuego, 8 por cable de tensión, 5 por metras o esferas de metal, 2 por perdigones y 2 arrollados. Otro dos ciudadanos murieron por impacto de bombas lacrimógenas, una víctima por asfixia por gas lacrimógeno, uno por choque contra barricada y uno por golpe de objeto contundente.

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En su opinión -y recomendación al organismo- todas las opciones de decisión de a tomar “deben estar sobre la mesa: las diplomáticas, las sancionatorias, las coercitivas”, justificando que “pensando solamente en el número de venezolanos que mueren, las vidas que se pierden (…) de todos los escenarios posibles en Venezuela el que más muertes causa es el de Nicolás Maduro perpetrado en el poder, con la consiguiente tragedia humanitaria que estamos viviendo”.

Y así mismo advirtió que “en Venezuela hoy no hay posibilidades de una salida electoral, no hay posibilidades de una salida constitucional. Las opciones que están en la Constitución (…) no son una posibilidad en Venezuela, no hay posibilidad de una salida constitucional de un cambio de gobierno por la vía democrática. Otra cosa que sabemos es que los venezolanos, solos por nuestra misma lucha no tenemos la capacidad de cambiar un gobierno que se apoya en las armas. Aunque se disfracen de Tribunal Supremo de Justicia, aunque se disfracen de Consejo Nacional Electoral, de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela gobiernan las armas, es un gobierno de fuerza (…), y además está dispuesto a usarlas sin límites”.

Denunció el caso de los 14 policías de Chacao, presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). «Ellos se pusieron a derecho -recordó-, «seguros de su inocencia», y el Ministerio Público determinó que no había elementos suficientes para acusarlos y pidió su libertad, algo que también hizo el tribunal que llevaba dicha causa por lo cual emitió las boletas de excarcelación. «Ha pasado más de un año desde que estos policías, por petición de la fiscalía y del tribunal que lleva la causa, tienen boleta de excarcelación emitida y siguen ilegalmente detenidos, secuestrados en la sede del (Sebin en el) Helicoide en Caracas», mencionó.

El alcalde del municipio mirandino fue precedido por su homólogo del municipio Lecherías del estado Anzoátegui, Gustavo Marcano.

“En Venezuela estamos sufriendo una dictadura, además sin ningún tipo de escrúpulos, que ni siquiera disimula ante la comunidad internacional su comportamiento, acabamos de verlo en el caso de las elecciones regionales, lo estamos viendo en el caso de violaciones a los derechos humanos en contra de presos políticos”, dijo ante el panel de expertos internacionales.

En sus consideraciones agregó que “la persecución política no es exclusiva para los dirigentes políticos, ya que se traslada a nuestras familias, ya se traslada al ciudadano común que emite una opinión contraria al régimen, y que por el simple hecho de emitir un ‘tuit’ contrario al régimen puede ser objeto de privación ilegítima de su libertad. Puede pasar días, meses y hasta algún año sin ningún tipo de juicio, privado de su libertad”.

 


Otro venezolano en presentarse ante la OEA fue el  fiscal Franklin Nieves. “En mi caso particular fui coaccionado por mis superiores jerárquicos. El director general Joel Espinoza me dice que debo irme hasta el estado Táchira de manera preventiva porque Leopoldo López iba a realizar unas asambleas de calle. Estando en Táchira se había convocado a una marcha en Caracas por lo que llamé a Joel y le dije que en Táchira estaba todo normalizado y que me podía regresar para Caracas porque me acababa de nacer una niña. Él me dijo que me viniera con una comisión, por lo que hablé con el comisario Elvis para trasladarme. Cuando iba a la altura de los bomberos metropolitanos en la avenida Fuerzas Armadas escucho por la radio que piden apoyo con los manifestantes. Fue en ese momento cuando José Ramón Perdomo, comisario del Sebin, mató a Bassil Da Costa”, denunció Nieves.

El ex fiscal advirtió que las actuaciones de la jueza del caso de Leopoldo López eran coordinadas por la magistrada presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y aseguró que la orden de aprehensión contra López fue acordada de forma inmediata a pesar de no tener pruebas en su contra. “La juez Susana Barreiros me confesó que condenó a Leopoldo López por orden de Diosdado Cabello”, denunció.

Además responsabilizó a Nelson Mejías, director de delitos comunes y su jefe directo, de amenazarlos constantemente y en el caso de que Nieves no acatara sus órdenes se le abriría un procedimiento penal en su contra. “Nelson nos decía que él no se hundiría solo, que iba a ir preso y que hablaría con la fiscal (Luisa Ortega Díaz)”, agregó.

Nieves también reconoció en la sede la OEA que fue editado el video, por órdenes de Mejías, en el que aparecían los funcionarios lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes durante una protesta que se realizó el 12 de febrero de 2014 y este mismo funcionario habría ordenado a los fiscales «testificar falsamente» contra Leopoldo López. “Las molotov lanzadas por los manifestantes contra la sede de la fiscalía en el año 2014 nunca incendiaron la sede del organismo”, aseguró.

Además responsabilizó al general Manuel Bernal, ex director del Sebin, de amenazarlo con cumplir sus órdenes cuando le dijo que se necesitaban cuatros órdenes de aprehensión por órdenes del presidente Nicolás Maduro. “En ese momento le pedí las pruebas para fundamentar las órdenes de aprehensión y él pidió me prepararan un acta policial. Me la entregaron y Bernal dijo que no me pierdan de vista”, denunció Nieves.

Después de este incidente, el ex fiscal explicó que conoció a la ex jueza Ralenis Tovar quien fue la funcionaria que firmó la orden de aprehensión contra Leopoldo López porque se sintió atemorizada. “La llamé y entendí que estaba en la misma condición que yo o peor”, dijo.

En relación a la fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que cuando ella se dio cuenta que no había elementos contra Leopoldo López comenzó una presión aún más fuerte contra los fiscales y jueces. Además señaló a Zinnia Briceño, presidenta del circuito penal de Caracas, y a Narda Sanabria como parte de las funcionarias que se prestaron para amenazar y obligar al resto de los fiscales y jueces de actuar en contra de López.

Por otro lado, Nieves denunció que el en Sebin se ha erigido en grupo parapolicial que vigila las sentencias de los jueces. “Hay personas que los tribunales han liberado, y sin embargo el Sebin no los suelta, pueden pasar presos el tiempo que quieran», aseguró.

 

Con lágrimas en los ojos y el llanto de un padre que perdió a su hijo, José Gregorio Pernalete, denunció hoy en la sede de la OEA que su hijo de 20 años Juan Pablo Pernalete fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional durante las protestas pacíficas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

“Nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado el 26 de abril de 2017. Él fue víctima de una ejecución extrajudicial por un guardia nacional que disparó una bomba lacrimógena que la lanzó en ángulo recto de 90 grados causándole un impacto en su pecho que lo mató”, detalló Pernalete.

Aseguró que el armamento con el que mataron a Juan Pablo Pernalete (una bomba lacrimógena) “es utilizado para el control de manifestaciones y debe utilizarse en un ángulo de 45 grados porque alcanza unos 160 metros de distancia; sin embargo a mi hijo lo mataron a quemarropa disparándole a 15 o 20 metros. Fue una ejecución extrajudicial”.

La madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Llovera, también intervino en la audiencia de la OEA y detalló que al recibir la noticia de que su hijo estaba herido fueron a un centro de salud en el municipio Chacao y cuando llegaron al ambulatorio, el entonces alcalde de esta localidad, Ramón Muchachos les dijo: “Tienes que ser fuerte. Tu hijo está muerto. Yo me volví como loca. Empecé a buscarlo por todos los cubículos. Había muchos muchachos heridos hasta que encontré el mío: muerto”.

Por su parte, el padre del joven asesinado señaló la responsabilidad de varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Diosdado Cabello el mismo día que mataron a mi hijo en su programa, Con el mazo dando, dijo que no había presencia de la Guardia Nacional en la zona donde lo mataron y que a nuestro hijo lo matan los mismos manifestantes calificándolos de terroristas. Sacó fotografías a su conveniencia intentando imponer una matriz sesgada a las investigaciones que ni siquiera la fiscalía había comenzado”, denunció.

Además, denunció que el diario Últimas Noticias, dirigido por Eleazar Díaz Rangel, tituló su primera página asegurando que según una supuesta autopsia se descartaba que la muerte fuera causada por una bomba lacrimógena sino por una pistola de perno.

También señaló que la abogada María Alejandra Díaz en su programa de televisión transmitido por Venezolana de Televisión manipuló el video que estaba circulando en las redes sociales “haciendo ver que a mi hijo lo mataron sus propios amigos”. En esta oportunidad la abogada estaba acompaña de uno de los productores de Zurda Konducta, programa que también mantuvo esta falsa línea informativa.

Otros funcionarios que también difundieron que a Pernalete lo mató una pistola de perno y no una bomba lacrimógena disparada por un GBN, según el relato del padre del joven, fueron Ernesto Villegas, que en esa oportunidad era ministro de Comunicación, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el diputado Pedro Carreño y Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela para ese momento.

Sin embargo, a pesar de todo el intento por parte de estos funcionarios del gobierno de Maduro en desviar las verdaderas causas de la muerte de Pernalete, el 24 de mayo de este año la Fiscalía, dirigida por Luisa Ortega Díaz, determinó que según exámenes balísticos y toxicológicos, investigaciones y horas de trabajo la muerte fue por una bomba lacrimógena y no una pistola de perno. “El asesino de mi hijo fue un guardia nacional, pero aún no hay justicia. No sabemos qué funcionario lo mató”, denunció.

¿Y ahora qué va ocurrir?

La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; u, hoy mismo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.

La jurista denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan “de limpieza social”.

 

*Con información de EFE, El Nacional y El Universal

 

Saqueos continuaron este viernes en la ciudad de Coro

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Este viernes la ola de saqueos y disturbios continuó en Coro, capital del estado Falcón. Al menos diez comercios de la calle cuatro del sector Cruz Verde fueron saqueados casi en su totalidad reportó el periodista, Gerardo Morón.

Se conoció también que hubo un conato de saqueo en el mercado viejo de la ciudad.

Más temprano, estudiantes de medicina fueron reprimidos por Polifalcón y la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Sucre de la capital falconiana, luego que salieron a protestar contra el gobierno de Maduro.

La reyerta dejó un saldo de cinco heridos, entre ellos un adolescente de cuarto año de bachillerato.

Fue la segunda jornada de protestas y saqueos, luego que el jueves estudiantes de la Universidad de Francisco de Miranda protagonizaran enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.

El jueves un automercado, una farmacia y una charcutería fueron saqueadas, aunado a eso las sedes de Corpoelec y el registro civil  de Cumarebo fueron incendiadas.

El alcalde de Coro, Pablo Acosta desmintió que en la entidad se fuese a decretar un toque de queda y responsabilizó de los desmanes al diputado de la MUD, José Gregorio Graterol.

 

     

 

Vídeos cortesía de Gerardo Morón