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Cruz Roja

OIM y Acnur alertan una crisis humanitaria cada vez más profunda en el Darién
La nacionalidad más frecuente al cruzar la selva es la venezolana, con el 63,93 % de la población que cruza la frontera entre Colombia y Panamá

Foto: OIM/Gema Cortés

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó este viernes que más de 501.297 migrantes y refugiados cruzaron la selva del Darién en lo que va de 2023, más del doble que en 2022. Advierten que los países de Suramérica y Centroamérica deben «implementar una respuesta regional basada en la cooperación y la solidaridad».

«Ningún país puede con sus propias herramientas y aisladamente abordar tales desafíos. Tan sólo trabajando conjuntamente con los actores claves de relevancia sobre la base de un enfoque colaborativo y observando con atención lo que podría llegar a hacerse en cada instancia del viaje es que podremos luchar contra tales desafíos de forma efectiva», sostuvo Filippo Grandi, Alto Comisionado para los Refugiados, en una nota de prensa de la ONU.

La nacionalidad venezolana es la más frecuente al cruzar la selva del Darién, con 320.465 migrantes, según los datos de Migración Panamá para el 7 de diciembre. La mayoría tiene como destino Estados Unidos, Costa Rica o México.

«Los países de acogida piden un mayor apoyo de parte de la comunidad internacional para fortalecer los servicios nacionales y brindar oportunidades de integración para que las personas puedan encontrar estabilidad y evitar embarcarse en viajes tan peligrosos», dijo Amy Pope, directora general de la OIM.

Los niños también son mayoría en el Darién

El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, Olivier Dubois, explicó a la agencia de noticias EFE que esta situación demanda «una respuesta de asistencia humanitaria inmediata», así como una reacción coordinada entre los países de origen, tránsito y destino junto con los organismos humanitarios.

Los organismos internacionales explicaron el enfoque requeriría empezar por atender las causas que hacen que las personas abandonen su país, haciendo frente a la desigualdad económica, al acceso a la salud y a la educación y mitigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.

Dubois alertó que detrás de este «número bruto» de ingreso de migrantes, hay que poner atención en que muchos de ellos son «niñas, niños y adolescentes que llegan deshidratados tras días sin probar alimentos, enfermos, con necesidad de atención física y de salud mental, pero también con necesidades de protección específicas especialmente si fueron víctimas de violencia sexual, de extorsión, secuestros» y otros delitos.

En el Gobierno de Panamá acusó a los países del sur de América, especialmente a la vecina Colombia, de dar la espalda al problema migratorio, en cuya gestión el país centroamericano ha invertido cerca de 70 millones de dólares en los últimos años, de acuerdo con datos oficiales. Al menos 33.297 personas pasaron por la frontera selvática entre Panamá y Colombia entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre. 

Mientras tanto, la OIM y la Acnur advierten que las políticas restrictivas, como las implementadas por Chile, crean barreras al asilo y devuelven a las personas a lugares donde sus vidas podrían correr peligro son contrarias al derecho internacional de los refugiados y no son la respuesta adecuada ya que llevan a la gente a tomar rutas aún más arriesgadas que sólo benefician a los traficantes de migrantes. 

Darién

Participación de vicerrectores de la UCV en junta ad-hoc de la Cruz Roja debió aprobarla el Consejo Universitario
La vicerrectora académica de la UCV, Fátima Garcés,  forma parte de la junta directiva ad-hoc de la Cruz Roja de Venezuela tras ser intervenida por el TSJ,. Mientras que el vicerrector administrativo, José Balbino León, figuró en una imagen con dicho grupo
Cuatro representantes profesorales ante el CU de la UCV alertan que la participación de vicerrectores en la junta interventora de la Cruz Roja debió ser autorizada en consejo universitario extraordinario
«Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho y  al debido proceso», alertaron

 

Cuatro representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fijaron posición en una carta pública sobre la participación de la vicerrectora académica Fátima Garcés en la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que se constituyó tras intervención del Tribunal Supremo de Justicia. 

«Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo Universitario de la UCV, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Dicha participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela», se lee en el texto.

Afirman que en las reseñas curriculares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a «su condición de autoridades de la UCV».

El vicerrector administrativo al que hacen referencia es José Balbino León. Aunque no fue mencionado oficialmente como parte de la directiva provisional de la Cruz Roja tras la intervención (como sí pasó con Garcés), apareció en una imagen junto a miembros de esa directiva durante su instalación. 

León, además, salvó hace unos días su voto en el comunicado del Consejo Universitario donde se expresaba la inconformidad del cuerpo colegiado sobre el bono vacacional.

Participación debió ser aprobada en Consejo Universitario

Recuerdan, además, que la Ley de Universidades es clara al señalar que «las autoridades deben ser autorizadas por el Consejo Universitario para realizar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman durante el ejercicio de su cargo», según estipula en su artículo 162.

«Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de Escuela e institutos universitarios son de tiempo completo Dictes funciones y las de profesor de tiempo comploto son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su índole o por su coincidencia de horario, menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias», reza dicho artículo. 

A juicio de los profesores que firmaron la misiva,  la importancia del asunto «obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora». Pero, contrario a lo que dictaba la ley, «nada de eso ha ocurrido».

«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora. Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país», remarcan los miembros del Consejo Universitario en la carta,  profesores Félix J. Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro.

 

En la misiva, concluyen que la participación de dos de las autoridades rectorales de la UCV en dicha junta interventora «es un tema que escapa a una decisión personal de ellas».

«Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país», advirtieron finalmente los firmantes. 

 

Expresidente de la Cruz Roja Venezolana condena ilegal intervención del organismo
Mario Villarroel aseguró que, en los más de 40 años al frente de esta institución, «nunca» fue denunciado por maltratar a su personal y que, en su gestión, «se cumplieron a cabalidad los procesos electorales en los períodos estipulados» en la normativa interna 

 

El expresidente de la Cruz Roja Venezolana Mario Villarroel, cuyas funciones cesaron por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hace una semana, rechazó «categóricamente» la «ilegal» intervención de esta organización y las acusaciones en su contra, las cuales tildó de «deshonestas».

«Rechazo categóricamente la ilegal intervención, en la cual ha sido víctima nuestra institución, basada en falsas imputaciones de las que se hicieron eco órganos de nuestro sistema judicial, logrando eliminar los mecanismos internos establecidos para estos casos en la normativa que rige nuestra federación internacional», dijo en un video publicado en su cuenta en Twitter.

La declaración pública de Villarroel se produce dos semanas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» que habría cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional, y de la decisión del TSJ de intervenir y designar una junta «ad hoc» para la reestructuración del organismo.

Gestión transparente

El expresidente de la Cruz Roja nacional aseguró que, en los más de 40 años al frente de esta institución, «nunca» fue denunciado por maltratar a su personal u otras razones, y que, en su gestión, «se cumplieron a cabalidad los procesos electorales en los períodos estipulados» en la normativa interna.

«Jamás me he valido del cargo de presidente de dicha institución para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales, eso es falso. Las noticias difamatorias generadas para justificar la intervención de la Cruz Roja Venezolana son deshonestas y reprochables», aseveró.

Sobre las donaciones financieras de carácter internacional que ha recibido la institución, señaló que «han sido administradas en su totalidad por la federación internacional».

Además, informó que se encuentra fuera de Venezuela por tratamientos médicos a los que debe someterse, pero que seguirá el desarrollo del proceso judicial en su contra.

Intervención de la Cruz Roja venezolana «es un grave precedente» 

Unas 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja de Venezuela, al considerar que la medida sienta un «grave precedente» para las asociaciones civiles en el país.

En un comunicado, las ONG calificaron como un «cuestionable fallo» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el pasado 4 de agosto, de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.

«Alertamos que tal decisión constituye un agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país», dicen las organizaciones que creen que este hecho «viene a agravar las ya severas privaciones que sufre la población» que recibe asistencia humanitaria.

Contra la independencia y autonomía

A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela».

Por ello, piden que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil» y «que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse, garantizando la continuidad de sus labores».

«Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales», prosigue el escrito.

Además, las ONG piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que «registren y hagan seguimiento de este ataque».

La nueva junta directiva «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana recibió el 9 de agosto a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para elaborar «la hoja de ruta» que garantizará, en un período máximo de un año, «elecciones democráticas» dentro del organismo.

FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.

«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.

La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».

«La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», se lee en la nota.

«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.

Información de EFE

Es un grave precedente: ONG condenan intervención judicial de la Cruz Roja venezolana
Un grupo de organizaciones considera que la medida se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela»

 

Unas 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja de Venezuela, al considerar que la medida sienta un «grave precedente» para las asociaciones civiles en el país.

En un comunicado, las ONG calificaron como un «cuestionable fallo» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el pasado 4 de agosto, de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.

«Alertamos que tal decisión constituye un agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país», dicen las organizaciones que creen que este hecho «viene a agravar las ya severas privaciones que sufre la población» que recibe asistencia humanitaria.

Contra la independencia y autonomía

A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela».

Por ello, piden que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil» y «que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse, garantizando la continuidad de sus labores».

«Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales», prosigue el escrito.

Además, las ONG piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que «registren y hagan seguimiento de este ataque».

La nueva junta directiva «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana recibió el 9 de agosto a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para elaborar «la hoja de ruta» que garantizará, en un período máximo de un año, «elecciones democráticas» dentro del organismo.

FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.

«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.

La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».

«La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», se lee en la nota.

«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.

Información de EFE

FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario de la Cruz Roja Venezolana tras intervención
A través de un comunicado, la Federación Internacional de la Cruz Roja expresó que su prioridad «es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país»

 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.

«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.

La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».

«La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», se lee en la nota.

«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.

Independencia y transparencia 

La ONG Control Ciudadano pidió a la junta «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras intervenir, el pasado 4 de agosto, la organización internacional humanitaria en el país, que garantice la «transparencia» y el respeto a los «principios de independencia y neutralidad».

En un comunicado, la ONG pidió que este proceso de intervención genere «una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución».

Estos cambios, prosiguió, «pueden y deben hacer compatibles los principios de independencia y neutralidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de libre asociación en una sociedad democrática».

Además, Control Ciudadano mostró su alarma por lo que consideró «el uso reiterado de la judicialización para la intervención de entes societarios no estatales», y llamó la atención ante «cualquier intento» de utilizar el caso de la Cruz Roja como precedente para intervenir de manera «indiscriminada» otros «entes asociativos independientes».

Aseguró que la investigación y sanción a responsables de cualquier hecho de «acoso o abuso» que haya tenido lugar dentro de esta organización, no está reñido con la garantía del debido proceso.

Junta reestructuradora de la Cruz Roja

La Cruz Roja Venezolana anunció que siete personas conformarán la junta reestructuradora ad hoc que sigue a la intervención del organismo tras sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

Aseguraron que esta junta solicitará el acompañamiento  del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la intención de  «crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses».

Los integrantes serán Ricardo Cusanno, empresario venezolano que fue presidente de Fedecámaras y quien se anunció desde el día uno de la intervención como quien presidirá este grupo reestructurador.

Le acompañarán la recientemente electa vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, quien fuera coordinadora académica de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios, exdirectora de la Escuela de Bioanálisis y quien posee estudios de PHD en Bioquímica. 

Otro nombre que figura en la lista es el del esgrimista, medallista olímpico y exdiputado oficialista Rubén Limardo, quien es presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima, según la información publicada en la cuenta de la Cruz Roja. Limardo ganó oro en esgrima en Londres 2012 y luego en 2015 fue electo como diputado suplente del estado Bolívar por el PSUV a la AN que controló la oposición.

 

Se suman al grupo Alberto C. Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa y Fundador de Proyecto Alcatraz: «La familia Vollmer donó en 1938 los terrenos donde fue construida la sede actual de la Cruz Roja Venezolana y ha sido partícipe de distintas iniciativas que han favorecido la organización», se detalla en la nota de prensa sobre esta junta. 

Cierran el grupo de siete el cardiólogo Juan Simón Muñoz, director del Servicio de Hemodinamia del Instituto Médico La Floresta, Clínica Rescarven y Clínica Vista California;  Jhoanna Pantoja, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela y voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra a quien presentan como experta en primeros auxilios y programas anticonceptivos.

Con información de EFE

Piden independencia y transparencia a la junta ad hoc de la Cruz Roja Venezolana
Control Ciudadano pidió que este proceso de intervención genere «una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución»

La ONG Control Ciudadano pidió a la junta «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras intervenir, el pasado 4 de agosto, la organización internacional humanitaria en el país, que garantice la «transparencia» y el respeto a los «principios de independencia y neutralidad».

En un comunicado, la ONG pidió que este proceso de intervención genere «una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución».

Estos cambios, prosiguió, «pueden y deben hacer compatibles los principios de independencia y neutralidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de libre asociación en una sociedad democrática».

Además, Control Ciudadano mostró su alarma por lo que consideró «el uso reiterado de la judicialización para la intervención de entes societarios no estatales», y llamó la atención ante «cualquier intento» de utilizar el caso de la Cruz Roja como precedente para intervenir de manera «indiscriminada» otros «entes asociativos independientes».

Aseguró que la investigación y sanción a responsables de cualquier hecho de «acoso o abuso» que haya tenido lugar dentro de esta organización, no está reñido con la garantía del debido proceso.

«Estamos convencidos que la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja debe continuar su existencia y su labor ininterrumpidos desde su fundación. En este sentido, tomamos la palabra de las nuevas autoridades que han llamado a un proceso abierto a la sociedad civil», señaló.

Junta reestructuradora de la Cruz Roja

La Cruz Roja Venezolana anunció que siete personas conformarán la junta reestructuradora ad hoc que sigue a la intervención del organismo tras sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

Aseguraron que esta junta solicitará el acompañamiento  del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la intención de  «crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses».

Los integrantes serán Ricardo Cusanno, empresario venezolano que fue presidente de Fedecámaras y quien se anunció desde el día uno de la intervención como quien presidirá este grupo reestructurador.

Le acompañarán la recientemente electa vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, quien fuera coordinadora académica de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios, exdirectora de la Escuela de Bioanálisis y quien posee estudios de PHD en Bioquímica. 

Otro nombre que figura en la lista es el del esgrimista, medallista olímpico y exdiputado oficialista Rubén Limardo, quien es presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima, según la información publicada en la cuenta de la Cruz Roja. Limardo ganó oro en esgrima en Londres 2012 y luego en 2015 fue electo como diputado suplente del estado Bolívar por el PSUV a la AN que controló la oposición.

 

Se suman al grupo Alberto C. Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa y Fundador de Proyecto Alcatraz: «La familia Vollmer donó en 1938 los terrenos donde fue construida la sede actual de la Cruz Roja Venezolana y ha sido partícipe de distintas iniciativas que han favorecido la organización», se detalla en la nota de prensa sobre esta junta. 

Cierran el grupo de siete el cardiólogo Juan Simón Muñoz, director del Servicio de Hemodinamia del Instituto Médico La Floresta, Clínica Rescarven y Clínica Vista California;  Jhoanna Pantoja, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela y voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra a quien presentan como experta en primeros auxilios y programas anticonceptivos.

Con información de EFE

Sedes de la Cruz Roja Venezolana operarán con normalidad pese a intervención
El organismo multilateral indicó que los voluntarios continuarán su labor humanitaria sin interrupciones, siempre apegados a los principios de la institución 

 

La Cruz Roja Venezolana informó en redes sociales el sábado 5 de agosto que todas sus sedes, hospitales y ambulatorios en todo el país se mantienen operando sin problema alguno en todos sus servicios y horarios, luego de que se anunciara la intervención del organismo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la estructuración de una junta ad hoc encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras e integrante del Foro Cívico.

De igual forma, el organismo multilateral indicó que los voluntarios continuarán su labor humanitaria sin interrupciones, siempre apegados a los principios de la institución.

Esto se conoce luego de que el expresidente de Fedecámaras y quien fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia para hacer una restructuración en la Cruz Roja Venezolana, Ricardo Cusanno, se reuniera, el sábado 4 de agosto, con el secretario saliente de la organización, Mario Santimone.

La información se dio a conocer a través de la cuenta en Instagram de la Cruz Roja Venezolana en la que se informó que Cusanno y Santimone conversaron sobre el estado actual de la institución y manifestaron su intención de trabajar en conjunto para mejorarla.

El Foro Cívico, organización a la que está adscrita Cusanno, emitió un comunicado este domingo 6 de agosto en el que afirmó no tener conocimiento ni tiene relación con el proceso contra el ente multilateral y expresó su respeto a la autonomía de quienes conforman la organización.

En el texto, difundido en sus redes sociales, el Foro Cívico considera «gravísima» la intervención del Tribunal Supremo de Justicia porque, a su juicio, sienta un precedente «que vulnera el derecho a la libre asociación» que afecta la autonomía e independencia de la Cruz Roja Venezolana y de otras organizaciones de la sociedad civil.

Cruz Roja Venezolana atendió a 440.000 personas en 2022
La Cruz Roja Venezolana se ha enfocado en áreas de intervención como salud y respuesta a COVID-19

En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna, la Cruz Roja Venezolana aseguró que el último año apoyaron a 440.000 personas en Venezuela a través de las 25 seccionales y su red de hospitales y ambulatorios.

«Hemos gestionado un trabajo enfocado en las comunidades, la respuesta a emergencias, desastres y situaciones de violencia», señaló un comunicado de la institución. 

La labor de la Cruz Roja Venezolana se ha enfocado en las siguientes áreas de intervención: salud, respuesta a COVID-19, medios de vida, respuesta a desastres, derecho internacional humanitario, acción forense, restablecimiento del contacto entre familiares, migración, agua, saneamiento y promoción de la higiene y protección, género e inclusión.

A través de la campaña #DesdeElCorazon, la organización quiere destacar aspectos universales humanos y diversos del movimiento, centrándose en la participación de su equipo en comunidades.

Voluntariado a través de tres divisiones

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna se compone de tres partes independientes:

El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya misión exclusivamente humanitaria es proteger la vida y la dignidad de las victimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la mayor red humanitaria del mundo basada en el voluntariado, la cual actúa antes, durante y después de las emergencias sanitarias y desastres para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

La Sociedades Nacionales, que actúan como auxiliares de las autoridades públicas de sus países en el campo humanitario, para brindar servicios que incluyen programas sociales y de socorro en casos de desastre y en caso de conflictos, ayudan a la población civil afectada y apoyan a los servicios médicos del ejército cuando corresponde.