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Crisis

Ladeshu explica las cinco realidades que mantendrán las universidades venezolanas en 2022
Ladeshu advirtió que aumentarán las desigualdades entre universidades públicas y privadas.

El Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu)  advirtió que la realidad de las universidades venezolanas para este 2022 será aún más decadente que en años anteriores.

De acuerdo con la organización, existe una «crisis multidimensional» que amenaza con mantenerse y «no hay voluntad por parte de sus responsables de retomar las riendas democráticas y constitucionales».

Ante estas alertas, presentan las cinco realidades que se mantendrán (y en algunos casos agudizarán) de permanecer las actuales relaciones entre el Estado y las universidades venezolanas:

Renovación de autoridades

El Observatorio de Universidades (OBU) destaca que uno de los temas que está en la agenda para este 2022 es la renovación de las autoridades en las universidades autónomas y las que hasta 2010 escogían a sus rectores, vicerrectores, decanos y demás instancias.

«El desafío para los sectores democráticos es que se hagan elecciones justas y autónomas en todas las universidades, incluyendo las intervenidas hace casi dos décadas, como la Francisco de Miranda (Unefm) en el estado Falcón y la Ezequiel Zamora (Unellez) en los estados llaneros, y el resto del sector oficialista», añade el OBU.

 

Advierten, además, que esto no será tarea fácil porque se agrega la amenaza de imposición de autoridades como ocurrió en la Universidad Simón Bolívar (USB) en 2021. Sin embargo, destacan que el aprendizaje de la realidad electoral en Venezuela «debe servir de lección para actuar con unidad dentro de la diversidad, organización y estrategia en la defensa de la institucionalidad educativa».

Brecha entre universidades públicas y privadas

Ladeshu advirtió que aumentarán las desigualdades entre universidades públicas y privadas. «Si bien la violación en el acceso a la educación de calidad es generalizada, los estudiantes que puedan pagar sus matrículas en las universidades privadas estarán en ventaja con respecto de sus pares de las públicas y no perderán clases por los conflictos que se complejizan en estas últimas», señalan.

Según la organización, los más pobres tendrán que lidiar con las carencias materiales de las instituciones públicas y la caída de la calidad en el aprendizaje que arrastran desde su formación preuniversitaria.

Salarios de hambre

Alertan que el ausentismo de profesores, estudiantes y trabajadores se hará sentir tanto por la crisis salarial como por la pandemia.

«Los sueldos de los profesores rondan entre los 5 y 11 dólares al mes, los más bajos en Latinoamérica y el Caribe, y muchos de los alumnos (que están dentro y fuera del país) deben trabajar en los horarios de clase para garantizar su sobrevivencia y la de su familia», dicen.

Convención colectiva al margen de los trabajadores

El conflicto laboral marcará la dinámica de las universidades públicas. «El Gobierno y un gremio oficialista impusieron una convención colectiva en 2020 al margen de los representantes de la mayoría de los trabajadores», señala Ladeshu.

Ante eso, consideran que la realidad es que las condiciones del trabajo amenazan con agudizarse y ello propicia el ausentismo de empleados, obreros y docentes así como el conflicto entre los gremios que defienden los derechos de sus agremiados y las autoridades que son amenazadas constantemente por el ministerio si no mantienen la permanencia de los trabajadores.

Resiliencia en sector universitario

Ladeshu indicó que el funcionamiento de las instituciones de educación superior seguirá siendo posible gracias al espíritu de actores que persisten en mantener las puertas abiertas de las casas de estudio, pese a las circunstancias en que se encuentran. «No sabemos cuánto puedan soportar, el envejecimiento de las IES crece y su sostenibilidad disminuye», añaden.

«Es clave sobre esta realidad insistir en la construcción de redes de apoyo intra y extra universitarias que coadyuven a visibilizar la sistemática violación de derechos que ocurre en el sector y a su vez la búsqueda de soluciones en conjunto para contener la arremetida progresiva en contra de las universidades venezolanas», sumaron.

 

El director del OBU, Carlos Meléndez, afirmó además: «La sostenibilidad de las instituciones de educación superior debe estar en el centro de la agenda pública, la posibilidad de reconstruir el país, superar la emergencia y alcanzar el desarrollo pasa por el mantenimiento de las universidades. Por ende, los actores políticos, económicos y sociales deben sumarse a la lucha por la educación superior venezolana».

*También puede leer: HRW: Maduro usó el estado de emergencia por covid para intensificar control

El consumo privado subió 7 puntos y otras conclusiones de Fedecámaras sobre el 2021
Carlos Fernández explicó que se habla de una posible recuperación porque la caída de ocho años consecutivos y la de los últimos tres años se ralentiza de cierta manera

 

Este lunes, 13 de diciembre, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, aseguró que en 2022 el sector privado en Venezuela subirá 7 puntos.

«No tenemos cifras oficiales, pero todo apunta a que probablemente a que el consumo privado tenga una recuperación de unos siete puntos arrastrado por alimentos, medicina, consumo personal, servicios profesionales, entre otros (…) Pero muy lejos por supuesto de toda la capacidad instalada en el país”, dijo Fernández en entrevista con Román Lozinsky a través de Circuitos Éxitos.

El presidente de Fedecámaras afirmó que este año resultó ser «más o menos como lo esperado», con una pequeña recuperación de la economía en el sector privado.

Fernández aseguró que no puede decir lo mismo del PIB global de la economía que, a su juicio, probablemente cerrará con números negativos. 

Carlos Fernández explicó que se habla de una posible recuperación porque la caída de ocho años consecutivos y la de los últimos tres años se ralentiza de cierta manera.

“Hablamos de recuperación y no de crecimiento, porque tendremos crecimiento una vez recuperemos el tamaño que una vez tuvimos y eso es un proceso muy lento. Teníamos una economía de 300 mil millones y ahora tenemos una de 50 mil, para ser lo más positivos. La recuperación del sector privado es una gota en el desierto”, aseguró.

El presidente de Fedecámaras enfatizó que gracias a las grandes empresas y al sector privado, que lo conforman 8 millones de venezolanos, es que se ha logrado esa pequeña recuperación económica.

«La persona que hace empanadas, el que cose ruedos, el que guarda las cosas en el supermercado, con un esfuerzo increíble, lograron esa pequeña recuperación y eso hay que decirlo, ante la falta de políticas públicas que estimulen la demanda y la oferta de las empresas y a pesar de las dificultades e inconvenientes del 7+7”, dijo el presidente de Fedecámaras.

Desigualdad en los estados y falta de inversión y financiamiento

Sobre las posibilidades de recuperación económica, Fernández aseguró que debido a las enormes desigualdades que existen entre la zona central y el interior del país, algunos sectores difícilmente se van a recuperar.

“Aquellos sectores que tienen que ver más con la inversión difícilmente se van a recuperar este o el otro año, como el sector construcción, o el sector industrial, en donde el tema de inversión tiene alta incidencia. No hay buena expectativa ni estímulo, los agentes económicos invierten en lo mínimo, en capital de trabajo e inventario», señaló.

Fernández indicó que sobre el tema del financiamiento hay que hacer una cruzada, debido a que el circulo virtuoso del dinero se detiene en los bancos por el alto encaje legal, «el dinero una vez llegue al banco es para convertirse en créditos productivos que estimule la economía y lamentablemente, no hemos contado con eso».

Salarios en el sector privado

El presidente de Fedecámaras aseguró que el sector privado ha hecho grandes esfuerzos para remunerar a sus trabajadores. 

“Según la última consulta intersectorial que hicimos en el mes de agosto, el salario mínimo en el privado estaba en 60 dólares y eso ha venido mejorando de manera importante. Hay algunos sectores en los que el ingreso mínimo mensual está alrededor de $200 (…) Ha habido una importante recuperación del ingreso de los trabajadores”, dijo.

Aumento de 30% en exportaciones privadas

Fernández también señaló que hubo un gran esfuerzo de los exportadores contra todos los obstáculos para poner en contenedores sus productos, sin ningún incentivo, y están cerrando con un aumento de 30% en las importaciones privadas, a pesar de los costos de poner un contenedor en los puertos.

PNUD lanza campaña para realzar aportes de los migrantes venezolanos
La campaña tiene como eje una pizarra digital en donde los migrantes venezolanos radicados en diferentes países de la región, pueden anotarse de manera virtual para destacar su aporte a la sociedad donde se encuentren

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela lanzó la campaña “Desde donde sea las/los venezolanos aportamos” para realzar las contribuciones de los migrantes venezolanos, mediante su participación en el desarrollo socioeconómico social.

La iniciativa se toma ante el alto número de venezolanos que se han convertido en migrantes por los desafíos socioeconómicos, quienes salen a diferentes países de la región buscando oportunidades que ofrezcan mejoras a sus medios de vida.

De acuerdo con una nota de prensa del PNUD, este flujo migratorio ha traído consigo algunas situaciones de estigma, xenofobia y discriminación que han afectado la imagen e integración del migrante venezolano en los países y comunidades de acogida».

La estrategia regional de integración socioeconómica diseñada por el PNUD y la OIT, Migración desde Venezuela: oportunidades para América Latina y el Caribe, señala: “En numerosas ocasiones, los países de destino ven a las personas refugiadas y migrantes como una carga que afecta la prestación de servicios públicos y la balanza fiscal nacional y local. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que las personas migrantes, incluidas las refugiadas, también contribuyen con el desarrollo de los países de acogida (OECD-ILO, 2018)”.

Además, destacan que los migrantes venezolanos continúan haciendo valiosos aportes a las sociedades a través del ejercicio de su oficio, trabajo u ocupación e iniciativas de emprendimiento para procurar sus medios de vida dentro de un contexto donde prevalece la contaminación informativa, perpetuando mitos y prejuicios.

 

En ese sentido, la campaña del PNUD Desde donde sea tiene como eje una pizarra digital en donde los migrantes venezolanos radicados en diferentes países de la región, pueden anotarse de manera virtual para destacar su aporte a la sociedad donde se encuentren.

La campaña está dirigida a comunidades de acogida y personas venezolanas retornadas y migrantes de los principales países receptores (Colombia, Perú, Ecuador y Chile) y de Venezuela, en el caso de los estados fronterizos con Colombia y Brasil que presentan una migración pendular.

Pueden participar personas retornadas y migrantes venezolanas entre los 18 y los 65 años, proactivas y emprendedoras, que están contribuyendo de formas muy diversas a sus comunidades de acogida en las siguientes áreas: 

Respuesta a la pandemia 

Emprendimientos y proyectos económicos

Proyectos sociales y/o de base comunitaria

Proyectos u organizaciones artísticas/culturales

Los aportes pueden ser registrados tanto por:

  1. Las personas venezolanas migrantes o retornadas anotando su aporte en la pizarra y luego compartiendo en sus redes los aportes de sus connacionales
  2. Comunidades de acogida, compartiendo en sus redes los aportes de las personas venezolanas migrantes o retornadas, y siendo eco de la sección de mitos más frecuentes para promover la sensibilización ante la comunidad de migrantes

Para conocer más información y formar parte de la campaña, anotando su contribución, pueden visitar: www.pizarradeaportes.org

#LaCrisisfuePrimero: la campaña de las ONG para desmontar el discurso oficial sobre las sanciones
El Foro Cívico de Venezuela señaló que para el 2015, antes de las sanciones, ya se registraba un «alto nivel de migración a causa de no poder cubrirse las necesidades básicas».

Organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciaron una campaña en redes sociales este miércoles, 15 de septiembre, para desmontar el discurso oficial sobre las sanciones.

Con la etiqueta #LaCrisisfuePrimero, diferentes organizaciones y sus representantes rechazaron que el gobierno culpe a las sanciones por la crisis humanitaria que atraviesa el país.

«Ellos mienten. Dicen que la culpa es de las sanciones, pero la crisis fue primero», señala un video publicado por la ONG Provea en Twitter.

Corrupción

La ONG Caleidoscopio Humano señaló que las principales causas de la ausencia de garantías y respeto por los derechos humanos son la corrupción y la falta de independencia de poderes.

«Desde el 2014 la industria farmacéutica, anunciaba la escasez de anticonceptivos, en todas sus presentaciones, actualmente pueden adquirirse a costos muy elevados, imposibles de pagar para la mayoría de las mujeres», señala la ONG.

 

Asimismo, recuerdan que ese mismo año el Programa de Alimentación Escolar ya tenía importantes fallas.

«La proteína animal, rara vez, formaba parte del menú, perjudicando –aún más- la alimentación de niños, niñas y adolescentes provenientes de familias de escasos recursos», agregan.

Por su parte, Zair Mundaray, abogado penalista venezolano, recordó que el informe que presentó en 2019 Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DDHH, «señaló que la gran corrupción y la desinversión eran las causas de la crisis económica que afectaba derechos a los venezolanos».

«En 2021 ya no los menciona, exculpa al régimen y responsabiliza a las sanciones», sumó.

La crisis viene de antes

La organización Resonalia señaló que el pueblo venezolano padece la emergencia humanitaria «desde mucho antes de que se impusieran las sanciones en Venezuela».

«La crisis ha detonado protestas que son reprendidas con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles», señala la organización.

 

Asimismo, añaden que antes de las sanciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) había concretado más de 20 acciones sobre la crisis en Venezuela.

«El decreto de EEUU sobre bloqueos y sanciones fue promulgado apenas en 2019. La crisis viene desde mucho antes«, insistieron.

El gobierno no responde

La Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH (Redac) recordó que, desde febrero del 2019, la Cancillería ha recibido 17 comunicaciones de cooperación, pero solo respondió a dos de ellas.

«No se explica que habiendo entrado a Venezuela 1.004.399 millones de dólares por exportaciones entre 1999 y 2015, la crisis se haya agudizado desde 2014″, añade Redac.

Migración

El Foro Cívico de Venezuela señaló que para el 2015, antes de las sanciones, ya se registraba un «alto nivel de migración a causa de no poder cubrirse las necesidades básicas».

Al menos 12 menores que esperaban un trasplante han muerto en el J.M. de los Ríos en lo que va de año
El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 
Según la directora de la ONG Prepara Familia, existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes

@ValeriaPedicini

Gineth Gil lleva en sus brazos un oso azul de peluche y un cartel que dice «Reactiven los trasplantes». Hace apenas seis días que su hija Jeannys Herrera, de 9 años, falleció en el servicio de nefrología del hospital J.M. de los Ríos a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó. 

«Pido que se pongan las manos en el corazón y reactiven los trasplantes. Pido calidad de vida para los niños que quedan, ya que mi hija no tuvo el sueño de ser trasplantada», dijo en la entrada del principal centro pediátrico del país durante una protesta de madres, familiares y pacientes que requieren trasplantes de órganos y exigían una respuesta en la reactivación del servicio.

La niña era paciente nefrótica desde hace cinco años y desde el pasado mayo su madre había estado denunciando la situación crítica de su hija porque el hospital no le suministraba los medicamentos que ella necesitaba. 

«No es fácil perder a un hijo. No es fácil llegar aquí y ver el sitio donde duró dos meses hospitalizada». Contó que en ese tiempo vio cómo a su hija le inyectaban varias veces con la misma inyectadora por la falta de insumos que hay en el hospital. Asimismo, Gineth denunció que este martes 17 de agosto le fue negada la entrada al hospital porque su hija había fallecido. 

Pero a ella no fue la única a la que le impidieron el acceso. «Iba a entrar y me dijeron que no podía, porque mi hijo ya se murió», dijo Vicky Fernández, madre de Andrés Fernández, paciente renal crónico que pasó 14 años en diálisis y murió hace dos años a la espera de poderse trasplantar.

«¿Cómo ella (Mercedes Valera, actual directora del hospital) nos va a prohibir la entrada al J.M. de los Ríos siendo un hospital público?», dijo.  

A Emilce Arellano, madre de Winder Rangel, quién falleció el 11 de agosto, también le negaron el acceso. El niño de 11 años era paciente de diálisis de hace un par de años y también se encontraba a la espera de un trasplante de riñón. 

«Mi bebé tiene ocho días que falleció aquí en el J.M. esperando un trasplante. Fue un gran guerrero que luchó hasta el final. Tengo una tristeza y un vacío porque me hace falta mi bebé», dijo Emilce en la entrada del pediátrico. «De corazón pido que reactiven los trasplantes para los que siguen luchando por sus vidas». Actualmente la unidad de Nefrología sigue atendiendo a 14 pacientes que necesitan diálisis y con el sueño de ser trasplantados. 

Tal es el caso de Génesis Rodríguez, paciente renal crónico en diálisis. Su madre Niurka Faneitez fue de las madres que fue a protestar la mañana de este martes 17 de agosto, denunciando la grave situación que hay en el centro de salud.

«El J.M. es un hospital de niños abandonado por el Gobierno, esto se cuenta y no se cree. Mi niña duró tres tratamientos que no le pusieron porque no tenían inyectadoras. No tenemos algodón, ni alcohol. Nada», dijo la mujer. 

Ante el fallecimiento de varios niños en el mes de agosto, Faneitez no puede evitar preocuparse por el futuro de su pequeña de 11 años y el resto de los niños que necesitan de un trasplante para vivir. «¿Nos queda sentarnos a ver los 14 que quedan? ¿A ver morir nuestros niños? No es justo. Tengo mucho miedo».

Años de espera y sufrimiento

Según datos de la organización Prepara Familia, en lo que va de año han muerto 12 niños, niñas y adolescentes del J.M de los Ríos que esperaban un trasplante.

Tan solo en el mes de agosto, han ocurrido tres decesos: el 10 murió Winder Rangel de 11 años, el 11 de agosto falleció Jeannys Herrera de 9 años y Niurka Camacho de 15 años. El 30 de junio, Niurka Camacho había encabezado una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en representación de los pacientes renales, en la que pidió mejores condiciones para el hospital de niños y exigió la reactivación de los trasplantes. Falleció sin ver que sus peticiones fueran escuchadas. 

El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.

Los pacientes del servicio de Nefrología fueron los primeros en tener medidas cautelares de la Cidh desde febrero de 2018, en las que se exhorta al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la salud, a proporcionarles el tratamiento adecuado y cumplir los procesos de diálisis y trasplantes. Hasta ahora, nada ha pasado: el Gobierno no ha dado respuestas y siguen muriendo pacientes. 

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, se encontraba acompañando a las madres del J.M. de los Ríos a pedir mejores condiciones para los pacientes del centro pediátrico. «Nosotros estamos aquí para pedirle al Gobierno que haga su trabajo, que garantice el derecho a la vida de los pacientes, que reactiven los trasplantes”. Detalló que existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes. 

Para la defensora de derechos humanos, la reactivación del programa debe venir acompañada de medidas que garanticen la vida, la salud y la dignidad de los pacientes. 

Mientras madres y pacientes manifestaban, un autobús perteneciente a los trabajadores del hospital se lanzó sobre los presentes, en lo que parecía un intento por interrumpir la protesta. «Estamos aquí concentradas, varias madres exponiendo lo que les pasaba, cuando el transporte de los empleados, que normalmente se estaciona afuera en la calle, no en la acera, se subió y nos emboscó, eso es una vulneración más a la grave situaciones que viven los niños», expresó Martínez. 

DDHH olvidados | No volvió a ser la misma después de la ejecución extrajudicial de su hijo
Darwilson Sequera de 20 años fue asesinado en una ejecución extrajudicial en junio de 2013 por funcionarios del CICPC

@ValeriaPedicini

Una parte de Aracelis Sánchez dejó de existir el día que su hijo murió. El ama de casa que apenas salía de su hogar, centrada en atender y cuidar a su familia, quedó atrás. Dejó de ser aquella mujer cuando funcionarios policiales irrumpieron en su casa, persiguieron a su muchacho hasta la azotea y lo balearon. 

Su historia no es una historia de un solo día. 

Todo empezó en abril de 2013. Un día regresaban a casa y encontraron dentro de su vivienda en El Valle, en el sudoeste de Caracas, a varios policías manipulando su computadora y documentos. No hubo explicaciones ni orden de registro. Hizo la denuncia ante la Fiscalía 127 y le dijeron que se quedara tranquila.

Un mes después, los efectivos volvieron y le dieron una paliza en la calle a su hijo Darwilson, de 20 años. Ella lo defendió y en respuesta la amenazaron con matar a sus otros hijos si no les daba dinero.

La extorsión duró varias semanas. La familia tuvo que huir, dormir en su carro, vender electrodomésticos. Aracelis acudió al fiscal e hizo una nueva denuncia, esta vez, por extorsión. El funcionario le aseguró: “A usted no le va a pasar nada”. 

La mañana del 11 de junio tocaron con fuerza su puerta. La despertaron gritando “helado” y cuando ella abrió un policía vestido de negro le apuntó con un arma larga y la amenazó con dispararle. Ella cerró y corrió gritando al interior a avisarle a su familia. 

Los funcionarios del Cicpc irrumpieron mientras Darwilson y su hermana de 12 años iban subiendo a la azotea; abajo quedaron la madre, el padre y el hijo mayor abrazados y desde allí oyeron los balazos. La niña aseguró que su hermano buscó refugio saltando entre los techos y se resguardó en una cuneta. 

Según el examen forense, el joven pudo haber estado de rodillas cuando recibió los disparos mortales. 

Cerca de 30 policías participaron en el operativo y cuando arrastraban a Darwilson lanzaban ráfagas y ordenaban a gritos que nadie saliera de su casa. Apenas se despejó la zona, Aracelis se lanzó a los callejones aledaños buscando a su hijo, hasta que su esposo la subió al vehículo y fueron al hospital de Coche. Cuatro días más tarde le entregaron el cadáver en la morgue del hospital a donde había acudido inicialmente. “Dejaron que su cuerpo se descompusiera”. Tenía tres orificios de bala, uno de ellos fue un tiro de gracia.

“Yo debí salir a defenderlo”

Si piensa en quién era en 2013, Aracelis no puede evitar reprocharse a sí misma por no haber sabido cuáles eran sus derechos, los de su familia, los de su hijo. Si hubiese sabido, no se hubiera quedado paralizada por el miedo cuando mataron a Darwilson. 

“Yo soy una persona muy diferente, no me reconozco, era tan tímida, miedosa, a veces me culpo de que hayan matado a mi hijo, debí parármele a los policías, que me mataran a mí, no a él. Yo debí salir a defenderlo. Eso cambió mi vida”. 

Pero la ejecución extrajudicial no fue lo único que la hizo cambiar, sino el enfrentarse al entramado institucional que pretendió distorsionar la descripción de los hechos.

“Una queda como en el aire, con ese dolor tan grande, desorientada; así estaba cuando fui a la División de Homicidios y me pedían que firmara un papel. Yo lo leí, y ahí decía que mi hijo tenía un apodo delictivo y que se había batido a tiros con el Cicpc. Querían obligarme a firmarlo. Dije que no, que lo corrigieran. Entonces arreglaron algunas cosas y me lo dieron de nuevo. Seguía escrito lo del enfrentamiento. Pedí que lo volvieran a hacer y cuando me lo mostraron, se molestaron: ʻ¿También lo va a leer, señora?ʼ, y yo respondí que sí. ¿Cómo podía confiar, si dos escritorios más allá había un funcionario que nos había estado extorsionando meses atrás?”. 

Cuando su caso por fin llegó al Ministerio Público, se profundizó la injusticia. Ella preguntó cuál Fiscalía tenía asignado su caso y le dieron un dato equivocado. Le dijeron que no aparecía en el registro y los propios funcionarios le recomendaban que no siguiera con la denuncia porque los policías implicados eran muy peligrosos. 

En la Fiscalía le dijeron que el caso estaba cerrado porque su hijo era un delincuente y no tenía ningún derecho. “Querían que me cansara”. 

Después del maltrato reiterado y las presiones de la Fiscalía para que desistiera, Aracelis estuvo en shock. “Conseguí los teléfonos de varias organizaciones y llamé buscando orientación, pero nunca me devolvieron la llamada. Cuando veía en la calle a alguien con libros, pensaba que eran personas leídas y les preguntaba si sabían dónde me podían ayudar”. 

Aracelis Sánchez es una de las fundadoras de Orfavideh. En su camino de hacer justicia por su hijo, conoció a otras madres que también querían lo mismo. Juntas empezaron a acudir a la morgue y la Fiscalía, en búsqueda de más familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

“Preguntábamos, seguíamos pistas, íbamos a hablar con ellas, a decirles quiénes éramos, y por qué pensábamos que debíamos unirnos. Al principio mi esposo no quería que denunciara, porque temía que fueran detrás de nuestros otros hijos, pero cuando me vio decidida se convirtió en mi mayor apoyo”. 

Ella ha constatado que la cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales presentadas ante las instancias de Justicia no es proporcional a la cantidad de casos. Es mucho menor, y sabe que el miedo es el factor primordial. A eso se suma el desconocimiento de las personas sobre cuáles derechos y recursos les asisten, así como las dilaciones y presiones institucionales para desalentarlas. 

Para Aracelis, la red de contención, apoyo y ayuda de la organización ha sido crucial. “Hay que denunciar, pero también debemos acompañarnos. Una víctima sola es más fácil de manipular y nunca le prestan atención, pero cuando nos presentamos juntas, estamos pendientes de hacerle seguimiento a cada uno de nuestros casos, nos damos ánimo cuando alguien decae o quiere desistir, se nota la diferencia. Si no estuviéramos ahí, insistiendo, nuestros expedientes prácticamente no existirían, ni tampoco darían constancia de la injusta muerte de nuestros hijos”. 

Ya nada queda de esa mujer miedosa y tímida. “Ahora mi carácter es más fuerte, muy determinado. Cuando veo la injusticia no la permito, me enfrento a quien tenga que enfrentar. He cambiado mi forma de vestir, de pensar, de peinarme. No podemos callarnos ni dejar que nos violen nuestros derechos. Aprendí que a estas personas no hay que tenerles miedo, hay que ir a la prensa, buscar asesoría, tener constancia. Yo ya no me puedo quedar callada. Yo decidí que nadie más me violaría mis derechos”.

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

Buque con más de 700 venezolanos repatriados desde Trinidad y Tobago llegó al país este #18Jul
La repatriación desde la isla caribeña se realizó en el buque Paraguaná I 

Más de 700 venezolanos fueron repatriados por vía marítima desde Trinidad y Tobago este domingo 18 de julio, a través del «Plan Vuelta a la Patria», creado por Nicolás Maduro.

«Para su traslado se habilitó el ferry Paraguaná I, el cual zarpó desde Puerto España en horas de la tarde de este sábado con dirección al Puerto Internacional de Guanta, en Anzoátegui (este de Venezuela)», dijo el Ministerio de Exteriores a través de su cuenta de Twitter. 

La Cancillería detalló que los venezolanos que retornaron son originarios de 18 de las 24 entidades que tiene el país y que serán trasladados a sus respectivos estados en más de 30 autobuses que fueron habilitados.

Por medio de las imágenes compartidas en la red social, se pudo conocer que el traslado de los ciudadanos que se encontraban en la isla caribeña se realizó en el buque Paraguaná I.

El viceministro de Transporte Acuático Edglys Herrera Balza,  informó que el traslado de los venezolanos se realizó con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19. 

“Hoy han regresado a su patria, por voluntad propia, los estamos recibiendo con alegría, con los brazos abiertos para reinsertarlos a la sociedad. La Revolución con su  visión humanista recibe a todos los connacionales que están fuera de la Patria para seguir construyendo el país que queremos todos los venezolanos”, dijo.

El pasado martes, las autoridades de Trinidad y Tobago informaron que un primer grupo de 124 venezolanos había sido repatriado a su país en un buque de la Armada venezolana.

El chavismo puso en marcha en septiembre de 2018 el denominado «Plan Vuelta a la Patria» por el cual, hasta la fecha, han retornado más de 25.000 ciudadanos.

Según dijo Nicolás Maduro ese año, este plan busca facilitar el retorno de migrantes que padecen xenofobia en los países receptores.

El pasado 24 de junio, Maduro reconoció que hay una «migración importante» de ciudadanos de su país y al mismo tiempo indicó que «un buen porcentaje» de los que abandonaron la nación caribeña «han regresado».

El mandatario aseguró que el Gobierno tiene una lista de más «200.000 venezolanos» que se encuentran en Quito, Lima y Santiago de Chile, que quieren regresar a su país.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de «la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales».

Con información de EFE

Guaidó llama a salvar a Venezuela y darle una segunda independencia

Juan Guaidó llamó este jueves a los venezolanos a «salvar» el país para «volver» a la democracia, la libertad y darle una «segunda independencia», tras recordar que hace 200 años se libró una de las batallas más importantes de la emancipación de la nación, la de Carabobo.

«Hoy 24 de junio, a 200 años de la Batalla de Carabobo, el llamado a los venezolanos es a salvar a nuestro país y volver a Carabobo, a la democracia, libertad y soberanía. Somos tierra de libertadores. Unidos y con espíritu de lucha vamos a darle a Venezuela la segunda independencia», dijo Guaidó en Twitter.

El opositor promueve desde hace más de un mes lo que ha denominado como un «acuerdo de salvación nacional» para lograr elecciones generales «libres y justas», pues considera ilegítimo al Gobierno de Nicolás Maduro, al que también tacha de dictadura.

Guaidó busca llegar a este acuerdo a través de un proceso de negociación que aún no se concreta, pese a que las partes han dicho que están dispuestas a conversar.

Venezuela celebra este jueves el bicentenario de la Batalla de Carabobo, que supuso la independencia definitiva del país.

Los actos conmemorativos iniciaron el martes con la inauguración de una obra construida en el campo en el que se libró la batalla y que hoy será el escenario de nuevas ceremonias.

La Batalla de Carabobo, entre las tropas que comandaba el libertador Simón Bolívar y el Ejército realista de Miguel de la Torre, tuvo lugar el 24 de junio de 1821 y supuso un hito clave en la Guerra de Independencia de Venezuela.

La Guerra de Independencia de Venezuela, que vivió varias fases, comenzó en 1810, con una revolución, y terminó en 1823, tras la batalla naval del lago de Maracaibo. EFE