crisis de la salud

Los derechos fundamentales de todo ser humano son el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Dentro del derecho a la vida está incluido el derecho a la salud. Y dentro del derecho a la salud está implícito el derecho a la igualdad: “el goce del grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” (Constitución de la Organización Mundial de la Salud).

En su columna “Sebastiana sin secretos”, publicada en el semanario Quinto Día correspondiente a la semana del 8 al 15 de septiembre de este año, la periodista Sebastiana Barráez le exige a Tareck El Aissami, vicepresidente de la república, que sea más sensible. No es para menos: “Es objetable, y perdone usted que se lo diga, que le anuncie al país desde el altar donde lo coloca un cargo, que sólo serán vacunados aquellos niños cuyos padres tengan el carnet de la patria, ese apartheid​ que divide a un venezolano de otro. Qué va a saber un niño que por culpa del carnet de la patria, se lo sentencie a ir discapacitado con poliomielitis por la vida”.

“Con el carnet de la patria le vamos a suministrar la vacuna necesaria”, dijo El Aissami. En otras palabras, si usted no tiene el carnet de la patria, a su hijito no lo van a vacunar. Los hijos pagarán la “culpa” de los padres de no sacarse el carnet de la patria, otro mecanismo más de control y presión del gobierno de Nicolás Maduro.

Nuestra Constitución vigente, en sus artículos 83, 84 y 85, reconoce la salud como un derecho social fundamental que debe ser garantizado por el Estado. “Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, dice el artículo 83. El artículo 84 contempla que “el sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad”. El artículo 85 establece que “el Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”. Eso tampoco está pasando.

La escasez de medicinas ha alcanzado niveles jamás imaginados en este país rico. Que Somalia, Eritrea o Bangladesh no tengan vacunas, es triste, es injusto, pero es entendible. Que en Venezuela no las haya, es un crimen de lesa humanidad. Menos entendible es que un hombre que tiene hijos, y uno de ellos enfermo, sentencie a otros niños a pasar por los riesgos que significa no vacunarse. En la Venezuela de hoy hay enfermedades que habían sido erradicadas: sarampión, malaria, difteria. Desde el año pasado han fallecido –que se sepa- más de 40 personas de difteria, una enfermedad que se evitaba con la vacuna DPT, mejor conocida como la “triple”. La malaria -exterminada en Venezuela durante los años 50 por el doctor Arnoldo Gabaldón- ha vuelto con más fuerza que nunca. Esta semana reportaba el periodista Brian Segura para Caraota Digital que solamente en Anzoátegui había más de 7 mil casos porque la Dirección General de Salud Pública no está realizando las jornadas de fumigación correspondientes. La diputada Oneida Guaipe hizo la denuncia de que no hay prevención ni profilaxis, porque no hay químicos para fumigar, ni remedios para el tratamiento.

No sacarse el carnet de la patria no es un delito. Y si fuera un delito, los “delincuentes” serían los padres que no se lo sacaron, no los niños que no serán vacunados. ¿Cómo entonces discriminarlos? Los organismos de Derechos Humanos ya deben estar al tanto de esta nueva violación. Este asunto –y sus culpables- terminarán en La Haya, no lo duden.

@cjaimesb

El Estado forma gratuitamente a profesionales que prefieren marcharse del Venezuela no solo para buscar una mejor vida sino para escapar de la frustración de ver a sus pacientes sufrir o morir

Por  Valentina Oropeza para Relatos del Absurdo*

MARIO CAMINA ENSIMISMADO POR UN PASILLO del hospital público donde estudia Neurocirugía en Caracas. Suda tanto que se detiene a limpiar los cristales de sus lentes cuando una mujer lo aborda para pedirle un informe médico. Sin levantar la mirada, el residente de 28 años de edad la escucha disparar una retahíla de explicaciones hasta que se distrae. Son las cinco de la tarde y acaba de pasar cuatro horas en quirófano. Rebusca en un bolsillo de la bata blanca y encuentra el almuerzo: una galleta de chocolate. Luce cansado y afligido ese miércoles de octubre de 2016. Uno de sus pacientes murió el día anterior. Camina, saluda, opera, pero no deja de pensar en eso.

Tenía 63 años de edad y falleció después de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. “Le dio porque no consiguió la pastilla para la hipertensión arterial. Cuando empezó a sentirse mal, no tuvo dinero para pagar un médico privado así que esperó seis meses por una cita con el especialista en el hospital. No se controló y ese fue el resultado”.

El médico, que prefiere mantener su identidad anónima para evitar represalias de sus superiores, ha repasado el caso varias veces, de memoria y en voz alta, y siempre llega a la misma conclusión: “Esa muerte se podía evitar”. El enfermo estaba caquéxico –había perdido mucho peso y vitalidad– y Mario suponía que moriría pronto. A pesar de ello, le propuso a los familiares hacer exámenes de control y lo posible para prolongar su vida. Los parientes le pidieron que desistiera y le dijeron que les salía “más barato” que falleciera; ya no tenían para comer, menos aún para procesar otros estudios que debían hacer en laboratorios privados porque el del hospital carecía de reactivos.

Extenuado por las condiciones en las que vive y trabaja, Mario comenzó a tramitar sus documentos para emigrar de Venezuela aunque le faltan tres años para culminar el posgrado. Se encuentra frustrado porque la falta de insumos en el hospital le impide salvar a sus pacientes, a quienes prescribe medicinas que no se consiguen en el país; está cansado de cobrar un salario que no alcanza para sobrevivir dignamente; se siente amenazado por los ataques de delincuentes que vulneran la seguridad de los centros de salud y de grupos afines al gobierno que agreden a los médicos cuando denuncian la gestión oficial.

Si cumple sus planes se unirá al contingente de médicos venezolanos que se han marchado del país por las mismas razones. Desde 2002 hasta agosto de 2016, emigraron aproximadamente 16.000 profesionales de acuerdo con los cálculos de la Federación Médica Venezolana. Todos se formaron en universidades públicas gratuitamente, una posibilidad excepcional en América Latina, donde la mayoría de las instituciones que ofrecen la carrera son privadas y cobran matrículas elevadas. La sanidad pública venezolana, sin embargo, se queda sin especialistas a falta de incentivos y planes que permitan retener a los médicos.

La primera opción de Mario es Chile: allí puede convalidar rápidamente el título profesional y recibir mejores ofertas de trabajo. La segunda, Colombia; la tercera, Panamá; y la cuarta, Ecuador.

En todos los destinos hay colegas venezolanos que facilitarán la integración al nuevo entorno si tiene que marcharse. Espera no sufrir en esos lugares la impotencia que sintió con el paciente que murió por el accidente cerebrovascular o con otro caso que califica como “una vergüenza”. Fue el de un hombre que sangró cinco veces mientras esperaba cupo quirúrgico para reparar un aneurisma. “Eso es una pelota que aparece en un vaso importante del cerebro y se inflama hasta que se rompe y queda sangrando”. Como el hospital no tenía insumos para hacer arteriografías –radiografías de los vasos sanguíneos– no sabían dónde estaba la lesión. “La probabilidad de morir en un primer sangrado es de cincuenta por ciento. La segunda vez se incrementa a setenta por ciento. La tercera escala a noventa por ciento. El cuarto sangrado ya no está registrado en los libros. ¡Imagínate lo que aguantó!”.

El año pasado Mario confiaba en que se realizaría un referéndum revocatorio presidencial y que la situación comenzaría a cambiar. Pero una vez que el sistema judicial anuló la consulta, Mario aceleró sus planes de marcharse. La oposición ha denunciado que existe una crisis humanitaria – con 80 por ciento de escasez para productos médicos quirúrgicos en hospitales públicos-, pero el gobierno lo niega. El desabastecimiento se agravó desde que el petróleo, principal producto de exportación del país, se vende por debajo de 40 dólares por barril.

Cálculos gremiales indican que 16.000 doctores se han marchado de Venezuela en 15 años.

(Foto Iñaki Zugasti/ Adaptación: Sandra Barrón)

Los emigrados

Un sábado de mayo de 2009, en la madrugada, los acompañantes de un paciente que ingresó a la sala de urgencias del Hospital General de Lídice, al noroeste de Caracas, amenazaron con matar a doctores y enfermeros si no le salvaban la vida. La policía intervino, se desató una balacera, y diez efectivos fueron heridos. Días antes, un delincuente había ido a buscar a un médico para asesinarlo porque un “pana” murió mientras lo intubaban. Los residentes se fueron a huelga y el único que quedó en funciones fue el anestesiólogo e intensivista Moisés Peña.

El especialista estaba acostumbrado a trabajar en circunstancias críticas. Durante los dos años que cursó el posgrado de Terapia Intensiva no ganaba suficiente para pagar una habitación, así que vivió en el quinto piso del hospital, una práctica tolerada en algunos centros asistenciales pese a que no está oficialmente permitida. Su primer sueldo lo recibió diez meses después de iniciar los estudios, subsidiados por el Estado venezolano. Pero aquel tiroteo fue el detonante que lo llevó a tomar la decisión de mudarse a Chile.

Tras haber pasado meses lejos de su esposa y su hijo de seis años, espera reunirse con ellos pronto, con todos los documentos en regla para iniciar una nueva vida en familia. Devenga un sueldo de 3.500 dólares en un hospital de Viña del Mar, mientras sus colegas en Venezuela ganan entre 60 y 12 dólares, si se calcula a la tasa oficial más alta en el esquema cambiario o a la cotización en el mercado negro para inicios de 2017. “Nadie emigra por placer o por la pura experiencia, uno lo hace por necesidad. Me fui porque sentí que en Venezuela ya no podía vivir decentemente”, comenta Peña en videoconferencia durante un descanso de la guardia de domingo.

Oriundo de Maracaibo, una ciudad que vive a casi 30 grados centígrados todo el año, a Peña ya no le incomoda el invierno chileno ni la aprehensión que puede despertar por ser inmigrante a sus 45 años de edad.

“Piensan que les vamos a quitar los puestos de trabajo, pero si uno muestra educación y capacidad, te aceptan”. Sabe que su experiencia ayuda a cubrir la carencia de profesionales en el país suramericano, cuyo gobierno lanzó en octubre de 2015 la campaña “Chile necesita más médicos y especialistas: Incorpórate al Sistema Público de Salud”, y donde se requieren miles de dólares para graduarse como anestesiólogo o intensivista. Más aún obtener ambos títulos.

La migración masiva de médicos hacia países desarrollados es una tendencia global que compromete el recurso humano especializado de los países en desarrollo, advierte G. Richard Olds, presidente y director de la Universidad de Saint George en un artículo publicado en octubre por el portal del Foro Económico Mundial. Ubicado en Granada, una pequeña isla situada frente a Venezuela y que forma parte del Reino Unido, este centro de estudios alberga una de las escuelas de Medicina más reconocidas del Caribe.

Pese a la masiva migración de médicos, las promesas oficiales anuncian que en 2019 habrá 60 mil médicos integrales comunitarios, formados bajo un diseño curricular inspirado en el modelo sanitario cubano, focalizados en tratamientos preventivos y comprometidos con una “medicina humanista para el servicio social humano”, en palabras del Presidente Nicolás Maduro.

Desde un pabellón de urgencias que opera sin aire acondicionado ni agua corriente cinco días a la semana, cuatro residentes comentan que cada médico que renuncia y emigra es una baja que no se reemplaza. Ello ha obligado a quienes se quedan a redoblar esfuerzos y replantear prioridades: los casos más graves primero. Los demás, cuando se pueda. Al menos dos de ellos están dispuestos a engavetar el estetoscopio para servir café en algún país donde puedan comprar un vehículo con sus ahorros o pasear a pie de noche, utopías cotidianas para quienes viven con una inflación de tres dígitos y casi 18 mil homicidios anuales según la Fiscalía.

Los médicos más experimentados temen que las especialidades en los hospitales públicos venezolanos queden desiertas con el paso del tiempo. “¿Quién me atenderá cuando me enferme?”, se pregunta desolado Daniel Sánchez, jefe del posgrado de Anestesia en el Hospital Vargas de Caracas, al ver que cada año se postulan menos médicos para proseguir la carrera.

Oncología Médica, Anatomía Patológica, Oftalmología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía de Tórax o Dermatología son algunos de los posgrados que ya no tienen alumnos en el primero o segundo año, contaron residentes y jefes de servicios de cuatro hospitales públicos en Caracas.

Convencido de que si habla con nombre y apellido lo expulsan del posgrado, este estudiante de Traumatología de 28 años de edad no quiere emigrar pero tampoco ve mejor opción. “El sueldo no alcanza para pagar el alquiler, el mercado y una entrada de cine al mes”. Con la primera quincena apenas cubre tres almuerzos en el cafetín del hospital. Con la segunda abastece la nevera para 15 días. Su madre paga el arrendamiento, los servicios y de vez en cuando le completa la gasolina, que vale menos de un centavo de dólar por litro.

Aunque el Estado costeó sus seis años de pregrado en una universidad pública, uno de rural, dos de internado, uno de residencia asistencial y ahora los tres de posgrado, no existe ninguna obligación legal que lo comprometa a retribuir esta inversión. El dilema de irse o quedarse es estrictamente moral: ¿quién se quedará para atender a sus pacientes?, ¿qué pensarán cuando sepan que se ha ido?

El compromiso con los pacientes es la fuerza que aún motiva a muchos médicos a permanecer en el país.

(Foto Iñaki Zugasti)

Frente a otros colegas que confiesan estar en la misma situación, este residente lamenta soñar con marcharse de Venezuela. “Sé que no hubiese podido estudiar esta carrera en otro país porque cuesta miles de dólares, pero ¿sabes qué da impotencia? Que se te mueran cinco pacientes en los brazos porque no tienes recursos para atenderlos. Estoy a dos centavos de pedir en la calle”.

En 2016 su círculo de amistades se redujo a los colegas de faena diaria: una decena de excompañeros de clases se fueron a Chile, Brasil, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, España y Australia, unos con especializaciones completas, otros apenas con el título de Medicina y sin haber cumplido la pasantía rural para ejercer legalmente en Venezuela.

Reconoce avergonzado que no tiene novia porque no podría “ni invitarle un helado”, y saca el teléfono móvil de la bata blanca para mostrar un chat que respalda su razonamiento: “Una de mis mejores amigas se acaba de ir y va a ganar 900 euros como camarera. Apenas necesita 350 para vivir.

¿Cuándo voy a ganar eso si me quedo aquí?”. Aunque no dispone de guantes, yeso, gasas, antisépticos, alcohol e hilos de sutura, está decidido a culminar la especialidad en Traumatología. “Por lo menos tenemos vendas, con eso resolvemos”, dice justo antes de pedir que desalojen el área para ocuparse de un herido de bala que acaba de llegar.

A finales de noviembre de 2016, la detención del ginecólogo Gonzalo Müller prendió las alarmas del gremio. El jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Los Magallanes de Catia, al oeste de Caracas, fue capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras recibir 40 cajas de insumos entregados por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López.

Aunque el especialista fue liberado tres días después sin cargos judiciales, sus colegas escarmentaron en cabeza ajena. Algunos reconocen que buscan donaciones para los centros asistenciales donde trabajan, pero ahora lo hacen a escondidas y en silencio.

Otra residente matiza que los robos, secuestros y homicidios, encabezan su lista de razones para marcharse. Apenas termine la especialización se mudará a Nueva Zelanda, donde no le exigen revalidar sus títulos y tendrá que ejercer en inglés. Ganará unos 200 mil dólares al año, según sus pesquisas preliminares. “Estoy cansada de recibir insultos, golpes y todas las vejaciones que te pueda decir un familiar llevado por la ira cuando no puedes atender al paciente porque no tienes insumos”.

“Al menos no te ha llegado nadie con una granada en el pantalón, como le pasó a los colegas del Hospital Pérez Carreño”, ataja un médico que ya ha abierto tres gavetas de un estante en busca de gasas. Abatida, la doctora suspira: “No veo la hora de irme de Venezuela”.

* Relatos del Absurdo es una iniciativa periodística liderada por IPYS Venezuela y CONNECTAS, que busca ofrecer insumos informativos para entender las dificultades que vive la sociedad venezolana hoy. Vea todo el especial acá http://connectas.org/relatos-del-absurdo/

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Isaura Pérez viajó desde Maracay hasta Barquisimeto para traer insumos médicos que requería su prima, Georgina Delgado, recluida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central Antonio María Pineda. Toda una familia se movilizó para proveer material médico que debía ser garantizado por el Estado venezolano. Pero Isaura fue detenida y acusada de “bachaquear” con material médico. Ella salió libre. Georgina murió. Esta es la historia.

@albertoyajure

ISAURA PÉREZ HABÍA PREVISTO TODO, menos su detención y la muerte repentina de su prima. El viernes 15 de julio se publicaron en Barquisimeto versiones de prensa que la señalaban como responsable de “bachaquear” insumos médicos. La información había sido difundida por la brigada hospitalaria de la Policía de Lara en el Hospital Central Antonio María Pineda. Isaura había sido detenida el día anterior por dos funcionarios vestidos de civil cuando intentaba entregar medicinas e insumos que requería su prima, Georgina Delgado, de 38 años, recluida en la Unidad de Terapia Intensiva de este centro médico.

Cuatro días después de la detención de Isaura, la vida de Georgina se extinguió en la UCI. En el acta de defunción, suscrita por un médico llamado Carlos Gregorio Cuicas, se declaran como causas de la muerte: insuficiencia respiratoria tipo II, diabetes tipo II complicada con cetoacidosis y deshidratación severa.

Delgado nació con una encefalopatía, que es la terminología científica para designar una disfunción cerebral, aunque su familia, oriunda de El Tocuyo, recurra a  términos más llanos para referirse a su discapacidad cognitiva y afirmen que era “especial”, “casi como una niña”.

Según la Policía, Isaura era trabajadora de un Centro Diagnóstico Integral (CDI). Además, en la información de la minuta del procedimiento enviada a los medios y repetida luego a los reporteros por el supervisor agregado Oscar Yépez Mendoza, jefe de la brigada hospitalaria, se le acusaba de haber robado material médico y “revenderlo” en las inmediaciones del Hospital Central.

La familia asegura que los hechos que transcurrieron entre la detención de Isaura Pérez y la incautación definitiva de los insumos precipitaron la muerte de Georgina. Esencialmente, porque no pudo recibir el tratamiento que requería porque los funcionarios no devolvieron los materiales y fármacos, ni presentaron evidencias en  contra de Isaura.

Médicos, enfermeras, personal administrativo y familiares intentaron mediar en el conflicto entre la familia y los funcionarios policiales, que ocurrió la mañana del jueves 7 de julio en el piso dos del Hospital Central. La Policía solo sospechaba que el material fuese robado y ni siquiera un fiscal del Ministerio Público pudo lograr que los insumos fuesen devueltos para que los médicos los administrasen a la paciente.

Entre la vida y la muerte

La noche antes de su detención, el miércoles 6 de julio, Isaura acordó con un vecino el traslado desde su casa en Mariara —límite entre los estados Aragua y Carabobo— hasta el terminal de pasajeros de Valencia, conocido como Big Low. De allí, salió cerca de las seis de la mañana con rumbo a Barquisimeto. Con 59 años, y de oficio costurera, viajaba en una misión casi de “vida o muerte”.

Arregló un bolso en el que colocó diez pares de guantes, 13 inyectadoras, dos macrogoteros, cuatro soluciones fisiológicas 0.9, cinco jelcos número 18, tres paquetes de gasas y dos paquetes de toallas clínicas. Los insumos eran para Georgina, aquejada en una cama con un coma diabético que ya había empeorado.

“Nosotras nos criamos juntas… pero yo vivo en Mariara desde 1988. Esos insumos los habíamos juntado en donaciones. Pedimos colaboración a gente que conozco. Compré también con mi dinero las soluciones a una muchacha embarazada que al final parió normal y me vendió eso. La policía se ensañó conmigo, dijeron que yo era una camarera en un CDI. Eso es falso, es criminal. No sé ni de dónde lo sacaron”, relata Isaura, acompañada de Génesis Delgado, una de las hermanas de Georgina, que también fue detenida.

El diagnóstico de Georgina no era alentador. Génesis relata que había sido internada dos veces por alteraciones en los niveles de glucosa en su sangre en 2012 y 2014. La familia de Georgina vive en El Tocuyo, donde ella había estado recluida apenas diez días antes, en el Hospital Egidio Montesinos. La escasez de insumos no permitió que le prestaran los cuidados que requería.

“Mi hermana estuvo diez días en el hospital de El Tocuyo, pero decidieron transferirla porque no había insumos para tratarla. Nos pedían de todo y nosotros no teníamos dinero.  Estábamos muy angustiados. Por eso llamamos y recurrimos a la familia y amigos, para que nos ayudaran”, explica Génesis, una morena de cuerpo menudo y 24 años.

Dos funcionarios vestidos de civil las detuvieron en una entrada del Hospital Central. Al revisar el bolso, se las llevaron detenidas y las acusaron de traficar con insumos médicos. Aunque ambas fueron metidas en un calabozo, solo Isaura fue acusada por los policías. Uno de ellos subió hasta el piso dos con Génesis para constatar con los médicos si ambas tenían una paciente recluida allí y si Georgina requería los sueros y medicinas que le traía Isaura.

Una carrera contra el tiempo

Isaura y Génesis permanecieron en un calabozo casi toda la mañana, según relataron al diario La Prensa de Lara. Una de ellas logró hacer una llamada a Ramón Pérez, hijo único de Isaura, quien es funcionario de la Policía en Carabobo, abogado y docente en la UNES. Ramón se trasladó a las 11:00 am desde Valencia y llegó a Barquisimeto cerca de las 3:00 pm.

“Yo acudí de inmediato. Dejé mi clase para ir hasta Barquisimeto. Llamé al fiscal que estaba de guardia. Hablé con José Mora de la Fiscalía 10 del Ministerio Público. Luego él habló con los funcionarios policiales. Todo el tiempo que mi mamá y Génesis estuvieron detenidas, mi prima Georgina quedó sola intubada”, relata Ramón.

El fiscal José Mora aseguró vía telefónica que no podía dar precisiones del caso, ni conversar con periodistas sobre su trabajo. Su nombre está en el testimonio de Isaura que fue presentado en una denuncia contra los funcionarios ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Pero Mora solo se permite admitir que él estuvo de guardia cuando se practicaron las detenciones de Isaura y Génesis. Y dice: “Es posible que me hayan notificado del caso”.

Ramón cree que los funcionarios pensaron más en la estadística y en el procedimiento, que en la vida de la paciente. Isaura concuerda cuando afirma: “Quizá el policía ese quería ascender con nosotras”.

Pero el jefe de la brigada hospitalaria, Oscar Yépez Mendoza, mantiene la versión de que ambas eran “bachaqueras” y además las acusa de intentar sobornarlo ofreciéndole dinero para liberarlas. Dice que no puede mostrar los insumos porque están “custodiados” y afirma que solo serán devueltos si el Ministerio Público envía un oficio con la orden.

La Policía de Lara reveló el 4 de julio que doce personas habían sido detenidas entre mayo y junio por supuesto tráfico y reventa de material médico. Esta es una estadística que sí está a la mano de organismos del Estado, en contraposición con el registro inexistente de la muerte de pacientes por falta de insumos médicos. Las familias deben procurar material que por mandato constitucional debe garantizar el Estado venezolano. Los médicos se reúnen en asambleas semanales, protestan para exigir eficiencia en la dotación y equipamiento de hospitales, y en la Asamblea Nacional se exige al gobierno que declare una emergencia humanitaria mientras los pacientes se deterioran y mueren.

Y llegó la muerte

La cetoacidosis es una condición aguda que con frecuencia padecen los diabéticos. Aparece cuando los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes se elevan y no se les administra insulina. El déficit de insulina dificulta la incorporación de glucosa en la sangre para la obtención de energía y el organismo comienza a sintetizar grasa transformándola en ácido.

Lourdes Guerrero, médico endocrinóloga y especialista en diabetes, apunta que la cetoacidosis evidencia el empeoramiento de un cuadro diabético por falta de tratamiento. “La falta de insulina, hidratación y cuidados coloca al paciente en una situación crítica que puede causar la muerte”, indica Guerrero, miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo.

Las infecciones se inscriben entre los factores detonantes de la cetoacidosis. Y eso explica el que a Georgina se le hubiese recetado Clinfol, un antibiótico antimicótico para tratar una infección en sus vías urinarias. Aunque Guerrero no conoció a la paciente, explica también que es vital la administración de solución de cloruro de sodio (NaCl) al 0,9% para contrarrestar ambos cuadros: la acumulación de ácido y la deshidratación.

“Había que controlar con urgencia el pH en la sangre de la paciente para llevarlo a niveles normales. Como estaba en un coma diabético, lo indicado era hidratarla con grandes cantidades de solución fisiológica por vía parenteral (intravenosa)”, explica Guerrero. De no hacerse, precisa, puede ocurrir daño renal, cardíaco y hasta la muerte.

La alta concentración de moléculas ácidas —llamadas cuerpos cetónicos— se convierte en tóxicos. Guerrero detalla que lo que ocurre en la sangre es casi compatible con un envenenamiento, dando paso a tres posibles complicaciones que son letales: acumulación de líquido en el cerebro (edema cerebral), un ataque al corazón o insuficiencia renal.

Georgina no tuvo alternativas. La familia Delgado relata que tras la confiscación de los insumos, permaneció casi cuatro días sin administración de solución fisiológica. “Estuvo todo el miércoles, jueves, viernes y sábado sin suero y el domingo se murió”, relata Génesis.

“Ella necesitaba todo eso”

Un informe médico suscrito y firmado por la doctora María Elena Quiroz, jefa del Servicio de Terapia Intensiva, precisa que Georgina Delgado, de 38 años, se encontraba hospitalizada en la UCI de adultos desde el 4 de julio. También da fe del diagnóstico y de las necesidades de insumos para su tratamiento, en el que se enlistan: guantes (ocho unidades por día); sondas de aspiración (cuatro unidades por día); solución al 0.9% (diez unidades por día); dos macrogoteros por día; tres tipos de inyectadoras (15 por día);

También se le pidió a la familia Clinfol —un antimicótico para tratar infecciones—; un broncodilatador para ayudarla a respirar; ocho unidades de gasas al día; cintas para mediciones de niveles de glicemia; tres frascos de bicarbonato de sodio por día y un catéter venoso central.

Dos residentes del servicio atestiguan que los insumos “decomisados” a Isaura eran requeridos por su prima Georgina. Los médicos no acceden a dar sus nombres, pero resumen: “Todo lo que ella necesitaba lo traía la señora”. Los residentes advierten que no pueden concluir que la falta de los insumos jugó a favor de la muerte de la paciente, pero en todo caso apuntan: “Si lees el acta de defunción, allí se dice que murió también por deshidratación”.

La doctora Quiroz afirma que los funcionaron acudieron dos veces hasta el piso dos para comprobar si la paciente estaba ingresada. “Y así se lo hicimos saber”, apunta en conversación vía telefónica. Precisa que el Hospital no contaba con esos insumos, y revela que algunos de los materiales estaban identificados como material exclusivo del Estado, fabricados para el Ministerio de Salud. Familiares de otros pacientes en esa área también se molestaron por la actitud de los funcionarios.

“Los funcionarios decían que estaban dentro de la norma, porque la señora no tenía comprobantes de que el material era donado”, explica Quiroz. Al preguntársele qué sustancias controladas estaban en posesión de Isaura, responde: “Ninguna. Básicamente eran las soluciones y los bajantes. Lo otro era un antibiótico, que se consigue en farmacias”.

Quiroz también da cuenta de que Georgina llegó en una condición delicada. Y explica que el aporte de soluciones isotónicas y el bicarbonato de sodio eran fundamentales para sacarla de su estado. Afirma que Georgina requería grandes cantidades, de hasta 24 unidades de suero por día. Coincide también en que debía prevalecer la urgencia de la condición humanitaria de la paciente.

Aunque ambas fueron liberadas, Isaura y Georgina sienten que se les hizo un daño irreparable. Consideran que se les detuvo injustamente y sin pruebas el jueves 7 de julio. Luego —el domingo 10— murió Georgina tras permanecer cuatro días sin tratamiento. Y casi una semana después, el viernes 15, cuando la familia aún estaba en duelo, se sorprendieron al ver sus nombres en los medios impresos acusadas como “bachaqueras” de insumos médicos. Ambas han acudido también a Asuntos Internos de la Policía de Lara, donde colocaron otra denuncia contra los funcionarios.

A Georgina la enterraron el lunes 11 de julio a las 10:00 am en el cementerio de El Tocuyo. “La familia está derrumbada”, cuenta Petra Delgado, otra hermana de Georgina.

Mientras, Isaura dice que se siente indignada: “Estamos muy dolidos. Queremos que se diga la verdad. Que se limpie nuestro nombre y que lo que hicieron con nosotras no lo hagan con más nadie”.