Este miércoles, 27 de marzo, 243 parlamentarios de 12 países de la región informaron que respaldan la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela.
Parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto para apoyar la investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Apoyamos plenamente las investigaciones que la fiscalía de la CPI lleva a cabo actualmente en virtud del Estatuto de Roma sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano para exigir responsabilidad de sus autores», es parte del texto.
En el comunicado, los congresistas señalaron que «la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante» a través de nuevas detenciones arbitrarias, persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, defensores y activistas de DDHH o personas de la sociedad civil «que se manifiestan o protestan pacíficamente» en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
243 PARLAMENTARIOS DE LATINOAMÉRICA respaldamos e impulsamos las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen del gobierno venezolano, para exigir la responsabilidad de sus autores 🇻🇪 pic.twitter.com/k24qFat17T
La Fiscalía de la CPI investiga presuntos delitos de persecución, torturas, violaciones y abuso sexuales en el marco de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas presuntamente cometidos en Venezuela desde 2017. En días recientes, la Sala de Apelaciones confirmó que continuará la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el Caso Venezuela I, tras la apelación realizada por la administración Maduro.
El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales.
La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.
“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.
Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.
“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.
Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.
La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.
De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios:
Con el fallo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestima todos los motivos o alegatos hechos por las autoridades venezolanas y confirma por unanimidad que la investigación debe continuar en vista de incapacidad del régimen madurista para hacer justicia.
El alcance de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, como las protestas antigubernamentales de 2014. La fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad.
A la CPI no le satisface que las autoridades venezolanas realicen algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango. De acuerdo con la corte internacional el Gobierno venezolano no toma en cuenta los elementos contextuales.
Venezuela no hizo referencia a ninguna causa concreta en la que esté tomando en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución.
Pueden investigarse otras formas de violencia sexual y actos inhumanos.
El Gobierno venezolano no ha demostrado una investigación progresiva, hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos de investigación.
Con esta decisión, las organizaciones de la sociedad civil deben reafirmar su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en cada paso por conseguir la justicia.
El pasado 26 de febrero, Amnistía Internacional aseguró que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En un escrito consignado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, a través de una intervención conocida comoamicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.
“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este sentido, en su escrito, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.
«Falta de un sistema de justicia independiente»
La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela.
Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”
La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de «creciente represión por las autoridades venezolanas en el país», incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y también la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cabe destacar que el derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.
Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.
«El caso de Rocío San Miguel será incluido en el informe que este Panel presentará a la brevedad a la CPI y en donde se analizan numerosos casos representativos de la manifiesta impunidad existente en Venezuela, por lo menos, desde el año 2014», agregan.
Foto: Organización de Estados Americanos (OEA)
El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el patrón de crímenes de lesa humanidad se mantiene en Venezuela.
Mediante un comunicado, el Panel de Expertos se refirió a la «detención arbitraria y desaparición forzada» por más de 72 horas de Rocío San Miguel, defensora de DDHH y presidenta de la ONG Control Ciudadano.
«Se confirma una vez más el patrón de crímenes de lesa humanidad que este Panel viene denunciando desde su informe de mayo de 2018″, advirtió el Panel de Expertos de la OEA.
Asimismo, señalaron que San Miguel «fue víctima de desaparición forzada y posteriormente fue alojada en el centro de detención conocido como ‘El Helicoide’ al que la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas y numerosas organizaciones de derechos humanos han identificado como uno de los principales centros en donde se cometen hechos de tortura que han sido reportados a la Corte Penal Internacional (CPI)».
«El caso de Rocío San Miguel será incluido en el informe que este Panel presentará a la brevedad a la CPI y en donde se analizan numerosos casos representativos de la manifiesta impunidad existente en Venezuela, por lo menos, desde el año 2014″, agregan.
Finalmente, el Panel consideró que el «patrón de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la impunidad, y la desafiante falta de cooperación de las autoridades venezolanas con la comunidad internacional son una muestra más que suficiente para que la CPI confirme la decisión de reanudar las investigaciones de la situación de Venezuela I».
La Asamblea Nacional anunció la designación de un nuevo fiscal, contralor y defensor del Pueblo en víspera de una elección presidencial y luego de los acuerdos de Barbados
Los actuales miembros del Poder Moral fueron nombrados por una Asamblea Nacional Constituyente que desapareció sin su mandato principal de redactar una nueva Constitución
Tarek William Saab pasó de la Defensoría a la Fiscalía para reemplazar a la crítica y exiliada Luisa Ortega Díaz, Elvis Amoroso dejó la Contraloría para presidir el Consejo Nacional Electoral y de Alfredo Ruiz algunos no conocen ni su nombre
Apenas regresando de vacaciones decembrinas y siendo ratificado como presidente de la Asamblea Nacional chavista Jorge Rodríguez anunció para este 2024 la renovación de la alta cúpula del Poder Ciudadano en Venezuela.
“Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general y del defensor o defensora del Pueblo” dijo el ex ministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Antes del asueto de año nuevo, Tarek William Saab, fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asumió la presidencia del Poder Ciudadano conformado además por el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz y el contralor, Jhosnel Peraza.
La presidencia, cuya duración es un año según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, fue cedida por Elvis Amoroso, otrora contralor y ahora presidente del CNE.
“Me encuentro al lado de uno de los mejores abogados que tenemos no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, hablar de Tarek es verdaderamente un placer para nosotros. Tarek siempre ha sido un hombre de Estado y defensor de los derechos humanos”, dijo Amoroso al entregar el mando del Poder Moral Republicano.
El juego de la sillita
Desde la llegada del chavismo a Miraflores en 1998, las instituciones públicas han ido poniéndose al servicio del Gobierno, y para ello, el partido en el poder, primero el Movimiento Quinta República (MVR) y después el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han distribuido militantes entre ellas, que lejos de ponerse al servicio del pueblo sirven a los intereses particulares de una cúpula.
Iván Darío Badell (1994-1999) estaba en la Fiscalía cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder. Le siguieron Rafael Pérez Perdomo (1999), Javier Elechiguerra (1999-2000), Isaias Rodríguez (2000-2007) –quien luego fue segundo vicepresidente de la ANC y embajador en Italia- y Luisa Ortega Díaz (2007-2017), a la cual el madurismo expulsó del despacho pese a que fue ratificada hasta 2021 y reemplazada por Saab.
Ortega cayó en desgracia con el madurismo cuando en marzo de 2017 declaró que las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociendo las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015, representaban una “ruptura del hilo constitucional”.
Ortega también contrarió la versión oficialista de que el estudiante Juan Pablo Pernalete murió en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017 por el disparo de una pistola de perno., que fue la versión «oficial». “La presencia de residuos en la franela y los análisis pertinentes han demostrado que fue por impacto de bomba lacrimógena, sabemos de qué grupo salió la bomba, pero no la persona, fue disparada por la Guardia Nacional Bolivariana”., sostuvo entonces Ortega Díaz.
Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo creada por el chavismo comenzó Dilia Parra Guillén (1999-2000), le siguió Germán Mundarain (2000-2007) y Gabriela Ramírez (2007-2014), quien se opuso a la creación de una ANC sin solicitar una consulta previa del pueblo. Le siguieron Saab (2014-2017), que abandonó la instancia para pasar a la Fiscalía, y el actual defensor Alfredo Ruiz.
Pasamos a la Contraloría, en donde Clodosbaldo Russián fue el primer contralor al servicio de Chávez (1999-2011). Continuaron Adelina González (2011-2014) y Manuel Galindo (2014-2018) –quien también fue procurador general en reemplazo de la «primera combatiente» Cilia Flores. En la lista se añaden Elvis Amoroso (2018-2023), quien después de inhabilitar a varios líderes opositores como la abanderada a las presidenciales María Corina Machado, fue a parar a la presidencia del CNE y finalmente Jhosnel Peraza, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien funge de actuañ encargado.
Dando patadas de ahogado
Para Rafael Uzcátegui,director del Laboratorio de Paz, las futuras designaciones de los integrantes del Poder Ciudadano responden a varias razones.
“En mi opinión, luego de los resultados de la primaria y del referendo sobre el Esequibo, el Gobierno necesita desesperadamente tomar decisiones que le permitan levantar un poco en las encuestas. Nos encontramos, por una suma de circunstancias, en un escenario novedoso en el país: el del chavismo sin pueblo”, opinó.
A juicio de Uzcátegui si bien el chavismo se ha convertido desde hace varios años en una minoría social y electoral, en este momento no cuenta con una base que le permita participar de manera competitiva en un proceso comicial.
“El Gobierno necesita mostrar a su antigua base de apoyo, ahora descontenta, que en teoría tendría la suficiente voluntad política para realizar una serie de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población y su poder adquisitivo. Una de las posibilidades es mostrando nuevos rostros no sólo en el poder moral, sino en otras dependencias del Ejecutivo”, agregó.
Por su parte, la cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, aseguró que los periodos de los miembros del Poder Ciudadano están vencidos.
“Cumplieron un periodo completo y más, además esas autoridades fueron nombradas por la ANC, que fue un órgano que no tenía las competencias para hacer esas designaciones, la Constituyente supuestamente fue electa para redactar una Constitución que nunca hizo”, recordó.
Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, las personas que sean designadas fiscal, contralor y defensor del Pueblo deben ser independientes.
“No deben estar vinculadas al partido gobernante, no deberían considerarse como personas aptas para ese cargo los que hayan tenido un carnet del PSUV, pero dudo que eso ocurra porque estamos ante un Gobierno que se acostumbró a controlar los poderes públicos”, advirtió.
Una gestión gris
Alvarado sentenció que mucha gente en Venezuela se pregunta si realmente existe un defensor del Pueblo.
“Ha tenido una gestión totalmente gris y complaciente frente a los crímenes de lesa humanidad, es una persona que viene de ser defensor de derechos humanos e hipotecó su trayectoria para ponerse al servicio del Gobierno”, denunció-
El activista y exintegrante de Provea indicó que el fiscal general ha sido corresponsable de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela: “Es una persona totalmente al servicio de los intereses del Gobierno, nada independiente, por su parte el contralor es una figura que viene del PSUV».
Uzcategui calificó el trabajo del Poder Moral durante el chavismo como «pésimo».
“La labor del defensor del Pueblo es tan nula que mucha gente desconoce su nombre. Hay consenso sobre los altísimos niveles de corrupción, que hablan de la inacción de la Contraloría. Por otra parte, la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país y la existencia de una emergencia humanitaria compleja hablan también de las omisiones de la Fiscalía y la Defensoría”.
Por su parte, Louza destacó que el defensor del Pueblo fue degradado por la ONU al grado B: “Tiene derecho a participar, pero no a votar en instancias internacionales”. Y agregó que los contralores que ha tenido el chavismo solo se han dedicado a inhabilitar a líderes de oposición.
“No han hecho su trabajo, que es supervisar y auditar las cuentas del Estado, ni siquiera tenemos una Ley de Presupuesto, la situación de corrupción así lo demuestra, no hay memoria y cuenta, interpelaciones, ni balances transparentes de funcionarios”, detalló.
Alvarado sentenció que el proceso de escogencia de nuevos miembros del Poder Moral podría responder a la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro luego de la firma de los acuerdos en Barbados: «La Fiscalía se ha convertido en un instrumento para la represión política tal y como lo ha determinado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y es posible que esto aumente con la cercanía de las elecciones presidenciales”.
Louza sostuvo que el trabajo parcializado que hace la Fiscalía quedó demostrado en el pasado comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los propios expertos coincidieron en que Saab tenía una posición pro Gobierno.
“Desde el principio del chavismo no cumplen con los requisitos, eso ha sido una constante, no hay control del Poder Público, no hay estado de Derecho, no se trabaja para el ciudadano, es pura propaganda política”, sentenció.
“Lo ideal para Venezuela es que haya un defensor al servicio de la gente, un fiscal que garantice el debido proceso y las investigaciones imparciales y un contralor que tenga capacidad efectiva para frenar la corrupción. Personas que ejerzan control sobre el poder Ejecutivo y no le sirvan”, concluyó Alvarado.
Según información del ODH-ULA, entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017, al menos 22 personas perdieron uno o ambos ojos producto de un patrón de represión utilizado por la fuerza pública en Mérida
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) informó que envió los formularios de 26 víctimas que relataron sus testimonios ante la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI en marzo de este año.
Precisan que esta cifra es una pequeña muestra de los cientos de víctimas de persecución, represión, tortura, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, desplazamiento forzado y asesinato que ha registrado el ODH-ULA desde abril de 2017.
Denunciaron además que la totalidad de estas víctimas siguen sin recibir justicia ni reparación, y muchas de ellas han sido incluso revictimizadas por el Estado venezolano, mientras que otras continúan privadas de libertad arbitrariamente, recibiendo torturas y violaciones de sus derechos humanos.
Disparos directo a los ojos
Según información del ODH-ULA, entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017, al menos 22 personas perdieron uno o ambos ojos producto de un patrón de represión utilizado por la fuerza pública en Mérida.
Estos crímenes formarían parte de la investigación de la CPI sobre Venezuela, pues la actuación de los efectivos policiales de disparar sistemáticamente a la cara y a los ojos de los manifestantes es «desmedida» y violatoria del artículo 55 de la Constitución, además de los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
«Venezuela no está investigando»
Los pasados días 7 y 8 de noviembre se realizaron audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, para cumplir con la solicitud de apelación introducida por el régimen venezolano que busca impedir que la Fiscalía de la CPI reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por funcionarios del Estado.
“Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares y sus amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, denunció Paolina Massida, jefa de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés).
La pequeña muestra de víctimas representadas por el ODH-ULA ante la CPI evidencia patrones no solo de actuaciones represivas, sino de la ausencia de justicia y verdadera voluntad de investigación y reparación de las víctimas por parte del Estado venezolano.
Es por esta razón que el ODH-ULA resaltó que la investigación de la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es «indispensable e impostergable».
El diputado Pedro Infante adelantó que se «dará a conocer un expediente con pruebas y argumentos organizados, de forma cronológica, de las acciones contra Venezuela y las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo» de las que fueron «impuestas por Donald Trump»
Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional (AN) presentará la próxima semana un informe preliminar de una investigación sobre la posible «responsabilidad penal» del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por «crímenes de lesa humanidad», debido a las sanciones que impuso contra Venezuela mientras fue mandatario.
«La comisión especial (…) tiene previsto presentar la próxima semana un informe preliminar ante la plenaria del Parlamento nacional, además de la lista de ciudadanos y organizaciones responsables de violar el ordenamiento jurídico nacional», señaló la AN en una nota de prensa.
El presidente de la comisión, Pedro Infante, adelantó que se «dará a conocer un expediente con pruebas y argumentos organizados, de forma cronológica, de las acciones contra Venezuela y las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo» de las que fueron «impuestas por Donald Trump».
Aseguró que personas «naturales y jurídicas han violado la Constitución», el Código Penal, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entre otras normativas.
La comisión, instalada el pasado 6 de julio, construirá una agenda de trabajo que incluirá reuniones y acciones coordinadas con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y los órganos de Justicia, de acuerdo con Infante.
Los resultados de estas investigaciones, agregó Infante, deberían ser llevados ante organismos como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional (CPI).
Europarlamento pide sanciones ante amenazas contra primarias
El Parlamento Europeo advirtió el 30 de junio que no se descartan las sanciones ante las amenazas de inhabilitación que habían circulado días atrás contra María Corina Machado, candidata a la primaria opositora.
Cerca del mediodía de ese día, el diputado José Brito presentó la respuesta de la Contraloría a una solicitud que hizo el pasado 26 de junio. En el documento de la Contraloría se indica que la dirigente de Vente Venezuela inhabilitada desde 2015 y por 15 años por supuesto «daño patrimonial» al Estado.
Mediante un comunicado, el Europarlamento señaló que las instituciones «deben reafirmar su liderazgo en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho».
Los miembros del Europarlamento expresaron que renovaban su compromiso «con un proceso electoral de primarias que logre formalizar la candidatura de la oposición venezolana para devolver la democracia y la dignidad a un pueblo hermano en las elecciones previstas para 2024″.
Por todo ello, exigieron el cese de acusaciones contra Machado, así como que las autoridades no sucumban «ante los intentos de manipulación por parte del régimen dictatorial» del proceso de las primarias.
«Condenamos la injerencia del dictador y criminal Nicolás Maduro en el proceso electoral de primaria violando los acuerdos recogidos en los procesos de diálogos abiertos», añade el comunicado.
La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía
Este martes, 27 de junio, se anunció que los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron al Fiscal, Karim Khan, a reanudar la investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad del Caso Venezuela I.
La Sala, integrada por los Jueces Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, y María del Socorro Flores Liera, consideró la solicitud de la Fiscalía y las observaciones de las autoridades venezolanas competentes, quienes aseguran, «colaboraron activamente con la Corte en este proceso», así como también con las 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. La Sala extrajo su conclusión de las observaciones y el material que se le presentó.
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 27, 2023
En relación con los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que aparentemente Venezuela no está investigando las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos y/o de menor nivel.
Como parte de su consideración de los factores restantes, la Sala señaló que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable.
La Sala también señaló que las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitosde naturaleza sexual.
