Crimen

“Mi hijo hasta se murió con hambre. Cuando hablé con él me dijo que tenía hambre y yo llevaba un queso y unas chuleticas para la casa”.

Carlos Vivas dejó olvidada las bolsas donde llevaba esa comida cuando recibió una llamada en la camionetica: habían matado a su hijo.

A Carlos David Vivas Azocar, de 19 años, le dieron un tiro en el costado izquierdo luego de que le robaran la bolsa que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que recién había comprado.

El martes 8 de mayo a la 1:00 p. m. bajó con su mamá al sector La Jota de La Vega para ayudarla. Luego ella se quedó hablando con unos vecinos y él se regresó a su casa, en el sector Los Mangos, con los alimentos.

En el camino lo abordaron dos hombres a bordo de una moto, le arrebataron la bolsa y al ver que él corrió, le dispararon.

Testigos vieron cuando uno de los presuntos delincuentes huyó por unas escaleras con un kilo de arroz en la mano y el otro se marchó en la motocicleta. Trataron de quitarle un anillo de plata y oro, pero no pudieron.

Una de sus hermanas y su novia se encontraban cerca y llegaron cuando el joven aún estaba con vida. “No se había dado cuenta de que le dispararon y cuando cayó al piso les pidió que le dijeran a su mamá que la quería mucho”, contó el padre.

Carlos murió en el sitio. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron momentos después y allanaron varias viviendas, pero no dieron con los responsables.

Carlos David Vivas, tenía 19 años y un bebé en camino.

Presuntamente, una mujer y una menor de edad resultaron heridas durante los disparos, pero el padre de la víctima no tiene certeza de ello.

Carlos (padre) trabaja cosiendo zapatos en Quinta Crespo y su hijo lo ayudaba. Son una familia humilde, que vive del sustento diario, razón por la que no tienen para costear los gastos fúnebres.

La urna, el traslado y los servicios funerarios cuestan 50 millones y la fosa en el Cementerio del Sur 18 millones.

“No sé cómo vamos a hacer para pagar todo. Queremos enterrar a mi hijo y velarlo, se lo merece porque era un buen muchacho, un muchacho sano”, soltó.

Pedirán una donación en la Alcaldía del municipio Libertador y esperan poder hablar para enterrarlo en la misma fosa donde reposa su abuelo paterno, quien falleció hace seis años.

La víctima dejó embarazada de tres meses a su novia. Esperaba que culminaran la remodelación en una pizzería donde comenzaría a trabajar.

“No le deseo mal a nadie pero quiero que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Que la policía agarre a esos hombres, porque mi muchacho era bueno”.

Sus familiares presumen que los homicidas no son de la zona y que se esconden en algunos ranchos cercanos.

@yohanamarra

Las cifras del equipo de Monitor de Víctimas en Bolívar revelan que de los 57 homicidios ocurridos en el municipio Caroní, del estado Bolívar, durante el tercer mes de 2018, 29 se cometieron bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. De estas 29 muertes, 23 fueron a manos del Cicpc.

Durante el mes de marzo se registraron 57 homicidios en Ciudad Guayana. Según reportes de Monitor de Víctimas, 74% de los casos (42) tuvo lugar en San Félix, mientras que 26% (15) ocurrió en Puerto Ordaz.

Con base al levantamiento de datos realizado durante esos 31 días por el equipo de Monitor de Víctimas, se pudo precisar que 99% de las víctimas (56) eran de sexo masculino y solo una era de sexo femenino. Sobre las características de los fallecidos, 56 de los asesinados eran civiles y uno era funcionario, específicamente de la Policía del municipio Caroní.

Cabe resaltar que 53 de los 57 hechos de sangre registrados en Ciudad Guayana (93%) se perpetraron con armas de fuego, mientras que en otros 3 casos (5%) se emplearon armas blancas. Apenas en un caso (2%) fueron utilizados objetos contundentes y fuego para ultimar a la víctima.

Más por la autoridad que por el hampa

Un dato que destaca en las estadísticas colectadas durante marzo en Ciudad Guayana es que 29 de las muertes (51%) ocurrieron supuestamente bajo la figura de “resistencia a la autoridad”; es decir, hubo más decesos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado que por la delincuencia. De estos casos:

– 23 (80%) fueron a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

– 3 (10%) fueron por la Policía del estado Bolívar (PEB).

– 2 (7%) fueron por la Policía del municipio Caroní (PMC).

– 1 (3%) fue por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los móviles de los 28 homicidios restantes -cometidos tanto por la delincuencia común como por la delincuencia organizada- fueron: 18 por venganza (32%), 7 por robo (12%), y 3 por motivos aún desconocidos por las autoridades encargadas de esclarecer los casos (5%): Ministerio Público y Cicpc como órgano auxiliar.

El 60% de las víctimas de la violencia tenía entre 18 y 35 años de edad

Unare, la parroquia más violenta

Ciudad Guayana está conformada por 11 parroquias, y según el levantamiento de datos sobre homicidios realizado por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar hubo un total de 57 casos distribuidos de la territorialmente de la siguiente manera:

– Unare (Puerto Ordaz): 16 homicidios.

– Simón Bolívar (San Félix): 14 homicidios.

– Chirica (San Félix): 7 homicidios.

– Vista al Sol (San Félix): 6 homicidios.

– Dalla Costa (San Félix): 5 homicidios.

– 11 de Abril (San Félix): 5 homicidios.

– Yocoima (San Fèlix): 2 homicidios.

– Pozo Verde (San Félix): 1 homicidio.

– Universidad (Puerto Ordaz): 1 homicidio.

– Cachamay (Puerto Ordaz): 0 homicidios.

– 5 de Julio (San Félix): 0 homicidios.

En cuanto al rango de edades, la distribución de las víctimas queda de la siguiente manera:

0 años – 11 años: 0 víctimas (0%).

12 años – 17 años: 1 víctima (2%).

18 años – 35 años: 34 víctimas (60%).

36 años en adelante: 6 víctimas (10%).

Edad desconocida: 16 víctimas (28%).

Letalidad policial en aumento

Según estadísticas manejadas por el diario Correo del Caroní, para marzo de 2017 se registraron 83 homicidios en Ciudad Guayana. Para entonces, solo 10 de las muertes ocurrieron bajo la figura de resistencia a la autoridad, lo que implica un aumento de 190% al compararlo con los 29 fallecidos bajo este móvil en 2018.

Respecto de esta situación, el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, manifestó durante un foro realizado en la UCAB-Guayana el pasado 15 de marzo que “se está institucionalizando una pena de muerte en un país donde no existe legalmente, y aun cuando existiera, debe haber un proceso penal, investigación, aprehensión y luego una decisión”.

En declaraciones ofrecidas a El Nacional sobre el incremento de la letalidad policial, Briceño León advirtió que tanto el delito como la acción del Estado están “desangrando al país”. “Los homicidios se mantienen con sus altibajos, pero el crecimiento de las muertes por parte del Estado persiste (…) cuando esto ocurre la sociedad se hace más violenta. La represión, la fuerza desproporcionada del Estado no disminuye la violencia”, precisó el sociólogo.

Jefe del CICPC: “No puedo llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad”

Al consultársele sobre esta particularidad en los datos colectados por el equipo de Monitor de Víctimas–Bolívar durante marzo, el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, consideró que “no se le puede llamar homicidio a una muerte por resistencia a la autoridad, aunque evidentemente fallezca una persona”.

Cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado

Obviando que el homicidio -proveniente del latin: homicidium, y compuesto por las palabras homo (hombre) y caedere (matar)- es la muerte causada por una persona a otra según la Real Academia Española, el funcionario pidió no generalizar. Alegó también que esta diferenciación la imparte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que el Cicpc se rige por lo establecido en esta legislación, amén de la suscripción de tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Finalizó explicando que cuando ocurre una muerte por resistencia a la autoridad el funcionario actúa en nombre del Estado, pero después el Estado debe revisar esa actuación y volverse contra el funcionario e iniciar una investigación para determinar si realmente ocurrió una resistencia o si se trató de una simulación de hecho punible que terminó en homicidio.

@GEDV86

Imagen suministrada por el Cicpc de Fernando Antonio García Gutiérrez

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Como Fernando Antonio García Gutiérrez de 19 años de edad fue identificado el presunto asesino del médico Pedro Enrique García Flores (54). El crimen ocurrió el pasado 12 de marzo en la residencia del médico ubicada en el conjunto residencial Alto Alegre, en Colinas de Bello Monte, municipio Baruta del estado Miranda.

Informaciones suministradas por el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, señalan que Fernando García, quien no tiene una residencia fija, había sido invitado en otras oportunidades para el apartamento por Pedro García, “pero el día de los hechos este sujeto decidió robar y asesinar a su víctima, para luego huir del lugar con el botín que había sustraído».

Agregó el jefe policial que una vez lograda la identificación plena del presunto asesino, se han realizado diversas pesquisas y allanamientos para dar con el paradero de Fernando Antonio García Gutiérrez, “los operativos se han realizado fundamentalmente en la zona de la Cota 905, donde se la pasa este sujeto».

Como se recordará en horas de la noche del pasado 12 de abril fue localizado el cadáver del médico Pedro García, en el interior del apartamento en el que residía luego de que vecinos escucharan gritos.

El hombre, quien había sido atacado con un tubo de metal, murió en el mismo apartamento en el que casi diez años atrás fue asesinado, bajo circunstancias muy similares, su hermano Javier García, periodista de RCTV.

¡Abran… es la policía! Fueron las palabras que sacaron de su cama a Richard José Silva (20) la mañana del viernes 27 de abril, día en que fue asesinado en un operativo de la Brigada de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la parroquia Macarao, del municipio Libertador.

Eran las 5:00 de la mañana, cuando lo oficiales llegaron al urbanismo de la Misión Vivienda Venezuela y amenazaban con tirar la puerta de uno de los apartamentos de la torre 17 situado en la planta baja. Según los agentes era un dispositivo de saturación y área en la comunidad.

“Cuando les abrimos tenían en su manos patas de cabra y hasta mandarrias. Ellos entrarían como fuera”, dijo Yuleidi Rivas, hermana de Richard.

Él estaba durmiendo, cuando se paró corrió por una camisa y un short. Estaba en bóxer. En la casa también estaban su sobrino de dos años, su mamá, otro pariente y Yuleidi. Todos fueron obligados a salir y le exigieron a Richard que entregara su cédula de identidad.

Cuando su hermana se marchaba la apuntaron con un arma y la encerraron en una de las habitaciones con su pequeño hijo. Luego una mujer policía la sacó hasta la calle con el niño.

Desde la parte de afuera su madre y otros vecinos gritaban que los dejaran en paz, pero los oficiales solo decían que se callaran y sino también correrían con las suerte de Richard.

Solo pasaron 10 minutos para que se escucharan dos detonaciones y seguido una ráfaga. Gritaban desde adentro que se trataba de un enfrentamiento, pero el único que salió envuelto en sábanas y para la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño fue Richard.

Hace dos meses que se había regresado de Cumaná, estado Sucre, estaba viviendo con un tía y junto a otros parientes atendían puestos de pescados, pero la situación económica del país lo había obligado a regresarse a su casa. Sabía de trabajos de construcción por lo que a veces mataba tigritos en obras, pero a lo que legalmente se dedicaba, era a atender su agencia de animalitos que había puesto a funcionar en el apartamento.

Los funcionarios de la Faes supuestamente estaban buscando a un presunto antisocial. Un supuesto informante les había dicho que en ese apartamento se ocultaba. La propiedad fue destrozada. Los policías se llevaron una laptop y otros bienes.

La víctima tenía planes de irse a Ecuador con su hermana. Un pariente le enviaría el dinero para el pasaje de los dos.

En paralelo también se ejecutaba otro allanamiento pero en la torre 15, piso seis. Allí se encontraba Guillermo Valle (22), quien estaba de visita con unos amigos.

Sus familiares hacían los trámites para retirar su cadáver en la morgue de Bello Monte, la mañana de este domingo.

“Lo mató la policía y que en un enfrentamiento”, dijo uno de los deudos que resguardó su nombre.

“Él no era un delincuente, él lo que era es un barbero, panadero, lo que saliera él lo hacía”, dijo al tiempo que recordó, que hacía tres años había recibido su libertad plena, luego de cumplir una condena por el delito de homicidio.

Los familiares de Valle detallaron que vivía en Guatire, estado Miranda y que deja en estado de orfandad a una niña de 8 años.

Esa misma mañana en un sector cercano al complejo habitacional específicamente La Invasión también murió otro joven aún por identificar.

Según el parte policial en los tres procedimientos se incautaron un revolver calibre 32mm, una pistola calibre 6.35 sin seriales visibles y otra calibre 38.

@Jheilyncermeno

Una mujer con cinco meses de embarazo y su pareja fueron asesinados con disparos en la cabeza en el sector Los Pinos de Casalta II, Propatria, en el municipio Libertador. Sujetos desconocidos ingresaron la noche del martes 24 de abril a la vivienda de las víctimas, con el supuesto objetivo de matar al presunto cabecilla de una banda delictiva que opera en el sector.

La mujer asesinada fue identificada como Elizabeth del Carmen Viloria de 32 años y tenía cinco meses de embarazo, mientras que el hombre muerto fue identificado como John Henry Romero Montilla, apodado “El John”, quien había tomado las riendas de la banda de “El Brayan” tras su muerte  el 30 de septiembre de 2017.

De acuerdo a información policial los presuntos asesinos de la pareja, serían integrantes de la misma banda de “El Brayant” que opera en ese sector del oeste caraqueño.

Las autoridades policiales presumen que el móvil del crimen fue la venganza y la toma del control de la organización criminal. Los hombres también estaban en búsqueda del segundo al mando de la banda, un hombre identificado como “El Drácula”, hermano de Elizabeth Viloria.

Se conoció que esta organización criminal extorsiona a los consejos comunales que funcionan en la zona, así como a comerciantes ytransportistas a quienes les piden una cantidad de dinero, bolsas de comida para mantenerse.

La banda estuvo dirigida hasta finales de septiembre del año pasado por Brayant Alberto Quintero, de 27 años, quien estaba solicitado por diversos delitos entre los que se incluyen varios homicidios. Quintero murió en un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Según datos recabados por Monitor de Víctimas entre enero y marzo 2018, alrededor de 20 hombres y una mujer fueron asesinados por motivos de ajuste de cuentas o venganza en el Distrito Capital.

Asesinada por ser testigo

En horas de la mañana de este jueves 26 de abril, familiares de Elizabeth Viloria suministraron otra versión sobre los hechos que culminaron con la muerte de la embarazada. Indicaron que la mujer fue asesinada por haber sido testigo del crimen de John Romero.

«Ella estaba en la platabanda de su casa cuando lo mataron y vio a los asesinos a quienes identificó como «Chino» «Ñeco» y «Chichón», todos integrantes de la banda del Brayan».

Horas después del crimen, uno de los miembros de esa organización, llegó hasta la casa de Viloria, donde la mujer se encontraba en compañía de sus dos hijos, un sobrino todos menores de edad y de su mamá. El hombre le preguntó si había visto quién mató a John y ella respondió que si, dio dos de los apodos, quizá pensando el sujeto iría tras los asesinos, sin embargo lo que sucedió de inmediato sorprendió a todos: el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en la cara a la mujer, el tiro le entró por el mentón. «La mató en seco».

Familiares negaron que Viloria fuese pareja de la otra víctima del doble homicidio, John Henry Romero Montilla, dijeron que él tenía su pareja, «se llamaba Francis».

«Ella estaba embarazada, no tenía cinco meses, tenía ocho meses». El papá del bebé era, Brayan Alberto Quintero, «El Brayan»

Al parecer el motivo del asesinato de Romero Montilla sería la distribución de las cajas de alimentos que cobraban como consecuencia de la extorsión que ejercían contra los integrantes de los consejos comunales de Castalta II.

@Daigalaviz

Gabriel Jesús Mendoza Gómez, de 34 años, perdió la vida a manos de su primo en un restaurante, situado en la calle Ricaurte de la avenida principal de Baruta el pasado viernes 20 de abril.

Gómez días atrás sostuvo una pelea con un primo, quien había robado a su hermano, en ese momento este hombre lo amenazó y juró vengarse.

A pesar de las amenazas que había recibido, Gabriel siguió con su vida. Trabajaba en un Bar Restaurante llamado Luanda y se rebuscaba como mesonero provisional en eventos corporativos.

El día del crimen la víctima no trabajó en el restaurante, sin embargo acudió a ese lugar para encontrarse con un amigo, que se iba del país y a quien quería despedir.

Gabriel llegó al encuentro con su amigo y disfrutaron por un momento en el local. El primo que lo había amenazado se enteró que se encontraba en ese sitio y fue a buscarlo.

En el negocio, Gabriel y su primo sostuvieron una fuerte discusión y en medio de la disputa el pariente de la víctima sacó un arma y le disparó en siete oportunidades.

Luego del hecho Gabriel fue llevado a la Clínica Félix Boada de Baruta, donde intentaron salvarlo, pero falleció  el sábado a la 1:30 de la madrugada.

Gómez tramitaba sus papeles para irse a vivir a Perú, era el mayor de dos hermanos.

De acuerdo a un conteo realizado por Monitor de Víctimas 58 asesinatos se han cometido entre mayo de 2017 hasta el 11 de abril de 2018 en el municipio Baruta.

@lysaurafuentes

La mañana del pasado lunes 16 de abril, Yoel Flores sintió como si el mundo se derrumbase. Temprano le avisaron que dos de sus hijos habían sido asesinados por funcionarios del Cicpc en el barrio Las Mayas de Coche.

Néstor Johan de 31 años y Wilfredo Rafael de 23 eran dos de los seis hijos de Yoel, quien con una planilla en mano aguardaba a las puertas de la morgue de Bello Monte por la entrega de los cuerpos para el correspondiente acto velatorio.

“Entraron a la casa y los mataron”, dijo. “Ellos tenían antecedentes, pero últimamente no andaban en nada malo”, agregó quien afirma que sus descendientes laboraban como obreros.

Según Flores, Néstor tenía tres hijos y Wilfredo ocho. “Wilfredo los tenía regados, creo que vivía con dos o tres de ellos”.

El padre de los hermanos Flores aseguró que sus hijos no estaban armados al momento del supuesto enfrentamiento y por ello acudirá a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo a denunciar el hecho.

Douglas Rico, director del Cicpc, maneja otra tesis sobre el episodio acontecido en el callejón La Farmacia del sector Puerto Escondido de Las Mayas.

El comisario escribió en su cuenta de Instagram que tanto los hermanos Flores como Edgar Ocopio de 23 años alias “El Panchito”, también muerto en el operativo policial, pertenecían a una banda de extorsionadores que cobraban a comerciantes de la zona. El trío estaba solicitado por homicidio y vinculación con sustancias psicotrópicas.

“Los sujetos al notar la presencia policial efectuaron disparos contra la comisión policial”, escribió. “Durante el procedimiento se incautaron dos revólveres, uno calibre 38 mm y otro calibre 22 mm, ambos con los seriales devastados”.

Apuntó Rico que Wilfredo Flores, era el líder de una banda apodada “El Wilfredo”, en la que operaba su hermano Néstor, conocido como “El Porro”.

@franzambranor

JESÚS RAFAEL HIDALGO GIL, DE 36 AÑOS, salió de su casa en Maiquetía, estado Vargas, la mañana del pasado martes 17 de abril a acompañar a su amigo, Henry Omaña, a recuperar una moto que le habían robado el lunes.

Desde ese momento no supieron más de ninguno de los dos hasta las 7:30 p.m. cuando la familia de Jesús confirmó que los habían matado en Plaza Venezuela y sus cadáveres se encontraban en la morgue de Bello Monte.

“Uno de mis hermanos tiene un amigo que trabaja en el Cicpc, le dio las características de Jesús, le dijo que tenía un tatuaje en la espalda con el nombre de su primer hijo y nos confirmó que estaba muerto junto con el amigo”, contó su hermana, Yosselyn Vallejo Gil.

Ambos trabajaban como servicio técnico de las antenas de Directv y habían sido interceptados por presuntos delincuentes quienes le quitaron el vehículo marca Empire, modelo Horse, color rojo. También le robaron el celular a Henry y horas después llamaron desde ahí a Jesús para pedir rescate.

“Henry había transferido el dinero a cambio de la moto, no sabemos cuánto pagó. Luego le pidió a mi hermano que lo acompañara a Bellas Artes a buscarla, pero no sabemos qué pasó después. Le quitan la moto, le quitan el dinero y le quitan la vida”, soltó Yosselyn.

Sus familiares no tienen claro qué pasó, pues aunque supuestamente los mataron en Plaza Venezuela el celular de Jesús apareció en el estacionamiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Parque Carabobo, a través de rastreo satelital.

La mañana de este miércoles 18 de enero el papá de Jesús ingresó a la medicatura forense a reconocer el cadáver. “Tenía golpes en la espalda y en la cara, tenía un ojo hinchado y morado. Además le dieron un tiro en el pecho”, contó, abrumado, al salir.

Pero no fue todo. Además le indicaron que presuntamente se enfrentó a uniformados del Cicpc. “Ahora lo van a arreglar todo con un enfrentamiento, esto no puede ser”, soltó la madre de víctima, mientras rompía en llanto y era abrazada por su hija, Yosselyn.

Aclararon que Jesús nunca estuvo detenido ni presentaba registros policiales, a diferencia de Henry, quien estaba bajo régimen de presentación. “No entendemos qué pasa, le roban la moto, les piden rescate y ahora nos dicen que se enfrentaron supuestamente. Nadie nos explica”.

Jesús era padre de dos niños, de 10 y un año, y vivía en el sector Mare Debajo de Maiquetía, estado Vargas. Henry, su amigo, también vivía en la zona y ambos laboraban juntos en la moto de él.

Matan a motorizado en La Pastora 

En otro hecho Carlos González Herrera, de 33 años, recibió dos tiros en el pecho en la calle principal de La Pastora. Además le quitaron su celular y una cadena de plata.

Caracas. A las 7:00 p. m. del lunes 9 de abril una mujer llamó a la familia de Carlos Eduardo González Herrera, desde su celular, para avisarle que lo habían matado.

Sin identificarse describió que había ocurrido a las 5:00 p. m. en la calle principal de La Pastora e indicó que les dejaría escondido el celular de la víctima, un Samsung S8, cerca de una panadería en la zona. Pero no aparecieron ni ella ni el equipo.

Le robaron su moto modelo Horse 250, color negro, una cadena de plata y el celular. Presumen que se resistió porque anteriormente habían intentado quitársela y logró zafarse de los presuntos delincuentes. “Él era así, no se dejaba robar”, dijo un pariente, quien prefirió no identificarse.

La víctima trabajaba como mensajero particular y el día que le dispararon estaba llevando unos documentos en La Pastora.

Tenía cuatro hijos menores de edad y vivía en la calle El Lago de los Magallanes de Catia, con su familia.

@Yohanamarra