La ONG WOLA advierte que los representantes del PSUV manipulan los conceptos jurídicos internacionales para crear una matriz de opinión desfavorable sobre la violación sistemática a los derechos humanos de los venezolanos
Fotografía: Prensa de la Corte Penal Internacional
A través de una publicación a la prensa el 27 de julio, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro ha creado argumentos para desinformar sobre la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros específicos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por presuntos crímenes contra la humanidad, y para hacerlo ver como un hecho político y no judicial.
La ONG sobre Derechos Humanos enfatizó que la Cancillería de Venezuela emitió información «falsa» sobre el proceso de investigación sobre el caso Venezuela I, en donde se investigan las muertes, torturas, detenciones arbitrarias y otras represiones en el país desde el año 2014 que la ONU identificó en sus Misiones internacionales independientes de determinación de los hechos en tres informes.
«Tergiversando el lenguaje técnico de la Corte, el gobierno ha tratado de crear confusión y desesperanza entre las víctimas», recalca WOLA.
A continuación, algunas claves sobre el reciente reporte de WOLA.
Se ralentiza la investigación, pero no se suspende
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares decidió permitir que el fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudara su investigación sobre Venezuela. Luego, el 3 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro apeló esta decisión y pidió una prórroga para formalizar la petición de anular la investigación.
La Corte internacional le concedió hasta el 14 de agosto de 2023 para entregar la apelación, pero negó que se detenga la investigación de los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad hasta que la institución multilateral dicte una sentencia con la petición madurista.
Los fiscales de la CPI deben recibir y evaluar la apelación del gobierno venezolano debido a los reglamentos del Estatuto de Roma que establecen el principio de complementariedad: un Estado tiene prioridad de investigar los casos de tortura o crímenes de guerra dentro de su jurisdicción, mientras que la CPI apoya la investigación estatal o interviene directamente si se demuestra que el Estado no puede o no quiere investigar bajo los parámetros de los derechos humanos.
El gobierno madurista alega que se están investigando los casos de tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela. Pero la Corte Internacional ha respondido en dos ocasiones, en 27 de junio y el 21 de julio de este año, que la Fiscalía de Kahn tiene suficientes pruebas que muestran la falta de transparencia con los procesos penales y los derechos humanos, sobre todo al no indagar la cadena de mando militar responsable de esos crímenes.
«En esta incidencia se pone de manifiesto que la Corte (Penal Internacional) ha trabajado de forma diligente, y si ha habido retrasos en las actuaciones de este tribunal, ha sido justamente por las medidas dilatorias, una estrategia general de hacer perder el tiempo y recursos», resaltó el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la justicia, en un video institucional.
Se trató de violar la privacidad ante la CPI
WOLA destaca que la desinformación gubernamental venezolana se puede rastrear hasta el 28 de febrero del 2023, después que 8.900 venezolanos participaran en una una Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) para expresar de forma confidencial por qué el sistema de justicia venezolano no quiere o no puede investigar los casos de tortura, muertes y detenciones arbitrarias bajo los estándares de los derechos humanos.
Ese día, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que señalaba que la investigación del caso Venezuela I era «un proceso político» y mencionó que una persona que había presentado su testimonio ante la VPRS presuntamente había sido entrevistada por las autoridades y había sido desmentida.
«Tomando en cuenta la confidencialidad del proceso ante la CPI, tal aseveración por parte del Estado venezolano es muy grave, pues contribuye a crear temor y desincentivar la participación de las víctimas ante la CPI», asevera la ONG.
«El gobierno venezolano solicitó responder al informe de la VPRS, en la medida en que consideraba que se trataban hechos nuevos que el Estado no pudo de forma razonable haber previsto. A esto, la Corte contestó el 4 de mayo que no autorizaba la petición de Venezuela, que una respuesta a las víctimas no era procedente en esta etapa del procedimiento y que, en todo caso, los argumentos presentados por el Estado eran “muy amplios en su naturaleza y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe de la VPRS que requiera una respuesta por parte de Venezuela”», agregó.
La Corte explicó desde un inicio que la VPRS transmite solo las observaciones y preocupaciones de las potenciales víctimas porque la Corte aún no ha identificado a estas personas como víctimas en una audiencia específica.
Frente a la reciente apelación que quiere impugnar el gobierno de Maduro, la sala de la CPI encargada de velar por el interés de las víctimas presentó un permiso para mostrar sus argumentos para mantener la investigación. La Sala de Apelaciones de la CPI le concedió a este organismo enviar sus observaciones escritas para el 11 de agosto de 2023.
Manipulación del lenguaje técnico
Poco después del 4 de mayo, el gobierno encabezado por Maduro emitió otro comunicado cuatro días después diciendo que, al agregar el adjetivo de «potenciales» a las víctimas, la CPI no reconocía que existan crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pese a que los informes de la ONU y el VPRS indican lo contrario.
«Venezuela denuncia que las denominadas «víctimas potenciales» y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela», expresa el documento oficialista.
«Nada más lejos de la verdad. La CPI en ningún momento dijo que no hubiesen víctimas de crímenes de lesa humanidad ni que dichos crímenes no se hubiesen cometido en Venezuela. Tergiversando el lenguaje técnico de la Corte, el gobierno ha tratado de crear confusión y desesperanza entre las víctimas», advirtió la ONG.
WOLA reitera que esta manipulación proviene de la mala interpretación del principio de complementariedad, ya que la CPI aún no ha precisado qué casos específicos debe ajusticiar a las personalidades del PSUV dentro de la variedad de cargos que expresan las víctimas.
La ONG recalcó que la CPI no sanciona estados, sino a personas, que los mismos personajes del PSUV representen al Estado venezolano por más de 10 años es un fenómeno ajeno a la investigación forense.
Juntos, pero no revueltos
El 10 de junio de 2023 Karim Khan, visitó por tercera vez a Venezuela. En ese momento la Fiscalía de la CPI y el Ministerio Público de Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro. Ese documento no ha sido publicado hasta ahora, denuncia la ONG. Pero los voceros del gobierno chavista anunciaron que se abriría una Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas.
«Se presume que, con este acuerdo, la CPI será capaz de aumentar la escala y el impacto de su presencia en Venezuela, (…) se esbozó una serie de áreas prioritarias en las que la Fiscalía prestará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en consonancia con los principios del Estatuto de Roma», detalló WOLA.
Esta oficina no está relacionada con la investigación de la Fiscalía de la CPI, la investigación del caso Venezuela I. La nueva institución de la Corte internacional pretende brindar apoyo para el desarrollo legislativo y el intercambio de conocimientos entre jueces nacionales y multilaterales con la intención de mejorar las prácticas de la justicia venezolana desde adentro.
«Hasta ahora no se tiene conocimiento sobre si esta oficina contará con un mecanismo para atender a las víctimas y recibir sus testimonios. Tampoco se conoce cuáles serían sus protocolos de confidencialidad y protección a las víctimas y a sus representantes, lo cual genera preocupación para miembros de la sociedad civil», advierte la ONG.
Venezuela I vs. Venezuela II
El 13 de febrero de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la CPI que se investigara unos presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde 2014. La Corte Internacional recibió la solicitud y llamó al caso Venezuela II. Actualmente, el caso sigue abierto y se están evaluando las competencias e intereses jurídicos de las reclamaciones que hizo la administración de Maduro.
La ONG advierte que no se tiene una fecha aproximada para medir las respuestas de la CPI o sus siguientes pasos, pero ha recalcado que el caso Venezuela I está más adelantado debido al constante registro de las Organizaciones No Gubernamentales y la prensa venezolana, mientras que los registros del caso Venezuela II solo tiene registro de los propios integrantes del PSUV que están siendo señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
