LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) dijo hoy que el examen preliminar sobre el “gobierno bolivariano” por supuestos crímenes de lesa humanidad “se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable”.
Estas declaraciones se producen después de que la fiscal general, Fatou Bensouda, haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre Venezuela, paso posterior al examen preliminar que ya abrió en febrero.
La oficina de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, dio a conocer hoy el informe sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada hoy en La Haya.
En el apartado de Venezuela, el documento explica que, desde el pasado febrero, ha seguido recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.
El informe constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” en el marco de las manifestaciones de abril de 2017 contra el Gobierno.
La CPI aclara que, dada la naturaleza abierta de la situación, continuará registrando las denuncias de delitos cometidos en Venezuela e incluirá en su análisis cualquier presunto delito cometido desde el 12 de febrero de 2014, fecha en que iniciaron una serie de protestas ciudadanas contra el gobierno de Maduro en las que murieron más de 40 personas.
Asimismo, el documento añade que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.
Según la información recibida por la Fiscalía, “fuerzas de seguridad del Estado” y “altos funcionarios” fueron responsables de “crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra opositores” como “asesinato, encarcelación, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos”.
Otro punto que trata el informe es la supuesta “fuerza excesiva” empleada por las autoridades en “operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de las manifestaciones contra el Gobierno”.
Por otro lado, el documento especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.
La Fiscalía señaló que también tiene bajo su lupa la colaboración entre autoridades y “civiles armados favorables al Gobierno, incluidos los grupos denominados ‘colectivos’, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.
*Con información de EFE
