El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los presos políticos de la cárcel de El Rodeo I, situación que fue remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Voceros del OVP indicaron que los reclusos por persecución política “duermen en el suelo, defecan en letrinas, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos”.
OVP recordó que tanto El Rodeo I como El Rodeo II tienen medidas provisionales dictadas por la CIDH desde 2008 y por ello remitió a la instancia internacional una actualización del estado de los presos políticos.
Los presos políticos de El Rodeo I duermen en el suelo, defecan en letrina, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos. Es por ello que @oveprisiones informó a la @CorteIDH sobre esta dramática situación. Hilo 👇 pic.twitter.com/pLA7kPEqPi
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) March 22, 2024
“Esta situación de extrema gravedad y urgencia, que se ha agudizado en el tiempo, la padecen los presos políticos recientemente trasladados a El Rodeo I, quienes durante el traslado fueron incomunicados, y sus familiares y abogados no fueron debidamente notificados”, escribió OVP en X.
También, denunciaron que durante el traslado de los presos políticos no les permitieron llevar sus objetos personales, carecen de acceso a agua potable, no consumen alimentos suficientes, deben bañarse en cinco minutos, no tienen acceso a medicamentos y no pueden realizar llamadas telefónicas ni actividad física.
“Para ingresar al penal, los familiares son recibidos por custodios encapuchados y sin identificación, quienes les tapan los ojos para llevarlos al sitio donde hacen la visita sin contacto físico y en muy corto tiempo, siempre vigilados por los funcionarios”, expuso la organización.
A raíz de esta comunicación, laCIDH requirió al Estado venezolano que, a más tardar el 11 de abril de este año, presente un informe sobre la situación de los reclusos.
Luego de las excarcelaciones que se dieron el año pasado gracias al acuerdo de Barbados entre la Plataforma Unitaria y el oficialismo, desde enero 2024 se han registrado al menos 15 detenciones de disidentes políticos, la mayoría perteneciente al movimiento político Vente Venezuela.
Una denuncia hecha por el ex candidato presidencial Henrique Capriles abrió la puerta para una audiencia oral y pública donde se debate el papel del chavismo en los procesos comiciales
A propósito de una denuncia hecha por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que a partir de las elecciones presidenciales de 2013 se ha producido un “serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela”.
La instancia internacional determinó que el patrón ha quedado de manifiesto con “acciones de represalia contra la oposición política y la creación de obstáculos en el ejercicio de derechos políticos de la oposición, así como la falta de independencia del órgano electoral”.
Asimismo, el organismo condenó el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, quien era también el presidente encargado de Venezuela hace once años.
“La utilización de bienes públicos con fines proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en la campaña electoral, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación oficiales en favor de dicho partido político, la presencia de militares con símbolos del partido oficialista en los centros electorales el día de la elección y la represión contra grupos opositores”.
Para sustentar los atropellos cometidos por el régimen chavista, la CIDH citó los informes del Centro Carter y del Instituto de Altos Estudios Europeos.
La CIDH inició una audiencia oral y pública el pasado 6 de febrero en San José de Costa Rica luego que el dos veces candidato presidencial acudiera a la instancia para denunciar la violación de sus derechos políticos por la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondieron a sus denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas en los comicios de 2013, donde Nicolás Maduro ganó con una pírrica ventaja de 1,49 % de los votos.
A finales de 2022 el caso llegó a la corte, luego que la CIDH determinara que el Estado venezolano violó los artículos 23, 13, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ramón José Medina, abogado de Capriles, señaló que el CNE, el TSJ y el Consejo Moral Republicano “han sido miembros activos del partido de Gobierno”.
Organizaciones No Gubernamentales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos que han llevado a la justicia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis venezolanos
Foto: Inaki Zugasti (Agence France-Presse)
«Nos están disparando con RPG (lanzacohetes), granadas, lanzagranadas… Hay civiles acá adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», dijo el expolicía Óscar Pérez, entre la sangre y los escombros, cuando se grabó en redes sociales antes de morir a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en Caracas el 15 de enero del 2018. Momentos después, la sociedad civil llamaría a ese evento «La masacre de El Junquito».
Nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros (cinco ex miembros de los cuerpos de seguridad y un civil). Ocho de los fallecidos tenían un impacto de bala en su cabeza, solo uno tenía un impacto de bala en el cuello.
Han pasado seis años desde «La Masacre del Junquito» y el Ministerio Público aún no ha investigado ni imputado a los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 26 de diciembre del 2023 que el caso de Pérez y los otros seis venezolanos será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a «la impunidad del sistema de justicia venezolano».
Sobrevuelo en la opinión pública
Óscar Pérez fue un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y crítico del gobierno de Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2018, cuando en Venezuela se presentaba una segunda ola de protestas en repudio a Maduro.
Pérez sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017 a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil, cuando en el país se registraron un mínimo de 9.787 manifestaciones pacíficas en contra del gobierno madurista y al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, respectivamente.
El expolicía caló en la opinión pública venezolana gracias a su presencia en las redes sociales. A través de videos narraba sus críticas y fundó el «Movimiento Equilibrio Nacional», donde se unieron varios exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ese día del 2017, Maduro tildó de «terrorista» al movimiento militar.
Y en septiembre de ese año, el Estado detuvo al escolta Franks Cabaña, quien hasta la fecha es un preso político, privado de libertad sin una sentencia condenatoria, por haber atendido una llamada de Pérez el día que robó el helicóptero.
Asesinatos casi grabados en directo
Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Abraham Lugo Ramos eran exfuncionarios de seguridad y estaban con Pérez en El Junquito ese 15 de enero del 2018. Ellos trataron de alzarse contra el gobierno madurista, luego trataron de rendirse y entregarse a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una vivienda donde se refugiaban.
«Alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo», se lee en el reporte de la CIDH.
Entre el grupo de los fallecidos se encontraba Lisbeth Andreina Ramírez Montilla, una enfermera y estudiante de odontología de 30 años.
Las autoridades estatales revelaron las identidades de los fallecidos 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la «Operación Gedeón» (que en hebreo significa «destructor» o «guerrero poderoso»).
El asesinato de Óscar Pérez, Lisbeth Ramírez, José Pimentel, Jairo Ramos, Daniel Soto, Abraham Agostini y Abraham Ramos se conoce como la #MasacreDelJunquito, por la brutalidad con la que fueron ejecutados estos 7 venezolanos al plantearle cara a un Estado represivo. pic.twitter.com/lMMPK8qh9A
«En una nota de voz (Lisbeth Ramírez) dice ‘me agarraron’, no dijo ”nos tienen acorralados”. Eso da muchas dudas de si mi hermana está muerta, es porque a ella dice que la agarraron, lo debe decir es porque alguien la agarró. Quiero ver a mi hermana», dijo Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth, al medio Crónica Uno cuando esperaba en la Morgue de Bello Monte, en Caracas, a que confirmaran que su hermana había fallecido el 18 de enero del 2018.
Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa circulaban fotografías de los cuerpos de Óscar Pérez y las otras seis víctimas.
Desde la morgue de Bello Monte la comisión especial para investigar la masacre del Junquito. Logramos que ingresaran los familiares pic.twitter.com/cm6IaePbK9
Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana murieron en el «operativo»: Nelson Chirino Cruz y «Andriun Ugarte». Poco después se reveló que «Ugarte» era una identidad falsa para el antiguo miembro de los «Colectivos» -grupos de civiles armados e ideológicamente alineados con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- y antiguo miembro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una serie de despliegues policiales entre 2015 y 2017 acusada de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.
La impunidad también se viralizó
El asesino oscar perez y su banda de terroristas, pagaran con todo el peso d la ley por todo el daño q han causado cegando la vida a funcionarios, aquí no vale el llanto ni el arrepentimiento. Urge capturar a su mentor Miguel Rodríguez Torres, tanto o mas peligroso que esta lacra
Los familiares de las víctimas denunciaron que recibían amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno madurista y cuerpos de seguridad sin que el Estado les brindará protección o «hacer un funeral adecuado», según recuenta la CIDH.
Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello e Iris Valera, mantuvieron en sus discursos que Óscar Pérez y las otras seis víctimas eran «terroristas» y fueron «abatidos» «con el peso de la ley».
Entre las protestas de crítica al madurismo del año 2018, la prensa venezolana nacional estaba bajo esquemas de censura estatal. Pocos días después de «La Masacre del Junquito», la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida del canal televisivo Globovisión por haber opinado que la muerte de Pérez y los otros seis venezolanos fue una ejecución extrajudicial.
Mientras tanto, otras seis personas fueron detenidas y relacionadas por la «Operación Gedeón», acusadas de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Si bien fueron liberados el 19 de diciembre del 2018, Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros fueron víctimas de torturas y tratos crueles bajo las audiencias del en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas, según los reportes del portal Armando.info.
«La Masacre de El Junquito» se encuentra entre los miles de casos que el gobierno de Nicolás Maduro debería enfrentar ante la Corte Penal Internacional, donde la ONG Human Right Watch catalogó al evento como una ejecución extrajudicial similar a las dictaduras de Chile y Argentina en el siglo XX.
Durante las dictaduras en Argentina y Chile, aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en “enfrentamientos”. Muchas veces se trataba de ajusticiamientos. Da la impresión que lo mismo ocurrió ayer en Venezuela. https://t.co/HH1MlBQsi7
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado de prensa este 29 de diciembre que llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las denuncias del activista venezolano Víctor Alfonso Navarro López «por detención ilegal y arbitraria, y actos de violencia por parte de agentes estatales».
El ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó que el joven fue víctima de detención ilegal y arbitraria y fue sometido a actos de violencia por parte de agentes estatales que respondían a intereses del gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2018 y el Estado no ha aplicado ni el debido proceso judicial ni los actos de reparación a sus derechos humanos.
Víctor Navarro tenía 22 años y trabajaba en la Fundación Embajadores Comunitarios y el proyecto «Corazón Valiente» cuando fue detenido arbitrariamente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en enero de 2018.
Torturas en El Helicoide
«Las autoridades presentaron un informe que vinculaba falsamente a la fundación con actividades violentas, y recomendó el control y neutralización de sus miembros (…). Fue llevado al centro de detención el Helicoide, donde fue golpeado y amenazado y enfrentó condiciones inhumanas, como hacinamiento, falta de acceso a ventilación, luz, agua, y a asistencia médica adecuada», rememoró la CIDH en el comunicado.
La Comisión recalcó que el Estado venezolano había negado el derecho de tener un abogado privado a Navarro y a otros nueve imputados de la fundación. Aunque el juez ordenó una medida cautelar para ponerlo en libertad y dispuso de una boleta de excarcelación, estuvo hacinado en el Helicoide por seis meses.
«La audiencia preliminar del proceso penal que le seguía fue postergada diez veces y por temor a ser detenido nuevamente de manera ilegal y arbitraria, en mayo de 2019 emigró a Colombia y luego a Argentina en donde se le reconoció como refugiado» bajo el hostigamiento del Estado venezolano, agregó el organismo internacional.
La Comisión concluyó que «el gobierno de Nicolás Maduro es responsable por la violación» de, al menos, 13 artículos sobre derechos humanos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Denunciar desde la realidad virtual
Desde junio del 2023, Víctor Navarro mantiene su denuncia para que en Venezuela se liberen los más de 270 presos políticos del gobierno de Maduro. A través de un proyecto llamado «Realidad Helicoide», el activista busca retratar, a través de testimonios de supervivientes a las torturas del Estado venezolano, las experiencias de los presos políticos a través de la realidad virtual.
«Muchas veces los tiempos de la justicia internacional no están alineados con la realidad, porque son procesos más lentos y es muy fuerte llevar a cabo procesos de justicia, mientras siguen ocurriendo crímenes en Venezuela, pero es una manera de visivilizar lo que ocurre y de que exista la posibilidad de que en algún momento se haga justicia y de que no se vuelvan a repetir situaciones tan atroces», declaró Navarro a El Pitazo después de conocerse la sentencia de la CIDH.
La CIDH presentó ante la Corte IDH el caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo de seguridad en el estado Aragua, en el 2017. 4 hermanos fueron asesinados a manos del CICPC. Los funcionarios declararon que fue en un enfrentamiento, pero su madre asegura que no tenían antecedentes
LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometió el 29 de marzo de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177 de la República Bolivariana de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martín Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, así como por la falta de investigación de los hechos.
Según la información proporcionada, en 2017, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la residencia de los hermanos Israel Benjamín, de 16 años, Martín Daniel, de 17 años, Leonel David, de 19 años, y Leonardo José, de 24 años, quienes fueron ejecutados en el lugar.
Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería.
Los hechos ocurrieron, denuncia la CIDH, en un «contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela, en el estado Aragua», que según refieren, se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos en los que personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan ejecutadas bajo la hipótesis de ser criminales, «sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad».
El Estado es responsable
La Comisión (CIDH) determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los cuatro hermanos y que no cumplió con su obligación «de realizar una investigación con debida diligencia, de oficio, rápida, objetiva y dentro de un plazo razonable».
De igual forma, y por el hecho de que Israel Benjamín Manaure Flores y Martín Daniel Manaure Flores tenían 16 y 17 años cuando fueron ejecutados, la Comisión observó que el Estado incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su interés superior.
En consecuencia, considera que el Estado debe ejecutar las siguientes medidas de reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral.
2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.
3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.
4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares:i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.
Provea saluda la acción
Provea saludó la iniciativa de la CIDH por el logro de justicia «ante losmiles de casos» de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en ene Venezuela.
“La perseverancia de las víctimas es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad”, emitió Provea.
Para el 2022, se reportaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país, según Amnistía Internacional.
En #Venezuela las fuerzas de seguridad habían efectuado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país
Las personas responsables de estos actos quedaron impunes
La Universidad Metropolitana confirio el Doctorado Honoris Causa al historiador Germán Carrera Damas, tío de Luis Antonio Carrera Almoina, agresor de la venezolana
Tras la decisión de la Universidad Metropolitana, hecha pública el 16 de mayo de 2023, de conferir el Doctorado Honoris Causaal historiador Germán Carrera Damas, la defensora de derechos humanos y activista en materia de violencia contra la mujer, Linda Loaiza López Soto, renunció a su relación contractual con el Centro de Derechos Humanos de dicha casa de estudios en protesta por el otorgamiento de dicho reconocimiento. Germán Carrera Damas es tío de Luis Antonio Carrera Almoina, culpable de agredir física, sexual y psicológicamente a Linda Loaiza, y hermano del padre de éste, Gustavo Luis Carrera Damas, quien apoyó y encubrió tales agresiones.
Linda Loaiza demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su caso, convirtiéndose en la primera mujer en presentar una demanda sobre violencia basada en género en contra de Venezuela. En 2018, la Corte dictaminó a favor de ella y de su familia, y encontró a Venezuela responsable por incumplir sus obligaciones de prohibir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por no llevar a cabo la investigación con celeridad.
El agresor de Linda Loaiza actuó con total impunidad gracias a sus conexiones con la élite política y académica a la que todavía pertenecen los hermanos Carrera Damas. Dichas conexiones se hicieron patentes también durante los dos procesos judiciales que Linda Loaiza y su familia tuvieron que enfrentar, y que incluyeron retrasos, presiones, destrucción de evidencia, diferimientos e inhibiciones: su caso pasó por las manos de 97 jueces y 16 fiscales en un período de 6 años. Los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura nunca fueron sancionados. Al día de hoy, Germán Carrera Damas no se ha pronunciado sobre nada de lo ocurrido, aunque el caso constituya parte de la historia colectiva reciente de nuestro país, y a pesar de que el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Linda Loaiza contra Venezuela constituya un hito histórico sin precedentes.
En este contexto, las personas y organizaciones de la sociedad civil aquí firmantes, manifestamos lo siguiente:
Apoyamos de modo irrestricto la lucha de más de 22 años por encontrar justicia dentro y fuera de Venezuela de Linda Loaiza, defensora de derechos humanos, cuya historia, trabajo y trayectoria personal y profesional la han convertido en un referente indiscutible a nivel nacional, regional e internacional en materia de violencia basada en género.
Respaldamos sin condiciones la decisión honrosa de Linda Loaiza de renunciar a su relación contractual con la Universidad Metropolitana.
Exigimos de manera enérgica al Estado venezolano cumplir las obligaciones emanadas de la sentencia de la CorteIDH en el caso de Linda Loaiza y en todas las recomendaciones derivadas de los sistemas de protección de derechos humanos y derechos de las mujeres.
Exigimos también coherencia con el mandato de defensa de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, por parte de entes públicos y privados, y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en cualquiera de sus formas.
Instamos a la UNIMET a dar sentido real a las palabras de su rectora: “la Universidad Metropolitana en esta etapa de transformación, donde nos hemos empeñado en solidificar su institucionalidad, como una manera concreta de seguir apostando por un país que busca insistentemente libertades democráticas”.
Hecho en Caracas, a los 10 días del mes de junio de 2023.
Firman:
A. C. Mujeres, de Frente
A.C. Berenjena Empoderada
A.C. Escuchamos
AC Gurrufio
AC Jóvenes y Desarrollo
Acceso a la Justicia
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Acción Solidaria
Agencia Cojedeña de Investigación
Aliadas en Cadena AC
AMBAR Asociación Civil
Asociación Cauce
Asociación Civil fraternidad y orientación activa AFOA Ongs
Asociación Civil Los Naguaritos
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación Civil Radar de los Barrios
Asociación Mujeres Sin Fronteras
Ateneo Ecológico del Orinoco
Aula Abierta
Berenjena Empoderada
Caleidoscopio Humano
Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
CECAVID-OVDHM
Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI)
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer CISFEM
Centro de Justicia y Paz
Centro LGBTIQ+ de Mérida
Civilis Derechos Humanos
Coalición Intergremial Yaracuyana
Colegio Entrenadores Deportivo Venezuela
Comadres Púpura
Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua
Comisión de la Universidad de Los Andes Contra la violencia de género (ULA Mujer)
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora, (Morón) del Estado Carabobo. CDDH.
Comité de derechos humanos de la guajira
Comité para la defensa de los derechos humanos parroquia Coche
Defensores Activos «PROVEA»
EDEPA A.C.
Encuentro ciudadano
Entretejidas
Fuerza Liberal
Fundación @sopa para un hermano
Fundación Aguaclara
Fundación Basura Cero
Fundación Iribarren Lucha
Fundación Jurídica Mujeres con Valor
Fundación Linda Loaiza
Fundación Loto Azul
Fundación Mariela Molero
Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres
FundaRedes
Héroes de Azul Derechos Humanos
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
LABO
Laboratorio de Paz
Monitor de Víctimas
Movimiento ciudadano Uniendo voluntades
Movimiento SOMOS
Mujeres Digna SOS Angostura
No Permitas Malos Tratos
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio de Violencias LGBTIQ+
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género.
Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
Organización Stop-VIH
Plataforma comunicacional «Mujeres, Artes y Saberes»
Prepara Familia
Programa “Acompañando en el Dolor”
Proyecto Mujeres
Promedehum
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
El 18 de septiembre de 2020, José Ernesto Lasorsa Array fue detenido en los alrededores de la Plaza de Toros de Valencia en el estado Carabobo por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A Lasorsa le imputaron los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones y financiamiento al terrorismo.
La presunta usurpación de funciones tiene que ver con la posesión de cinco carnets de viejos empleos en los cuales habría laborado en empresas del Estado como Pequiven, Petrocasa y la privada General Global Plástico C.A. También portaba identificación de la Fundación Instituto Carabobeño de la Salud y licencia de piloto privado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
A finales de marzo de 2022, Lasorsa fue condenado a 20 años de prisión y recluido en la cárcel de Fénix en Barquisimeto, estado Lara.
En el marco de su detención le diagnosticaron un carcinoma epidermoide en la cabeza y desde entonces su defensa pública y laONG Defiende Venezuela han clamado por una medida humanitaria que le permita concluir su pena en casa. En diciembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar identificada con la resolución 77-2022, en la que exige al tribunal competente proteger el derecho a la vida del recluso.
“Este tumor cerebral fue diagnosticado tanto por médicos privados como por autoridades del Estado y ha limitado sus capacidades físicas de manera significativa”, dijo Ezequiel Monsalve, abogado de Defiende Venezuela.
Una medida que corresponde a Lasorsa
Monsalve sentenció que el 22 de mayo de 2022 la defensa pública de Lasorsa consiguió ante el tribunal una solicitud de cambio de medida por razones humanitarias, todo ello conforme con el ordinal 2 del artículo 46 de la Constitución y el artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal.
“Lasorsa tiene una enfermedad terminal calificada y por tanto debe estar en un ambiente acorde, además sus familiares están en Carabobo, distante de su centro de reclusión”.
Monsalve informó que el 31 de agosto del año pasado, el juez de ejecución de la causa dictó oficios al director del centro penitenciario Fénix para que Lasorsa fuese trasladado de manera urgente a un hospital y evaluado por un especialista oncológico debido al decaimiento de su estado de salud.
“Sin embargo, en septiembre sus familiares nos indicaron que la medida humanitaria seguía sin respuesta por parte del Tribunal”, agregó el abogado.
Luego de que el 22 de noviembre del año pasado sus abogados introdujeran una carta ante la Defensoría del Pueblo, en diciembre se le practicaron los correspondientes exámenes de medicatura forense, sin embargo, la oficina del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) aún no ha remitido el análisis al tribunal.
“El último informe alertó de un peligro inminente de muerte por inflamación cerebral y para evitar esto debe aplicarse con extrema urgencia un tratamiento de quimioterapia”, alertó Monsalve.
El abogado de DV indicó que en 2021 Lasorsa se contagió de covid-19 y debió pagar a otros privados de libertad por una suerte de contrabando de medicamentos para poder paliar la enfermedad.
En vista de la inacción del Estado, Lasorsa ha protagonizado varias huelgas de hambre. Familiares denunciaron que para mitigar la protesta, funcionarios le quemaron las manos con un yesquero.
Monsalve aseguró que han recurrido a todas las instancias del Gobierno venezolano, pero hasta ahora nadie ha dado respuesta.
“La semana pasada interpusimos una petición ante la Cancillería de la República y no ha habido novedad alguna”, denuncia Monsalve.
El abogado explicó que independientemente de su culpabilidad, Lasorsa es una persona que tiene una enfermedad terminal diagnosticada.
“Y estas personas deben tener acceso a una medida humanitaria que les permita cumplir el resto de la condena, que básicamente significa el resto de su vida, en su casa”, concluyó.
La demanda remite a la falta de investigación y protección de la víctima ante una mala praxis médica realizada en el año 1998
La Corte también evaluará en el mes de marzo el caso de Beatriz contra el El Salvador por los derechos a la interrupción del embarazo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que iniciará el 21 de marzo mes el proceso de juicio y audiencias sobre el caso de Balbina Rodríguez Pacheco contra el Estado venezolano, relacionado a una mala praxis en un hospital privado del país.
El ente intergubernamental reiteró que los representantes legales de Balbina Rodríguez Pacheco, médica cirujana venezolana de 31 años de edad, acusa al Estado por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, a la integridad personal y a la salud a raíz de que la mujer fuera sometida a una cesárea. También se alude a la violación a la Convención de Belém do Pará sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres en América.
Antecedentes del caso ante la CIDH
El médico que atendió a Rodríguez en 1998 advirtió la presencia de un embarazo de alto riesgo debido a cesáreas anteriores y encontró, mediante una ecografía, que tenía placenta previa.
En virtud de ello se decidió, con el acuerdo de la víctima, realizar una cesárea electiva el 13 de agosto de de ese año. Durante la cesárea Balbina tuvo una hemorragia causada por un problema con la placenta.
Según el testimonio de la demandante, ella solicitó al cirujano que le practicara una histerectomía, pero éste se negó por considerar que el sangrado aparentemente había cedido.
Cuatro horas después, Rodríguez presentó signos de sangramiento genital severo con descenso de la hemoglobina, por lo cual se procedió a realizar una histerectomía sub total.
El 18 de enero de 1999 Balbina Rodríguez Pacheco presentó una denuncia penal ante la delegación del estado Lara del Cuerpo Técnico de Policía Judicial por mala praxis médica, luego de varias intervenciones quirúrgicas que le dejaron secuelas que afectaron su salud general y reproductiva.
Sin embargo, su causa fue finalmente sobreseída (o suspendida) por prescripción mediante sentencia del 20 de marzo de 2012 del Juzgado Vigésimo Segundo del Área Metropolitana de Caracas. Otras denuncias presentadas por la víctima no fueron resueltas por las respectivas autoridades.
La CIDH concluyó que la ausencia de investigación de una denuncia de mala praxis médica que generó perjuicios graves y determinantes en el disfrute del derecho a la salud de Balbina implica no sólo una violación a las garantías procesales y protección judicial, sino también una violación a los derechos a la integridad personal y a la salud.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará el 20 de marzo el caso del militar Julio Viteri Ungaretti contra Ecuador, el cual se refiere a las presuntas represalias donde el demandado fue víctima después de denunciar actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
La demanda acusa a Ecuador de violación al derecho a la libertad de expresión, al de protección judicial y al de la libertad personal, así como al derecho de circulación y residencia, y el derecho a la integridad psíquica y moral.
Del mismo modo, el ente intergubernamental atenderá este mes el caso de «Beatriz contra El Salvador», que refiere a las violaciones de los derechos reproductivos y al derecho humano para la salud de una joven de 22 años quién murió por las complicaciones de su embarazo y la prohibición del país ante el aborto.
Según la demanda interpuesta contra el Estado, Beatriz había sido diagnosticada con Lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo con alta probabilidad de muerte para la madre. También se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.
Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de la mujer.
La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró «no ha lugar» la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.
El 3 de junio de 2013 Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después, detalla la demanda.
Según la demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño, «presuntamente impidió que Beatriz tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal; así como de inviabilidad del feto con la vida extrauterina», explicó la Corte.
