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Control Ciudadano

42% de los ministerios son ocupados por militares de acuerdo con Control Ciudadano
Seis ministros provienen del Ejército, tres de la Armada,  tres de la Guardia Nacional y dos de la Aviación

 

La ONG Control Ciudadano alertó que la participación de militares en el tren ministerial del gobierno de Nicolás Maduro aumentó a 42,42% (14), tras la designación de Pedro Tellechea Ruiz, como nuevo ministro de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, quien renunció en medio de un escándalo de corrupción en el que están involucrados funcionarios cercanos a él.

Control Ciudadano señaló que seis ministros provienen del Ejército, tres de la Armada,  tres de la Guardia Nacional y dos de la Aviación. Señaló que de nuevo la presencia de militares alcanzó su punto máximo, similar al de 2017, cuando alcanzó la cifra de 14 ministros militares.

El nuevo ministro de Petróleo, coronel Pedro Rafael Tellechea Ruiz, es licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Academia Militar de Venezuela, en el año 1998, y ejerce actualmente como presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, “el ascenso de Tellechea refleja la nueva proyección de la carrera militar en Venezuela: Individuos que sin haber desempeñado cargos operacionales vinculados a las competencias tradicionales de la Fuerza Armada Nacional, ocupan las posiciones políticas más importantes de la gestión del gobierno. Las designaciones de los últimos tres ministros militares este año, así lo confirman”.

San Miguel subrayó que este tipo de designaciones tienen un enorme impacto en la FAN, donde la mayor parte de los oficiales comparan sus condiciones salariales, de seguridad social y de riesgos en el ejercicio de sus funciones, con las prebendas de los ministros militares, especialmente de los que nunca han ejercido cargos operacionales.

Advirtió que con los nombramientos se consolida una élite militar con enorme poder político, “que nunca se ha puesto las botas en cargos operacionales dentro de la FAN”. A su juicio, esto se traduce en la profundización de la brecha entre “aquellos que están en la cúspidy aquellos que siendo operacionales, pasan necesidad, debe realizar emprendimientos y rebuscarse la vida como mejor pueden, para mantener a su familia”.

Control Ciudadano advierte que el gobierno intenta desacreditar acciones del fiscal de la CPI
Para Rocío San Miguel, «es previsible que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la continuación de la investigación a la Fiscalía de la CPI»

La ONG Control Ciudadano advirtió este martes, 28 de febrero, que el gobierno de Nicolás Maduro intenta desacreditar las acciones de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

A través de su página web, Control Ciudadano se refirió al comunicado del gobierno, donde informa que presentó un escrito ante la CPI para desmentir las acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En el texto, el chavismo «desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Para Control Ciudadano, el comunicado indica «claramente» que el gobierno ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I.

A juicio de Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, con este tipo de comunicados no se fortalece ese criterio de «voluntad y capacidad» del gobierno de «ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano».

 

«Por el contrario, este tipo de escritos, lo que pone en evidencia, es que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción, sobre los casos sometidos a su examen, dado que el Estado venezolano, parte de la negación de que estos han ocurrido», agrega San Miguel.

Asimismo, San Miguel agregó: «Ante estas circunstancias, es previsible que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la continuación de la investigación a la Fiscalía de la CPI, en el caso Venezuela I, pues el Estado venezolano, no quiere y en consecuencia no puede judicializar los casos Internamente».

Gobierno de Maduro intenta desacreditar a la Fiscalía de la CPI de acuerdo con Control Ciudadano
Oficialismo presentó una denuncia de «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional»

 

La ONG venezolana Control Ciudadano afirmó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro ejerce «políticas» para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tras denunciar «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso» que ponen «en duda» la «imparcialidad y objetividad» del organismo.

«El comunicado claramente indica que el gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I», señaló la organización en una nota de prensa.

El gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI. Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados» de esa instancia con ONG que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».

El escrito, según un comunicado oficial, «desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

A juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados «no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano».

El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación. Esta comenzó en 2021 después de que, en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.

A un año de accidente de helicóptero militar en Barquisimeto se desconocen causas del siniestro
Son 7 los accidentes con el sistema de helicópteros Mi-17-V5 de la FANB, adquiridos por Venezuela a Rusia, con un saldo de 47 fallecidos y 7 heridos desde 2008

 

A un año del accidente con un helicóptero Mi-17V5 del Ejército Bolivariano, en el estado Lara, con un saldo de tres efectivos militares fallecidos, aún se desconocen las causas del siniestro. 

Según un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, resultaron heridos el piloto, mayor José Antonio Salinas Vásquez, y el copiloto, capitán Willver Osvaldo Sumoza Dobront, y fallecieron el sargento mayor de tercera Dervis Eligio Sánchez Medina y la sargento segundo Angela José García Perdomo.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2022, se pudo conocer del lamentable deceso del piloto de la aeronave, quien se encontraba en estado de gravedad por las lesiones sufridas en el accidente.

Precisa el comunicado, que el helicóptero se precipitó a tierra “aproximadamente a las 14:15 horas (…) del día 22 de febrero de 2022, específicamente al oeste de la población de Pavia, parroquia Ana Soto, municipio Irribarren del estado Lara (…) mientras cubría la ruta San Felipe – Zulia en una misión de abastecimiento a bases de protección fronteriza”.

La Asociación Civil Control Ciudadano resaltó que a un año del accidente se desconocen las causas y que el Ministerio de la Defensa nunca ha emitido información al respecto.

Aumentan accidentes de aeronaves

Control Ciudadano lleva un conteo de los accidentes de aeronaves militares que han ocurrido en Venezuela en 2022. 

La ONG aclaró que solo en 2022 ocurrieron cuatro siniestros que dejaron un saldo de ocho militares fallecidos, sin que se conocieran oficialmente las causas.

Control Ciudadano denuncia secretismo en siniestros de aeronaves militares en Venezuela
La organización dijo que el Estado invierte en aeronaves y luego no da explicaciones sobre las causas de los accidentes

 

La ONG Control Ciudadano denunció este miércoles que en 2022 se registraron cuatro siniestros de aeronaves militares, en los que fallecieron ocho funcionarios castrenses, hechos sobre los que el Estado, criticó la organización, no ha informado con claridad.

«Permanentemente solicitamos el derecho al acceso a la información sobre (…) asuntos que tienen que ver con elementos patrimoniales, como lo es la vida de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», dijo a EFE la directora de la ONG, Rocío San Miguel.

Recordó que el Estado «invierte una gran cantidad de recursos» en aeronaves siniestradas que luego «caen en pérdida total», sin que haya explicaciones sobre las causas de estos accidentes.

San Miguel remarcó la necesidad de investigar si los pilotos de la FANB están cumpliendo con las horas de entrenamiento adecuadas para evitar la «alta incidencia y siniestralidad que ya en general (se registran) con todos los sistemas de aeronaves».

Control Ciudadano indicó, en una nota de prensa, que hace un año se precipitó a tierra un helicóptero del Ejército, en el estado Lara (oeste), lo que dejó un saldo de dos tripulantes muertos y dos heridos.

«A un año del suceso, los venezolanos aún desconocemos las causas del accidente. El Ministerio de la Defensa nunca emitió información al respecto», subrayó el escrito.

La ONG agregó que, desde 2008, ha documentado siete accidentes con el mismo sistema de helicópteros, los cuales fueron adquiridos por Venezuela a Rusia, con «un saldo de 47 fallecidos y siete heridos», información que no ha confirmado ninguna autoridad militar o de Gobierno. 

Ministerio de Prisiones es la nueva cartera verde oliva
Con la designación de Celsa Bautista Ontiveros como responsable del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ya son 13 de 33 ministerios los que son controlados por militares 
Bautista es la primera militar y tercera mujer en el despacho encargado de gestionar las prisiones en Venezuela 
Analistas consideran que el cambio podría responder a un intento por lavar la imagen de derechos humanos en Venezuela   

@franzambranor

 

Desde que fue creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en Venezuela ningún militar había ocupado el cargo de titular de la cartera hasta este lunes 13 de febrero, cuando Nicolás Maduro nombró como responsable del despacho a la vicealmirante de la Armada, Celsa Bautista Ontiveros

Bautista es la tercera mujer en asumir la dirección del ministerio luego de que Iris Varela lo condujera en dos ocasiones (2011-2017 y 2018-2020) y Mirelys Contreras entre 2017 y 2018 y posteriormente a partir de 2020.

Bautista viene de ser directora general de Asistencia Social del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno. Además fue agregada militar en Ecuador, Bélgica y Países Bajos y directora general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Con el nombramiento de Bautista, ya son 13 los militares activos y retirados que están al frente de ministerios.

A la vicealmirante de la Armada se le unen: Jorge Márquez (Secretaria de la Presidencia), Remigio Ceballos (Interior, Justicia y Paz), Vladimir Padrino López (Defensa), Antonio Morales (Comercio Nacional), Wilmar Castro Soteldo (Agricultura y Tierras), Carlos Leal (Alimentación), Wiliam Serantes (Desarrollo Ecológico), Rodolfo Marco Torres (Atención a las Aguas), Ildemaro Villaroel (Vivienda y Hábitat), Ramón Velásquez (Transporte), Raúl Paredes (Obras Públicas) y Néstor Reverol (Energía Eléctrica).

Un informe de Transparencia Venezuela, denominado Presencia militar en el Estado venezolano, revela que desde 2020 esta cifra es la más elevada de uniformados a cargo de ministerios.

Transparencia Venezuela evidenció que en 2020 militares activos y retirados formaban parte de las directivas de 96 empresas del Estado.

Militares ocupan los cargos que deberían estar en manos de civiles

Para la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el nombramiento de Bautista responde al fracaso de la gestión de la ministra saliente.

“Y al llamado de atención sobre la situación de derechos humanos en las cárceles realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, en su reciente visita a Venezuela”, agregó.

De acuerdo con la psicóloga social y magíster en criminología, Magally Huggings, el cambio evidencia que continúa la militarización en los ministerios de la administración madurista.

“Gente que no tiene preparación para manejar ese tipo de instituciones tan complejas son nombradas para mantener un control excesivo sobre la población detenida, tanto civil como política”, opinó.

Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, la designación de Bautista no debe sorprender a los venezolanos.

“Se está siguiendo una política por parte del Estado de nombrar a militares en altos cargos gubernamentales, cuando son puestos que deberían ser ocupados por civiles”. 

Para San Miguel, la destitución de Contreras y nombramiento de Bautista responde a la necesidad de tener en ese espacio a una persona obediente a toda costa.

“Maduro delega nuevamente responsabilidades en militares, y escoge a una oficial que forma parte del entorno presidencial que ha demostrado lealtad a la revolución en los cargos que ha venido ejerciendo desde el final del gobierno de Hugo Chávez”.

San Miguel indicó que con la nueva designación se proyecta y ratifica el mensaje político a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de Maduro: “La lealtad es premiada con poder”.

“La pregunta obligatoria es cuál es la formación en el área penitenciaria que tiene esta nueva ministra”, agregó Huggings. 

Prado aseguró que Bautista es cercana al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.

“Esta señora viene de trabajar con Ceballos, es colega de él porque ambos pertenecen a la Marina”, añadió. 

Asimismo, Bautista estuvo en el Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno en 2012, cuando este era dirigido por la actual alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez

Posible intento de lavar imagen

A juicio de Prado, el cambio obedece también a denuncias de corrupción: «El preso en la cárcel ya no muere por actos de violencia sino por hambre y tuberculosis”.

A su juicio, tanto Varela como Contreras han tenido una gestión deficiente frente a esta cartera ministerial.

“Las personas que han estado en ese ministerio lo que han hecho es bañarse de burocracia, ostentar camionetas y escoltas, mientras el preso pasa hambre”, denunció. 

Según San Miguel, con esta designación Maduro espera poner “orden” en el “caos” que existe en el sistema penitenciario en Venezuela. 

“Hay una urgente necesidad de exhibir logros en materia de derechos humanos, la situación en las cárceles es un punto constante de críticas y recomendaciones por parte de los órganos del sistema universal de derechos humanos, incluidos la Misión Internacional de Determinación de Hechos y los procedimientos que se siguen en la Corte penal Internacional”. 

Huggins indicó que este podría ser otro intento del Gobierno por lavar la imagen de Venezuela en el extranjero.

“Creo que puede ser una respuesta a presiones exteriores, porque en general es en ese momento cuando actúan”.

Un Ministerio de Prisiones sin logros

Prado aseveró que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es un monstruo que ha venido creciendo desde la llegada de Chávez al poder.

“Antes, la Dirección de Prisiones dependía del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, Chávez crea por decreto el Ministerio y designa a Iris Varela, esta se va a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente y deja a Contreras. El asunto es que en 11 años no han podido acabar con el pranato en las cárceles, hay 70% de retraso procesal, hacinamiento y la principal causa de muerte en las prisiones es la desnutrición y la tuberculosis”, explica. 

Las gestiones de Varela y Contreras han sido un fracaso, parecería que lo que quieren es que los reos salgan peor de la prisiones”, añadió Huggins.

“Contreras no hizo nada, estuvo más como un títere de Varela que otra cosa”, expresó Nieto Palma.

Para Prado, uno de los principales fiascos de la gestión de Varela es el Plan Cayapa.

Eso no es más que una medida de chantaje para que el preso pueda optar a una medida alternativa de pena, no se resolvió el problema del hacinamiento con eso”, sostuvo. 

Huggins alertó que otra promesa incumplida del Gobierno fue la reforma del Poder Judicial: “Inventaron una comisión y no hubo cambio alguno”.

Sin mayores expectativas

Huggins manifestó que es temprano para vaticinar que la gestión de Bautista al frente de la cartera penitenciaria fracasará.   

“Pero tampoco podemos predecir que triunfará porque no hay indicios de eso, nunca ha habido interés por mejorar el sistema carcelario, este Gobierno acostumbra cambiar los nombres de las cosas para borrar la historia”, consideró. 

Prado dijo que es complicado esperar un desempeño satisfactorio de una persona inexperta.

“Sabrá sobre barcos y submarinos, pero no de prisiones. No tiene conocimiento de temas carcelarios, de política criminal ni mucho menos de reinserción social. No se puede entrar a trabajar en un ministerio para resolver un problema estructural sin conocimiento”, comentó. 

Huggins aseveró que el problema carcelario en Venezuela es denso y responde a una intervención de todos los sectores.

“Hay que hacer un plan que abarque todos los espacios a través de políticas públicas. Tienen que trazarse metas y objetivos. Que el Ministerio Público y los tribunales respeten el debido proceso. Las políticas públicas no son simples, son complejas y no responden a improvisaciones”, abundó. 

Nieto Palma sostuvo que Venezuela posee uno de los peores sistemas penitenciarios del continente: «Siempre hemos tenido las mismas expectativas. Es necesario lograr un consenso para mejorar la vida en las prisiones. Están sucediendo cosas que nunca habíamos visto, hoy la principal causa de muerte en las cárceles es el hambre y eso es falta de atención del Estado”.

A juicio de Prado, una de las primeras acciones que podría llevar a cabo la nueva ministra es abogar por la liberación de los presos políticos

El problema carcelario no es militar ni policial, es un problema social y como tal debe ser atendido”, concluyó.

 

San Miguel: Venezuela debe presentar pruebas de que su espacio aéreo ha sido vulnerado por EE.UU
La directora de Control Ciudadano dijo que la vulnerabilidad del espacio aéreo ha quedado demostrads por la reciente experiencia del globo chino

 

Venezuela debe presentar las pruebas que fortalezcan su reclamo de que aviones espías estadounidenses han violado su espacio aéreo, expresó Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, al ser entrevistada por El impulso.

Aunque hay disposiciones legales que impiden ese tipo de actividad, el globo chino que sobrevoló por cierto tiempo territorio de los Estados Unidos hasta que fue derribado, demuestra que hasta el espacio aéreo de una potencia puede ser vulnerado por otra.

En torno al caso venezolano, San Miguel dijo que Venezuela dispone de toda la legislación nacional e internacional para proceder a las advertencias de rigor a que haya lugar frente al traspaso del área de seguridad que establecen las Regiones de Información de Vuelo (flight information región, FIR)  o en el caso de ingresar al espacio aéreo venezolano; es decir, advertir el respeto a la soberanía del espacio aéreo nacional.

«Ahora bien, no puede perderse de vista que este tipo de declaraciones siempre surgen  en momentos en que se busca distraer la atención para acusar a los Estados Unidos de ingerencismo o de violación a la soberanía del territorio venezolano. Así que hay investigar hasta qué punto esto es cierto y en el caso de que haya sido así, condenarlo».

¿Es muy vulnerable el espacio aéreo venezolano para que haya actividad de aviones espías?

La vulnerabilidad del espacio aéreo ha quedado demostrado por la reciente experiencia del globo chino que estuvo por largo tiempo sobre territorio norteamericano. Los Estados están obligados a respetar las normas de la aeronáutica internacional. Esto indica que se debe pedir la autorización correspondiente para el sobrevuelo del  espacio aéreo de los Estados. Ahora bien, también hay una realidad: la utilización de aviones espías para el levantamiento de la información que algunos países buscan. Estados Unidos y en su momento Rusia y otras grandes potencias hacen uso del espionaje porque disponen de los medios tecnológicos y militares para realizarlo.

Yo creo que lo que corresponde en todo caso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para denunciar un hecho de esta naturaleza, es consignar las pruebas que dé fuerza a su reclamo.

¿Cualquier país puede violar el espacio aéreo de otro sin que se den cuenta las fuerzas armadas?

En principio, no. Se supone que hay una vigilancia de todo el espacio por parte de los Estados, algunos con mayor capacidad y otros con grandes limitaciones. Inclusive, muchos países no se dan cuenta  de cuando el espacio aéreo es vulnerado o violado. Venezuela dice tener los medios tecnológicos para poder efectuar una vigilancia permanente de carácter aeroespacial, de acuerdo al Comando Estratégico Operacional. En el caso de violarse el espacio aéreo, yo creo que lo que corresponde son, en primer lugar, consignar las pruebas correspondientes; y en segundo lugar, hacer por el canal diplomático regular, las protestas de rigor que son pertinentes en esta situación.

Control Ciudadano denuncia presencia de ELN y disidencias de las FARC en Parque Nacional Yapacana en Amazonas
La ONG sostiene que los trabajos de la FAN para recuperar el territorio no son efectivos

 

La ONG Control Ciudadano informó en un comunicado que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables de la destrucción y actividades ilícitas en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.

«Las causas están asociadas a la presencia de estas fuerzas, quienes lideran el negocio de la minería ilegal al sur de Venezuela», expuso la ONG.

El jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), general en Jefe Domingo Antonio Hernández Lárez,  informó mediante su cuenta en Twitter el inicio la Operación Escudo Bolivariano «Autana 2023», el cual incluye el despliegue en el Parque Nacional Yapacana.

El militar dijo que la FAN incautó y destruyó «5 moto bombas de 13 Hp, 1 planta eléctrica, 1000 metros de manguera de alta presión y 545 litros de gasolina».

Tanto Control Ciudadano como otras ONG asociadas al medio ambiente han denunciado la situación en el Amazonas.

«A raíz del asesinato y desaparición de indígenas, consolidación de las actividades de minería ilegal, y presencia de grupos guerrilleros asociados a las actividades ilícitas que se desarrollan en la zona, ubicada al sur oeste del estado Amazonas».

Control Ciudadano denuncia que la FAN anuncia este tipo de operativos «para luego abandonarse nuevamente la vigilancia sobre las actividades ilícitas que se desarrollan en el Yapacana, a la vista de todos».

La ONG sostuvo que «solo será posible cuando se reconozca oficialmente que el enemigo a combatir para la FAN es la guerrilla colombiana que se está consolidando cada vez más en los estados Amazonas y Bolívar, para controlar el gigantesco negocio de la minería ilegal, por los dividendos y poder que genera y sus ramificaciones».