Contraloría General de la República

Con esta copia certificada, el TSJ debe responder el reclamo emprendido por Machado sobre su inhabilitación , así como su solicitud de amparo cautelar

La Contraloría General de la República entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la copia certificada de los actos administrativos que impusieron la sanción de inhabilitación política a María Corina Machado por 15 años.

La remisión de los antecedentes administrativos se hizo el pasado 21 de diciembre de 2023, según señala una cuenta de ese día publicada por la Sala Político Administrativa en el sitio web del TSJ.

El máximo tribunal solicitó estos documentos a la Contraloría el pasado 19 de diciembre y le otorgó un plazo de tres días para hacer el envío.

Con esta copia certificada, el TSJ debe responder el reclamo emprendido por Machado sobre su inhabilitación , así como su solicitud de amparo cautelar.

La candidata presidencial, elegida durante las Primarias opositoras del pasado octubre, interpuso el reclamo el pasado 15 de diciembre de 2023, justo cuando vencía el plazo que el gobierno de Nicolás Maduro dio a los opositores para impugnar sus inhabilitaciones.

Días antes, Machado había asegurado que no haría nada al respecto. Pero en la mañana del 15 de diciembre, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela publicó un mensaje en redes sociales para felicitar a Machado y a todos los opositores que introdujeron acciones para reclamar por sus inhabilitaciones.

Tal plazo fue parte de las negociaciones de la administración de Nicolás Maduro con el Washington a fin de que se resuelvan, jurídicamente, las restricciones que tienen decenas de dirigentes políticos antichavistas para ejercer o ser candidatos a cargos públicos.

Una interpretación sobre la situación de Machado

De acuerdo con el abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, la petición de información del TSJ «estaría allanando el camino para inadmitir la demanda» de Machado.

El experto explicó en la red social X que «la solicitud de información no es un trámite necesario», sino que el máximo tribunal debió pronunciarse directamente sobre la medida cautelar que pidió la candidata presidencial.

«El TSJ podría declarar inadmisible la demanda de Machado, al considerar que sí hay un acto de inhabilitación. Sin embargo, no existe ninguna inhabilitación cuya nulidad pueda ser declarada», acotó. 

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De acuerdo con el artículo 65 de la Constitución, María Corina Machado no tiene nada que temer, este reza que “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.

Para la ONG Transparencia Venezuela, este no es el caso de Machado, quien fue electa en la primaria opositora del pasado 22 de octubre. 

La organización no gubernamental sostuvo que no hay ningún aval judicial para la inhabilitación de la abanderada del partido Vente Venezuela.

Aunado a confirmar recientemente la inhabilitación de Machado por 15 años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los efectos de la primaria bajo el argumento de amparar los derechos del diputado de la Asamblea Nacional chavista «electa» en 2020, José Brito.

El parlamentario presentó un recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los actos “inconstitucionales e ilegales» de la Comisión Nacional de Primaria el pasado 24 de octubre, dos días después de realizada la consulta opositora y en menos de una semana obtuvo respuesta.

La casi inmediata respuesta del TSJ sorprende a quienes todavía esperan por la decisión sobre las presuntas irregularidades en la elección de los diputados de Amazonas en 2015, hecho que estableció un cerco judicial alrededor de la Asamblea Nacional electa ese año y produjo su anulación.

En su afán por seguir la línea planteada por el Ejecutivo, entre julio y agosto de este año el TSJ rechazó tres acciones que buscaban anular la inhabilitación que la Contraloría General de la República (CGR) impuso a Machado.

En la sentencia número 1451, el máximo tribunal del país declaró “inadmisible” una “acción popular por inconstitucionalidad” en contra de la resolución dictada por la CGR. Las dos otras negativas emitidas por el TSJ figuran en las sentencias 1243 y 1244 publicadas el pasado 16 de agosto.

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En el año 2019, el funcionario inhabilitó a Juan Guaidó; a la fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz; al exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y a los opositores Julio Borges, Tomás Guanipa y Germán Ferrer

Elvis Amoroso fue designado como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de agosto. Antes de eso, estuvo durante cinco años al frente de la Contraloría General de la República.

Asimismo, no existe información sobre alguna auditoría hecha por Amoroso durante entre 2018- 2023, a Pdvsa o a cualquier otra empresa propiedad del Estado en sectores como eléctrico, salud o alimentos.

Tampoco se conocen informes de su gestión en los años 2018, 2020 y 2022. Solo publicó los correspondientes a los años 2019 y 2021.

De su gestión, tampoco hay información de algún pronunciamiento sobre los 148 casos de corrupción con origen en Venezuela que se ventilan en tribunales de 27 países, o sobre las más de 260 obras inconclusas por las que Venezuela pagó y no se culminaron.

Información no está en gacetas sino en los medios

Suprema Injusticia recordó que la Contraloría, tradicionalmente, publicaba las declaratorias de responsabilidad y las sanciones accesorias impuestas, así como los expedientes remitidos al Ministerio Público y las personas cuya declaración patrimonial era sometida a procedimiento de verificación.

Esto fue así hasta el año 2014. Desde ese momento, la alternativa ha sido acudir a los medios de comunicación, con publicaciones que se relacionan, generalmente, con decisiones sobre procedimientos iniciados contra opositores al gobierno nacional.

Del rastreo hecho por Suprema Injusticia, solo se identificaron dos inhabilitaciones publicadas formalmente en Gaceta Oficial durante la gestión de Amoroso: La primera corresponde al expresidente interino Juan Guaidó, cuya inhabilitación por 15 años se registró en la Gaceta Oficial N° 445. 901 del 3 de abril de 2019. La otra se publicó en la gaceta N° 450.653 del 3 de julio de 2020, contra Jhonnathan Marín Sanguino, exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui.

Algunas inhabilitaciones dictadas por Elvis Amoroso durante su paso en la Contraloría

En el año 2019, el funcionario inhabilitó a Juan Guaidó; a la fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz; al exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y a los opositores Julio Borges, Tomás Guanipa y Germán Ferrer.

También, Amoroso acordó la inhabilitación de los integrantes de la junta directiva de Citgo nombrada por Juan Guaidó.

Durante ese año, que era el primero de se gestión en el ente contralor tomó muchas otras medidas, que se describen a continuación:

En 2020 la Contraloría no publicó informe de gestión. En marzo de 2021, Amoroso presentó oralmente cuentas ante la Asamblea Nacional y dijo que entre 2019 y 2020 había inhabilitado a 150 personas, sin dar detalles.

También manifestó que el 2020 realizaron 699 actuaciones fiscales en instituciones del Estado venezolano.

En febrero de 2021, ontraloría anunció la inhabilitación de 28 diputados de la Asamblea Nacional electos en 2015, por no presentar declaración jurada de bienes como parlamentarios salientes.

Para el 30 de noviembre de 2021 se conoció la inhabilitación de Freddy Superlano, solo después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la elección para gobernador de Barinas, realizada en los comicios regionales del 21 de noviembre de ese año.

En 2022 no se publicó informe de gestión.

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Las exconcejales Contraloras del municipio Libertador acudieron la mañana de este lunes, 20 de mayo, a la Dirección de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República para solicitar que se inicie una auditoria a la Alcaldía de Caracas, asegurando que han convertido a la entidad en una «caja negra» a la que no tienen acceso los caraqueños.

“Hemos venido a consignar una solicitud de auditoria a la Alcaldía del Municipio Libertador, a pesar de saber que en Venezuela no hay estado de derecho  y la respuesta a esta inquietud probablemente no llegue, más no por eso dejamos de ser fieles a la Constitución venezolana que establece las competencias, tanto de los municipios como de las contralorías municipal y nacional”, aseguró Andrea Tavares, otrora edil capitalina.

Acompañada de las exconcejales Adriana Aguilera, Aixa López y Maribel Castillo; Tavares enfatizó en que los ciudadanos no tienen ningún tipo de información sobre ingresos, impuestos, gastos. También cuestionó la ausencia de ordenanzas, y balances correspondientes al año 2019. “Las sesiones del Concejo Municipal se hacen a puerta cerrada, lo que es violatorio de la ley y la Constitución, porque los venezolanos debemos saber en dónde se invierten los fondos públicos”, precisó.

Tavares insistió que en es evidente la falta de inversión en la capital. Como ejemplo de ello apuntó que basta pararse en una esquina de Caracas para ver huecos, basura, el ornato de la ciudad absolutamente destruido, el transporte público en pésimas condiciones, y precarios servicios de luz y agua. “Todas estas son competencias que debe atender la alcaldía y aquí no vemos que se cumpla con nada de ello. ¿Dónde están los fondos de la alcaldía de Libertador?, ¿A dónde se están destinando los impuestos que pagan los caraqueños?, ¿Cómo se está planificando la inversión municipal? Todos queremos respuestas y tenemos derecho a saberlas porque nos asiste la Constitución nacional y la Ley del Poder Público Municipal, ambas muy pisoteadas”, dijo.

UN GRUPO DE CAMPESINOS del estado Anzoátegui denunció en la plataforma de Dilo Aquí una serie de arbitrariedades y amenazas cometidas en su contra por parte de funcionarios de la Oficina Regional del INTI en ese estado, quienes pretenden desalojarlos de sus tierras bajo amenaza de prisión y muerte.

Ante estas circunstancias, representantes del Movimiento Nacional Campesino, preocupados por la gravedad de los hechos, acudieron a Transparencia Venezuela para dirigir comunicaciones al Instituto Nacional de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República y exigir una investigación sobre estas irregularidades.

Los denunciantes han sido amenazados de desalojo y prisión por parte del Coordinador del INTI en el estado Anzoátegui, junto a grupos de la Guardia Nacional y Policías Municipales. “Todo ello delante de mi esposa y mis hijos de 6 y 2 años de edad”. El funcionario además mandó a deforestar con maquinarias parte de las tierras. “Desde el 2014 nosotros hemos producido e incluso construido corrales y una casa. Averigüé que en el sistema se encuentra mi Título de Tierras aprobado e impreso, pero él se niega a entregármelo”.

Otra familia ha sido hostigada para desalojar el fundo que ocupa desde hace más de un año y que tiene solicitud de adjudicación desde julio de 2017. “El Coordinador del INTI Anzoátegui junto a otros funcionarios llegaron con armas de fuego, acompañados de funcionarios del destacamento 52° de Barcelona, amenazaron de muerte a mí y a mi familia, ordenando la salida del fundo sin documentación que los acreditara para esa acción”.

El afectado realizó una solicitud que fue revocada sin explicación alguna, a pesar de que en septiembre de 2017 el técnico de campo recomendó en su informe que el terreno le fuera adjudicado. “Por ello, acudí al Ministerio Público y a los Tribunales Agrarios de la región, quienes dictaron una medida cautelar de protección a la actividad agrícola.”

En otro caso, el denunciante se dirigió en reiteradas ocasiones a la Oficina Regional del INTI en el estado Anzoátegui para solicitar el inicio del procedimiento correspondiente a la adjudicación de su terreno, pero los funcionarios argumentaron que no había sistema para procesar el requerimiento. No fue sino hasta el 2017 que el INTI realizó la inspección respectiva, pero hasta la fecha no se ha cargado al sistema ni se ha entregado la documentación correspondiente.

En reiteradas ocasiones, miembros de un Colectivo se han presentado en el terrero para exigirles salir de las tierras, bajo insultos y amenazas. “Acudí al INTI en en Caracas y dirigí una comunicación al presidente Luis Soteldo, en la que conté las arbitrariedades que he sufrido y solicité se verificara nuestra condición, con el fin de que determinen que hemos sido nosotros los ocupantes y productores del predio durante estos años y que lo somos actualmente. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna.

Transparencia Venezuela exige al Instituto de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, que se inicie una investigación a los funcionarios que componen la Oficina Regional del INTI del estado Anzoátegui y se les dé respuesta oportuna a los graves hechos denunciados.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO el gobierno nacional incumplió lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al entregar el proyecto de Ley de Presupuesto a un órgano distinto a la Asamblea Nacional, y solicitar la aprobación a la anc, e incrementó la opacidad al ocultar el texto del proyecto.

El viernes 12 de octubre de 2018 el Ejecutivo informó que entregó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2019, el Plan Operativo Anual Nacional para el ejercicio económico financiero 2019 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico financiero 2019 a la directiva de la Constituyente, en lugar de acudir ante la Asamblea Nacional como establece el artículo 311 de la Carta Magna vigente.

A finales de 2016 el Ejecutivo entregó la Ley de Presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia; mientras que en 2017 lo hizo ante la Constituyente recién instaurada. Sin embargo, este año no hubo discurso que explicara cuáles son las áreas prioritarias, el endeudamiento, ni se difundió el monto del presupuesto.

El viernes pasado fue el constituyentista Diosdado Cabello el encargado de recibir los proyectos de Ley de manos de integrantes del gabinete económico. Estuvieron presentes el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa.

Cabello destacó que 75% del presupuesto iba a ser dedicado a la inversión social, “garantía de estabilidad para el pueblo”, pero no se dijo nada más con relación a los proyectos de Ley. Las fuentes de ingresos y el destino de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos se manejan secretamente entre un pequeño grupo que no representa sus intereses.

Transparencia Venezuela insiste en que al negarse a divulgar el presupuesto nacional, el Ejecutivo impide que el parlamento, la Contraloría General de la República y los ciudadanos realicen el seguimiento al gasto público y exijan la rendición de cuentas en función de las metas planteadas.

Desde hace 10 años la organización ha hecho seguimiento al presupuesto nacional y ha advertido sobre las debilidades del proceso presupuestario y los riesgos de uso indebido de los recursos públicos. En reiteradas ocasiones se ha señalado que el gobierno ha incrementado progresivamente la opacidad, dificultando el acceso a la información pública.

Anteriormente se publicaba el Proyecto de Ley de Presupuesto junto con la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la Ley de Presupuesto aprobada, los informes trimestrales de ejecución y el informe de fin de año (memorias y cuentas), ahora esa información se desconoce.

Transparencia Venezuela también ha advertido sobre la práctica del gobierno de presentar presupuestos deficitarios y a lo largo del año aprobar créditos adicionales con total discrecionalidad y opacidad.

Para el ejercicio financiero 2018 se aprobó una Ley de Presupuesto por 36.102.059 millones de bolívares fuertes, pero entre enero y el 24 de septiembre el gobierno debió aprobar decretos de créditos adicionales por Bs.F. 1.217.484.641 millones para cubrir su déficit. En total, la asignación para gastos en los primeros 9 meses del año ascendió a Bs.F. 1.253.586.700 millones o 1.253 millones de bolívares soberanos.

La organización refuerza que la falta de planificación del gobierno ha conducido a un mayor financiamiento del gasto público a través del aumento de la liquidez monetaria, la más perversa de las fuentes de financiación, lo que ha incidido en un aumento significativo de la hiperinflación que ha empobrecido a la mayoría de los venezolanos y ha afectado la propia capacidad del Estado de prestar los servicios esenciales.

Aún se está a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República se pronuncien sobre lo que ocurre en materia presupuestaria.

AL PARECER  LAS MEDIDAS ECONÓMICAS recién implementadas por el Gobierno nacional no resultaron suficientes para la “recuperación económica” del país, puesto que el pasado 11 de septiembre se publicó en Gaceta Oficial el decreto número 3.610, mediante el cual el presidente Nicolás Maduro nuevamente declaró un estado de excepción y emergencia económica para seguir ejerciendo poderes extraordinarios en todo el territorio nacional con el objetivo, según el propio Jefe de Estado, de paliar la crisis.

Sobre este decreto, Acceso a la justicia nota que se repiten las mismas irregularidades que han venido ocurriendo desde enero de 2016, fecha a partir de la cual el presidente Maduro ha sometido al país a un régimen extraordinario de medidas que se ha tornado ya permanente. Como en todos los decretos anteriores, el Ejecutivo Nacional:

• Prescinde de la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) y de los principios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad que impone la Constitución para poder decretar el estado de excepción (artículos 337, 338 y 339).

• No indica qué garantías se restringen y cuáles son las medidas puntuales que el Ejecutivo Nacional adoptará.

• No ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo impone el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por los estados miembros, tampoco a la OEA.

Nuevas irregularidades

Acceso a la Justicia advierte que si bien el nuevo decreto obedece al mismo guión de violaciones sistemáticas implementadas desde hace más de 950 días, en esta oportunidad la declaratoria de estado de excepción y emergencia económica tiene la peculiaridad de exacerbar la falta de control del poder y en cambio aumenta los controles que el presidente Maduro se ha atribuido con relación a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, legalizando incluso el Carnet de la Patria. Con esto, se  empieza a delinear más claramente la presencia de un régimen no solo autocrático, sino totalitario en Venezuela.

En efecto, el decreto en cuestión es el reflejo claro de un Ejecutivo deseoso de seguir manejando a su antojo la materia económico-social del país sin ningún tipo de control ni límites que supone, lo cual supone más violaciones a los derechos humanos.

Un ejemplo de ello es la medida prevista en el apartado 19, al establecer que durante la vigencia del estado de excepción el presidente Maduro está facultado para dictar las normas en materia de operaciones de crédito público o de endeudamiento público “sin el sometimiento alguno a otro Poder Público”.

Según la medida el régimen de potestades de endeudamiento están en manos del Ejecutivo Nacional de forma absoluta sin sometimiento alguno a la serie de requisitos y prohibiciones que deben tomarse en cuenta al desarrollarse ese tipo de operaciones como lo establece el Decreto-Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Esta medida avala que el presidente de la República pueda endeudar al país, aún más de lo que está, sin que se amerite un control político (AN) y judicial a través del máximo tribunal (TSJ), ni fiscal (a través de la Contraloría General de la República, según el artículo 289.2 constitucional), lo que convierte esta medida en un peligro que amenaza con agravar la crisis económica que padece el país y que en definitiva, representa un abandono absoluto de la Constitución y la ley por parte del régimen de Maduro.

Por su parte, la disposición preceptuada en el apartado 20, igualmente faculta al primer mandatario para dictar las normas que autoricen los límites máximos de los recursos y egresos del país, así como de los institutos autónomos, fundaciones, incluso de los estados y municipios “sin sometimiento alguno a otro Poder Público”.

La hegemonía gubernamental que se sigue alcanzando con el nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica no tiene fin. En este caso, pues a partir de la disposición indicada se busca centralizar  la movilización de los recursos del país, imponiendo que sólo el Ejecutivo establecerá los límites máximos para su manejo.

Al mismo tiempo anula toda posibilidad de autonomía presupuestaria y financiera consagrada constitucionalmente a los estados (artículos 159 y 162)  y los municipios (artículo 168), respecto al manejo y administración de los recursos que pertenecen a estas entidades.

Con información de Acceso a la Justicia 

EL 25 DE OCTUBRE DE  2016 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional, bloqueó una investigación de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional sobre supuestos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014, a petición del ya para entonces expresidente de la estatal, Rafael Ramírez.

El máximo tribunal de la República argumentó en dicha decisión que de permitirse la averiguación se podría causar “un daño irreparable” a la empresa e incluso al Estado, dados los procedimientos arbitrales en curso para ese momento por demandas de trasnacionales contra la petrolera. La reacción adversa, según la SC, también podría darse entre los inversionistas y en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito.

El TSJ remató en su fallo que la gestión de PDVSA ya era lo suficientemente monitoreada y auditada por la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros, como para que el Parlamento se entrometiera.

Pese al dictamen, la AN declaró la responsabilidad política de Ramírez tras discutir un informe con pruebas de irregularidades administrativas que afectaron el patrimonio público, por más de 11 mil millones de dólares.

La cabeza del poder judicial no pasó por alto la actuación del titular de Contraloría de la AN, diputado Freddy Guevara, contra quien cuatro meses después ordenó evaluar una investigación penal por usurpación de funciones del Ejecutivo. El TSJ sostuvo que el parlamentario pretendió actuar como representante del Estado en territorio extranjero al acudir a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para notificar a Ramírez de la averiguación sobre su gestión.

La razón para Guevara

Un año y nueve meses después, el  28 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro,  anunció con bombos y platillos que gracias al seguimiento de organismos de inteligencia del Estado se detectaron “mafias corruptas” en PDVSA que hacían compras fantasmas, sobrefacturaban y vendían crudo ilegalmente, y que la Fiscalía General de la República iniciaría los procedimientos para determinar responsabilidades. Previamente ya habían resultado detenidos altos gerentes de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Indirectamente, y aunque el Ejecutivo no lo reconozca, se le dio la razón a la AN y al grupo de legisladores encabezados por Freddy Guevara.

A los dos días de su anuncio fueron detenidos los extitulares de la estatal, Eulogio Del Pino, quien sustituyó a Ramírez en 2015, y Nelson Martínez, que a su vez sucedió a Del Pino en enero de este año. De Rafael Ramírez, presidente de PDVSA durante casi toda la gestión de Hugo Chávez (diez años), el jefe de Estado no dijo nada en ese momento, al menos públicamente, aunque ya era conocido el impase entre el embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el alto gobierno por un artículo de opinión de Ramírez en el que criticó la inacción del Ejecutivo frente a la crisis económica.

Finalmente, el 4 de diciembre Ramírez confirmó su renuncia al cargo en la ONU por desacuerdos con Maduro y aseguró que en realidad fue removido “por sus opiniones”. A los días dio una entrevista telefónica a un medio internacional y sin revelar su paradero negó cualquier vínculo con hechos de corrupción en la petrolera. Su primo, Diego Salazar, ya había sido detenido el 1 de diciembre, acusado de defraudar al Estado venezolano mediante manipulación de transferencias bancarias a través de la banca privada de Andorra.

El mismo Ramírez denunció que en Miraflores y su entorno se criminaliza a la disidencia y se desecha a cualquiera que en el seno del chavismo formule críticas hacia su gestión. En suma, la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición, con un saldo importante de represión y encarcelamientos, ahora parece que se está extendiendo a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido parte importante de él, como en el caso de Ramírez.