El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general, instituciones que conforman el Poder Ciudadano de la República, informó hoy el ombudsman del país, Tarek William Saab.

“En base a la investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la fiscal general en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la prueba del polígrafo el lunes 17”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.
Según anunció el ombudsman, la prueba del polígrafo, también conocida como “detector de mentiras”, debe ser realizada por la policía científica (Cicpc).

El TSJ debe establecer en los próximos días si hay motivos para juzgar por “faltas graves” en el desempeño de sus funciones a la fiscal general, Luisa Ortega, que fue denunciada por el diputado oficialista Pedro Carreño tras sus repetidas denuncias de una “ruptura del hilo constitucional” por parte del Supremo.

Una de estas presuntas infracciones la habría cometido Ortega al impugnar la designación de 33 magistrados del Supremo por las supuestas irregularidades en sus nombramientos, efectuados en diciembre de 2015 por el Parlamento saliente de mayoría chavista días antes de que tomara posesión la nueva mayoría opositora.

Saab ha aceptado que le sea realizada la “prueba de la verdad” para esclarecer “los hechos donde la fiscal general acusó falsamente” a la Contraloría (institución dedicada a vigilar las cuentas públicas) y la Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para preseleccionar magistrados del TSJ.

La citada reunión habría tenido lugar el 16 de diciembre de 2015.

La fiscal general se ha declarado en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares previas a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.

Asimismo, el Tribunal -que ha sido acusado de someterse a los dictados del presidente Nicolás Maduro- ha declarado nulo el nombramiento por parte de Ortega de Rafael González como vicefiscal, y ha nombrado para ese cargo a Katherine Haringhton, cuya designación no es reconocida por la fiscal.

Pese a sus orígenes chavistas, Ortega se ha convertido en una de las voces más duras dentro de las instituciones contra el Gobierno de Maduro, al que ha acusado de instaurar un “estado policial” en Venezuela y practicar “terrorismo de Estado”.

Ortega ha denunciado amenazas contra ella y su familia, y acusa al Gobierno y al TSJ de estar llevando a cabo un proceso de “desmontaje” de la institución que dirige.

El contralor venezolano pidió hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que investigue a la exfuncionaria del Consejo Moral Republicano que respaldó la impugnación por parte de la fiscal general del nombramiento de 33 magistrados por supuestas irregularidades en su designación.

“Debemos iniciar un procedimiento lo más pronto posible contra la ciudadana María José Marcano Bermúdez, exsecretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano”, declaró el contralor, Manuel Galindo, que solicitó a los magistrados determinar si existen motivos para enjuiciarla.

El encargado de supervisar las cuentas públicas justificó su petición al referirse a unas declaraciones hechas el pasado 16 de junio por Marcano desde Chile en las que ratificaba que la fiscal, Luisa Ortega Díaz, no firmó en diciembre de 2015 un acta sobre la designación de los 33 jueces nombrados por la Asamblea Nacional.

Según el contralor, Marcano incurrió en “falta grave de las atribuciones y deberes” al declarar entonces que “están viciados” todos los expedientes del Consejo Nacional Republicano, órgano del que forman parte el defensor del pueblo, la fiscal general y el contralor de la República.

El defensor del pueblo ha acusado a la fiscal de “mentir” al decir que no participó en el procedimiento de designación de los 33 magistrados del Supremo, efectuada por el Supremo días después de la victoria de la oposición en las legislativas y antes de que el chavismo entregara el mando de la Parlamento en enero de 2016.

La fiscal venezolana pidió el pasado 12 de junio al Tribunal Supremo la anulación del nombramiento de los 33 jueces, al considerar que el proceso -en el que dijo no haber participado- presentaba graves deficiencias.

Esta acción es una de las razones invocadas por el diputado chavista Pedro Carreño para solicitar el enjuiciamiento de la fiscal por “faltas graves” al Tribunal Supremo, que aceptó la petición del oficialista y comenzó hoy sin presencia de Ortega el procedimiento para establecer si hay motivos para iniciar un juicio en su contra.

Desde su ruptura total con el oficialismo hace más de tres meses, Ortega se ha convertido en la figura institucional más vehemente y activa contra el Gobierno al denunciar las supuestas violaciones de la Constitución por parte del Supremo y pedir la anulación del proceso constituyente puesto en marcha por el presidente Nicolás Maduro.

En los últimos días, Ortega ha recriminado a Maduro estar practicando “terrorismo de Estado”, y ha acusado al Tribunal Supremo de llevar a cabo un “desmontaje” de la Fiscalía, además de declararse en rebeldía y anunciar que deja de reconocer las sentencias de esa corte.

CUANDO ME SABÍA TODAS LAS RESPUESTAS ME CAMBIARON LAS PREGUNTAS

Cumplir la ley no es asunto fácil en Venezuela. Los artículos de la Constitución más perfecta del mundo son como de goma. Elásticos. Diosdado la estira para un lado y Jorge para el otro. Algunas damas  muy encopetadas la usan para reemplazar las gomas de sus  sostenes y enaguas.  Cada día hay más enchufadas. El famoso tribunal  de marras la convirtió en boligoma. (Para los iletrados; boligoma fue un producto de juego infantil, de forma esférica, que rebotaba para donde le daba la gana. Una pelota loca parecida al comportamiento de Hermánn Escarrá, que salta y saltimbanquea de allá para acá y de acá para allá. En los Estados Unidos lo llamaban Silly Putty, no a Escarrá, me refiero al boligoma. Vaya usted a saber por qué. Entendemos lo de Silly pero lo de Putty…) Por cierto, hablando de Escarrá, el hombre ha hecho una fortuna tanto posando para Botero como litigando asuntos casacionales, si se puede usar tal termino. Pues resulta que como les digo una cosa les digo otra,  que por allá, a finales del 2015, Diosdado comandando el Grupete de los Avispados eligió a medio mundo como magistrados del Tribunalote. Del de arribota. Y lo hizo de manera exprés.  Uno dos y tres el pato más chévere, el pato más chévere, como si se tratase de una canción. Y eso que se le dijo que no hay cama para tanta gente. Lo hizo violando con sumo placer y éxtasis uno que otro artículo, de esos fastidiosos de la Constitución más mejor del mundo.  En aquella época, once upon a time, invitaron a la Catira del Ministerio Público a firmar el Acta de Legalización del Entuerto Exprés Jurídico-Sexual (no les voy a contar nada sobre mis razones para bautizarlo de tal manera) La Catira puso los cinco dedos de la mano derecha totalmente extendidos. Encogió seguidamente el pulgar, el índice, el anular y el meñique dejando estiradito el dedo medio para luego apuntar con tal dedo, como si fuera una arma letal, al Contralor Bobolongo y al Defensor Musculito, exclamando a viva voz ¡Míquiti! que yo voy a firmar esa vaina.  Y la fulana Acta corrieron a esconderla en las mazmorras del Poder Ejecutivo. Justo debajo de lo que llaman en el  SEBIN “La Tumba”. Esa  Acta desgraciada, puño y letra bien mamada, que ella no firmó permaneció secreta un buen tiempo. Sus colaboradores, me refiero a los de la Catira, en una arriesgada maniobra,  propia del más puro espionaje de la KGB y la CIA lograron extraer de la Oficina de Musculito la original del Acta  que pronto sería conocida por las masas venezolanas. ¡Que pena con el vecino! La Catira se lo tenía escondido. Un verdadero misil al centro del poder corrupto. Sorpresa y sorpresa. Prontamente el Terror de las Cantinas Militares, el diputado Carroña acusola de insania y leyó frente al público sediento de la verdad los 3 artículos, los 3 artículos, los 3 artículos, donde se demostraba lo que se demostraba. Fue una exhibición de sabiduría. Era el oráculo en persona. El mismísimo Salomón reencarnado en Carroña Vuitón.  Pero volviendo a la Catira y su escopeta de 12 tiros. Inició una serie de demandas contra la constituyente y el nombramiento de los “Rapiditos” por ante el tribunal de los mayores, cuyos libelos tardaban entre 24 y 36 horas en su redacción y eran rebotados en materia de minutos, por la Sala Plena, la Sala Constitucional, la Sala Electoral y la Sala de Fiesta etc.  con los argumentos más disparatados, excéntricos y esotéricos.  Veamos algunos de ellos,  utilizados  para rechazar las solicitudes de la Catira. “Es una inepta acumulación de pretensiones” Nunca supimos si la ofensa era contra la Catira o contra la demanda. “Está pidiendo muchas cosas”  “Esa materia es cosa juzgada” “Eso ya lo dijimos el año pasado” “Interpreta mi silencio” “Si sigue en esa pedidera va presa” ¡Ay Señor! pero la Catira le sobran los guáramos y les espitó “El día que se repartió la cobardía yo no aparecí” Le cortaron la luz a su oficina. Le retiraron el teléfono interministerial. Le retiraron el avión que tenía asignado. Los carros blindados. La amenazan. La acosan. La ofenden. Todo ello sucede en La Tierra de la Fantasía pues al unísono de esta sampablera el presidente, emulando a Nerón en su amada Roma, mientras arde la  patria en protestas y en manifestaciones, no se cansa de cantar y bailar. ¿Carroña; será esto insania?  Las 4 Comadres Electorales por su parte, que sufren  un extraño proceso de envejecimiento y encogimiento premaduro, digo prematuro,  y postmaduro, le disputan al tribunal superior el dudoso título del Reinado de la Lisonjería y la Rampante Complacencia Oficial. Las   Comadres edulcoraron una pastilla de cianuro ofreciendo elecciones de gobernadores cuando se sabe que la llamada Constituyente será un rebaño de  verdugos cuyas primeras medidas ya fueron anunciadas por Trucutú y su Mazo; Destitución de la Fiscal y eliminación de la inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional y donde el carácter histórico y democrático de las gobernaciones será sacrificado en el Altar del Odio.  Esto todo está en desarrollo. Siempre hay salidas pacíficas y democráticas, pero recordemos que aquellos  polvos  traen esos lodos. Estoy seguro que la  Catira no cesará en su empeño de adecentar la política venezolana y si hasta ayercito no se había plantado de frente  a los corruptos hoy si lo está haciendo ¡Y de que manera! Ahora bien, los magistrados exprés y las 4 urracas parlanchinas  seguirán hundiéndose en el pantano de la historia y fabricando su torcido camino, empedrándolo con violaciones flagrantes a la constitución,  que a lo largo de 2000 años siempre ha terminado mal. Si yo fuera uno de ellos andaría chorreado de cara al futuro. Como repetimos siempre; calle y negociación. Que bueno sería que se constituyera un grupo parecido al de Contadora. Países amigos de Venezuela. No amigos de la MUD y tampoco del PSUV. Un grupo  por la paz, la democracia y la constitución.  Cuando son la bayonetas las que imponen un referéndum o una constituyente muere  temporalmente la democracia.

@eduardo_semtei

Matan a sobrino político de Carolina Herrera y a socio investigado por caso Cadivi

Reinaldo Herrera (34), sobrino de Reinaldo Herrera, esposo de la diseñadora Carolina Herrara, y su socio, Fabrizio Mendoza, fueron secuestrados y asesinados la noche del jueves 12 de mayo.

Según versiones extraoficiales, los arquitectos fueron secuestrados en La Boyera. Primero habían sido robados en sus casas y luego asesinados. Los cuerpos fueron encontrado en un tramo de la carretera Caracas-La Guaira. (RunRun.es)

Freddy Guevara: No debe quedar rincón del país sin que retumbe nuestro rechazo al golpe de Estado

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, convocó a la movilización #VzlaEnRebeliónContraDictadura este sábado 13 de mayo en toda Venezuela. “No debe quedar rincón del país sin que retumbe nuestro rechazo al golpe de estado. ¡Todos a movilizarnos!”.

“Nosotros hacemos un llamado a todos los sindicatos, a todos los estudiantes, a las amas de casa, a todos los sectores de la sociedad a que nos unifiquemos en un gran frente para frenar este desastre de propuesta de Constituyente que tienen y en segundo lugar impulsar que este año haya un cambio en Venezuela”. (La Patilla)

Contralor: No es necesaria una consulta electoral para convocar una Constituyente

El contralor general de la República, Manuel Galindo, aseguro que no es necesario hacer un referendo consultivo para hacer un llamado a una Asamblea Nacional.

Galindo informó que por eso el Gobierno está realizando y organizando conversatorios en todo el país para explicar a los venezolanos el alcance que tendría la Constituyente en el país. (Globovisión)

Ejecutivo y Consejo Popular Minero regularizan la pequeña minería

El Ejecutivo nacional conformó junto al Consejo Popular Minero un equipo multidisciplinario para acelerar el Plan de Organización y Regularización de la pequeña minería que hace vida en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar.

El equipo, que este jueves se reunió para revisar detalles vinculados con la producción y las leyes, está integrado por pequeños mineros y funcionarios de los ministerios de Desarrollo Minero Ecológico, Ecosocialismo y Aguas y Planificación.

«Sabemos que sin las formalidades de ley no vamos a dar el gran paso hacia la minería que visibilizó Chávez, porque somos una posibilidad cierta de fortalecer el sistema financiero nacional», expresó Luis Romero, dirigente del Consejo Popular Minero, citado en nota de prensa del despacho de Desarrollo Ecológico y Minero. (El Mundo)

España afirmó que no hubo secuestro de embajador venezolano en Madrid

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que «en ningún momento se ha producido un secuestro» del embajador de Venezuela en España, Mario Isea, en el centro cultural donde en la noche del jueves se manifestaron un centenar de personas contra la situación que se vive en su país.

«La Policía garantizó su salida segura, si ese hubiera sido su deseo», subrayó Méndez de Vigo tras la reunión semanal del Gobierno, después de que el embajador Isea denunciara que un grupo de manifestantes lo tenía «secuestrado» en Madrid mientras participaba en un acto en un centro cultural venezolano, según reseñó Efe. (El Universal)

Moncada: Autoridades de EEUU tienen intereses personales para derrocar a Venezuela

El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Samuel Moncada, expresó que autoridades de EEUU «tienen intereses personales para derrocar a Venezuela».

«Aquí se ponen las víctimas para que allá se puedan dar las discusiones en EEUU», aseguró.

De esta manera manifestó que «es de interés nacional denunciar que esto se presenta para destruir los países independientes».

«Agradecemos a la mitad pequeña de la OEA del Caribe y Centroamérica que heroicamente están resistiendo pero en este momento se le está intentando doblar el brazo», dijo. (Globovisión)

A través de un comunicado, la Asamblea Nacional aseguró que el Contralor General incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna, pues infringió artículos de la Constitución, del Reglamento Interior y de Debates, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro: 

Se hace del conocimiento de la opinión pública que el día de hoy, lunes 20 de febrero de 2017, se dieron instrucciones en el sentido de que, de presentarse en alguna de las dependencias de la Asamblea Nacional la ciudadana MAYREN DEL CARMEN RÍOS DÍAZ, designada por el Contralor General de la República como Auditora Interventora, se le recomendara acudir al Palacio Federal Legislativo para ser atendida por las autoridades de la Asamblea Nacional. Reiteramos mediante esta comunicación la disposición a recibirla. Debemos sin embargo fijar posición respecto de la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ordenada por el Contralor General de la República.
El Contralor General de la República incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional, ya que infringió los artículos 137 de la Constitución, 27, numeral 8, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, 57 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados.

El Contralor General de la República pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno de la Asamblea Nacional, según se aduce en la Resolución 01-00-000126 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.095, de fecha 14 de febrero de 2017, dado que el actual Auditor Interno se desempeña interinamente desde abril de 2015, cuando fue nombrado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Diosdado Cabello.

Sin embargo, ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al Contralor General de la República para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso, ya que el artículo 57 de ese Reglamento, al regular la intervención de los órganos de control fiscal se refiere a situaciones en las cuales “de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades” que justificaren la intervención. En este caso no se ha efectuado ninguna auditoría o fiscalización de la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional, en la cual se hayan constatado “graves irregularidades” que dieran lugar a un procedimiento en el que pudiera luego ordenarse la intervención.
Además, sería absurdo, por irracional y desproporcionado, intervenir la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional ante la falta de convocatoria de un concurso público, pues dicha intervención en nada contribuiría a lograr el fin que se querría alcanzar, la celebración del concurso, cuya convocatoria no es responsabilidad del Auditor Interno de la Asamblea Nacional sino de las máximas autoridades del organismo. Lo anterior demuestra que la alusión a la demora en la celebración del concurso es un pretexto para cumplir el objetivo político de afectar el cabal funcionamiento de la Asamblea Nacional como poder autónomo.

Frente a la demora en la celebración del concurso público lo que procede es formular un recordatorio o exhortación a las máximas autoridades del órgano respectivo, como lo hizo recientemente el Contralor General de la República mediante Circular Nº 01-00-000136, del 31 de enero de 2017, dirigida a las autoridades municipales, o como lo hizo en la Circular 01-00-000294 del 07 de abril de 2015, y las posteriores de ese año de igual tenor, dirigida a las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del Poder Público Nacional.

Ante una contumacia reiterada de alguna máxima autoridad podría acudirse a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados el cual reza:

“Vencidos los lapsos indicados en el artículo 6 del presente Reglamento, sin que el órgano o autoridad correspondiente hubiere convocado el respectivo concurso, el Contralor General de la República, con el propósito de garantizar la idoneidad, capacidad e independencia en el ejercicio de las funciones de los órganos de control fiscal, podrá mediante Resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República, convocar los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, sin perjuicio de las sanciones que pudieren derivarse del incumplimiento de la obligación de convocar el respectivo concurso.  En dicha Resolución se ordenará al órgano o autoridad correspondiente, efectuar el llamado público a participar en el concurso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la citada Resolución y garantizar al jurado que lo tramite hasta su culminación”.
Como puede observarse, la normativa sobre los concursos públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales y de los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital o Municipal, dictada por la propia Contraloría General de la República, prescribe con nitidez que ante el vencimiento de los lapsos respectivos el Contralor General de la República “podrá” convocar el concurso correspondiente, lo cual indica que es esta, y no la intervención, la medida de mayor severidad que puede adoptar el Contralor General de la República ante la demora reiterada de algún máximo jerarca en la convocatoria, previo requerimiento o recordatorio de la Contraloría General de la República, todo ello sin perjuicio de las sanciones eventualmente aplicables. El respeto de la autonomía del órgano correspondiente obliga a considerar esta medida como extrema y, por tanto, a estimar que debe estar precedida de advertencias u otros actos menos invasivos, sobre todo a la luz de las consecuencias de una convocatoria efectuada por el Contralor General de la República y no por la máxima autoridad del organismo de que se trate.

Conviene por otro lado advertir que desde el año 2000 las sucesivas autoridades de la Asamblea Nacional omitieron la celebración de concursos públicos para la designación de los Auditores Internos. La última designación la hizo el Diputado Diosdado Cabello, en abril de 2015, y recayó sobre quien actualmente ejerce interinamente las funciones de Auditor Interno. Nuestra Directiva anterior, electa el 5 de enero de 2016, actuando conforme a la ley, no sustituyó a dicho Auditor Interno sino que lo mantuvo en su cargo y cuando se disponía a convocar el concurso sus actos dejaron de ser publicados en Gaceta Oficial, lo cual dificulta sobremanera la realización del concurso público. Pero lo más grave es que quien era Presidente de la Asamblea Nacional cuando fue designado el actual Auditor Interno, el Diputado Diosdado Cabello, hizo caso omiso de la exhortación que en su oportunidad le hiciera el Contralor General de la República para que procediera a la convocatoria del concurso público, según se desprende de documento que reposa en nuestros archivos, sin que esto diera lugar a la intervención de la Auditoría Interna de la Asamblea Nacional -que hubiera sido inconstitucional por las razones expuestas-, ni a la apertura de un procedimiento sancionatorio por la Contraloría General de la República.

Fue la Junta Directiva de la gestión correspondiente al año 2015 la que incumplió los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, pues designó a un Auditor interino en abril de 2015 y nunca convocó al referido concurso público, pese a que esa Ley le ordenaba hacerlo dentro de un máximo de seis (6) meses contados a partir de la designación del Auditor interino. Dicho lapso venció en octubre del año 2015.
La ausencia de convocatoria del concurso público fue práctica habitual en la Asamblea Nacional, sin que la Contraloría General de la República adoptara medida alguna, a pesar de que las anteriores autoridades parlamentarias sí estaban en condiciones de cumplir con todos los pasos legal y reglamentariamente exigidos para la celebración del concurso. Prueba de ello es la prolongada permanencia en el cargo del ciudadano Otto Mollegas como Auditor Interno, en calidad de interino, designado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, el 1° de julio de 2005 y que fue sustituido por el ciudadano Néstor David Solórzano Higuera el 15 de abril de 2015. (Véanse las Gacetas Oficiales Nº 38.220 y 40.738).
La actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al igual que la electa en el 2016, no ha recibido requerimiento alguno al respecto de parte de la Contraloría General de la República, sino que se encuentra ahora ante esta pretendida intervención. Sin embargo, en uso de su autonomía la Asamblea Nacional procederá a convocar el concurso público respectivo, ante la próxima jubilación del actual Auditor interino, y espera que el Contralor General de la República actúe para que los actos del concurso que lo requieren sean publicados en Gaceta Oficial.

Oposición espera en el CNE la constancia de haber cumplido con el 1%

El dirigente Nacional de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera quien se encuentra en el Consejo Nacional Electoral, a la espera de que se les haga entrega de la constancia de haber recogido el 1% de las firmas para el revocatorio.

“Se nos informó que están trabajando en la carta y que esperáramos un poco para que se nos entregue la comunicación” comentó Caldera.(La Patilla)

Contralor General dice que AN “ha vulnerado fines del ejercicio democrático”

Manuel Enrique Galindo, Contralor General de la República, difundió un comunicado del organismo que preside, donde defendió las recientes sentencias del TSJ.

Aunado a esto, dijo que el Poder Legislativo “ha incurrido en violación de los principios de garantía a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad, derechos humanos y ética”.(La Patilla)

Difunden video de Leopoldo López en su última audiencia de apelación

La noche de este lunes, el periodista de CNN en español, Fernando del Rincón difundió un video de la última audiencia de apelación del líder político Leopoldo López.

Después de dos años de cárcel tuvo una audiencia de apelación, que se llevó a cabo el 23 de julio en una corte en Caracas. Esta audiencia fue a puerta cerradas sin acceso a la prensa y sin acceso a los asesores legales internacionales de la defensa.(La Patilla)

Rector Rondón: Recolección de 20% debe ser nacional

Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que, de acuerdo a la Constitución, la recolección de firmas de 20% no debería completarse por cada estado, sino a escala nacional.

“No estamos hablando de una resolución de la normativa del Poder Electoral, sino de la Constitución. Ella señala, en su artículo 72, que se debe recaudar 20% de las manifestaciones de voluntad en la circunscripción del cargo en el que ejerce el funcionario. En este caso, como es el presidente, su circunscripción es nacional”, detalló en entrevista a Unión Radio.(El Nacional)

Expresidentes alertan sobre los atentados a parlamentos de Nicaragua y Venezuela

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación y alertan al mundo, y a los distintos gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea sobre los atentados a los parlamentos de Nicaragua y Venezuela.

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de esta declaración,  piden al Consejo Permanente de la OEA y del Secretario General, Luis Almagro, así de la Unión Europea y la opinión internacional mantenerse su vigilancia crítica frente a estas graves alteraciones al orden democrático y constitucional.(La Patilla)

Ramos Allup: Si hay elecciones presidenciales, podría ser candidato

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, señaló que después de ejecutarse el referéndum revocatorio, se podría postular como candidato presidencial. Planteó que una vez que sea elegido por el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estaría dispuesto a llegar a Miraflores.

“Si en la oposición hay elecciones y soy el candidato presidencial y resulto electo, pues seré el presidente”, agregó Allup durante una entrevista a Notiminuto.(El Nacional)

Entre los Runruneros, los sobrinos de Cilia Flores, OLPs, colectivos y la frontera dieron de qué hablar en el mes que acaba de terminar ¿Y tú? ¿Ya te enteraste?

A continuación nuestro top 10 de julio:

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¿Por qué las declaraciones de los Flores sí conectan al Gobierno con narcotráfico y corrupción?

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Lo que dicen las nuevas imágenes del caso de los sobrinos de Cilia Flores

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En la Controlaría General todo queda “en familia”

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Viaje al pasado o cómo se sintió una venezolana al hacer mercado en Cúcuta

La Contraloría General de la República tiene investigaciones en todos los campos y de todos los funcionarios, pero no puede informar de una vez quién está investigado y por qué. Así lo señaló el titular de ese despacho, Manuel Galindo Ballesteros.

A propósito de las denuncias que han presentado algunos legisladores de la oposición sobre las actuaciones de varios ministros del gabinete presidencial, y sobre todo las que provienen de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), el alto funcionario aclaró que “las denuncias que llegan nosotros las sustanciamos. Pero hasta que no tengamos una decisión que le compete el primer conocimiento al funcionario investigado no podemos andar sacando a la luz pública que está investigado y por qué”.

“No es porque denuncies a tu criterio que vamos a aperturar una investigación”, agregó.

La Contraloría General vs la Asamblea Nacional

Con base en fundamentos legales, el Contralor General de la República explicó que es la Contraloría General la que tiene la exclusividad de solicitar al Parlamento Nacional la información que maneje sobre un determinado caso para avanzar en una investigación y no al contrario. De hecho, aseguró que lo que el Parlamento le ha solicitado ni tiene competencia y ha sido impreciso.

Aclaró que “si ellos (La Comisión Permanente de Contraloría) necesitan ahondar, profundizar en esa investigación están en el deber de enviarnos a nosotros la información, no solicitar los expedientes que nosotros tengamos porque eso es reserva del investigado”.

Explicó que al contrario, su despacho es el que tiene la exclusividad de solicitar a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN lo que ellos puedan tener para nosotros avanzar en una investigación, es obligación de ellos remitirnos cualquier tipo de investigación”.

Funcionarios de alto nivel deben declarar

En otra materia, el Contralor General de la República recordó que el lapso para la declaración jurada de patrimonio termina el 31 de julio a las 12 de la noche sin prórroga alguna. “Es muy importante que todos aquellos funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y confianza la actualicen este mes para evitar las sanciones correspondientes”, advirtió.