PESE A QUE JUNTO LA ASAMBLEA NACIONAL dominada por la oposición es uno de los objetivos a eliminar por la Constituyente que este domingo se eligió, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no se muestra preocupada por su futuro personal, sino por el del país. A su juicio, la decisión del presidente Nicolás Maduro de activar la instancia encargada de redactar una nueva Constitución no servirá para poner fin a la ola de protestas que sacude a Venezuela desde más de tres meses, sino que servirá para «instaurar un sistema personalista y totalitario» que será contestado en las calles, aumentando así la cifra de muertos, heridos y detenidos.
En su despacho, ubicado en el piso 15 de la sede principal del Ministerio Público, a pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, la ahora crítica funcionaria recibió al diario Estado de Sao Paulo para conversar, con una tasa de chocolate caliente, sobre una de las investigaciones relacionados con los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios chavistas para hacerse con grandes contratos.
Usted sorprendió a propios y extraños al anunciar en enero que abría una investigación por el caso Odebrecht, pues muchos asumieron que eso jamás se investigaría ¿Cómo marchan esas averiguaciones?
– Esta es una investigación muy compleja. Los casos de corrupción son muy complejos y más éste, porque no tenemos acceso a muchas evidencias, porque quienes las tienen son los involucrados. Otro obstáculo que tenemos es que muchas de las evidencias están fuera del país y ahora se le suma un nuevo problema: Cada vez que un funcionario del Ministerio Público va a salir al exterior le anulan el pasaporte, un procedimiento al margen de la Constitución y quienes lo ejecutan usurpan funciones. Pero a pesar de todos estos problemas hemos avanzado y hemos corroborado que hay muchos funcionarios activos que aparecen involucrados en irregularidades. Ya citamos a los familiares de uno de ellos, el exministro de Transporte y ahora diputado chavista Haiman El Troudi, quien tiene antejuicio de mérito; y en los próximos días vamos a citar a otras personas, cuya identidad no puedo revelar.
¿Pero ya tienen una cifra de funcionarios o exfuncionarios investigados?
-Sí, pero no la puedo dar.
¿Son más o menos de 20?
-Hasta ahora son menos de 20, pero en esa lista hay que incluir no solo a funcionarios o exfuncionarios, sino a sus familiares.
¿Cuántas obras están bajo investigación y de cuánto dinero podríamos estar hablando?
-En la actualidad investigamos 20 grandes obras de infraestructura, de las cuales nueve fueron ejecutadas y once están paralizadas, entre las cuales está, por ejemplo, el tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas, el Estado canceló un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Pese a que el Estado pagó los 30 mil millones, esas obras no se terminaron. Esa es una cifra de dinero importante que indudablemente ha afectado el patrimonio nacional y la prestación de distintos servicios a los ciudadanos.
¿Cuáles son las irregularidades que han encontrado hasta el momento?
-Sobreprecios y distracción de fondos, porque si los contratos se pagaron por qué las obras no se terminaron. La mayoría están totalmente paralizadas.
¿De Brasil le han llegado las pruebas que solicitó? Recientemente dijo que había habido algunos problemas para que las autoridades de ese país colaboraran con su despacho. ¿Cuáles son esos problemas y por qué?
-Hay muchas cosas que no puedo decir porque podrían constituirse en un obstáculo para la investigación.
¿Pero hay problemas entre su despacho y la Fiscalía brasileña?
-No hay ningún problema. El Fiscal General de Brasil ha sido muy colaborador y respetuoso y ha atendido nuestras solicitudes y ha explicado bien cuando no ha podido darnos algo.
En todos los países implicados en este escándalo, el dinero de los sobornos de Odebrecht ayudó a elegir presidentes. ¿Eso ocurrió en Venezuela también?
-Si hablamos de financiamiento de campañas, pues probablemente los fondos salidos de la compañía se han podido utilizar para financiar campañas en general, no solo las de un bando y también para enriquecer a algunas personas.
¿Este caso afecta directamente a la Presidencia?
-No lo puedo decir, hay muchos elementos que se están incorporando de otros funcionarios públicos y de sus familiares que resultan comprometidos. No es prudente que yo adelante eso en este momento.
¿Usted ve alguna conexión entre esta investigación y el supuesto secuestro de unos parientes suyos a principios del año?
-¿Supuesto secuestro? Puedo dar fe de que ellos fueron secuestrados la hija y el nieto de Germán (Ferrer, esposo de la Fiscal General y diputado chavista). María Andrea y su hijo de 16 años de edad, justo cuando yo estaba en Brasil participando en una reunión que convocó el Fiscal General de Brasil para hablar del caso Odebrecht, pero no tengo ningún elemento de prueba que me haga presumir que este secuestro no haya sido ejecutado más que por delincuentes comunes. Si fue por otro motivo lo desconozco, pero ciertamente fueron secuestrados. El chico estuvo tres días secuestrado y a ella la soltaron al día siguiente para permitirle buscar el dinero para el rescate.
El presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht aseguró a las autoridades judiciales de EE.UU. que la constructora pagó en Venezuela 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios. ¿Por la información que maneja esa cifra le parece verosímil?
-Es posible, todo es posible. Nosotros pedimos información a la autoridad competente en EE.UU. y ya llegó esa información, pero todavía no la he revisado. La tengo aquí en mi despacho.
¿Su alejamiento del Gobierno es consecuencia de lo que descubrió en este caso o hay otros motivos?
-Entre otras cosas, pero fundamentalmente mis críticas vienen por el tema de las violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando, aunque la corrupción también jugó un papel importante.
Por Juan Francisco Alonso
