Constitución archivos - Página 9 de 39 - Runrun

Constitución

Al día siguiente del golpe constituyente, por Asdrúbal Aguiar

Agenda

 

El proceso de montaje, por el Poder Electoral, de una espuria constituyente pedida e inconstitucionalmente convocada por el narco-dictador Nicolás Maduro, de buenas a primera recuerda la similar tropelía que ejecuta el Consejo Nacional Electoral de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 15 de diciembre de 1957, antes de caer ésta el 23 de enero de 1958.

La Constitución de 1953 disponía que al vencer el quinquenio debían convocarse elecciones generales para presidente de la república, diputados y senadores al congreso, legisladores regionales y concejales municipales. No obstante, tanto como Maduro, el dictador las suspende y ordena realizar un plebiscito a su medida.

La situación del General dictador se ve comprometida – a pesar de sus obras faraónicas y de los ingresos fiscales ingentes que recibe – y su prestigio mengua. ¡Y es que el país de entonces es una república de letrinas cruzada, sólo su capital como una suerte de boutique, por obras de ingeniería y arquitectura impresionantes!

La migración del campo a las ciudades y la miseria de vida en que vive la clase trabajadora muestran el rostro ominoso de los pocos que se enriquecen en el poder, mientras la mayoría sufre víctima de una crisis humanitaria sin razones. Ello provoca la reacción adolorida de la Iglesia Católica con la célebre la carta pastoral del arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco. Entre tanto las cárceles pululan de presos políticos y las torturas son hábito en los sótanos de la Seguridad Nacional.

El dictador, así las cosas, amenaza a los funcionarios que no voten por él. Les ordena devolver a sus jefes la tarjeta roja opositora en prueba de haber depositado la de color azul que lo apoya. Sus rectores electorales trucan los resultados. Le otorgan la victoria al llamado “gordito del Táchira”. Ese fue el principio de su inmediato final. Lo demás es historia.

Hoy, Tibisay Lucena, esbirro electoral – en comandita con el estafador comicial que ha sido siempre Jorge Rodríguez, negociador de las célebres máquinas Smarmatic – monta un tinglado y organiza, en breves días, unas elecciones de conveniencia entre los suyos. Busca se cambie el orden de la república para que la revolución no abandone jamás el poder. Eso creen. Eliminan las garantías de pulcritud que han de revestir a los votos y abren centros de voto masivo a los que pueden acudir sus pocos votantes, arrastrados como bueyes.

Ayer, no más, en otras elecciones como las del 15 de diciembre de 2015 – salvadas por la disciplina vigilante opositora – obligan a los venezolanos a viajar hasta mesas distantes de sus residencias para frustrar los votos en contra del régimen. Les llenan de alcabalas electrónicas para ello. Ayer, no más, suspenden el referéndum revocatorio presidencial y las elecciones de gobernadores y alcaldes, arguyendo todo tipo de dificultades y obstáculos reglamentarios, inexistentes ahora y en la hora.

Tengo presente en mi memoria la patraña que se monta por este equipo truhan – el de la Lucena y Rodríguez – a fin de revertir los resultados del referéndum revocatorio de 2004, cuando el ex presidente Jimmy Carter acude en auxilio de Hugo Chávez como lo hace esta vez el impresentable Rodríguez Zapatero con Maduro.

En vísperas del golpe de Estado constituyente en curso, por si fuese poco, Zapatero lo declara legítimo. Le pide a Maduro tomar decisiones luego de ello. Y afirma el desacato en que se encuentra la actual Asamblea Nacional, electa libremente por el pueblo, mediante voto universal, directo y secreto. Esas tenemos.

No abundo, pero anoto lo que afirma, asimismo, en estos infaustos instantes en los que la vergüenza no encuentra recodo, otro ex presidente tan caro a ciertos actores de nuestra oposición, Ernesto Samper. Después de hacerle tanto daño al país junto Zapatero – responsables al igual que Maduro del asesinato de más de 100 jóvenes venezolanos – confiesa su devoción por la vida y obra del genocida cubano fallecido, Fidel Castro. Y pide de las generaciones políticas latinoamericanas actuales emular su ejemplo; que para mí no es otro que el mal ejemplo de un asesino que fusila en el paredón y mata de hambre a sus compatriotas antes de coludirse con el negocio del narcotráfico, e imponérselo más tarde al gobierno chavo-madurista.

Al día siguiente del golpe constituyente, que habrá de consumarse este domingo 30 de julio, la Venezuela decente y amante de la libertad sabe de su ruta; la que le fijó su consulta popular del último 16 de julio y 7.600.000 votos: Ha de desconocer, desde su primer día, a la constituyente golpista; seguir en su esfuerzo por exigir de la Fuerza Armada se lave el rostro y acate el orden constitucional; y reclamar de la Asamblea Nacional acelere su esfuerzo para organizar un gobierno de unidad nacional y transición hacia la democracia.

A la cárcel ya han ido los primeros jueces supremos designados por la Asamblea, otros les seguirán, sin lugar a duda; lo que no arredra, por lo visto, el sentimiento de resistencia nacional. El pueblo llano y los jóvenes, a la cabeza, saben mejor que la lucha por la libertad tiene su costo en dictadura. Lo están pagando, dándonos un ejemplo que ha de avergonzar a no pocos acomodaticios.

En suma, luego del nuevo golpe por consumarse nada cambiará en el corto plazo. Ya la Sala Constitucional – constituyente de 7 miembros avalada por Zapatero – ha profanado la Constitución y hecho mutar su texto, para desconocer la soberanía popular representada en la Asamblea y anular el Ministerio Público. Los presos políticos, ahora más de 400, allí siguen. Los miles de heridos se lamen sus heridas como símbolos de dignidad. El hambre no cesa ni la falta de medicinas. Queda, eso sí, algo muy claro: Desnudos y al aire como se encuentran los Zapateros y Lucenas el país sabe que sólo cambiaran las cosas cuando caída la dictadura haya elecciones libres, sin presos y con un poder electoral sano, reconstituido, ajeno al miasma revolucionario.

correoaustral@gmail.com

Zapatero cree que ANC debe respetar a poderes constitucionales

zapatero-1

«Fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder», es parte de los puntos que hay que acordar en Venezuela según la apreciación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
A través de un comunicado, Rodríguez Zapatero estima que es necesario que las dos partes enfrentadas flexibilicen sus posiciones en aras de encontrar puntos de acuerdo. Señala que hay que definir un cronograma electoral; buscar la liberación de los presos políticos a través de la comisión de la verdad; poner fin al desacato de la Asamblea Nacional y que sea el sufragio universal el que otorgue el poder.
Hizo un llamado al cese de la violencia como forma para resolver el conflicto. «En el antagonismo irreductible no hay ni politica ni salida de convivencia imaginable, menos aún en la violencia y en el uso público de la fuerza no proporcional», y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro el logro de un acuerdo entre las partes.  «El primer responsable es el Gobierno, a él apelo para que la facilite con nuevos gestos, aunque sin la voluntad y la determinacion de la Oposición nada será posible».
A continuación el comunicado:
Comunicado de Jose Luis Rodriguez Zapatero
sobre la situación en Venezuela.
En las últimas semanas, he mantenido reuniones diversas, unas con actores del Gobierno y otras con representantes de la Oposicion, en la búsqueda de una convivencia democrática y para la paz en Venezuela.
Después de lo sucedido en los últimos meses, después de la pérdida de más de un centenar de vidas, después de las conversaciones mantenidas… me reafirmo en que únicamente la negociacion, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela, la salida acordada y pacífica que desean la inmensa mayoría de los venezolanos.
En las citadas conversaciones, he identificado los temas centrales sobre los que es necesario alcanzar una negociación y un acuerdo. Y entiendo que las posiciones del Gobierno y la Oposición permitirían, con voluntad de acercamiento y esfuerzo de flexibilidad, culminar ese proceso de concertación.
Las cuestiones a definir son: la fijación de un cronograma electoral con fechas precisas para elecciones a las alcaldías y presidenciales; avanzar de manera urgente en la Comisión de la Verdad para tomar medidas amplias e inmediatas sobre liberaciones de presos; acordar de manera asimismo urgente el procedimiento para poner fin al desacato de la Asamblea Nacional; fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa.
Todo ello apelando a la paz y al rechazo absoluto de cualquier género de violencia, con pleno respeto al ejercicio de los derechos democraticos de los venezolanos.
Porque el acuerdo debe ser nítida expresión de la soberanía del pueblo de Venezuela. Solo a los venezolanos, a sus líderes y a los representantes de los ciudadanos, compete la determinación de sus bases.
El proceso de concertación debería conducirse a través de la conformación de un Grupo con presencia junto a Gobierno y Oposición de paises amigos y acompañantes, y adoptándose las garantías oportunas para su cumplimiento.
Hoy y mañana Venezuela vivirá horas trascendentales. Deben transcurrir en paz. Ese es el compromiso que me han trasladado los diversos responsables politicos.
El derecho a abstenerse, el rechazo a una consulta electoral, son tan incuestionables como el derecho a votar, pero el ejercicio de un derecho solo es legítimo cuando es pacífico.
En el antagonismo irreductible no hay ni politica ni salida de convivencia imaginable, menos aún en la violencia y en el uso público de la fuerza no proporcional. Las sanciones y las previsibles reacciones a las mismas solo empeorarán la situación. Del mismo modo que las propuestas unilaterales nunca propician salidas a los conflictos.
Pido, pues, que se pase de la dinámica de acumular fuerzas a la de hacer esfuerzos decididos de negociación.
El primer responsable es el Gobierno, a él apelo para que la facilite con nuevos gestos, aunque sin la voluntad y la determinacion de la Oposición nada será posible.
Deseo expresar y agradecer la disposición cierta a abordar una salida pacifica y democrática que he podido comprobar en mis rondas de conversaciones.
A partir de esta constatación, y con el máximo respeto al proceso político venezolano, exhorto a los diversos líderes y actores a que den una respuesta positiva a los anhelos de paz, democracia y convivencia de los ciudadanos de Venezuela.
Las 7 razones para considerar inconstitucional la ANC

*Foto: Infored Táchira

VOTAR O NO VOTAR, para la Asamblea Nacional Constituyente ese es el dilema de muchos venezolanos en este momento. Aunque la fanfarria propagandista que ha generado el gobierno ha sido grande, hay muchos aspectos que son desconocidos por la mayoría y que peor aún, no están enmarcados en la Constitución del año 1999.

Esta nueva reforma que el gobierno nacional quiere hacerle a la Carta Magna no solo contradice, sino que tampoco se rige por aquella que lideró el ex presidente Hugo Chávez hace 18 años, la cual contó con una aprobación del 72%.

«Yo convoco al poder constituyente originario para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, ¿La oposición quiere elecciones? Poder Constituyente, ¿Quiere paz? Poder Constituyente, ¿Quiere diálogo? Poder Constituyente. Convoco al pueblo a prepararse por una gran victoria constituyente». Informó el mandatario presidencial, mediante una cadena nacional de radio y televisión, el pasado 1 de mayo en un acto en conmemoración por el día del trabajador, sin tomar en cuenta lo establecido en la Constitución y alegando la «defensa de la revolución».

Pero, esta decisión de transformar la constitución va más allá de una violación a la Carta Magna, algunas personalidades políticas afectas al oficialismo como rectora del CNE, Tibisay Lucena, el exministro de Comercio Exterior Jesús Faría y el presidente de Confagan José Agustín Camposhan aclarado que la Constituyente no resolverá los problemas económicos que tiene el país.

Para comenzar a enumerar las razones para decir que la ANC es inconstitucional empezaremos por consultarle a algunos juristas al respecto.

¿Por qué se dice que es inconstitucional?

El abogado constitucionalista Carlos García Soto explicó que si bien la ANC de 1999 en esencia fue fraudulenta, al menos en aquella ocasión se convocó a un referéndum para que el pueblo se pronunciara y dijera si quería ir o no, a un proceso constituyente.

García Soto aclaró que la Constitución del 99 fue sometida a un referéndum aprobatorio y que desconoce si el actual gobierno someterá a consulta los resultados obtenidos el próximo 30 de julio.

El abogado señaló que entre los procesos constituyentistas del año 99 y el actual hay una semejanza, y es el método para elegir a los constituyentes el cual le asegura al gobierno una abrumadora participación de candidatos oficialistas, lo que se traduce en que no hay competencia y no se le da al pueblo la opción de elegir el candidato de su preferencia debido a que solo hay una tendencia política.

A juicio del diputado por la Asamblea Nacional y también abogado constitucionalista, Juan Miguel Matheus la ANC no es más que la usurpación del poder de pueblo que es el único que puede convocar una Constituyente. Aseguró que el verdadero poder constituyente es el que está protestando en las calles porque quiere un cambio. Matheus enfatizó en que la ANC viola el derecho al sufragio universal y secreto tal y como lo establece la CRBV.

Haciendo un breve repaso por la Constitución se puede observar que la propuesta del oficialismo ha violado seis artículos de la Constitución, o por lo menos los ha manipulado para utilizarlos a su favor.

Por ejemplo, el artículo 347, el cual le otorga la facultad al pueblo y no al presidente de convocar una ANC no fue considerado para este proceso.

Al revisar la Carta Magna se pudo analizar que también fue violado el artículos 5, el cual establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través de la ley y el sufragio. El artículo 7, al no respetar la Constitución como una norma suprema. El artículo 63, por no respetar el derecho al voto mediante votaciones libres, secretas y universales. Los artículos 348 y 349, los cuales explican claramente que el presidente, ministros y la AN pueden convocar a una Constituyente mediante un previo acuerdo. 

Las bases comiciales 

El pasado 23 de mayo de 2017, el gobierno le entregó a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, las bases para la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, acto nunca antes visto en la historia de Venezuela.

Lo establecido en dichas bases comiciales es considerado una violación a la Constitución actual. Según los nuevos estatutos, la Carta Magna no tendría que someterse a una aprobación popular. Es decir la ANC no contará con controles democráticos que garanticen la transparencia del proceso electoral.

Las bases comiciales propuestas por el gobierno de Maduro limitan el derecho a la participación ciudadana debido a que regula y designa (a dedo) a los constituyentistas. 

El diputado y abogado constitucionalista Juan Matheus afirmó que dentro de las bases comiciales no está previsto el referéndum aprobatorio. Es decir, no se le preguntará al pueblo si está de acuerdo con la nueva reforma.

Los constituyentistas

De los constituyentistas escogidos muy poco se sabe. Existen nombres conocidos por razones políticas como: Oscar Schémel, presidente de la encuestadora oficialista Hinterlaces; Delcy Rodríguez, ex canciller de la República; Diosdado Cabello, expresidente de la AN; Cilia Flores, primera dama; Iris Varela ex ministra del sistema penitenciario y Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional. 

También están los que han presentado en las propagandas de la campaña, todos con una marcada tendencia y algunos sin ninguna preparación académica para ejercer las funciones que requiere el cargo. Otros han sido objeto de burlas por sus pintorescas presentaciones.

Es necesario resaltar las propuestas que tienen los candidatos a la Constituyente, destacando que si se va a modificar la Constitución no deberían proponerse cosas como: Sembrar la paz, acabar con el terrorismo, que a todos los venezolanos les llegue la bolsa del Clap y la congelación de precios desde las comunas.

Exclusión de los partidos

La exclusión de los partidos es otra violación a la Constitución y además una discriminación, lo cual vulnera el artículo 67 el cual se refiere al derecho a la participación política que incluye la postulación a candidatos y a asociaciones políticas. El abogado constitucionalista, Roman Duque Corredor, explicó que los candidatos propuestos por el gobierno nacional no representan a toda la población venezolana.

Lo que puede hacer la ANC:

A juicio de Duque Corredor, Juan Matheus y Carlos García Soto, aún se desconocen los límites de la ANC que quiere llevar a cabo Nicolás Maduro, pero por la situación política que atraviesa Venezuela estas acciones podrían suceder una vez aprobada la Constituyente el próximo 30 de julio.

1.- Destitución de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz

2.- Disolución de la Asamblea Nacional 

3.- Subordinación de otros poderes públicos

4.- Eliminar futuras elecciones

 

ANC1

Jul 18, 2017 | Actualizado hace 7 años
Triunfó la democracia, por Armando Durán

Consultapopular#16Jul_

 

La jornada del domingo fue una estruendosa victoria popular y demostró que los venezolanos sencillamente quieren un cambio político profundo. De presidente, de gobierno y de régimen. Que se le devuelva su vigencia a la Constitución Nacional y se restaure el Estado de Derecho. Ese fue el mandato de los ciudadanos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, reiterado el domingo por más de 7 millones de electores.

Ante este hecho, la primera página del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publica una foto pequeñísima y fuera de foco de una multitud que festeja algo con alegría, y la tergiversa con un título canalla, “Venezuela dice sí a la constituyente”, como si en verdad correspondiera al fallido simulacro organizado por el CNE para sabotear la convocatoria opositora. Ventaja de un régimen que desde hace 58 años se resguarda tras el muro de un silencio sepulcral gracias a la más férrea censura mediática del continente, una falsedad a la que personajes como Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas recurren sin el menor pudor en sus declaraciones del domingo a la prensa oficial, como si el régimen pudiera engañar a los ciudadanos con idéntica impunidad con que se le miente sistemáticamente a los cubanos.

Lo cierto es que frente a la melancólica participación de empleados públicos amenazados con perder su trabajo si no participaban y de humildes venezolanos que dependían de su asistencia para acceder a las humillantes bolsas del CLAP y mitigar el hambre que sufren, la Venezuela mayoritaria, la que desde hace más de 100 días ha tomado y resistido los embates de la brutal represión oficial en las calles de todo el país para expresar su categórico compromiso con los valores del orden democrático, protagonizó un acto de responsabilidad política ejemplar. Una avalancha de rechazo cívico a Nicolás Maduro y al régimen que representa, cuyo mayor impacto fue la posición adoptada por los habitantes de barrios que en otros tiempos fueron baluartes del chavismo. Fue precisamente esa bofetada la que provocó la inaudita violencia desatada por sicarios civiles custodiados por guardias nacionales en la avenida Sucre de Catia. Manifestación cabal de una intolerancia ciega, empeñada en el infructuoso y desesperado disparate de querer tapar el sol con un dedo.

En este sentido, vale la pena registrar dos verdades objetivas de lo ocurrido este ya histórico domingo 16 de julio. En primer lugar, que a pesar de solo disponer de una séptima parte de los centros de votación habituales, sin presencia alguna en las zonas rurales del país y sin contar con la supuesta tecnología del CNE ni con sus recursos financieros, sin propaganda, con censura de prensa previa desde varios días antes del evento y amenazantes colectivos armados rondando los puntos de concentración ciudadana, una vez totalizados 95% de los votos emitidos, se comprobó que la participación ciudadana fue de casi 7,2 millones de ciudadanos. Apenas 200.000 votos menos de los alcanzados por Maduro en la elección presidencial de 2014, con siete veces más de colegios electorales. En segundo lugar, que esta experiencia dejó bien en claro que la existencia del CNE y del Plan República son absolutamente innecesarias, así como la tramposa automatización del proceso. Que tal como ocurre en el resto del mundo democrático, basta el respeto a las normas, lápices y papel para convertir cualquier acto electoral en una experiencia rápida, sencilla, meramente institucional y civil.

Desde esta perspectiva podemos afirmar que el 16J se escenificó en Venezuela y en centenares de ciudades del resto del mundo un auténtico triunfo de la democracia. Y que ese triunfo legitima la opción de designar nuevos poderes públicos y colocar al país en el sendero que nos conduzca desde la dictadura actual hasta la democracia por venir. El desafío, sin embargo, se presenta inmenso. ¿Cómo obligar pacíficamente a un gobierno que no respeta la Constitución ni las leyes a adaptar sus pasos a las exigencias de un Estado de Derecho? De la respuesta a esta pregunta depende lo que pueda ocurrir dentro de dos semanas, cuando los jerarcas del régimen pretenden dar un triple salto mortal en el vacío y lanzar al país al abismo del que todavía, 58 años después, no ha logrado salir Cuba.

 

@aduran111

El Nacional

Dictadura fraudulenta, por José Vicente Carrasquero A.

ChávezyMaduro

 

La trapisonda y el fraude están en el ADN del proceso político que hoy oprime y empobrece al pueblo venezolano. Fue mediante engaño que el comediante eterno llevó a un grupo de jóvenes venezolanos a la muerte aquel 4 de febrero de 1992. Abundan en la vida de este individuo momentos que protagonizó desde la farsa, la trampa y la mentira. El mismo líder del proceso político era en sí mismo un fraude ambulante.

Por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, a este movimiento se plegaron un grupo de militares y políticos que en su desempeño como gobernadores, ministros, embajadores y un largo etcétera han dejado como niños de pecho a la clase política de la cual denostaron para justificar sus fallidos intentos de golpe de estado.

El actual gobernador del Estado Zulia ha llegado a la aberración de pedirle a la oposición que tomen los fusiles para que se enfrenten por las armas. Esto solo se le puede ocurrir a un primitivo ex militar que en este momento disfruta una calidad de vida que ya quisieran para sí muchos ricos alrededor del mundo. El estado más rico de Venezuela está sumido en la pobreza, en un evidente deterioro de la infraestructura, en pésimos servicios de salud y co-gobernado por el hampa. ¿Con qué moral habla este individuo? ¿Qué puede defender de su gestión? ¿Justifica en este momento la cantidad de personas que murieron en los intentos de golpe y de lo cual es corresponsable?

El capitanete que simula gobernar el fronterizo estado Táchira es otro espécimen que obliga a reflexionar sobre si estos señores traían al gobierno mejores capacidades que quienes quedaron atrás. Este personajillo que escribía desde la cárcel a oficiales superiores para que lo ayudaran a no perder el apartamento que estaba pagando, es otro ejemplo de aquel dicho según el cual hay dos cosas que no se pueden esconder, la tos y la riqueza. En una de sus boberías recientes amenaza con no darle DICOM a quienes participen en la consulta popular del 16 de Julio. Si no es bobo, la verdad es que se aplica. Cualquier gobernador no chavista del Táchira fue muy superior a éste.

El caso del heredero de Chávez es el más patético de todos. Con una evidente falta de formación para entender las complejidades del Estado que le toca manejar, Maduro permitió que se le escurriese de las manos el capital político que le había dejado su predecesor. La inacción ante la caída de los precios del petróleo es un sacrilegio que hoy tiene a los venezolanos pasando hambre y necesidad. Esto mientras garantiza el pago religioso a los tenedores de bonos de deuda del tesoro o de PDVSA. Esta es otra demostración del fraude en que ha devenido esta dictadura. Se paga a los capitales nacionales e internacionales, después a los que se enriquecen en la intermediación y por último, bien lejos, el pueblo que hoy es mucho más pobre que en 1992.

El fraude sigue con el supuesto respeto a la constitución. Sacan el librito azul como quien muestra el crucifijo a un espíritu endemoniado. Se arropan con la bandera para decir que liberaron al pueblo. La triste realidad es que Venezuela sufre los mayores niveles de dependencia de los últimos cien años. El dictador debe viajar con cierta frecuencia a Cuba para rendirle cuentas a sus jefes. De igual forma debe reportar a Putin de Rusia y al gobierno Chino en donde lo atienden funcionarios de segunda categoría.

En más de nuestra soberanía, la dictadura fraudulenta ha permitido que el hampa internacional se haga de nuestras fronteras convirtiendo a nuestro país en una zona franca del narcotráfico. De este pingüe negocio se benefician militares y allegados del gobierno. Esto está ampliamente probado por los juicios adelantados en los Estados Unidos y por los procesos que están en marcha para determinar la culpabilidad de algunos de ellos.

Los fraudulentos que siempre sacaban a relucir el número de elecciones que habían realizado en los últimos años como muestra “inequívoca” de sus compromisos con los valores democráticos decidieron a partir de los resultados de diciembre de 2015, revocar el derecho al voto a los venezolanos. De esto, hay claras evidencias, la conculcación del referendo revocatorio que sin duda sacaría a Maduro del poder e impedir la elección de gobernadores que se debió realizar el mes de diciembre pasado. El tercer caso es no haber convocado el referendo consultivo para la convocatoria de la constituyente con la que el fraude chavista busca impedir por la vía de la trampa vergonzosa su salida del poder.

En su cortedad mental, el heredero del fraude se empeña en extinguir las manifestaciones por la vía de la acción criminal para tratar de tener un ambiente de normalidad para el 30 de Julio. Lo cierto es que la magnitud de la amenaza que representa el proceso de prostitución del estado es de tal magnitud que la gente ha decidido permanecer en la calle a toda costa.

La fraudulenta fracción femenina de la directiva del CNE se ha empeñado en defender lo indefendible. Parecen no avizorar que serán tratadas como cómplices del fraude a la constitución que Maduro y su cúpula corrupta — de la cual ellas forman parte — adelantan con la finalidad de imponer un modelo en el que la democracia participativa y protagónica quedará reducida a una simple opinión no vinculante en alguna plazoleta de pueblo.

La dictadura fraudulenta traiciona descaradamente las propuesta políticas de su fundador. Y eso se debe a una razón fundamental: cárcel. No tienen manera de justificar el que se hayan dilapidado una cantidad fantastillonaría de dólares que según algunos analistas es 2,5 veces superior a la sumatoria del todo el dinero que entró en el tesoro público año por año desde 1830 a 1998. Esto sin mencionar la violación a derechos humanos, la corrupción descarada y la complicación de algunos en asuntos de narcotráfico.

La dictadura fraudulenta le tiene miedo al pueblo. Por eso lo reprime, lo castiga, lo amenaza con no venderles las miserables bolsas CLAP, los chantajea con el vergonzoso carnet de la patria. Saben que no tienen pueblo. Lo tienen que inventar, lo deben movilizar por medio de la amenaza.

Pero, ese pueblo los sabe sin poder y solo espera la oportunidad para barrerlos del mapa político y lanzarlos al basurero de la historia.

 

@botellazo

A los castristas no le importan muertos sino dólares, por Armando Martini Pietri

CubayVenezuela

 

Las constituciones, como los diamantes, se supone deben durar mucho tiempo. Pero esa opinión no es compartida por algunos y en especial, por el heredero, que ha dispuesto una Asamblea Constituyente anti-constitución a ser elegida el 30 de julio, proceso muy diferente al de 1999. En violación a esa Constitución legado de Chávez, este llamado ha sido por decreto presidencial y no por referéndum popular, desconociendo la Carta Magna que tanto se jactan defender.

Las excusas esgrimidas: la paz, derrotar la guerra económica y el fascismo producto -según ellos- de una conspiración opositora. Por defender los reales los muertos no importan

Las reglas decididas y aprobadas por el oficialismo para elegir los integrantes son antidemocráticas cuando cada uno de los 340 municipios elegirá a un miembro, sin importar su tamaño -las capitales de los estados obtendrán dos-, lo que significa que las ciudades simpatizantes opositoras están infrarrepresentadas, y otros 181 asambleístas serán escogidos entre grupos manejados por el régimen. Hipocresía cubana. 

El PSUV necesita controlar esa trampa porque ya no puede permanecer en el poder, se les agotó el modelo, fracasaron y dejar el poder no es opción, ni siquiera está considerado. La mala administración, la corrupción, la falta de comida y medicinas, la inseguridad, la inflación han cobrado un alto precio. La oposición ganó una gran mayoría en una elección legislativa en 2015 y desde entonces Venezuela ha sido gobernada por decreto y a través de su marioneta el Tribunal Supremo de Justicia.

El rechazo al gobierno es tan grande y profundo que presenta fisuras abre boquetes. Muchos se han desmarcado, los más mediáticos y emblemáticos, Luisa Ortega Díaz, Fiscal y el general Miguel Rodríguez Torres, ambos chavistas de larga datan y que hoy no lo niegan. 

La intención madurista con la constituyente, es el definitivo desmantelamiento y muerte de la democracia. Su propósito convertir a Venezuela en una dictadura semejante al castro comunismo; hoy ya tenemos un sistema de racionamiento al estilo cubano. Los CLAP, el mejor ejemplo. Ellos confían que así seguirán en el poder. Se equivocan.

Cuba se está jugando la vida en Venezuela. Así de sencillo. La expresión no se refiere al pueblo sacrificado hace más de 60 años por una banda de comunistas comandada por los pícaros hermanos Castro, se refiere a ellos, sus cómplices y esbirros. 

Con la carencia extrema que sufrimos los venezolanos, el Gobierno se las arregla para enviar a Cuba poco más o menos, 40 mil barriles diarios de petróleo. Además de pagarle por decenas de miles de miembros del ejército de ocupación que tienen en nuestro país. Esa sinvergüencería, petróleo, sueldos y gastos de miles de forajidos, dan un resultado positivo para las empobrecidas arcas cubanas. La débil economía castrista no aguanta la devolución del personal de invasión y la suspensión de suministro petrolero. Colapsaría.  

Es el secreto, que no lo es tanto, de la crueldad con que el oficialismo trata a los que se manifiestan en la calle gritando libertad y democracia. Los que disparan y hacen disparar contra jóvenes indefensos, son cubanos o formados por ellos. Las instrucciones de Raúl Castro son precisas. Eliminen al que tengan que eliminar, pero allá se quedan, cuidándome la caja chica. Los bolsillos castristas son quienes dan las órdenes. 

Aquí tienen a su tonto inútil, con su asesor de cabecera, patán fabulosamente enriquecido, capaz de casi todo, pero no de ejecutar eficientemente las instrucciones. Por eso lo abandonará como ya comienza a hacerlo.

Se perdieron varias oportunidades para aplicar presión diplomática por parte de la Organización de Estados Americanos, y otros organismos multilaterales. Los protocolos diplomáticos son fastidiosos y muy tediosos, son discursos bien cuidados y ambiguos, los tiempos son lentos, distintos a los del hambre y la protesta. El Gobierno en ese club ha logrado salir airoso, pero cada vez más débil. Solo les quedan los vacilantes mini-estados caribeños bajo amenaza y chantaje de escindir el suministro de petróleo barato y el cobro de sus deudas. Venezuela está más aislada que nunca en su región, pero reclama victoria pírrica, triunfo para alardear, aunque por sus propias torpezas cada día lo respetan menos. 

La inmensa mayoría se opone a la Asamblea Constituyente. El chavismo disidente es significativo en términos de sentimiento popular, nos guste o no. Peor es desconocerlo que reconocerlo planificando una estrategia para cambiar esa realidad. Hay que registrar que ha habido protestas intermitentes en las zonas afectas al chavismo, por lo general sobre falta de medicinas, hambruna e inseguridad. Aunque amplio y creciendo, aun no es un movimiento de protesta nacional.

La fuerza armada sostiene lo poco que queda de poder, ha vacilado. Varios de sus integrantes cercanos a Chávez han criticado duramente la forma y manera de una nueva constituyente. La tensión va en aumento. Lamentable a niveles de ebullición que no podrán ser controlados. Un insólito y grotesco hecho lo demuestra, la multitud pro-gubernamental que atacó al interior de la sede del parlamento, además de los saqueos en varias ciudades del país.

No hay revolución en Venezuela, sólo mal uso del poder, y se derramará más sangre antes de que termine la tragedia. Muchas veces rechazamos e ignoramos la realidad, por conveniencia o porque nos hemos acostumbrados a la ficción, estamos aletargados. Faltan pocos días para que terminen de sacudirnos. Ojalá despertemos sin cadenas.

 

@ArmandoMartini

Constituyente contraría el carácter progresivo de derechos fundamentales y garantías democráticas

A PRINCIPIOS DE ABRIL DE 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de «garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social». Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales, entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes, vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

Con información de Codhez

Para el TSJ, hablar mal de Chávez es motivo de despido

EL FALLECIMIENTO DE HUGO CHÁVEZ no es motivo de chiste, así lo dejó claro el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 590 del 3 de julio de 2017.

Según la Sala de Casación Civil del TSJ, burlarse o alegrarse por el deceso del llamado «máximo líder de la revolución» es motivo suficiente para despedir a un empleado público.

El pasado 13 de noviembre de 2014, un tribunal de instancia avaló la decisión de Movilnet de botar a José Antonio De Barros De Freitas, porque a lo largo del 5 de marzo de 2013 (día de la muerte de Chávez) “de forma alegórica celebró dentro de su puesto de trabajo y jornada laboral frente a sus compañeros de trabajo y personal subalterno»

Posteriormente la magistrada Mónica Misticchio rechazó la pretensión de De Barros de que su despido fuera calificado como «injustificado», apegándose en lo previsto en el literal c del artículo 79, el cual establece:  «Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora: Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella».

Para la Sala, Chávez, por ser presidente y quien designa al presidente de Movilnet, era el empleador del demandante y, por lo tanto, no podía mofarse de él, porque ello produjo «la pérdida de confianza del empleador, que como elemento imprescindible del contrato de trabajo, justifica la terminación de la relación laboral, toda vez que la falta de respeto y compostura que debe mostrar todo trabajador en su labor cotidiana provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales».

El dictamen aprobado por los cinco integrantes de la Sala: Marjorie Calderón (presidenta), Jesús Jiménez Alfonzo, Edgar Gavidia, Mónica Misticchio y Danilo Mojica, parece ir en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, el cual establece: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa».

Con información de Transparencia Venezuela