En un comunicado, el Bloque Constitucional hace público su rechazo a una convocatoria carente de legalidad, sin  fundamento jurídico por el origen y  por constituir una flagrante violación a las disposiciones constitucionales.», toda vez que, entre otras razones, el actual CNE, acatando órdenes de asamblea nacional constituyente en combinación con el órgano judicial que los designó, ha armado un falso andamiaje pretendidamente jurídico, carente de todo fundamento constitucional.

«La asamblea nacional constituyente” que dictó el pasado día 23 de enero un llamado “Decreto que convoca a proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República en el primer cuatrimestre de 2018”; no es más que una vía de hecho, sin sustento en la voluntad del soberano; ilegítima y fraudulenta, toda vez que sin convocatoria de quien es el depositario del poder constituyente originario, el pueblo de Venezuela, ésta no podía instalarse».

En consecuencia -refiere el comunicado- los llamados, leyes, decretos, acuerdos u órdenes que esta fraudulenta instancia asamblearia, mal llamada constituyente, haga o pudiera hacer, carecen de toda validez y trascendencia jurídica. Quienes los realizan usurpando funciones públicas incurren en graves delitos políticos de Traición a la patria, contemplados en los artículos 132 (“Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años…) y 213 (“Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses … ) del Código Penal vigente, y quienes los ejecutan, son cómplices de dicho delito.

De esta manera, una vez más el Bloque constitucional de Venezuela  cuestiona y pone en tela de juicio a una fraudulenta auto denominada asamblea nacional constituyente. En el comunicado, ex magistrados, juristas y abogados de todo el país señalan que la ANC  pretende modificar las bases de la República y las estructuras y funciones de los poderes públicos, co-gobernando y co-juzgando junto a un presidente de la República declarado por la Asamblea Nacional en abandono del cargo por incumplimiento en el ejercicio de sus obligaciones, y a un Tribunal Supremo de Justicia constituido por magistrados que dejaron de serlo después que la Asamblea Nacional, el 21 de julio del 2017, designó los legítimos integrantes del mismo.

El Bloque Constitucional de Venezuela reitera su rechazo a la decisión del régimen de convocar a elecciones presidenciales en los términos expresados por un organismo disuelto por el TSJ legítimo, que en su sentencia de fecha 25/10/2017 declaró la nulidad de los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830 2.831 del 1ro. de mayo de 2017 mediante los cuales se convocó a un proceso nacional constituyente y se creó una comisión presidencial dirigida a elaborar las bases comiciales de dicho proceso; fallo que debe ser conocido y cumplido por la Asamblea Nacional, quien designó a los magistrados que  integran este órgano judicial el 21 de julio del 2017.

Además, «el actual CNE, acatando órdenes del engendro de asamblea nacional constituyente en combinación con el órgano judicial que los designó, ha armado un falso andamiaje pretendidamente jurídico, carente de todo fundamento constitucional, que le permite “inhabilitar” líderes políticos de la oposición así como “ilegalizar” partidos políticos que en ejercicio de sus derechos constitucionales decidieron abstenerse de participar en las elecciones Municipales; y llegar al extremo de la perversión por obedecer los caprichos del Ejecutivo y ser su brazo ejecutor, de desconocer todos los resultados electorales adversos al régimen a pesar de estar ya consolidados administrativamente por el órgano competente, tal como ocurrió con la reciente elección del Gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa así como la del Estado Bolívar, Andrés Velázquez.

Para un importante grupo de exmagistrados como Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H, René Molina Galicia y Perkins Rocha, respaldados por un numeroso grupo de abogados y académicos de todo el país, existen dos factores deben unir a los venezolanos para recuperar la República: «uno es  desconocer la seudo Asamblea Nacional Constituyente; y dos, poner desde ya como meta, la lucha por obtener las condiciones electorales que hagan desaparecer el ventajismo político en el  órgano electoral. Lo primero, es necesario por cuanto, la convocatoria a las elecciones presidenciales no tiene fundamento jurídico por el origen; y lo segundo, por constituir una flagrante violación a las disposiciones constitucionales.»

El régimen anunció recientemente la emisión de 100 millones de “Petros”, la nueva “criptomoneda” oficial. En el contrato firmado por el Jefe de Estado se establece “el campo número uno del Bloque Ayacucho de la Faja como base material que sustenta la riqueza del Petro. En el perímetro hay 5 mil 342 millones de barriles de petróleo certificados y no desarrollados”; en otras palabras, el Petro quedaría respaldado con las reservas de petróleo no desarrolladas ubicadas en dicho bloque.

Por su parte, el pasado viernes 22 de diciembre el Superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, anunció la legalización de la minería digital en Venezuela. “Debemos generar las condiciones para que (el mercado del Petro) sea un mercado ágil, versátil pero, en primer lugar legal”, dijo desde un foro celebrado en el Banco Central de Venezuela.

Además, agregó que el petro no será minable sino pre-minado, es decir la emisión completa,  (al igual que futuras emisiones) estarán a cargo el Estado y bajo su control.

Conviene analizar cada una de las informaciones anteriores. De ellas se desprende que el “Petro” puede ser cualquier cosa, pero no una criptomoneda. Veamos:

Las criptomonedas  sólo existen en la Web y se utilizan a través de un sistema de pagos electrónicos encriptado sin intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo. El valor del dinero fiduciario depende de la confianza, es decir, que otros lo acepten como medio de pago.

Además, el valor de una criptomoneda depende en esencia de que exista un número limitado de unidades a las cuales los “mineros” acceden a través de un complejo sistema de algoritmos (secuencia de instrucciones) mediante una inmensa red de computadoras que funcionan en el mundo entero las 24 horas del día.

Pero en el caso del Petro sus unidades no quedarían limitadas y las emisiones completas estarán bajo el control de un Estado tan ávido de recursos que no ha dudado en recurrir al BCV para que financie su déficit fiscal con inmensas emisiones monetarias  que destruyeron el valor del bolívar.

Las criptomonedas nunca han estado controladas por ningún Estado ni por ningún banco central. Sus transacciones son anónimas.  No tienen país de origen ni son emitidas por ningún gobierno ni tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Son únicamente plataformas electrónicas que permiten hacer transacciones.

Pues bien, el Petro es el polo opuesto de todo lo anterior.  Es emitido por un Estado, bajo la regulación de un gobierno, sometido al control de un Superintendente que da sus declaraciones desde un Banco Central y sin que exista anonimato puesto que para adquirirlo hay que llenar unas planillas e inscribirse en dicha Superintendencia.

Más aún, las criptomonedas -como ya se dijo- son fiduciarias y carecen de otro respaldo que no sea la confianza. En el caso del Petro, el Estado que lo emite dice que estará respaldado por las reservas de petróleo -no desarrolladas- que existen en el subsuelo en el Bloque Ayacucho de la Faja del Orinoco.

Aquí es necesario detenerse. Mal puede generar confianza la emisión de una “criptomoneda” basada en un acto ilegal. En efecto, tanto el Art. 12 de la Constitución como el Art. 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establecen “ad litteris” que las reservas no desarrolladas de petróleo son “inalienables e imprescriptibles”; es decir, no pueden darse en garantía.

El Petro no es pues una criptomoneda. Luce más bien como un nuevo signo monetario.  Ahora bien, en tal caso también es ilegal ya que la Constitución establece al pie de la letra en su Art.318 que “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”.

El Petro reúne también características de un título de la deuda, es decir de un compromiso ilegal de pago que asume el régimen. En efecto, conforme al Art. 312 de la Constitución requeriría de la aprobación de una Ley de Crédito Público que lo autorice. Lejos de eso, la Asamblea Nacional ha declarado que el Petro es ilegal y nulo.

Habría que ser bien osado para caer en la trampa del Petro. Parece evidente que se trata de una obligación, diseñada para evadir sanciones y que no sería reconocida por algún nuevo gobierno.

@josetorohardy

 

Ministro Manuel Quevedo: Debemos hacer una depuración en Pdvsa

Ministro para el Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, durante el cierre de la “Jornada de Reforma Petrolera con los trabajadores petroleros” delegó a los trabajadores la responsabilidad principal en los planes de reorganización de Pdvsa, «la fuerza de esos trabajadores que están presenciando, (…) la expectativa de los trabajadores es que se haga una depuración profunda, honesta y que queden los trabajadores honesto. Eso es muy importante (…) tenemos que evitar el saboteo, hay que recordárselo todos los días a los escuálidos”, agregó. «Basta ya de traiciones, basta ya de vende patria. Vamos a blindar Pdvsa de los corruptos (…) Voy a solicitar una auditoría y todas las unidades de auditoría de PDVSA «, anunció.  Panorama

Inició programa de acompañamiento electoral internacional para los comicios del 10D

El CNE sostuvo una reunión este jueves con los acompañantes internacionales y así se dio inicio al programa de acompañamiento electoral internacional para los comicios municipales y gobernación del Zulia 2017.  La vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, indicó que el proceso electoral en Venezuela «es un modelo confiable que se fortalece con cada evento» y es atacado sin fundamento en el ámbito internacional.  Destacó la «demostración de la democracia participativa y protagónica en el país» al ser la tercera elección que se efectúa este año. Globovisión

Parlamento desconoce designación de Moncada porque «viola» la Constitución

El presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, diputado Luis Florido, afirmó este jueves que la designación de Samuel Moncada como embajador permanente de Venezuela ante la ONU “viola” la Constitución al no haber sido aprobada previamente por el Parlamento. El documento indica que, según el artículo 187 de la Carta Magna, apartado 14, es competencia del Legislativo “autorizar el nombramiento del procurador o procuradora general de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes”, y añade que las funciones de Moncada como representante diplomático de Venezuela ante la ONU quedan «invalidadas».  El Universal

Inflación acumulada en Venezuela alcanza 1.369 % en 2017

La inflación acumulada en Venezuela hasta noviembre de este año alcanzó el 1.369 %, informó hoy la AN que durante todo 2017 ha ofrecido el índice inflacionario en ausencia de la información oficial del BCV del país. En rueda de prensa, el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento Ángel Alvarado dijo que “la inflación para el mes de noviembre del año 2017 es de 56,7 %, esto implica que la inflación acumulada en los 11 primeros meses del año es 1.369%”. Asimismo, reiteró que en “una estimación bastante conservadora” para el cierre del año los venezolanos tendrán “una inflación de 2.000 a 2.100%”, una cifra “récord”, pues es la más alta de la historia del país y del “mundo en este momento”. Banca y Negocios

Justicia argentina pide detención de expresidenta Cristina Fernández

La justicia argentina ordenó el jueves el procesamiento, desafuero y prisión de la expresidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de un atentado antisemita, en una causa que además llevó a la detención de dos importantes aliados políticos de la exmandataria, reportó la agencia oficial Télam. El reporte añadió que el juez federal Claudio Bonadio pidió además el procesamiento del excanciller Héctor Timerman en la misma causa, aunque con prisión preventiva domiciliaria dado su complicado estado de salud. Argentina acusó a Irán de ataques antisemitas perpetrados en 1992 y 1994, pero las pesquisas estaban estancadas tras años de investigaciones. Reuters

“…El derecho a evadirse, a escapar de sus captores, es un derecho sagrado de toda persona que esté en detención preventiva…”. Confieso que cuando escuché esta frase por primera vez, allá por 1993, cuando cursaba mi primera especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, me chocó un poco ¿Cómo es eso? –pensé, asombrado- pero de inmediato, al ver las caras de perplejidad de nosotros, sus alumnos, el maestro que la había pronunciado, uno de los mejores penitenciaristas que ha pisado esta tierra, el profesor Elio Gómez Grillo, nos la explicó y la entendimos. Todo se resume en esto: Mientras una persona no ha sido condenada por una sentencia definitiva y firme, tiene dos derechos incuestionables e inalienables: El de ser juzgada en libertad y el de que se la tenga, y se la trate, como inocente. A lo primero se le conoce como Favor Libertatis, y a lo segundo como la Presunción de Inocencia. En aquel momento estaba aún vigente la Constitución de 1961, que no contemplaba expresamente estos derechos, pero después, con el concurso y seguramente a instancias del propio Gómez Grillo, la de 1999 recogería textualmente estos postulados. Los encontramos en los artículos 44, numeral 1º y 49, numeral 2º, de nuestra Carta Magna vigente.

Es por eso que, en nuestro Código Penal, la fuga de un detenido cuando aún no ha sido condenado, solo se castiga, como lo ordena el artículo 258, cuando el evadido ha hecho uso de violencia “contra las personas o las cosas”. Caso distinto es el de los que ya han sido sentenciados, pues quebrantar su condena, aún sin haber ejercido violencia contra personas o cosas, sí merece castigo, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 259 del mismo Código Penal. La razón de esta diferencia de trato legal es comprensible: Como ya se dijo, el que no ha sido aún condenado está amparado por el Favor Libertatis y por la Presunción de Inocencia, mientras que el que ya ha sido condenado, pese a que debería procurarse que cumpla su pena, en general y cuando las circunstancias lo permitan, bajo una modalidad de castigo no reclusoria, (Art. 272 de la Constitución) ya no está amparado, al menos, por la Presunción de Inocencia, ya que el Estado, se supone, ha demostrado a través del Poder Judicial, de manera definitiva y firme, que no era inocente, sino culpable.

En este sentido, y aunque esto le “arda” a muchos, si no se demuestra que Ledezma incurrió en violencia contra las personas o las cosas, o en un acto de corrupción, al momento de evadirse de su arresto domiciliario, lo cierto es que no habría cometido delito alguno, y esto es así por una sencilla razón: No había sido formalmente condenado y, en consecuencia, estaba amparado, como lo dispone nuestra Constitución, por el Favor Libertatis y por la Presunción de Inocencia.

Esto es quizás lo único que cabe adelantar, sobre la información que tenemos hasta ahora, sobre los aspectos legales de este sonado incidente. Quedan por comentar las repercusiones políticas, y también las humanas, del hecho.

Con respecto al impacto político quizás otros analistas, más versados en estos temas que yo, puedan tener un mucho mejor criterio que el mío. Yo solo puedo decir que, si nos guiamos por las experiencias recientes, en general el exilio de un líder político venezolano no es ni implica necesariamente el fortalecimiento de su liderazgo, al menos no en la percepción que de él queda en la ciudadanía que sigue y seguirá en el país. Yo estoy seguro de que Ledezma ponderó, con la sensatez e inteligencia que en mi criterio lo caracterizan, y sobre la base de variables que él directamente, y nadie más, manejaba, todas sus opciones, y también, estoy seguro de que así será, ya en el exilio se convertirá en la voz, una muy importante, de los que hoy quedan en nuestras cárceles, injustamente condenados o detenidos, de los perseguidos políticos y de los exiliados. Ledezma es, en mi criterio, un hombre coherente y consecuente, raras cualidades en muchos políticos opositores de ahora, y no ha salido del país para tomarse unas “vacaciones” ni mucho menos, pero la verdad es que, sin restarle importancia, más allá de lo que pueda hacer en la arena internacional, aunque sea mucho, el hecho de no estar acá, de alguna manera, lo “desconecta” de nuestra realidad diaria y, por encima de todo, lo sitúa en la incómoda posición, no siempre justa, de estar continuamente bajo la lupa de quienes, por no haber “abandonado el barco”, no se sienten cómodos con quienes intentan que no naufrague dándoles instrucciones desde “afuera”, desde la seguridad de otras costas en las que las tormentas que nosotros padecemos acá, y que están ya a punto de hundirnos, no existen. Reitero: No digo que esta percepción de muchos sea positiva, justa o certera, pues la lucha por la reconquista de la libertad de Venezuela puede y debe darse en todos los escenarios posibles, adentro o afuera, pero no todos acá, y destaco que no me cuento en esas filas, lo entienden o lo aceptan en toda su real dimensión.

En lo que atañe a lo humano, más allá de la tranquilidad que nos deja, así de primera mano, el hecho de que un líder como Ledezma ya no esté limitado por su injusto arresto domiciliario, me preocupa el impacto que tendrá esta evasión, ya no en Ledezma, sino en los demás presos y perseguidos políticos. En todo secuestro (y la prisión política es equiparable a un secuestro) cuando son varias las víctimas (como ocurre con nuestros presos políticos, que hasta la semana pasada eran más de 340), si una de ellas logra burlar y escaparse de sus captores, la primera reacción de los que estamos afuera, viendo esos toros desde la barrera, es la alegría. Nos embarga una sensación de logro, de victoria frente al opresor, y eso es humano y normal. Pero esto es así, y lamento ser el aguafiestas del día, hasta que nos detenemos a pensar en las consecuencias que entonces tendrán que afrontar los que no han querido o no han podido escapar y siguen a merced de quienes, sobre ellos, tienen el poder de la vida y de la muerte, y el de liberarlos o no.

Al gobierno (a menos que haya estado involucrado en el lance, que lo dudo) no puede haberle caído bien que se le haya ido de las manos un preso político del peso de Antonio Ledezma, por muchas razones, y ya estará, seguramente, buscando la manera de emparejar los tantos. El oficialismo no “se va a quedar con esa”, como decimos acá. Probablemente (y así ha ocurrido antes, como cuando Carlos Ortega se escapó en 2006 de Ramo Verde) el gobierno ahora, al menos por un tiempo, cerrará con más ímpetu, con más candados y mayor determinación las rejas del oprobio, se hará el sordo, aún más, al clamor generalizado por la libertad y se cuidará mucho, por simple venganza, de conceder nuevas medidas cautelares o arrestos domiciliarios a otros presos políticos. Si actúa como lo ha hecho antes en situaciones similares, de alguna manera tratará de sacarse esta gruesa espina del costado, y lo hará extremando su postura intransigente y cargando, a terceros, el costo de las fallas de su aparato represivo y de sus cuerpos de seguridad. Y en esto, aunque nos disguste, también tenemos que pensar. Dios quiera que me equivoque, que esta vez sea distinto y que no se obligue a ningún preso o perseguido político a pagar lo que, a final de cuentas, no debe.

@HimiobSantome

El régimen de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, pretende violar la inmunidad parlamentaria y privar de libertad al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara. Así lo indicó Maduro en transmisión de radio y televisión, al tiempo que medios reseñaron que la Sala Plena del máximo tribunal del país habría remitido la solicitud de Tarek William Saab a la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de amenazar en reiteradas oportunidades al parlamentario, Nicolás Maduro decidió avanzar en la ejecución de una posible detención contra quien fuera electo por el pueblo de Miranda y cuenta aún con el beneficio de inmunidad parlamentaria que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que la decisión de su allanamiento sería tomada por un órgano ilegal, instalado por el Gobierno nacional a pesar del rechazo de los venezolanos y del desconocimiento de los países más importantes del mundo.

Desde la Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional anunciamos que se activarán todas las alarmas internacionales correspondientes para proceder a la denuncia de este hecho irregular y violatorio de nuestra Constitución, así como de tratados internacionales suscritos por Venezuela. Así también se advierte a Venezuela y al mundo que esta persecución también podría ser dirigida en las próximas horas contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

Los abogados que conforman el equipo de defensores del parlamentario Freddy Guevara ya están trabajando para informarse sobre los posibles delitos que se le imputarían en caso de detención.

En las próximas horas se espera que el diputado y Primer Vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, envíe su mensaje al país a partir de su nueva situación de perseguido político del régimen de Nicolás Maduro.

Luego de que el gobierno alegara en 2016 que no había dinero para hacer elecciones, la asamblea nacional constituyente aprobó este jueves la convocatoria a comicios de gobernador en el el estado Zulia.

Será la cuarta elección que se haga este año luego que se efectuasen las de la propia ANC, las regionales y más temprano aprobaran las municipales para el 10 de diciembre.

El proceso en el Zulia se llevará a cabo luego que el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, decidiera no juramentarse ante la ANC por considerarla espuria y anticonstitucional.

EL Consejo Legislativo del estado Zulia, de mayoría chavista, envió un comunicado a la ANC, donde informó que acordaron «la declaratoria de la falta absoluta del cargo de gobernador electo para el período 2017-2021».

El artículo 75 de la Constitución del estado Zulia reza que es motivo de falta absoluta la muerte, la renuncia, la interdicción civil, una condena penal mediante sentencia firme, el abandono de cargo y la revocatoria de cargo por referendo.

 

Son los diputados del CLEZ, quienes están violando la CRBV y del Zulia al no juramentarnos. #GolpeDeEstadoEnElZulia ¡El pueblo de pie!

— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) 26 de octubre de 2017

 

 

Laidy Gómez: Allup advirtió las consecuencias de juramentarse ante la AN

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró este martes que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, advirtió a los gobernadores electos de ese partido político que no se juramentaran ante la ilegítima asamblea nacional constituyente por las consecuencias que esta acción traería.

«Nosotros consultamos a Henry Ramos Allup, y nos decía: ‘No vayan porque van a ser la humillación de todos’. Yo le dije: Tú que no vives en Táchira, Henry, no sabes lo que la gente nos pedía», expresó la mandataria regional en una rueda de prensa convocada por los cuatro gobernadores adecos que se juramentaron ante la ANC.

Gómez dijo que el pasado miércoles se reunieron los cinco gobernadores opositores electos en las pasadas elecciones, reunión en las que estaba Juan Pablo Guanipa, y acordaron consultar a los ciudadanos en cada una de las entidades a las que representa para decidir si se presentarían ante la AN.

La gobernadora agregó que en cada uno de los estados se realizó la consulta y que «en las asambleas determinaron que debían que ir».  (El Nacional)

Gobierno evalúa un nuevo aumento del salario mínimo

Con fines de garantizar la protección del ingreso integral de los venezolanos, un nuevo ajuste salarial en lo que resta del año 2017 no estaría descartado. Sin embargo, la medida está reservada al Jefe del Estado.

Así lo aseveró el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Néstor Ovalles, en una entrevista para El Mundo, Economía y Negocios. “Nunca lo descartamos pues debemos proteger el ingreso de los trabajadores por mandato constitucional; sin embargo, es reserva del Presidente, pero no lo descartamos”, destacó.

La eventual decisión significaría el quinto aumento en lo que va de año. El salario mínimo quedó en 136.544,18 bolívares desde el 1º de septiembre.

Además, un nuevo aumento impactaría positivamente en el ingreso de los pensionados, que hoy en día cobran el mismo monto del salario mínimo, más un bono especial de guerra económica de Bs 40.963,26, para un total de Bs 177.507,44.

El ministro Ovalles explicó que los incrementos salariales no han sido los únicas medidas que protegen socialmente a los trabajadores venezolanos, y que el Gobierno nacional mantiene los diversos programas sociales a pesar de la guerra económica por la que atraviesa el país. (El Mundo)

Piñate: ANC discutirá esta semana nuevas leyes económicas

 El presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Eduardo Piñate, secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, considera que la juramentación del los 4 gobernadores opositores equivale a un reconocimiento de la ANC como poder plenipotenciario y la subordinación a ese poder. “Es importante para la normalización de la vida institucional de la democracia”.

No obstante advirtió que ahora habrá que observar el comportamiento y el desarrollo de la gestión de estos gobernadores en sus respectivos estados. “Venimos alertando en nuestra militancia que hay que estar muy vigilantes en estos estados donde ellos ganaron”, precisó en entrevista a Esther Quiaro en el espacio Al Instante en Unión Radio.

En el ámbito económico, Piñate destacó que la ANC está enfocando su trabajo en el combate de la guerra económica y sus diferentes aristas “lo que tiene que ver con  el cerco financiero internacional, la caída de los precios del petróleo que obstaculizan la compra de alimentos en el exterior y la llegada de insumos y materia prima importante para la producción y el otro problema que es la guerra de precios”. (Unión Radio )

EE UU pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE UU) emitió una alerta de viaje este lunes al considerar que la situación que atraviesa Venezuela es “impredecible”.

El ente norteamericano recomendó a sus ciudadanos no viajar al país debido a que los hechos violentos, como homicidios, robos a mano armada y secuestros, son frecuentes.

“Incluso en zonas que generalmente se presumen como seguras y frecuentadas por turistas”, se lee en el documento.

Otro de los motivos por los que la Embajada de los EE UU no permite que sus habitantes viajen a Venezuela o se desplacen entre un estado u otro es debido a la escasez de alimentos y medicinas, así como también las detenciones arbitrarias que ocurren en el país. (El Nacional)

Partido Comunista de China consagra pensamiento de Xi Jinping en su Constitución

El gobernante Partido Comunista chino consagró el martes el pensamiento político del presidente Xi Jinping en su Constitución, colocándolo en la misma posición que el fundador de la China moderna, Mao Zedong, lo que consolida su poder antes de un segundo período en el cargo.

El partido aprobó por unanimidad la enmienda para incluir el “Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era” como uno de sus ejes rectores al final de un congreso de una semana.

El partido anunciará su nuevo Comité Permanente alrededor del mediodía (0400 GMT) del miércoles, completando una reorganización de su liderazgo que se realiza cada cinco años. El actual comité está compuesto por siete personas.

La enmienda incluye el liderazgo “absoluto” del partido sobre el Ejército, el objetivo de continuar la lucha contra la corrupción, la iniciativa “Cinturón y Ruta de la Seda” de Xi, las reformas en suministros, y potenciar el “rol decisivo” de las fuerzas del mercado en la distribución de los recursos. (Reuters)

El presidente Nicolás Maduro informó que este martes la asamblea nacional constituyente, evaluará el «desacato» del gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, «y tomará sus respectivas decisiones».

Guanipa fue el único de los cinco gobernadores opositores electos, que decidió este lunes no juramentarse ante la ANC; mientras que los restantes acudieron a esa instancia para que les permitan tomar posesión de sus cargos.

En ese sentido, Maduro manifestó su disposición y compromiso, como Poder Constituido, de apoyar las decisiones de la instancia plenipotenciaria. «No aceptemos retos, conspiraciones, ni pichones de golpistas», manifestó.

«Firmeza legal, firmeza jurídica, firmeza constitucional, firmeza constituyente», subrayó el jefe de Estado.

Maduro indicó que no se aceptará que el poder político sea utilizado para la desestabilización y la perturbación de la paz en el país.

«El que pretenda utilizar el poder político para guarimbear, para destruir, para sabotear, para conspirar se verá de frente con nosotros, con el poder político de la Constitución, de la institución, del Poder Constituyente y del Poder Constituido. Se verán de frente como nunca antes. Bastante hemos aprendido este año», dijo, en referencia a las manifestaciones que iniciaron el pasado mes de abril de este año.

Los gobernadores electos de los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, postulados por el partido opositor Acción Democrática, se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, tal como fue ordenado por esa instancia «en resguardo de la paz y la estabilidad política de la nación».