Constitución

EN AGOSTO DE 2019 SE CUMPLIERON dos años de la instalación de la asamblea nacional constituyente, instancia convocada de manera inconstitucional para, supuestamente, redactar el texto de la nueva Constitución que sustituiría a la de 1999, promovida por el mismo régimen político que hoy propone una nueva. Pero transcurrido este tiempo los venezolanos desconocen los avances de esta aparente asignación.

No obstante, Acceso a la Justicia elaboró un análisis del borrador que circuló en septiembre de 2018 en algunos medios de comunicación de lo que sería el anteproyecto de Constitución, el cual no ha sido ni negado ni reconocido por el régimen de Nicolás Maduro.

Los 411 artículos que integran este anteproyecto establecen un modelo de Estado popular basado en la imposición de un socialismo real o comunismo como único sistema de gobierno posible en el país, y justificaría la creación de un Estado comunal con una exacerbada concentración de poder en el Ejecutivo, reforzando el régimen presidencialista actual; el debilitamiento del Poder Legislativo, la sumisión del Poder Judicial, la eliminación de la descentralización política, la imposición del pensamiento único, la eliminación del pluralismo político, la marginación de los derechos individuales con sus consecuencias en materia de violación de derechos humanos, entre otros.

Se trata de una reedición maximizada de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en el año 2007 y rechazada en referéndum, pero aplicada progresivamente a través de decretos-leyes y otras figuras, lo que conllevaría la formalización de atropellos y arbitrariedades asestados sobre todo desde hace más de diez años contra la Carta venezolana de 1999.

Lo más grave es que el nuevo texto fundamental carecería del principio de supremacía constitucional, pues tal como está planteado queda subordinado al denominado Plan de la Patria, que es el programa de gobierno del régimen político venezolano, que se reedita desde 2013 con este nombre y proviene del Primer Plan Socialista (2007-2013), en que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías estableció las bases fundamentales de su proyecto político y su ideario socialista.

A grandes rasgos, es una propuesta que tiene un corte totalitarista y con el cual se abandonaría de manera definitiva el modelo republicano asumido por Venezuela desde 1810, basado fundamentalmente en la supremacía constitucional y en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Pero, además, en ese borrador de Constitución se recogen las arbitrariedades cometidas especialmente desde el primer Gobierno de Nicolás Maduro, de manera que busca constitucionalizar su modus operandi.

Estado socialista, pensamiento único y subordinación

El borrador del anteproyecto del nuevo texto constitucional consta de 411 artículos distribuidos en 11 capítulos. Acceso a la Justicia identificó que desde el Preámbulo se muestran las bases ideológicas del modelo de Estado socialista, caracterizado por una organización centralizada y con un único detentador del poder: el Ejecutivo nacional, al cual todos los demás poderes estarían subordinados, dando lugar a la eliminación del principio de separación de poderes (artículo 141).

El Plan de la Patria cobra carácter constitucional e incluso superior a la propia Constitución al quedar supeditada a ese programa ideológico. En lo fundamental, el contenido de este borrador acoge como forma estatal al denominado “Estado popular”, concebido como una reproducción de las regulaciones que ha dictado el Gobierno, y en especial a través del Primer Plan Socialista, esto es, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2007-2013; así como de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Gaceta Oficial n.° 6.118 extraordinario del 4 de diciembre de 2019).

De sancionarse y aprobarse este anteproyecto, el Poder Legislativo estaría sometido a obedecer el Plan de la Patria (artículo 230), con lo cual la propuesta evidencia sus rasgos totalitarios, fundamentalmente porque desconoce el valor superior del pluralismo político, que se ve anulado al negarles a los diputados libertad ideológica y de expresión.

El Poder Judicial también quedará subordinado al proyecto político del Gobierno, al exigírseles a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia su compromiso con el ideal de Simón Bolívar y con el Plan de la Patria (artículo 292).

En esa línea, también se le concede carácter constitucional al régimen de leyes del Poder Popular que primero el fallecido Hugo Chávez Frías y luego Nicolás Maduro han dictado e impuesto a espaldas de la Carta Magna de 1999 como mecanismo de control social y político (por ejemplo, la Gran Misión Vivienda Venezuela, en su artículo 83), abriendo así un nuevo orden estatal en sustitución del Estado constitucional.

Estado comunal y cero descentralización

Como se mencionó más arriba, el anteproyecto establece la creación del Estado comunal. Con esto quedaría eliminada la transferencia de competencias hacia los estados y municipios debido a que el texto establece que el Gobierno será centralizado (artículo 6) y, en tal caso, la descentralización de competencias quedaría para las instancias del Poder Popular, que está sujeto al Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del Ejecutivo nacional (artículo 211).

Vale decir que las bases jurídicas de ese Estado comunal no se corresponden con los principios constitucionales, pues los elementos que conforman dicho Estado (parlamento comunal, comuna) no son elegidos por voto universal directo y secreto y el padrón de electores y las elecciones no se rigen por los principios establecidos por la ley ni por el Consejo Nacional Electoral, entre otros muchas irregularidades.

El texto coloca lo colectivo por encima de la individualidad de la naturaleza humana, término al que se refería el expresidente Chávez en su proyecto del Socialismo del siglo XXI;por ende, el respeto a la dignidad de la persona, previsto en la Carta Magna vigente, no es considerado merecedor de defensa y protección, con las consecuencias que de ello deriva para el respeto por los derechos humanos. Una de las formas en que lo expresa es cuando establece que la propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del Estado comunal (artículo 117).

Así, el régimen jurídico basado en el sistema de libertades que hasta ahora aparece en la Constitución de 1999 desaparecería, en especial el respeto por los derechos y libertades individuales que sirven para lograr el desarrollo del ciudadano, entre otros, el derecho a la propiedad privada, pues de acuerdo con la ideología socialista los derechos colectivos están por encima de los particulares.

Para tener control del cumplimiento del modelo socialista se exacerba el rol presidencialista y se le otorgan al jefe de Estado veintisiete funciones, entre ellas “disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare en desacato y no restablezca la situación en un lapso de un mes, o en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido en este texto constitucional” (artículo 265); además, establece que “será el Ejecutivo el que ejerza el poder a través de la figura de las comunas” (artículo 116), y se alarga el período presidencial a siete años (artículo 259).

Una de las más graves evidencias del talante totalitarista del anteproyecto lo representa la constitucionalización del delito de traición a la patria (artículos 116, 228 y  409). En el texto se lee que comete dicho delito:

Con esto, lo que busca la norma en cuestión, tal como fue advertido en su oportunidad por Acceso a la Justicia, es someter y castigar a cualquier persona que decida enfrentar a un modelo de talante antidemocrático que nunca admitiría el pluralismo político y el respeto por la diversidad de ideas, y criminalizar a todo aquel que ejerza la libertad de expresión o el derecho a huelga, por ejemplo, los funcionarios que trabajen en centros de salud en el país o manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis que se vive Venezuela.

1. EL COMPROMISO DERIVADO del artículo 233 de la Constitución es: el presidente de la Asamblea Nacional se encargó de la Presidencia de la República para encabezar un gobierno de transición, al cabo del cual habría elecciones presidenciales. La Constitución ordena la convocatoria en 30 días, pero, dadas las circunstancias, esa convocatoria solo puede tener lugar en forma efectiva una vez que sea desplazado el régimen; es decir, cuando “cese la usurpación”.
2. El mandato para Guaidó es el de encabezar la salida del régimen y presidir el Ejecutivo hasta las elecciones presidenciales. Es obvio que quien presida la transición no puede ser candidato presidencial. Esta idea, según la cual el presidente de la transición no podría ser candidato presidencial en las elecciones siguientes inmediatas, fue discutida por dirigentes de Voluntad Popular, Primero Justicia y la representación de Soy Venezuela, lo que me consta personalmente.
3. No dudo que pueda resultar tentador para Guaidó ser candidato presidencial; pero, si es en la primera elección libre después de la transición no puede ser presidente encargado y candidato al mismo tiempo; sería una burla.
4. Pero están atravesadas las conversaciones Oslo-Barbados. Según lo que allí se ha manoseado Maduro dejaría “la usurpación”, se nombraría un gobierno de transición entre la gente Guaidó y el G4 de un lado, y el madurismo, cívico militar, del otro. Así se forzaría a una candidatura unitaria opositora –la de Guaidó– para contender con el candidato rojo. Obviamente, esto sería la continuidad del régimen; pero, supongamos que es un paso en la dirección de realizar elecciones presidenciales. ¿Es factible esta maniobra?
5. Sería inconcebible hacer un cogobierno sin Maduro pero con los de la lista de la OFAC, los indiciados por narcotráfico, violaciones de los derechos humanos y el desfalco masivo a la nación. Pero supongamos que Guaidó, sus aliados y asesores consideren que es un pedregullal por el que hay que caminar descalzos. Sin embargo, este atajo es imposible aun si los dirigentes lo quisieran.
6. El gobierno de transición por definición no podría ser un gobierno represivo. No podría sacar las tropas, policías y colectivos a reprimir; ni encarcelar a los protestantes; menos seguir en la política de la tortura y el asesinato. La ciudadanía se volcaría a las calles y haría saltar de sus eventuales posiciones a los jerarcas cohabitantes del madurismo; agravado el asunto por la carencia de partidos, sindicatos y gremios, capaces de organizar, controlar, morigerar, protestas y rebeliones.
7. La instauración de un gobierno de transición solo podrá hacerse con legitimidad si se responde a lo ofrecido, sin ambigüedades y medias palabras. Guaidó como presidente encargado, para presidir unas elecciones libres y plurales en las que no sería candidato. Ya él tendrá tiempo más adelante.

LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL que se encuentran en «resguardo» publicaron una carta que fue leída por la diputada Norah Bracho en la sesión ordinaria de este martes, 21 de mayo, donde ratifican todas las acciones que se han emprendido para restituir el orden constitucional.

Igualmente indican que lo que han vivido durante los últimos días «es la continuación de un golpe de Estado al único poder legítimo en nuestro país. Unos magistrados que actúan de espaldas al pueblo y a su Constitución y una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente han pretendido burlar la voluntad de millones de venezolanos al perseguir a más de una decena de diputados legítimamente electos, acción materializada con el injusto y burdo secuestro del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente, quien se une a una lamentable lista de miles de ciudadanos injustamente perseguidos».

En la misiva también recuerdan las elecciones del 20 de mayo al cumplirse un año y agregan que «la permanencia de Nicolás Maduro en el poder solo representa hambre, miseria y sufrimiento para nuestro pueblo». Ratifican el compromiso con la ruta planteada por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, «y que hoy ratificamos sin vacilaciones: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres».

Los diputados firmantes son Simón Calzadilla, Mariela Magalles, Américo De Grazia, Sergio Vergara, Carlos Paparoni, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía, Henry Ramos Allup, Winston Flores, Miguel Pizarro, Franco Casella, Luis Florido y Richard Blanco. En bolígrafo incluyeron a los parlamentarios Juan Requesens, Edgar Zambrano y Gilber Caro.

Los diputados que están a resguardo, luego de que la ANC y el TSJ actuaran contra ellos, enviaron una carta en la que reafirman su compromiso con el país. «Aquí existe una AN que no está dispuesta ni a rendirse ni a retroceder», reza parte del texto pic.twitter.com/4k37YoS18l

— Dayimar Ayala Altuve (@Dayidayi) 21 de mayo de 2019

NO PUEDO OLVIDAR LA TENSIÓN que reinaba en el ambiente aquel día de enero de 2016. Los diputados opositores electos semanas antes llegaron para formar, por primera vez, una mayoría disidente del chavismo en la Asamblea Nacional desde que este cuerpo reemplazó al Congreso de la República. El aire estaba impregnado de rumores sobre un acto de fuerza por parte del régimen de Maduro que impediría la instalación de un poder público adverso. Aunque la jornada concluyó sin violencia en el Capitolio, pasó poco tiempo para comprobar que la elite chavista no estaba dispuesta a tolerar la pérdida del control absoluto del país. Un recuento de todo lo que ha hecho para anular la AN me tomaría la columna completa. Basta con señalar, como el último eslabón de esa cadena impresentable, la gravísima persecución a la que ha sido sometida un grupo de legisladores.

La AN está siendo desbaratada en cámara lenta. En vez de una disolución al estilo de Fujimori o, por volver con el ejemplo criollo, un asalto homicida como el que lanzaron las huestes de José Tadeo Monagas el 24 de enero 1848, los diputados están siendo separados de sus curules uno por uno y llevados a la clandestinidad, el exilio, la cárcel o, al momento de escribirse estas líneas, una siniestra falta de paradero conocido tras la detención. Las sesiones no han cesado, pero es innegable que el parlamentarismo venezolano se encuentra en la lista de especies en peligro de extinguirse. Semejante posibilidad es, sin consumarse, una aberración que atropella casi 400 años de progreso en la filosofía política. Aunque en esta columna siempre se comparan hechos del presente con los del pasado, hoy me voy limitar al terreno de la historia de las ideas para exponer el retroceso que Venezuela está experimentando.

Junto con la pintura de Rafael y la escultura de Miguel Ángel, entre tantas otras maravillas, el Estado moderno es uno de los hijos más destacados del Renacimiento. Teóricos como Tilly atribuyen su aparición al desarrollo de nueva tecnología bélica. Otros, como Spruyt, apuntan a una alianza entre monarcas y burgueses para socavar las bases del feudalismo. Como sea, el proceso se dio sin un ideario teleológico que lo impulsara. Fue entre los siglos XVI y XVII, luego de que la evolución desechara los modos de ordenación política medievales, que al Estado se le dio una razón de ser teórica. ¿Materialismo histórico? Quizá. Hablando de eso, fue Hobbes, un destacado materialista, quien hizo el mayor aporte filosófico al Estado como constructo social necesario. En resumen, el secretario de la familia Cavendish argumentó que, para que los seres humanos pudieran vivir en paz y prosperidad, era necesario entregar el monopolio de la violencia legítima a un ente que se encargara de protegerlos. Dicho ente es el Estado, que está encabezado por un individuo o asamblea investido con soberanía absoluta, intransferible y, léase bien, indivisible.

Desde luego, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, el Estado hobbesiano luce espantosamente opresor. Afortunadamente, poco después de Hobbes hubo un Locke, quien advirtió que la soberanía absoluta equivale a tiranía y que, por ello, conviene ponerle límites. En su preclaro Segundo Tratado del Gobierno Civil, Locke planteó la necesidad de dividir el poder del Estado entre quienes diseñan las leyes y quienes las administran. Esos son, por supuesto, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En rigor, Locke fue la cima de una corriente de pensamiento que se desarrolló en Inglaterra durante el tumultuoso siglo XVII, cuando el país se debatió, llegando a la guerra civil, entre la monarquía absoluta y el régimen parlamentario. Desde antes de que se desataran las hostilidades, juristas ingleses estaban alertando que las decisiones de los reyes Estuardo atentaban contra los derechos tradicionales que se remontaban a la Carta Magna. Hayek sostuvo que la corriente inglesa de separación de poderes tenía como fin último la preservación de la libertad individual. Con la Revolución Gloriosa, Inglaterra, que pronto se metamorfoseó en Gran Bretaña, pasó a ser uno de los pocos Estados europeos en los que el absolutismo no se arraigó.

En pleno Siglo de las Luces, Montesquieu dio un paso más y añadió a la dupla de Locke un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes y dirimir disputas legales entre los ciudadanos. Ese mismo siglo fue testigo de otra importantísima contribución al pensamiento político occidental. Me refiero al constitucionalismo. Esta vez la batuta la llevaron los progenitores de la primera república americana. Madison, Jefferson, Hamilton y otros concibieron una ley fundamental para el funcionamiento del Estado que garantizara la separación tripartita del poder y de esa forma protegiera la paz entre sus ciudadanos con el menor riesgo posible de coerción al individuo. Desde entonces, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para incontables leyes fundamentales en los más diversos rincones del planeta. Sobre todo en Latinoamérica se han hecho intentos de emularla, a menudo sin éxito por razones que ameritan otra columna.

Sin embargo, de forma paralela a esta tradición liberal se han desarrollado otras formas de pensamiento político. Rousseau concibió una soberanía que, como la hobbesiana, es absoluta. Pero la atribuyó a la ciudadanía en pleno y no al ente representativo que Hobbes tenía en mente. Esta aproximación tiene sus luces y sombras. Por un lado, significó una contribución gigantesca a la idea de una república democrática, en la que el pueblo está permanentemente facultado para decidir. Por el otro, la soberanía democrática, al no tener límites, fácilmente degenera en tiranía de las mayorías presentada como voluntad general. No queda en este sistema ningún resguardo para el sujeto individual y la suerte de cada persona puede ser decidida por lo que el colectivo determine.

Por último, en Schmitt la noción de soberanía ilimitada alcanzó su expresión más peligrosa. Su soberano tiene la capacidad de decidir cuándo se debe instaurar un estado de excepción que le permita gobernar de forma dictatorial. Es como un presidente que puede darse a sí mismo una ley habilitante. Al igual que Rousseau, el jurista germano repudió el parlamentarismo representativo inglés por sus facciones y sus negociaciones, cuya conducción atribuyó a elites partidistas. Prefería una asamblea popular sin pluralidad y que estuviera en sintonía permanente con el líder. El tono populista y totalitario es bastante evidente, lo cual nos lleva de vuelta al chavismo y su visión del ejercicio del poder.

A la elite que gobierna Venezuela le desagradan la separación de poderes y el constitucionalismo precisamente porque, en términos coloquiales, le impiden hacer lo que le da la gana. Chávez simuló lo contrario mandando a redactar una Constitución que incluyera cinco en lugar de tres de poderes pero no tardó en demostrar que los quería todos sometidos a su persona. La quintaesencia de tal despropósito retrógrado la expuso la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, cuando espetó con desparpajo que la división de poderes atenta contra el funcionamiento óptimo del Estado. Agregue a eso, estimado lector, el abuso de leyes habilitantes para transferir la facultad legislativa a Chávez y a Maduro. También la pretensión de reemplazar gobernaciones y alcaldías con comunas que dependen ideológicamente del chavismo. Lo más grotesco ha sido la formación de un cuerpo colegiado hecho a la medida de los intereses de la elite gobernante, al que se le atribuye una “supraconstitucionalidad”, intento de legitimar el poder ilimitado.

Nunca hubo cabida para una AN plural en este esquema. Mucho menos si la controla la oposición. Por eso el régimen desde principios de 2016 se aseguró de confiscarle sus funciones. Ahora confisca sus integrantes. Los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este regreso de la soberanía absoluta. Pido disculpas si la columna de hoy pecó de excesivo tono didáctico, pero creo que nunca está de más recordar estas nociones de teoría política. Rescatar la separación de poderes y el constitucionalismo es un deber urgente.

@AAAD25

TRES MESES CONTRA DOS DÉCADAS. David contra Goliat. Guaidó contra Maduro. Son expresiones que, más o menos, cuantifican lo mismo. En apenas tres meses de gestión del Presidente (E) Juan Guaidó estamos esperando resultados que pongan fin, inmediatamente, a esta tiranía. Tiranía que tiene dos décadas y que, a la postre, ha tenido el tiempo suficiente para consolidarse, reestructurarse y reorganizarse, cada vez que recibe un golpe que la hace tambalear. Sin querer ahondar en temas filosóficos o religiosos, tres meses contra dos décadas, sigue siendo desproporcional porque este régimen tiene experiencia haciendo lo que sabe: actuar con calculada perversidad, sembrando el mal.

Hace ya unos días, hemos escuchado a algunos analistas y abogados sugerir la pertinencia de invocar el artículo 187, numeral 11, de la Constitución Nacional. Un artículo que, para su aplicación, debe ser discutido y aprobado en sesión del parlamento. El parlamento legítimo. El que elegimos nosotros. No la Asamblea Nacional Constituyente usurpadora e ilegítima, que preside Cabello. Pero, resulta, tal como contabiliza mi respetado amigo, el doctor José Vicente Haro, en las últimas ocho sesiones de la Asamblea Nacional, se ha propuesto considerar la aplicación del citado artículo y, reiteradamente, “se ha negado incluir ese punto en el orden del día de las sesiones de los días 19 y 27 de febrero; 6, 11, 12, 19,26 de marzo y 2 de abril”.

Y aunque quisiera interpretar esto como un acto de prudencia y sindéresis en el que, como parte de la estrategia, algunos diputados buscan el momento preciso y adecuado para su aprobación; en el fondo, la intuición, los años en estas lides y el olfato periodístico me rebaten el argumento. Entonces, comienzo a pensar en los cómplices de este régimen que, a lo largo de estas dos décadas, han ayudado a enquistar aún más a esta tiranía perversa. Pienso, por ejemplo, en todos quienes, en este momento crucial, les gustaría ser Guaidó: ocupar el rol protagónico que hoy tiene el presidente Guaidó. Que no resisten la importancia que ese nombre ha adquirido en el ámbito internacional. Esa reacción infantil y egoísta de quienes aspiran el poder y no soportan que otro les haya robado lo que ellos consideran su derecho natural. Un asunto de ego y envidias que muchas veces les impulsa a actuar de acuerdo con los más bajos instintos; sin reparar en que, en el medio, lo que está en juego, es la vida –o muerte- del país y quienes en él vivimos.

Nuestra más reciente historia, está repleta de oscuros personajes -porque así quedarán identificados para beneficio de nuestras generaciones futuras- que, consciente o inconscientemente, o quizá tentados por promesas de gloria y recompensas futuras, se han dado a la tarea de bloquear todos los esfuerzos orientados a la libertad de Venezuela. Que han permitido la continuidad de esta narcotiranía, en detrimento de un país destruido y en la ruina. En este momento decisivo, en el que la mayoría de los venezolanos deseamos el éxito de esta gesta que ha asumido el Presidente (E) de Venezuela, no me preocupa su juventud ni la corta trayectoria política del ingeniero Guaidó, me preocupa los buitres que le merodean y que, dicen, estar brindándole respaldo, cuando en realidad, quizá, las intenciones son todo lo contrario. Y esos bloqueos y zancadillas que le ponen, se evidencian en esa táctica de posponer, olvidar, postergar la discusión y aprobación del artículo 187.11 de la constitución. En sus más recientes apariciones, el Presidente Guiadó ha mencionado que la opción que ofrece este artículo no está descartada. Imagino que, a su juicio, no ha llegado el momentum de plantearlo formalmente en la Asamblea Nacional, para lograr su aprobación. Supongo, también, que estarán tratando de convencer, sobre la viabilidad de esta alternativa, a quienes hasta ahora consideran que es errada.

Cuando he expresado, pública y abiertamente, mi opinión sobre el terrible problema venezolano y que, en este momento, para salir de él requerimos el apoyo y la intervención internacional -que pudiera ser por la vía de la aplicación del artículo 187.11; o, como propone el doctor Juan Carlos Sosa Azpúrua, “por la vía de una operación quirúrgica de la DEA, visto que en Estados Unidos, tienen más que identificados a los cabecillas de este narcoestado”; hay quienes refutan esta intervención extranjera alegando que los problemas del país, los solucionamos los venezolanos. Pues, está más que comprobado que hemos fracasado en nuestro intento de hacerlo solos. Que, a lo largo de estas dos tortuosas décadas que lleva el régimen con los colmillos clavados en las arterias del país, no hemos logrado como hasta ahora, con Guaidó al frente, tanto apoyo internacional ni tanto interés por evitar que este mal, llamado Chavismo/Madurismo, se propague y contagie al resto del continente. Las oposiciones, en sus intentos anteriores, en su afán por resolver en casa, los problemas que son de casa, han fracasado. Entonces, apártense y dejen de sabotear al que no deben, porque fortalecen al que sí deberían boicotear.

@mingo_1 

LA ASAMBLEA NACIONAL DESIGNÓ este martes 19 de marzo en sesión ordinaria a representantes especiales de Venezuela en Reino Unido e Irlanda del Norte, Hungría, Bulgaria, República Checa, Polonia y Finlandia, citando los artículos 333 y 336 numeral 11 de la Constitución Nacional.

Para Reino Unido fue designada Vanessa Neumann; para Hungría Enrique Alvarado; Bulgaria, Estefania Meléndez; República Checa la activista por los DDHH Tamara Suju; Para Polonia, Ana Medina y Marruecos José “Chato” Guedez.

AN aprueba acuerdo de reincorporar a militares que desconozcan a Maduro

El Parlamento también aprobó este martes un acuerdo para que los militares que desconozcan al mandatario, Nicolás Maduro, sean reincorporados a la Fuerza Armada respetando sus derechos, grado y condecoraciones.

“Se garantiza que cada ciudadano profesional militar que decida actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer en lo adelante a quien usurpa el poder en nuestra patria será igualmente reincorporado a la Fuerza Armada Nacional“, dice el acuerdo aprobado por la mayoría opositora del Legislativo.

El Legislativo ya aprobó en enero pasado una ley de amnistía para los militares que decidan “defender” la Constitución y desobedecer a Maduro, pero en el documento de hoy se les indica a los funcionarios castrenses que se les “respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos” para la institución.

Hoy aprobamos el Acuerdo para la Incorporación, Reinstitucionalización y Fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional, como parte del rescate del orden democrático constitucional y el futuro desarrollo de la Nación. #SesionAN pic.twitter.com/Ab7RCI7j80

— Juan Guaidó (@jguaido) 19 de marzo de 2019

Desde esta @AsambleaVE somos muy claros: este acuerdo nos permitirá devolver la institucionalidad a la República y generar garantías y amnistía para quienes hoy decidan colocarse del lado de la Constitución.

— Juan Guaidó (@jguaido) 19 de marzo de 2019

*Con información de Unión Radio y Sumarium

«TRAIDORES NUNCA, LEALES SIEMPRE» se convirtió en el nuevo lema de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional. La pregunta que nos hacemos es ¿leales a quién? Porque al pueblo venezolano hasta ahora no lo han sido, al punto de abandonar su deber histórico de defender la democracia y la constitución por defender a una parcialidad política, pero más allá de eso, por defender sus propios intereses económicos, que según los entendidos son muchos y muy variados, nada más alejado de la obligación de un superior, por eso no solo se han quedado sin el respeto que una vez le tuvo el pueblo venezolano, sino que en un goteo que no se detiene se quedan también sin tropa.

“No al intervencionismo” gritan estos mismos generales que como es público y notorio reciben órdenes del gobierno cubano, han permitido que en nuestro territorio no solo entren grupos irregulares, sino que se exploten nuestras riquezas, que no han movido ni un dedo para salvaguardar los activos de la República que durante los últimos años eran rematados y saqueados por una camarilla de la cual ellos también formaban parte. Esta élite que pretende decirnos que ellos son nacionalistas son los mismos que adoptaron un lema extranjero en el seno de la institución armada, el vergonzoso “patria, socialismo o muerte” y que izaron banderas cubanas en nuestros fuertes militares.

Son ellos quienes mantienen secuestrados a millones de venezolanos, incluyendo el 80% de la tropa profesional de la Fuerza Armada que vive y sufre las mismas carencias que el resto de la población. Por ello frente a esta situación no puede la comunidad internacional decirle a los secuestrados que se liberen solos de sus captores, aunque estos sean pocos tienen las armas y ni la voluntad más firme del venezolano más aguerrido puede resistir una bala en la cabeza. Se trata de una lucha desigual en la que un pueblo pacífico no puede enfrentar a unos matones que han demostrado que son capaces de todos para salvar sus cabezas.

En Venezuela nadie quiere una guerra ni más intervencionismo, pedimos liberación y para liberarnos la diplomacia queda claro no es suficiente. Los países deben pasar a la acción por su propia seguridad interna. El madurismo no es cualquier grupo delincuencial, es uno que tiene nexos peligrosos con grupos terroristas del mundo y si no es detenido a tiempo las consecuencias serán desastrosas para la región. Hace años cuando se les advertía al mundo que el chavismo era una amenaza para la democracia nadie prestó atención y el resultado son más de cuatro millones de desplazados en el mundo, esperemos que nuestro grito de alerta esta vez si sea escuchado.

@Brianfincheltub

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE (E) de Venezuela, aseguró este jueves durante un encuentro con representantes sindicales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que la ayuda humanitaria va a entrar al país “sí o sí” y también que se recuperarán las tablas y escalas salariales con el gobierno de transición porque «es justo por el trabajo y sacrificio de tantos ciudadanos».

Guaidó indicó que el próximo gobierno hará valer el respeto a la Constitución de la República y a los derechos humanos. «Estaremos en la calle hasta el cese de la usurpación. Vamos hacer lo necesario para construir este país. Tengan la seguridad que un nuevo gobierno si los va a proteger, es el respeto a la Constitución y a los derechos humanos», aseguró.

Guaidó desestimó la tesis del “bloqueo” señalada por Ejecutivo. “Basta de cinismo, basta de miseria con la gente”. Aseguró que las 953 toneladas de medicinas que llegaron al país este miércoles importadas por el gobierno es resultado de “este movimiento”.