Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

15 países de la región se preparan para abrir los centros de votación en el marco de la elección primaria en Venezuela este domingo 22 de octubre

En esta jornada electoral, los ciudadanos venezolanos residentes en esas naciones podrán participar para elegir al candidato que representará a la oposición en las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela

Luis Magallanes, coordinador de la Comisión Nacional de Primaria en Ecuador, señaló que hay 14 mil 756 venezolanos habilitados para votar la elección primaria en este país, de los cuales 7 mil 209 ejercerán el sufragio en el Gobierno Zonal de Guayaquil y otros 7 mil 547 en la Pontificia Universidad Católica de Quito, la capital. Se instalarán 15 mesas en cada centro.

“El horario del proceso será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y el único requisito que necesita cualquier persona que se inscribió para participar en el proceso es su cédula de identidad”.

Todo el material electoral usado en la jornada de este domingo en Ecuador será destruido, anunció Magallanes, quien espera que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos, pero que la medida busca resguardar identidad de los participantes.

De acuerdo con Magallanes, el material electoral se distribuye este sábado en ambos centros de votación. También recordó que cada organización política participante tendrá al menos un testigo que garantice la transparencia en el conteo de los votos.

Chile: Veedores internacionales vigilarán las votaciones primarias

En total, son 65.459 venezolanos que están habilitados para ir a las urnas electorales.

Después de Estados Unidos, Chile es el segundo país con mayor cantidad de votantes, que sufragarán en cuatro ciudades: Santiago, Concepción, Valparaíso e Iquique, donde se dispondrán 133 mesas de votación. En las regiones, las elecciones serán desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, mientras que en la capital chilena se desarrollarán de 9:00 am a 5:00 pm.

Marcos Garzón, coordinador del comité de Santiago centro, afirmó que esta ciudad es la que tiene más electores en todo el mundo (53.011 votantes). Sostuvo que votar será totalmente seguro en todos los ámbitos, pues se contará con la participación de un equipo jurídico, magistrados del TSJ venezolano en el exilio, testigos de 11 partidos políticos y veedores internacionales que garantizarán la transparencia de las elecciones.

Representación diplomática de EE. UU., organizaciones sociales chilenas, cuerpos diplomáticos, organismos de cooperación internacional y algunos representantes de partidos políticos chilenos vigilarán el sufragio de inicio a fin.

Para resguardar a los venezolanos, Roberto Becerra, coordinador de Santiago oeste, enfatizó que los cuadernos de votaciones se imprimieron en lugares distintos para evitar que la información se filtre y serán destruidos públicamente una vez que termine todo. Sobre los resultados, acotó que esperan tenerlos tres horas después de cerradas las mesas.

Perú: Habilitan 6 centros de votación para la Primaria

Perú alberga actualmente cerca de 1.3 millones de venezolanos y, aún así, solo 36.462 pudieron inscribirse en el padrón, abierto y establecido hasta el 10 de Julio de este año.

Jesús Paredes, miembro activo de la Comisión Nacional de Primaria en Perú, lamenta que la participación del gentilicio no haya sido masiva; sin embargo, aclaró que, pese a las adversidades y contratiempos, se habilitaron 6 centros de votación en todo el país, teniendo mayor distribución la capital de Lima con 4 y, en provincias, como Arequipa y Trujillo, 2.

Se espera que la jornada electoral inicie a partir de las 08:00 a.m. y, de acuerdo con el cronograma pautado, estarían cerrando urnas a las 04:00 p.m., una vez se haya confirmado que no existan votantes del país caribeño en filas. En caso contrario, la Comisión Nacional de Primarias, con sede en Caracas-Venezuela, emitirá un comunicado e indicará los pasos a seguir, hasta que las actas sean escrutadas y puedan definir el candidato ganador, tomando en cuenta el número de electores censados, votos nulos y abstinencia de participación.

Paredes afirma que la organización no fue nada fácil por múltiples factores; no obstante, espera que los inscritos puedan cumplir con su deber ciudadano, establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así sufragar con total responsabilidad al momento de escoger al político que disputará la silla presidencial -de cara al 2024- junto con el actual mandatario nacional Nicolás Maduro.

Colombia: Venezolanos con documento de identidad vencido podrán votar

 En Bogotá fue habilitado un único centro para los comicios que se llevarán a cabo este domingo 22 de octubre en el parquedero verde de Coferias, ubicado en la calle 35 #33-60, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

 Todos aquellos inscritos para votar en Colombia en las elección primaria de Venezuela podrán hacerlo aun cuando su documento de identidad original, el mismo con el que hicieron el registro, esté vencido. 

 «El equipo del Comité Local de Primarias en Bogotá está conformado por 15 organizaciones, 200 personas entre miembros de mesas, equipo logístico y testigos electorales. El centro contará con 45 mesas de votación que esperan atender a 25.000 venezolanos que viven en la capital colombiana. El escrutinio en Bogotá se realizará entre las 5:00 p.m. y 6:00 p.m.», indicó la diputada Gaby Arellano, miembro del Comité Local de Primarias en Bogotá.

En Cúcuta reina la calma pre-primaria

A pesar de las críticas realizadas por algunos activistas políticos locales que se sintieron excluidos del proceso de organización de las primarias, el comité local organizador del evento afirma que todo marcha “tranquilo y con calma” para la realización del evento, este 22 de octubre.

La votación de las primarias se realizará en el Parque de Los Fundadores, emblemático sector aledaño al conocido centro comercial Ventura en la ciudad de Cúcuta en el Norte de Santander. La Comisión Nacional de Primarias estima que 3 mil 545 ciudadanos venezolanos ejerzan su derecho al voto en esta actividad que escoge el candidato de un sector de la oposición en Venezuela para los comicios presidenciales del año próximo.

Una visita al parque de Los Fundadores evidenció una total normalidad en las actividades que se realizan en este céntrico sector de la ciudad de Cúcuta. El parque es un sitio en donde se instalan artesanos quienes este domingo compartirán sus espacios con los votantes venezolanos.

Con el compromiso de que no se revelara sus nombres, algunos conocidos dirigentes y activistas políticos de la zona expresaron su inconformidad frente al hecho de que no se les hubiese invitado a participar en la organización local de las primarias.

“Nos dejaron de lado y solamente esta semana nos estuvieron buscando para participar”. A pesar de la molestia ratificaron su compromiso con el país y fueron claros en afirmar que ejercerán su derecho al voto.

México: Se registraron ocho mil personas para las elecciones primarias

De los casi 98 mil venezolanos que viven en México, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, sólo unos ocho mil se registraron para participar en los comicios de la oposición para escoger al representante que enfrentaría a Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales del  2024.

Gabriel Hernández Arteaga, presidente de Primero Justicia México, afirma que en este país las jornadas electorales comenzarán a las 8:00 am y tiene previsto terminar a las 4:00 pm. “Para votar sólo necesitan la cédula de identidad o el pasaporte. Lo importante es que las personas hayan hecho el proceso de inscripción en los listados del exterior, que eso no significa que sean los del CNE del año que viene, sólo es un registro interno de la Comisión Nacional de Primarias”, explicó el dirigente.

En la Ciudad de México, el centro de votación estará en el Auditorio de la Universidad Salesiana, ubicada en Laguna Tamiahua 97, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo y contará con 12 mesas. Para los venezolanos en Monterrey, la sede será en Álvaro Obregón 635 entre Treviño e Isaac Garza, Centro Tarish Plaza, Nuevo León. Mientras que en Guadalajara, la comisión electoral estará instalada en la calle Santo Tomás de Aquino 4512, Lomas de Guadalupe, Zapopan, Jalisco. Para ambas ciudades sólo están dispuestas dos mesas en cada centro de votación.

“La expectativa es que toda la comunidad venezolana, residente en México, pueda expresar su opinión sobre las candidaturas que puedan surgir para adversar al gobierno de Nicolás Maduro en el 2024. La meta es que tengamos no sólo el voto, sino un día de convivencia, de reunión y seguir fortaleciendo a la comunidad venezolana en el exterior. Generalmente, en una primaria vota de un 10 a un 30%, pero esta vez esperamos que más de la mitad venga a votar”, puntualizó Hernadez.

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La ONG Control Ciudadano se pronunció para pedir transparencia en el nuevo proceso que iniciará el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para la cédula de identidad venezolana con nuevo formato.

«El derecho a obtener documento público que compruebe la identidad es un derecho humano garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 56 (…) Sin embargo, el derecho a la obtención de la cédula de identidad y del pasaporte para los venezolanos se encuentra seriamente limitado en la actualidad, por una serie de obstáculos administrativos engorrosos que han propiciado la corrupción», advirtió la ONG venezolana.

Control Ciudadano se pregunta si habrá licitación para producir la nueva cédula; qué empresas a contratar están siendo evaluadas para liderar el proceso; presupuesto estimado; qué medidas de protección de datos se establecerá en el proceso; cuándo se espera iniciar formal y materialmente el proceso; qué documentos deberán aportar los ciudadanos para sacar la nueva cédula y cuándo se explicará al país el alcance en detalle de este nuevo proceso.

A juicio de la ONG, en aras de la transparencia, el Saime también debe explicar cuál es la situación actual de la que se parte, es decir, cuántos celulados tiene el país y en qué estado se encuentra el respaldo de esta información que existe en el organismo, entre otras dudas.

Este domingo 9 de abril, el director del Saime, Gustavo Vizcaíno, declaró a un portal web que la nueva cédula de identidad «está avanzada» y que el gobernante Nicolás Maduro podría aprobarla pronto.

¿Cómo será la nueva cédula?

De acuerdo con el funcionario, la nueva cédula mostraría más datos que el documento actual, es decir, aparte de la foto; nombres y apellidos; fecha de nacimiento y el número de cédula, contendría huellas de ambos pulgares; impresión del domicilio y tipo de sangre del portador. Se evalúa además si se le incorpora un chip, código QR o un código de barra.

El material de la nueva cédula serán láminas de policarbonato (plástico resistente) y tendrá una vigencia de 10 años más que el documento actual, es decir, expirará en 20 años.

Recientemente, el Saime hizo actualizaciones a su plataforma tecnológica que implica una serie de cambios en la forma cómo el ciudadano tramitará tanto la cédula de identidad como el pasaporte, que inician con una autenticación del usuario que supone un registro en el sistema de nueva información del usuario que requiere el organismo antes de otorgarle la cita.

EL 5 DE FEBRERO LA ASAMBLEA NACIONAL (AN), de mayoría opositora, aprobó la ley sobre el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto apunta a regular la situación de ilegitimidad en la que se encuentra el Poder Ejecutivo a través del gobierno de facto de Nicolás Maduro Moros y, en consecuencia, restablecer la democracia.

Como se lee en la exposición de motivos de la ley, se trata de una iniciativa normativa del órgano legislativo destinado “a preservar la Constitución de 1999 como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y como fundamento de la transición democrática”, y que consiste en introducir un régimen jurídico provisional dirigido a regir temporalmente las instituciones del Estado con el propósito de dejar atrás el régimen dictatorial de Maduro y abrir paso a uno democrático.

De hecho, desde el punto de vista lógico jurídico se trata de un régimen intermedio entre el orden del Gobierno ilegítimo y el nuevo orden que rescate el estado de derecho a la luz de la Carta Magna, el cual se impondría a partir de la instrumentalización de un conjunto de medidas que aparecen contempladas en el Estatuto.

Al respecto, Acceso a la Justicia advierte que restablecer el orden y la armonía del sistema jurídico y democrático del país roto por un régimen de facto y autoritario es una situación compleja, además de inédita, tomando en cuenta que el Gobierno de facto está apoyado por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comprometido con el orden político revolucionario y que responde sólo a sus intereses a fin de consolidar la permanencia de Maduro en el poder.

Sin sorpresas

La respuesta del TSJ no se hizo esperar. El 8 de febrero, la Sala Constitucional (SC) en el fallo número 6, declaró la nulidad del Estatuto por considerar que es contrario al texto constitucional. En buena medida el fallo muestra el rechazo hacia este instrumento normativo y, por ende, a la legitimidad del órgano parlamentario, argumentando, entre otras razones, que:

1. La AN incurre en una “grotesca violación del principio de separación de poderes y del modelo presidencial de Estado y de gobierno consagrado en nuestro texto fundamental”; pues pretende “desconocer al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y continuar en su iter criminisde asumir totalmente las atribuciones constitucionales que le corresponden como órgano del Poder Ejecutivo”.

2. El Poder Legislativo actúa como un “pretendido e írrito poder constituyente, pues su evidente propósito no es más que la (…) transformación del régimen político-democrático que rige en nuestra República desde 1999 con la promulgación de la Constitución de ese mismo año, siendo que ello corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente como poder originario”.

3. La AN a partir del Estatuto comete “un asalto al Estado de Derecho y a todos los Poderes Públicos que lo conforman”, además de usurpar funciones por “parte de quienes pretendan sustituir los Poderes Públicos democráticamente electos, quedando evidenciado en dicho documento un GOLPE DE ESTADO y la reedición de un acto de fuerza rápidamente revertido, como lo fue el  ocurrido el 12 de abril de 2002”.

4. Que cualquiera de los actos que realice la AN y/o el diputado Juan Guaidó configuran una franca usurpación de funciones, y por ende, carecen de validez y son absolutamente nulos, y de ninguna manera comprometen las obligaciones nacionales e internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo al desconocer la legitimidad del Poder Ejecutivo conformado a raíz de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

5. Las decisiones que adopte el Poder Legislativo afectarían “la paz social y la seguridad jurídica que ha venido reinando en el Estado Venezolano a través de los años y que ha logrado formar una sociedad libre y democrática, al estar presente el respeto y la institucionalidad, incluso la que reina en estos momentos en todo el territorio nacional, pese a los hechos violentos aislados propiciados por los mismos que hoy pretenden desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente Nicolás Maduro Moros, a la Asamblea Nacional Constituyente y a las autoridades legítimas de los demás Poderes Públicos del Estado Venezolano”.

La SC por medio de este fallo sólo apunta a criminalizar esta iniciativa legal de la AN, dirigida a rescatar la libertad, la democracia y el Estado de derecho conforme con lo dispuesto en la Carta venezolana.

Escudo legal

Para Acceso a la Justicia resulta pertinente la revisión del diseño e implementación del Estatuto pues se convierte, a su juicio, en un escudo legal frente al actual régimen antidemocrático que rige en el país.  Esto, dado el papel relevante y la dimensión de legitimidad que ostenta únicamente la AN electa democráticamente en 2015 y el reconocimiento hacia el diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de numerosos países de la comunidad internacional tras su juramentación el 23 de enero de este año.

En tal sentido, es necesario resaltar cinco aspectos que resultan de interés jurídico, además  de político, en los actuales momentos que vive el país:

1. La base de sustentación del Estatuto es “el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos” (artículo 3). 

En efecto, el Estatuto pretende restablecer el orden democrático que ha sido roto desde hace años por el régimen chavista-madurista, con base en tres grandes objetivos (artículo 2), a saber: liberación “del régimen autocrático que oprime a Venezuela”; conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres.

Para que el instrumento garantice el cumplimiento de los mencionados objetivos, contemple un marco jurídico de vigencia temporal fundado en la supremacía constitucional (artículo 7) y en el principio de la vigencia y respeto del texto constitucional (artículo 333), prevé entre los dispositivos:

a. La regulación de los órganos del Poder Público durante el proceso de transición para iniciar el proceso de restablecimiento del orden constitucional y democrático (artículo 6.1).

b. El establecimiento de los lineamientos políticos que guiarán las acciones de la AN para la conformación de un “Gobierno de unidad nacional que supla la ausencia de Presidente electo hasta tanto se celebren elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible” (artículo 6.4).

c. La definición de los “criterios de oportunidad y celeridad para designar o ratificar a los titulares del Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con la Constitución y las leyes” (artículo 6.5).

c. El establecimiento del “marco general para implementar las reformas orientadas a rescatar la soberanía popular a través de elecciones libres, competitivas y transparentes” (artículo 6.8).

d. La reinserción del Estado venezolano “en los organismos internacionales de protección de derechos humanos dejando sin efecto la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificando de nuevo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como ratificar los demás tratados sobre derechos humanos en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas” (artículo 6.9).

En paralelo, la AN podrá adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del estado venezolano y promover la protección y defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano, tanto en el ámbito interno como ante la comunidad internacional (artículo 15).

Asimismo, el Poder Legislativo dictará los lineamientos a través de leyes para la transición política (artículo 16) y para atender la emergencia humanitaria y el rescate económico del país (artículo 19), en el marco previsto en la Constitución y en el derecho internacional.

2. El primer paso del Estatuto es el “cese de la usurpación y liberación del régimen autocrático” (artículo 12).

El texto legal en cuestión actúa en protección y defensa de la Constitución, es un compromiso que asume la AN y, para hacer efectiva esa obligación, propone como primer paso lo que es esencial para el restablecimiento del hilo constitucional y democrático: el cese de la ilegitimidad del Gobierno de Maduro.

De hecho, se declara expresamente la inexistencia de presidente electo dada la ilegitimidad y grosera inconstitucionalidad del evento electoral que se celebró el 20 de mayo de 2018 (artículo 8) y, en tal sentido, determina expresamente la “usurpación de autoridad” y la falta de cualidad constitucional por parte Maduro, incluso de cualquiera otro funcionario o personero del régimen de facto que ejerza la presidencia de la República, siendo sus actos nulos e ineficaces, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución.

De este modo, se impone que ningún ciudadano o funcionario obedecerá los mandatos de la autoridad usurpada, y quienes contribuyan con la usurpación comprometerán su responsabilidad, tal como lo establecen los artículos 25 y 139 de la Carta Magna (artículo 11).

3. Una vez logrado el primer paso, comenzaría el lapso de los 30 días conforme con el artículo 233 de la Constitución y, por ende, proceder a la conformación de un “Gobierno provisional de unidad”.

Finalizada la usurpación de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la AN velará por la continuación de la aplicación del artículo 233 del texto fundamental (artículo 25).

Conforme con el artículo 25 del Estatuto, el presidente de la AN “ejercerá durante treinta (30) días continuos como Presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas”.

4. La designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) será materia prioritaria para la AN para convocar y realizar elecciones libres y competitivas dentro de los treinta días continuos (artículo 23 del Estatuto).

Se advierte, sin embargo, que en caso de imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres y competitivas dentro de los treinta días continuos, la AN puede ratificar al presidente encargado como presidente provisional a fines de conformar un Gobierno de unidad nacional que tendría un plazo de hasta doce meses para la organización de nuevas elecciones. Por otro lado, el Gobierno de unidad nacional cesaría en sus funciones cuando tome juramento, ante el legislativo, el jefe de Estado electo en “comicios libres y competitivos”.

Acceso a la Justicia advierte que dicha disposición no atenta contra el artículo 233 constitucional, en concreto respecto al tiempo que se exige para celebrar las elecciones destinadas a elegir un nuevo presidente de la República, puesto que es importante tener en cuenta que en la actualidad el país no cuenta con un CNE que goce de credibilidad, de ahí que existe la necesidad inmediata de nombrar, en primera instancia, a los nuevos rectores que regirán la celebración de un proceso confiable. Ello contribuirá a evitar salidas extrainstitucionales, que es, justamente, el fin último del Estatuto, y de la que depende el rescate de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.

5.Plena vigencia del Estatuto en el país a partir de su aprobación por parte de la AN.

Otro de los aspectos relevantes del Estatuto es su vigencia. Es indudable que la validez de toda norma jurídica en Venezuela es a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, como lo establece el artículo 215 constitucional, cuyo texto establece que “La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

 No obstante, debido al régimen de facto que existe en el país por la ilegitimidad de Maduro y ante la imposibilidad de que sean publicados en la Gaceta Oficial los actos jurídicos de la AN,  el artículo 38 establece la vigencia inmediata de este este cuerpo normativo  “luego de ser aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional, de conformidad con las normas constitucionales para el procedimiento legislativo y de acuerdo con el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional”.

Con información de Acceso a la Justicia 

@franzambranor

Ataviado con su toga negra y roja, el magistrado Juan José Mendoza leyó la sentencia de la Sala Constitucional en compañía de sus seis colegas de la Sala Constitucional. No hubo sorpresas. Nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia desconoció las funciones de la actual Asamblea Nacional y ratificó un supuesto desacato.

Lo que fue convocado por el departamento de medios del máximo tribunal del país como una rueda de prensa, una vez más se limitó a una declaración. Nadie preguntó después de la alocución que duró 15 minutos y en la que, igual que en 2017 y 2018, se desconoció a la junta directiva del Parlamento, en esta oportunidad encabezada por el diputado Juan Guaidó del partido Voluntad Popular.

Similar a la sentencias 156 y 157, la Sala Constitucional del TSJ vuelve a despojar a la AN de las competencias para legislar. Aunque posteriormente el TSJ emitió una sentencia 158 que devolvía las atribuciones a los diputados, desde 2016 el hemiciclo no es reconocido por el resto de los poderes debido a un eventual desacato ante la incorporación de cuatro parlamentarios de Amazonas, cuya elección habria sido producto de un fraude. La decisión de convocar nuevos comicios en la región está en manos del propio tribunal.

“La sentencia no es más que un refrito. Vuelve sobre los mismos argumentos para declarar la inexistencia y legalidad de las actuaciones de la directiva de la Asamblea Nacional”, dijo el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli.

A juicio del experto en materia legal, el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga el derecho y el deber a los diputados de la AN a nombrar una junta directiva cada 5 de enero. “Y en esa decisión libérrima no puede interceder ningún otro poder del Estado”, manifestó.

Para Raffalli, al artículo 136 de la Constitución expone con claridad la independencia de la AN por lo que ningún otro Poder puede estar por encima de esta institución.”Además fue electa de manera inobjetable en diciembre de 2015 y cuenta con el respaldo no solo de la comunidad nacional sino también de la internacional”.

Recordó Rafalli que el desconocimiento de las competencias de la AN ha sido edificado sobre una sentencia cautelar. “Una sentencia preliminar en un juicio de la Sala Constitucional que lleva tres años sin resolverse. En todo caso una sentencia judicial no puede desembocar en la anulación de un Poder Público que está en ejercicio de sus competencias y menos si es el más representativo de la democracia porque ha sido electo en todos los estados del país”.

El abogado indicó que el objetivo del TSJ siempre es el mismo. “Es una sentencia inconstitucional. La finalidad es maniatar a punta de decisiones judiciales al Poder Legislativo para que sus competencias sean asumidas por la asamblea nacional constituyente”.

Con la mira en Guaidó

A diferencia de las anteriores, el magistrado Juan José Mendoza dijo en la lectura de la sentencia de este lunes 21 que el supuesto desacato en el que incurre la actual junta directiva de la AN “acarrea responsabilidad individual” e instó al fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, a tomar acciones.

“Esto es para que el Ministerio Público determine la existencia o no de un posible delito y de allí continuar con lo que podría ser un procedimiento de antejuicio de mérito”, dijo Raffalli.

El abogado recordó que el artículo 200 de la Constitución establece la inmunidad parlamentaria. “El levantamiento de la inmunidad requiere la participación de la propia Asamblea Nacional y para que se haga un antejuicio de mérito debe haber la comisión de un delito debidamente demostrado. Esto es.más una amenaza judicial que una sentencia”.

Desde la elección de 2015, la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores ha estado en entredicho. El pasado domingo 13 de enero, el presidente de la AN, Juan Guaido, fue detenido por una comisión del Sebin cuando se dirigía a un Cabildo Abierto en La Guaira. 45 minutos después fue liberado en un procedimiento en el que el ministro de comunicación Jorge Rodríguez calificó como “orquestado por funcionarios de manera independiente”.

A Freddy Guevara de Voluntad Popular la ANC le suspendió la inmunidad por petición del TSJ luego que le acusaran de “instigación pública continuada, delitos de asociación y uso de adolescente para delinquir”. La ANC igualmente despojo de inmunidad a Juan Requesens, quien fue vinculado por el supuesto atentado contra Maduro y está detenido en el Sebin y a Julio Borges, refugiado en Colombia. José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Rosmit Mantilla e Ismael García han optado por el exilio para evitar una posible desincorporación del hemiciclo y posterior encarcelamiento.

“Desde el punto de vista político es una torpeza enorme. Esta sentencia del TSJ  termina llevando más agua al molino de todas las naciones que han dicho que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. En lugar de evitar la movilización política, esto lo que hace es exacerbar la llama de la gente en las calles”, apuntó Raffalli.

Además del estrés, el deterioro y el ajetreo, la violencia también está presente en el transporte público, casi a diario se escuchan testimonios de lo que sucede dentro de una unidad.

“Ese día iba muy apurada, apenas llegué a La Yaguara pude agarrar el bus y cuando me monté, arrancó” dijo Claret Gallardo, habitante del kilómetro 8 de El Junquito. Ese día eran las dos de la tarde y a esa hora no es común ver a tantas personas. Parecía que iba a llegar más rápido de lo esperado hasta que en el kilómetro 6, se levantaron cuatro muchachos de mal aspecto. Dos de ellos tenían pistolas, uno apuntaba al chofer y le gritaba que se metiera por la vía de Lomas de Paya en el kilómetro 7. El otro apuntaba a cualquier lugar de la camioneta pidiendo los bolsos y los teléfonos.

“Cuando llegamos a Lomas de Paya, nos obligaron a bajar de la camioneta y nos quitaron todo lo que teníamos”, relató. Gallardo expresó que estaba muy asustada, se bajó temblando de la camioneta. Al chofer lo tenían retirado y le estaban apuntando, le indicaban que no mirara hacia donde se encontraban los pasajeros. Luego de 20 minutos, cuando recogieron todo, se fueron. Para los pasajeros ya se ha vuelto algo común, pues esto pasa todos los días a toda hora.

Según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) del año 2017, ocho de cada diez venezolanos temen ser víctimas de la delincuencia tanto en autobuses públicos como en rutas interurbanas.

Como explicó la coordinadora del OVV Región Capital, Iris Rosas, en lo que va de año, los medios de transporte público ocupan un tercer lugar con mayor ocurrencia de delitos violentos en la región capital. Esto de acuerdo con el monitoreo de prensa que se ha mantenido desde que se constituyó observatorio de la región capital en el 2016.

A partir de ese año, los observadores determinaron que las rutas más peligrosas del municipio Libertador son El Paraíso, La Vega, Antímano, La Yaguara y El Junquito.

Robos y secuestros
De acuerdo con el informe de violencia 2018 los choferes de busetas denuncian secuestros de sus colegas con el fin de robar unidades. Si bien es una situación preocupante, Rosas asegura que muchos conductores se niegan a hacer denuncias por miedo a recibir represalias. “Encontramos que esos delincuentes los persiguen”, señaló.

El 26 de septiembre del 2017, Ramón Artiga salió en la madrugada con su mayor disposición, ese día su hija estaba de cumpleaños. Como todo día habitual, tiene que cumplir la ruta de Antímano-Esquina de Salas. Faltaban 10 minutos para la seis de la mañana cuando pasaba por la estación de Metro de Capitolio, solo faltaba dejar a un pasajero. Luego de pasar la estación, un muchacho abordó la unidad de forma vertiginosa, así como sus dos cómplices de delito. “Me obligaron a darles el vehículo en el puente de Carmelitas. Me levantaron del asiento, me llevaron a la parte de atrás del autobús, me taparon la cabeza y me amarraron manos y los pies”, explicó.

Artiga relató que uno de los muchachos conducía mientras que los otros desvalijaban el autobús. “Pensé que me iba a morir, pensaba en mi niña”, enfatizó. El autobús se detuvo y escuchaba que desarmaban la parte de abajo de la unidad. De pronto hubo silencio, Artiga dedujo que se habían ido y salió como pudo del vehículo. Ya en la calle cerca de la iglesia en La Pastora una persona acudió a él y lo desamarró. “Al autobús le quitaron la transmisión, la batería, la computadora y la punta de eje”, indicó.

La cultura se torna violenta
Una tasa de 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Informe OVV de violencia 2017,es razón suficiente para considerar a Venezuela como un país violento, así lo afirma la especialista Rosas.

Además de la pobreza, un factor ligado a la supervivencia, el entorno familiar, la falta de educación, el desempleo y la corrupción son algunas razones por las cuales se lleva a cabo la delincuencia. Aún así, la principal teoría que ha desarrollado el OVV es la falta de institucionalidad. “Esa ausencia está reflejada en la desconfianza que se tiene hacia las mismas autoridades que justamente son los responsables y los que designan el Gobierno para que se pueda llevar a cabo una política de planes sociales”, indicó Rosas.

De hecho, las Encuestas de Condiciones de Vida Encovi del año 2017 arrojan que: “el 22% de la población fue víctima de algún delito. Sin embargo, el 65% prefirió no denunciar ante las autoridades por la desconfianza en las instituciones”.

En este sentido, Rosas destacó que el Gobierno debería enfocarse en planes para la seguridad social en vez de colocar esta problemática en un segundo y hasta, tercer plano, ya que se está violando el derecho a la vida.

Según el artículo N° 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “el derecho a la vida es inviolable. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.

La violencia en el transporte público no solo se ve reflejada en la delincuencia, de acuerdo con el informe de la OVV las peleas entre usuarios, conductores y colectores cada vez son más frecuentes. Como menciona Rosas, el Metro que se ha convertido en una salida ante la escasez e inseguridad del transporte público superficial, hoy presenta condiciones precarias que también contribuyen a la delincuencia. En este sentido, el deterioro del transporte contribuye al crecimiento de la cultura violenta en el país.

A los venezolanos les vendieron que los primeros 84 artículos de la constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 eran los más avanzados del universo en protección de los derechos humanos y civiles. Las deficiencias, como dejar los ascensos militares en las manos del presidente, que se eliminara el Senado y otras de igual monta, pesaron poco. Había una especie de exacerbación mediática con los derechos humanos a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero, especialmente con la fosa común que encontraron en el Cementerio General del Sur y que denominaron La Peste.

La imprecisión que se arrastraba con el número de fallecidos y de desaparecidos, «extraoficialmente» se hablaba de 2.030, obligaba a la población a desear que ese tipo de hecho no se repitiera jamás, especialmente cuando quienes habían causado las muertes eran miembros de la FAN, el cuerpo garante de la vida de la población en general y de la seguridad de la nación. No hubo la misma sensibilidad con las muertes ocasionadas en los levantamientos de febrero y noviembre de 1992, más de 1.000 oficialmente; ni las organizaciones defensoras de los derechos humanos fueron tan proactivas para pedir que se castigara a los responsables de la matanza: los golpistas del «por ahora». Al contrario, algunas se sumaron a los petitorios por su libertad. Lo justificaban como un acto desesperado contra la corrupción rampante.

Jorge Giordani en sus últimas apariciones denunció que empresas de maletín –esas que solo pueden constituir los que gobiernan, sus allegados y familiares– despalillaron 300 millardos de dólares preferenciales con Hugo Chávez. Compraban a 2,30 y vendían a más de 15. Ahora la fiscal y los diputados de la Asamblea Nacional dicen que solo los negocios irregulares de los ministros y capitostes del PSUV con Odebrecht sobrepasan los 22 millardos de bolívares. Son demasiados los robos para nombrarlos aquí, la corrupción anda desaforada. No hay levantamientos militares, pero se sabe por dónde le entra el agua al coco.

A pesar de los 84 artículos tan avanzados de la carta magna vigente, circula por las redes sociales un video en el cual aparece el diputado William Azuaje semidesnudo, golpeado, herido y esposado de pies y manos a una escalera. Es una escena medieval o precolombina. La “bicha» no lo ha salvaguardado de torturas, maltratos ni de ilegítimas privaciones de libertad; tampoco le ha garantizado el debido proceso y ser juzgado de manera justa y expedita por sus jueces naturales. Ahora, con la vista puesta en la Rusia de 1917, unos pocos bolcheviques tropicales, por su propio mandato, escriben otra constitución, otra lista de buenos deseos, fantasías con el fracaso garantizado, y más muertes. Sin inventario, nada que permutar ni vender, se lo apropió el deslave chavista.

UN GRUPO DE PRESOS POLÍTICOS recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide de Caracas, denunció que han sido objeto de tortura en los últimos días, así como también aseguraron que no tienen acceso a la luz del sol, se les niega visita de familiares y hasta la posibilidad de entrevistarse con sus abogados.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), manifestó su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, y recordó que esta situación transgrede las normas suscritas en los tratados nacionales e internacionales.

En ese sentido, cabe recordar que el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que «el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización».

Y continúa: «En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico».

Al respecto, Prado enfatizó que “los tratados internacionales, suscritos y avalados son de obligatorio cumplimiento por los organismos del Estado, por lo que exigimos a las autoridades la aplicación de los mismos y el respeto a los ciudadanos. De acuerdo a esto, nos permitimos recalcar que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) refieren que todos los reclusos deben ser tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos”.

De igual manera, establecen que «ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario».

«El trato no digno a los presos es una violación a los derechos humanos y expresa un manejo no democrático de la situación carcelaria. Además de la violencia que permanentemente afecta las distintas cárceles del país donde se encuentran presos miles de personas por delitos comunes, la mala alimentación y las humillaciones constantes a familiares y amigos con las requisas, se les suma la tortura y malos tratos a los presos políticos», añadió Prado en nombre del OVP, cuya misión es promover y vigilar que los Derechos Humanos de los presos.

Por último, el reconocido defensor de los derechos humanos exigió la libertad para los presos políticas, el trato digno a los presos y sanción a los funcionarios responsables de las torturas y malos tratos.

Cacerolazo entre rejas

Según informaron diversos medios de comunicación, los presos políticos que permanecen en el Sebin protagonizaron un cacerolazo en señal de protesta por las violaciones antes mencionadas, así como también firmaron un comunicado para alzar su voz contra las violaciones de las que son víctimas.

Yon Goicoechea, uno de los firmantes del comunicado, confirmó las torturas y maltratos por parte de los agentes. «He visto golpear salvajemente, electrificar y asfixiar personas con bolsas», dijo Goicoechea a la revista Clímax.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conjuntamente con otras organizaciones no gubernamentales se mantendrán informando a las organizaciones del Sistema Universal Interamericano, Europeo  e interno sobre estos hechos.

A POCO MÁS DE UN AÑO de haberse dictado la Ley Orgánica de Fronteras, el presidente Nicolás Maduro no ha cumplido con ejecutar el reglamento correspondiente. Tampoco ha aprobado el Plan de Desarrollo Integral Fronterizo, ni se han actualizado los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso de las Áreas Bajo Administración Especial (ABRAE), lo que deriva en un fracaso en la política de fronteras durante 2016 señala Control Ciudadano.

“El presidente de la República desconoce la obligación que se impuso el 30 de diciembre de 2015 de reglamentar, en un lapso no mayor de un año, el decreto con valor y rango de Ley Orgánica de Fronteras que él mismo dictó”, explicó Rocío San Miguel, presidenta de la ONG.

“Lo más grave es que han transcurrido 17 años sin que haya podido honrarse el mandato del artículo 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cumplir con las asignaciones económicas especiales a los 10 estados fronterizos del país y a más de un centenar de municipios en Venezuela”, señaló.

El abandono de la frontera fortalece las mafias y tráficos ilegales de combustible, de alimentos, de minerales y de drogas, a través de estas regiones del país, tal como lo evidencian los diversos operativos de decomiso que se han registrado en zonas fronterizas terrestres, marítimas y fluviales.

San Miguel, considera que el propósito de  mantener débiles las fronteras venezolanas parece deliberado. Le parece preocupante que no haya respuestas oficiales sobre la ausencia de una política del Estado hacia las fronteras y de las asignaciones económicas que los habitantes de frontera han dejado de percibir en 17 años.