Congreso de EEUU

Cuando EE. UU. y el mundo entero tiemblan por lo podría hacer en 11 días un presidente impredecible y herido, Kirsten Carlson, profesor de derecho y de ciencia política de la Wayne State University, explica las dos herramientas constitucionales para apartar a Trump del poder antes del 20 de enero

Mientras el mundo reacciona al ataque armado del 6 de enero contra el Capitolio de los Estados Unidos alentado por el presidente Donald Trump, muchos estadounidenses se preguntan qué pasará después. Miembros del Congreso, funcionarios de alto nivel e incluso grandes corporaciones y grupos empresariales han pedido la destitución de Trump.

Al parecer, destacados funcionarios electos y designados ya han dejado de lado a Trump de manera informal. Según los informes, el vicepresidente Mike Pence fue el funcionario de más alto nivel en revisar la decisión de llamar a la Guardia Nacional de DC para responder al asalto al Capitolio.

Acciones informales como esta pueden continuar, incluida la solicitud informada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, restrinja la capacidad de Trump para usar los códigos nucleares . Pero los líderes políticos también están considerando opciones más formales. Tienen dos formas de manejarlo: el juicio político y la Enmienda 25.

El proceso de destitución

El artículo II de la Constitución de los Estados Unidos autoriza al Congreso a acusar y destituir al presidente, y a otros funcionarios federales, de su cargo por «traición, soborno u otros delitos y faltas graves».

Los procedimientos de acusación comienzan en la Cámara de Representantes. Un miembro de la Cámara presenta una resolución de acusación. La resolución va al Comité Judicial de la Cámara, que generalmente celebra una audiencia para evaluar la resolución. Si el Comité Judicial de la Cámara cree que el juicio político es apropiado, sus miembros redactan y votan los artículos del juicio político. Una vez que el Comité Judicial de la Cámara aprueba los artículos de juicio político, se someten a votación en el pleno de la Cámara.

Si la Cámara de Representantes acusa a un presidente u otro funcionario, la acción se traslada al Senado. Según el artículo I de la Constitución, el Senado tiene la responsabilidad de determinar si destituye a la persona de su cargo. Normalmente, el Senado celebra un juicio, pero controla sus procedimientos y puede limitar el proceso si así lo desea.

En última instancia, el Senado vota si destituye al presidente, lo que requiere una mayoría de dos tercios, o 67 senadores. Hasta la fecha, el Senado nunca ha votado para destituir a un presidente de su cargo, aunque casi lo hizo en 1868, cuando el presidente Andrew Johnson escapó a la destitución de su cargo por un voto.

El Senado también tiene la facultad de inhabilitar a un funcionario público para ocupar un cargo público en el futuro. Si la persona es condenada y destituida de su cargo, solo entonces los senadores pueden votar si descalificar permanentemente a esa persona para que vuelva a ocupar un cargo federal. Los miembros del Congreso que proponen el juicio político a Trump han prometido incluir una disposición para hacerlo. Una mayoría simple es todo lo que se requiere a continuación.

La 25a Enmienda

La Enmienda 25 de la Constitución proporciona una segunda forma para que los funcionarios de alto nivel destituyan a un presidente de su cargo. Fue ratificado en 1967 a raíz del asesinato de John F. Kennedy en 1963 , a quien sucedió Lyndon Johnson, que ya había tenido un ataque cardíaco, así como a la divulgación tardía de los problemas de salud experimentados por el predecesor de Kennedy, Dwight Eisenhower.

La 25ª Enmienda proporciona procedimientos detallados sobre lo que sucede si un presidente renuncia, muere en el cargo, tiene una discapacidad temporal o ya no es apto para el cargo.

Nunca se ha invocado contra la voluntad de un presidente. Y solo se ha utilizado para transferir poder temporalmente, como cuando un presidente se somete a un procedimiento médico que requiere anestesia.

El Congreso aun tiene que designar un organismo alternativo y los académicos no están de acuerdo sobre el papel, si lo hay, de los funcionarios del gabinete en funciones.

Los funcionarios de alto nivel simplemente envían una declaración por escrito al presidente pro tempore del Senado, el senador del partido mayoritario con más años de servicio, y al presidente de la Cámara de Representantes, indicando que el presidente no puede cumplir con los poderes y deberes de su oficina. El vicepresidente asume inmediatamente los poderes y deberes del presidente.

¿Qué opciones tiene el presidente contra la 25 Enmienda?

El presidente, sin embargo, puede defenderse. Él o ella pueden tratar de recuperar sus poderes informando por escrito a los líderes del Congreso que son aptos para el cargo y que no existe ninguna discapacidad. Pero el presidente no recupera la presidencia con solo decir esto.

Los funcionarios de alto nivel que inicialmente cuestionaron la aptitud del presidente luego tienen cuatro días para decidir si no están de acuerdo con el presidente. Si notifican a los líderes del Congreso que no están de acuerdo, el vicepresidente retiene el control y el Congreso tiene 48 horas para reunirse para discutir el tema. El Congreso tiene 21 días para debatir y votar si el presidente no es apto o no puede retomar sus poderes.

El vicepresidente sigue siendo el presidente interino hasta que el Congreso vote o caduque el período de 21 días. Se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso para destituir al presidente de su cargo. Si esa votación falla o no ocurre dentro del período de 21 días, el presidente reasume sus poderes de inmediato.

Es posible que Trump permanezca en el cargo hasta el final de su mandato el 20 de enero. Pero una vez que deje el cargo, ya no tendrá la inmunidad presidencial que lo ha protegido al menos parcialmente de muchas investigaciones criminales y civiles sobre su tiempo en el cargo. Y antes.

* Profesor asociado de derecho y profesor asociado adjunto de ciencia política, Wayne State University.

Artículo de The Conversation, se publica bajo licencia Creative Commons.

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Legisladores de ambos partidos anunciaron que la propuesta está pactada y que se aprobará antes del 20 de diciembre, cuando expirarán los fondos disponibles

Las dos cámaras del Congreso de EE.UU. han incluido en su propuesta de presupuestos un paquete de 400 millones de dólares para Venezuela en apoyo del líder opositor Juan Guaidó.

Legisladores de ambos partidos anunciaron que la propuesta está pactada y que se aprobará antes del 20 de diciembre, cuando expirarán los fondos disponibles.

Los presupuestos pactados para el año fiscal 2020 alcanzan 1,4 billones de dólares y destacan partidas como un aumento de 22.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas o 1.375 millones destinados al muro fronterizo con México.

Las cuentas también incluyen 400 millones de dólares provenientes del proyecto de ley conocido como Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act (VERDAD, en inglés), promovido por el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio.

Menéndez celebró en Twitter que la inclusión del proyecto en los presupuestos «reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y expande la presión estratégica contra el régimen de (Nicolás) Maduro».

El proyecto define los 400 millones de dólares como «ayuda humanitaria» tanto para «individuos y comunidades» dentro de Venezuela como para «venezolanos y comunidades receptoras» en países de la región que han recibido migración.

Además de los 400 millones de dólares en «ayuda humanitaria», el texto incluye una serie de medidas en apoyo al opositor Juan Guaidó, al que Estados Unidos y medio centenar de países considera presidente legítimo de Venezuela.

Entre las medidas figuran sanciones para miembros del entorno de Maduro, se requiere identificar e informar al Congreso de cargos políticos o militares que puedan «desertar» y se habla de «recuperación de activos robados».

Asimismo, el texto insta al Gobierno a mantener su apoyo a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Lima para derrocar a Maduro, y a guiar a otros países para que impongan sanciones contra el Ejecutivo venezolano.

Varios proyectos aprobados por el Congreso estadounidense buscan aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro

Senadores estadounidenses presentarán este mes una iniciativa dentro del Congreso de EEUU llamada “Venezuelan Democracy Caucus”, para avanzar en la resolución a la crisis económica, política y social que atraviesa el país-

Los representantes por el estado de Florida Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell presentarán el grupo bipartidista el próximo 13 de noviembre durante un almuerzo.

En declaraciones a El Nuevo Herald, Balart explicó que el caucus busca “mantener el énfasis y el apoyo a la causa de la libertad en Venezuela”.

La cámara baja del Congreso de EEUU aprobó proyectos de leyes relacionados con Venezuela que buscan aumentar la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Entre algunos de esos proyectos se encuentran “Venezuela Arms Restriction Act” (“Restricción de Armas de Venezuela”) o el “Humanitaria Assistance to the Venezuelan People Act” (“Ley de Asistencia Humanitaria para el Pueblo Venezolano”).

No obstante, el Congreso de EEUU no ha aprobado el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en residenciados en ese país. Ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero rechazado en el Senado.

Con información de VOA Noticias

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU rechazó otorgar el programa migratorio Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) a los inmigrantes venezolanos, al que el gobierno de Donald Trump se opone.

El proyecto recibió 268 votos a favor y 154 en contra, por lo que no alcanzó los dos tercios necesarios para ser aprobado a través del procedimiento de emergencia de «suspensión de reglas» con el que había sido impulsado.

La congresista demócrata Donna E. Shalala, promotora del proyecto junto al republicano Mario Diaz-Balart, anunció tras la votación que ahora promoverá el TPS en el Congreso a través de los procedimientos habituales con los que solo requiere mayoría simple.

Por eso, de repetirse el resultado de este martes, entonces el proyecto quedaría aprobado en la Cámara Baja.

«Aunque esto es un obstáculo considerable, creíamos que podíamos aprobar esta ley bipartidista dado el apoyo explícito a los venezolanos de Trump y sus aliados en la Cámara Baja», dijo la congresista demócrata.

Lo cierto es que tan solo 37 republicanos votaron a favor del TPS para los venezolanos, mientras que 154 lo hicieron en contra, con argumentos como que el programa tan solo agravaría la situación del sistema migratorio de EE.UU. y que sería un «tsunami» de nuevas llegadas.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Desde entonces, Estados Unidos ha concedido el TPS a países como Honduras y Nicaragua tras el paso en 1998 del devastador huracán Mitch, a El Salvador a raíz de una serie de sismos en 2001, a Haití en 2010 por su catastrófico terremoto y a Sudán en 2014 con motivo del conflicto de Sudán del Sur.

El enviado en EE.UU. del líder opositor venezolano Juan Guaidó, Carlos Vecchio, «lamentó» en Twitter que la medida no haya sido aprobada.

«Seguiremos trabajando opciones con el Congreso y la Administración Trump para impulsar mecanismos que permitan y garanticen la protección de todos los venezolanos en EE.UU.», dijo.

En una entrevista este martes con Efe, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, ya dejó entrever que el Gobierno estadounidense descartó la posibilidad de conceder un TPS a los venezolanos.

Claver-Carone dijo que «la cuestión es proteger a los venezolanos (para) que no sean deportados y no sean perseguidos» en EE.UU., al calificar el TPS de «legalismo» y «debate político falso».

SIETE CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES presentaron una propuesta legislativa bipartidista ante la Cámara Baja de EE.UU. para restringir «la exportación de artículos de defensa y material para controlar el crimen» a las fuerzas de seguridad Venezuela.

«Estas herramientas son usadas frecuentemente por el régimen ilegítimo de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro para atacar a su propio pueblo, a menudo con consecuencias letales», explica un comunicado de la oficina de la congresista demócrata Donna Shalala, que representa al distrito 27 del estado de Florida.

«No podemos permitir a Nicolás Maduro continuar arrollando la democracia y actuar con impunidad», indicó Shalala en la nota, donde agregó que «el pueblo de Venezuela ha hablado y exigido que Maduro dimita».

La legisladora subrayó que los «esfuerzos pacíficos» de los venezolanos «han llevado a las fuerzas de seguridad de Maduro a recurrir a la violencia en las calles de Venezuela, como han hecho frecuentemente desde que Maduro tomó el poder».

Explicó que la propuesta de ley garantizaría que «los artículos para el control de multitudes, como equipamiento antidisturbios y gas lacrimógeno, no estén en manos de los aliados de Maduro y las fuerzas de seguridad, ni sean usados contra manifestantes pacíficos».

El texto recuerda que algunos de los artículos incluidos en la propuesta legislativa llevan restringidos desde 2006, ya que EE.UU. considera que Caracas no coopera completamente con los esfuerzos de Washington contra el terrorismo.

Esta iniciativa añade herramientas «empleadas para el control del crimen como gas lacrimógeno y material antidisturbios».

Junto a Shalala, respaldaron la iniciativa los congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz, Darren Soto, Stephanie Murphy y Debbie Mucarsel-Powell, todos ellos representantes por Florida.

Los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Jennifer González Colón, que representan a distritos de Florida y Puerto Rico, respectivamente, suscribieron asimismo la propuesta de ley.

El pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela al considerar «ilegítima» la toma de posesión de Maduro el día 10.

Guaidó fue reconocido por EE.UU., así como de buena parte de los países del continente americano, aunque Maduro está apoyado por Rusia, China, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros.

Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el Congreso de Estados Unidos y alguna vez organizó protestas contra el mismo gobierno socialista al que ahora ayuda a evadir las sanciones financieras impuestas por Washington.

Gabriel Jiménez, de 27 años, se vio catapultado a una especie de estrellato tecnológico en Venezuela el mes pasado cuando apareció en la televisión nacional junto con el presidente Nicolás Maduro y dos empresarios rusos a la hora de firmar un contrato para posicionar al petro, el nombre de la moneda cibernética, entre los inversionistas internacionales.

“Es una empresa fundada y dirigida por jóvenes genios de Venezuela, muchachos y muchachas de Venezuela que tienen una de las empresas más avanzadas en tecnología blockchain del mundo”, afirmó un sonriente Maduro al develar el petro, refiriéndose a la compañía de Jiménez, de nombre The Social Us.

Fue un cambio de imagen notable para Jiménez.

En repetidas ocasiones, Maduro ha elogiado al petro como una forma de superar las sanciones financieras impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, las cuales le impiden al gobierno venezolano –al que le urge el dinero en efectivo– emitir nuevos bonos de deuda. Pero hasta hace poco tiempo, Jiménez había estado manifestándose en favor de esas mismas acciones de Washington para castigar al líder de Venezuela por encarcelar a sus opositores y destruir la economía petrolera.

Abogado de profesión que se describe como entusiasta de las innovaciones, Jiménez pasó varios años trabajando en un banco en la República Dominicana donde su padre, Gabriel Jiménez Aray, era uno de los gerentes principales. Pero la institución se desplomó en 2014 y su papá fue uno de varios ejecutivos venezolanos acusados por esa nación caribeña de defraudar a los ahorradores con 30 millones de dólares.

Tras concluir la universidad, Jiménez comenzó a viajar a Estados Unidos para tomar clases de inglés y cursos de verano en las universidades de Harvard y George Mason. En 2013 lanzó The Social Us, una compañía que registró en Florida como desarrolladora de páginas de internet y de aplicaciones.

En 2014, Jiménez trabajó cinco meses como pasante en Washington para la republicana Ileana Ros-Lehtinen, dura crítica de Maduro. Un sondeo escrito que llenó al ser contratado, del cual la oficina de la legisladora proporcionó una copia, enlistaba en un inglés deficientemente escrito que sus metas en la pasantía eran obtener “conocimiento y experiencia acerca de la defensa de la democracia”.

Sus colegas lo recuerdan como un animoso opositor gubernamental que ayudó a organizar una caravana, conocida como Trip For Freedom (Recorrido por la Libertad), en la que miles de exiliados venezolanos viajaron en autobús a Washington para presionar al gobierno de Barack Obama para que sancionara al de Maduro. En fotografías de ese evento se puede ver a Jiménez de pie en un podio junto a Ros-Lehtinen en el Capitolio mientras se dirige a sus partidarios frente a una bandera estadounidense y fotografías de estudiantes venezolanos presuntamente torturados por las fuerzas de seguridad.

Ahora su ex jefa cree que él o cualquier otra persona detrás del petro también deberían ser sujetos de sanciones.

“Gabriel llegó a nuestra oficina y dijo que quería aprender cómo respaldar la libertad y la democracia”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. “En lugar de ello, parece que está utilizando las libertades que Estados Unidos le proporcionó para ayudar en los intentos del régimen de Maduro de consolidarse en el poder y destruir las instituciones democráticas de Venezuela. Los que trabajan para apoyar al régimen de Maduro y proporcionarle un salvavidas financiero han elegido el bando al que pertenecen y deberían esperar enfrentar todas las consecuencias de darle la espalda a su pueblo”.

En una entrevista, Jiménez dijo que su labor para el gobierno estaba encaminada a un propósito de mayor alcance, apolítico: darle fuerza a los venezolanos que pasan apuros para alimentarse en un contexto de una inflación de cuatro dígitos.

Dijo que su trabajo en lo que se convertiría en el petro comenzó cuando regresó a Venezuela en 2015 y se unió a otros emprendedores tecnológicos con el fin de diseñar una moneda digital. Entonces el grupo trató de asociarse con el gobierno con la esperanza de sacar del mercado negro las transacciones de los venezolanos en monedas virtuales, y ponerlas en circulación legal. En esa época, los así llamados mineros del bitcoin –otra moneda virtual– enfrentaban ser arrestados o extorsionados por parte de agentes gubernamentales.

Si el petro tiene éxito, señala, los venezolanos podrán intercambiar libremente sus bolívares inservibles por una moneda más estable, lo que les daría la oportunidad de reunir un capital y ahorrar. En la actualidad, la única forma en que la mayoría de los venezolanos pueden evadir los estrictos controles de cambios impuestos en 2003 es adquirir divisas de reconocida solidez en el mercado negro ilegal.

“Esto se trata de darle oxígeno a una población, no a un gobierno”, afirmó Jiménez en una entrevista en la animada oficina en Caracas de The Social Us, donde una docena de jóvenes programadores trazaban códigos con plumones rosados sobre ventanas de cristal que dan hacia las copas de los árboles y diseñaban materiales para promocionar el petro.

Es una concesión a las autoridades que muchos en la floreciente comunidad del llamado software de cadena de bloques (blockchain) de Venezuela –casi todos ellos opuestos ideológicamente al gobierno– están dispuestos a aceptar.

A pesar de ello, nadie niega que el gobierno será el primero y tal vez el mayor beneficiado.

Este mes, Maduro dijo que el gobierno había recibido compromisos de los inversionistas para adquirir 5.000 millones de dólares en la moneda virtual durante la fase de preventa que concluye esta semana. Si realmente se concretan, representarían un beneficio imprevisto equivalente a más de la mitad de las reservas de Venezuela en dólares, dinero al que el gobierno se aferra desesperadamente mientras hace malabares para reembolsar millones de dólares en bonos que no ha pagado e intenta erradicar la escasez generalizada de productos.

Sin embargo, legisladores estadounidenses presionan para que Washington aplique una respuesta firme, ante el temor de que otros países que enfrentan sanciones de Estados Unidos –como por ejemplo Irán y Rusia– pudieran emular el ejemplo de Venezuela, o que el petro pudiera ser utilizado por redes criminales o funcionarios corruptos para lavar dinero.

De los dos rusos que también firmaron acuerdos con el gobierno para ayudar a desarrollar el petro, uno de ellos, Denis Druzhkov, director general de una compañía llamada Zeus Trading, fue multado con 31.000 dólares por la Bolsa Mercantil de Chicago y se le prohibió efectuar transacciones durante tres años por comerciar en forma fraudulenta con contratos de futuros. El otro, Fedor Bogorodskiy, vive en Uruguay y el gobierno lo describió como director de una compañía, Aerotrading, cuyo sitio de internet sólo cuenta con una página y no proporciona información sobre la empresa.

Ninguno hizo declaraciones acerca de su labor con el gobierno venezolano. Pero en respuesta a la solicitud de comentarios, en un correo electrónico firmado por “El equipo Zeus” se afirma que Druzkhov había sido invitado a Venezuela como un experto, y que Zeus no participa en el proyecto. Indicó también que, como parte del acuerdo de Druzhkov con la Bolsa Mercantil en 2014, no reconoció haber violado ninguna norma.

Los senadores demócratas Bill Nelson y Bob Menendez, así como su colega republicano Marco Rubio, exhortaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos –el cual es el responsable de aplicar las sanciones– a que combata el uso del petro, de forma que no sea utilizado para evadir la prohibición de que los estadounidenses le presten dinero al gobierno de Maduro.

El Departamento del Tesoro indicó en enero que el uso del petro podría dar la apariencia de estarle proporcionando una línea de crédito a Venezuela, y le advirtió a todos los estadunidenses que utilizar esa moneda virtual conlleva el riesgo de violar las sanciones estadounidenses.

Jiménez, cuya preferencia en el uso de zapatillas deportivas y pantalones de mezclilla deja entrever un estilo de persona brillante poco interesada en los convencionalismos sociales similar a otros directivos del Silicon Valley, dijo que nunca pretendió evadir las sanciones de Washington. Argumenta también que el petro _un producto financiero que no genera intereses ni cuenta con una fecha de pago como la que tienen los bonos gubernamentales_ no cumple los requisitos del tipo de instrumento de deuda que el gobierno de Trump está sancionando.

En lugar de ello, Jiménez dice que pretende “democratizar” el acceso al sistema financiero global para los emprendedores en apuros, así como descentralizar el sistema de divisas operado por el gobierno de Venezuela, al que muchos culpan de la crisis económica.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados estando en Venezuela, viendo lo que nosotros estamos viviendo, nuestros amigos, nuestras familias”, señaló. “Sería una irresponsabilidad el hecho de no hacer nada”.

Representantes del Parlamento Europeo (PE) y del Congreso de EE.UU. coincidieron esta semana en la importancia de que ambas potencias trabajen juntas para hacer frente a la creciente inestabilidad internacional debido a las acciones de Corea del Norte, Irán y Venezuela, informaron hoy fuentes oficiales.

Este fue uno de los principales asuntos tratados por los quince eurodiputados que, desde el pasado lunes, participaron en la LXXXI Reunión Interparlamentaria Unión Europea-Estados Unidos y la Reunión de Diálogo Legislativo Transatlántico (TLD), celebrada en Washington y que hoy llegó a su fin.

“Estamos profundamente preocupados por la grave situación de deterioro que atraviesa Venezuela con motivo de su inestabilidad democrática, económica, social y de Derechos Humanos”, señala la declaración conjunta firmada por ambas partes, a la que ha tenido acceso Efe.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han calificado de “inaceptable” las elecciones constituyentes celebradas en el país bolivariano el pasado mes de julio, “por su forma y contenido”, y por lo tanto, según señalaron, no reconocen su legitimidad.

Asimismo, los representantes de ambos bloques denunciaron la “persecución y represión ilegal” llevada a cabo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que pidieron que “respete la Constitución” del país.

“Es obvio que en Venezuela hay una dictadura. Se encuentra en una situación muy inestable y debemos implicarnos por una cuestión de principios”, razonó en una entrevista concedida a Efe el presidente de la delegación europea, el eurodiputado alemán Christian Ehler, del Partido Popular Europeo (EPP).

En relación a la creciente escalada nuclear que se está viviendo en los últimos meses en el mundo, tanto estadounidenses como europeos, estuvieron de acuerdo en señalar a los que consideran los grandes causantes de la situación: Corea del Norte e Irán.

“Condenamos con vehemencia las agresivas e irresponsables provocaciones de Corea del Norte”, se afirma en el documento, en el que, además, se exhorta al régimen de Pyongyang a “abstenerse” de nuevas acciones “provocativas” y a que “abandone” su programa de desarrollo de armamento nuclear.

Sobre la situación con Irán, ambas partes retomaron el camino del entendimiento después de que sus posturas se hubieran distanciado en las últimas semanas debido a la advertencia del presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear internacional con el país persa si no se corrigen sus “defectos”.

Ehler quiso quitar hierro a este hecho al considerar que, en realidad, lo único que esta medida supone es que “la Administración le ha lanzado la pelota al Congreso”, que es ahora quien debe valorar si el acuerdo nuclear “avanza en la dirección correcta” desde el punto de vista estadounidense.

Estas declaraciones contrastan con la reacción inicial de la Unión Europea, que el pasado 13 de octubre, cuando Trump anunció su decisión, se limitó a defender la importancia de salvaguardar el acuerdo firmado en 2015 y del que, además de Estados Unidos e Irán, también forman parte Rusia, China, Alemania, Reino Unido y Francia.

En las reuniones de esta semana, los eurodiputados aceptaron que “la cuestión nuclear debe ser abordada en un marco más amplio” y reconocieron estar inquietos por “el amplio abanico de amenazas que sigue representando Irán”, admitieron ambas partes en la declaración conjunta.

“No somos inocentes, no abogamos ciegamente por el acuerdo ni los estadounidenses se aferran con los ojos cerrados a considerar que no se respeta. Es una cuestión de fortalecerlo, de dar pasos hacia adelante y de que se cumpla por parte de Irán”, señaló Ehler.

Este mensaje va en la línea de lo expresado esta semana por el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, durante su gira por Europa, en la que se ha reunido con representantes de la UE a los que pidió apoyo ante el “efecto desestabilizador” que supone la actitud iraní.

Más allá de dialogar sobre asuntos de seguridad nacional, las reuniones mantenidas estos días, tanto en el Departamento de Estado como en el Congreso, sirvieron a ambas partes para reafirmar una relación que es “fuerte, estratégica y única” a pesar de los reveses que ha sufrido desde que Trump se trasladó a la Casa Blanca.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición en Colombia, reiteró hoy sus críticas al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las FARC, el aumento de los cultivos ilícitos, la elegibilidad política de los guerrilleros y también criticó a Venezuela.

Uribe, que fundó el partido Centro Democrático, envió una carta al Congreso de Estados Unidos en la que también reitera sus críticas a Venezuela porque, según él, ha protegido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Las dos organizaciones más grandes las FARC y el ELN han sido protegidas por Venezuela, y con una gran presencia en este país, ellos secuestran, extorsionan, amenazan y atacan a sus ciudadanos“, dice Uribe en la misiva publicada en su Twitter.

El expresidente colombiano señala además que el vecino país “necesita quitar a (Nicolás) Maduro y a su régimen y adoptar el Estado de Derecho con un sector privado fuerte que supere la pobreza”.

La carta fue publicada dos días después de que Uribe tuviera un encuentro con el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en La Florida.

Crímenes “impunes”

Igualmente el expresidente Uribe, que ocupa una curul en el Senado, ha sido un constante crítico del presidente Santos al que le recrimina el proceso de paz con las FARC, guerrilla con la que ya firmó un acuerdo y del proceso que desarrolla en Ecuador con el ELN.

Insiste en que los guerrilleros de las FARC no pagarán cárcel por sus delitos y que podrán ser elegidos para cargos públicos.

“Crímenes atroces como el reclutamiento de menores y abusos a mujeres permanecerán impunes”, señala y recuerda que mientras Juvenal Ovidio Palmera, alias “Simón Trinidad”, extraditado a EE.UU. por su gobierno en 2004, “cumple una sentencia en los Estados Unidos debido al narcotráfico y el secuestro de ciudadanos americanos, sin embargo, sus cómplices gozan de impunidad en Colombia”.

Uribe advierte que las hectáreas cultivas con matas de coca se redujeron de 170.000 a 42.000, pero que ahora hay cerca de 188.000 hectáreas sembradas.

Por último, Uribe asegura que solo unos pocos niños reclutados han regresado a sus hogares y agrega que las FARC han informado que entregarán 7.000 armas cuando el estimado son 14.000.

“Nada se ha informado acerca de misiles y otras peligrosas armas de propiedad de las FARC”, remata la misiva.