conflictividad social

@BrianFincheltub

Solo hay que tomar la autopista regional del centro y salir de Caracas para comenzar a entender el infierno que viven todos y cada los pueblos y ciudades del interior del país. Digo salir de Caracas, porque aunque sé que la capital del país vive también las calamidades diarias que trajo el socialismo a Venezuela, ninguna se compara con el drama y el estado de destrucción que viven la totalidad de las regiones. Y no porque al régimen de Nicolás Maduro le importen más los caraqueños, simplemente Caracas se convirtió en una especie de gran búnker donde los cabecillas de la banda criminal llamada madurismo se han enconchado escapando a las sanciones y a la justicia internacional. Esto hace que algunas zonas de Caracas gocen, por retruque, de algunos servicios que para el común de mortales del interior del país son sencillamente un privilegio.

No hay nada que escriba en este artículo que se acerque a describir con exactitud lo que han traducido la vida de millones de venezolanos en la actualidad. Solo quienes tienen la oportunidad de leerme desde Venezuela lo saben, los demás solo podemos imaginarlo y déjenme decirle que frente al poder arrasador del chavismo, hasta la imaginación tiene sus límites.

Cuando la gente dice que Venezuela retrocedió en el tiempo no se trata en modo alguno de una exageración, en lo que habríamos que ponernos de acuerdo es a qué tiempos. Hay quienes dicen que al siglo XIX; personalmente no estoy de acuerdo, yo hablaría que estamos más cerca de los tiempos de las cavernas.

Hoy no hablamos ni siquiera de seguridad, salarios justos y políticas públicas adecuadas. Las exigencias del venezolano común se trasladaron a lo más elemental, como elemental se ha hecho la vida en socialismo. Se lucha para sobrevivir, para no enloquecer en un país que agota no solo físicamente, sino mentalmente. La gente hoy clama por agua, por comida, por gas, por energía eléctrica, por gasolina. Esas son nuestras exigencias como sociedad hoy, en otras latitudes lo son las paridad de género o la protección del ambiente; aquí ocurren derrames de petróleo prácticamente todas los meses y la mayoría ni se entera, la tarea diaria es sobrevivir y esa tarea se hace cada vez más difícil.

Al ver las protestas en las regiones no me pregunto por qué protesta la gente, me pregunto por qué no lo había hecho antes, teniendo claro que el costo de protestar se paga en Venezuela con la vida, pero entiendo que no hacerlo también.

Alcalde de municipio de Yaracuy advierte: «No te quejes cuando salgan los colectivos» Video en el canal de ElPitazo

Inmovilizarle es dejarse arrastrar por la ola destructora del chavismo, que no se detiene, que no tocará fondo más allá de poner fin a nuestra propia existencia como individuos, como nación, como país viable. Levantarse entonces no es solo una responsabilidad, sino una obligación de supervivencia, porque vivir resignados y con miedo es lo más alejado de lo que significa la vida.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las enfermeras llevaron la batuta, por ejemplo en el Pérez Carreño

 

Durante 2018 se registraron 5.892 protestas en todo el territorio, según El Termómetro de la Calle. La conflictividad laboral fue protagonista, y hasta los aumentos salariales impactaron en el devenir de las manifestaciones de calle. El gremio de la salud encendió una mecha difícil de apagar, en un país donde los servicios públicos deficientes y los reclamos de pensionados y jubilados marcaron también la temperatura social

 

Texto: Víctor Amaya

Infografías: Elsy Torres

Fotografías: Alexandra Blanco, Rayner Peña, Francisco Touceiro

 

NICOLÁS MADURO HA DICHO QUE GRACIAS A LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Venezuela estuvo «en paz» durante todo 2018. Pero en realidad fue un año turbulento, en el que los venezolanos no dejaron de protestar. Según los registros de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, hubo 5.892 protestas en todo el territorio nacional.  

A diferencia de 2017, el motivo de los reclamos no fue tanto lo político sino lo relativo a la calidad de vida. En un país con hiperinflación, los ritmos de la economía fueron determinantes en la conflictividad. Comenzando con enero, cuando se registraron 438 protestas y al mes siguiente el dato se redujo a 288. Eran momentos de aumento salarial con el ya desaparecido bolívar fuerte, decretado el 15 de febrero, y una inflación en el primer mes de 84,2% seguida al mes siguiente por 80%, según la Asamblea Nacional.

Las protestas en Venezuela durante 2018 estuvieron marcadas por lo económico, con el 34% de las manifestaciones registradas durante el año motivadas por razones laborales. Allí se cuentan reclamos por bajos ingresos, por contrataciones colectivas, por entrega de pensiones y jubilaciones, entre otros.

La cantidad de protestas se mantuvo al alza hasta abril. El día 15 de se mes, Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial, y las protestas bajaron en mayo un 47% en mayo con respecto a abril. Pero el alivio al bolsillo duró poco, y las manifestaciones tomaron una nueva senda al alza desde junio, a pesar de un nuevo ajuste salarial.

Entonces llegó el mes de mayor cantidad de reclamos de todo 2018, julio. El 18,8% de todos los reclamos registrados durante el año ocurrieron durante esas cuatro semanas. Un pico que estuvo impulsado por el gremio de la salud. Médicos y trabajadores de los hospitales tomaron las calles para reclamar sus condiciones laborales, bajos salarios, incumplimiento de tabuladores y decisiones inconsultas con respecto a las remuneraciones debidas.

Una pradera que se incendió a partir del 25 de junio cuando las enfermeras del país convocaron a un paro nacional de actividades. Ocurrió, por primera vez en el año, que las protestas por salarios superaron en cantidad a las impulsadas por falta de insumos médicos. A ello se le sumaron los reclamos de los pacientes, quienes también protestaron por las dotaciones precarias de los centros de salud, la falta de medicinas o la disminuida calidad de los servicios hospitalarios.

En septiembre volvió a bajar la cantidad de protestas. El país estaba en proceso de entender las consecuencias de la reconversión monetaria al bolívar soberano, y la escalada del salario mínimo a 1.800 bolívares dio un alivio muy temporal al bolsillo. Pero duró poco. Ya en octubre, hubo 509 protestas, casi 30% más que el mes anterior.

En el sector laboral ya no era solo que el dinero no alcanzaba, sino que las escalas salariales se vieron afectadas. Además, en septiembre fue el mes que se registraron más protestas de pensionados y jubilados del país en todo el año, con 43 protestas que se manifestaron por los efectos del cambio de moneda y, especialmente, de la falta de efectivo para pagar los compromisos.

No solo de pan se vive

El país no solo protestó por derechos laborales sino por cómo se vive en el día a día. En casi 14% de los casos, los reclamos tuvieron que ver con falta de gas doméstico.

En todo el territorio se vieron manifestaciones por esta causa, principalmente con cierre de vías como método para llamar la atención de las autoridades. En distintos estados se reportaron fallas en la distribución del combustible, debido a fallas en los camiones cisterna o la falta de bombonas para recargar. Donde no hay conexiones de gas directo el drama fue mayor. haciendo de estas protestas un fenómeno protagonizado por sectores populares y comunidades rurales.

El registro de El Termómetro de la Calle apunta que las fallas en el servicio eléctrico fue el tercer motivo de protesta durante 2018, seguido del agua. En ambos casos se produjeron en poblaciones donde los días sin servicio se contaban por decenas, principalmente.

Los motivos políticos estuvieron en un distante quinto lugar, con 430 veces en el año, para completar el 72% de las razones para manifestar en 2018. Fuera de ese porcentaje, se incluyen las manifestaciones por salud, transporte y entrega de comida vía los CLAP.

Curiosamente, la inseguridad fue el motivo de protesta menos ocurrente, con apenas 80 repeticiones en todo el año, a pesar de que el país siguió teniendo una alta criminalidad. En 2018 se registraron 23.047 muertes violentas en todo el territorio, según el Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de homicidios de 81,4 por cada cien mil habitantes.

En contraste, desde el Poder Ejecutivo afirman que la tasa correspondiente a 2018 apenas es de 30 por cada 100 mil, en palabras de Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Policía. De ser cierto el dato, no solo se trataría de una caída más que abrupta de los indicadores (50% menos en tan solo dos años), sino que milagrosamente derrumbaría la noción defendida por el chavismo de “a menos pobreza menor delincuencia”, pues según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 la pobreza por ingresos ya alcanza a 92% de los hogares venezolanos.

Los gatillos

De todas las protestas registradas durante 2018, los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron presentes en 423 oportunidades. De esa cifra hubo represión registrada 352 veces. Se trata del 6% apenas de las protestas registradas durante el año en las cuales hubo actuación gubernamental, directa o indirecta.

La Guardia Nacional protagonizó el 46% de esas intervenciones, y accionaron los gatillos en el 80% de las ocasiones en las que se presentó. En segundo lugar, la Policía Nacional Bolivariana hizo lo propio, seguida de las policías regionales. En 35 ocasiones la represión ocurrió a manos de grupos parapoliciales, que también jugaron un rol en conjunto con uniformados tres veces durante el año.

UN PROMEDIO DE 33 PROTESTAS AL DÍA fueron documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de septiembre, para un total de 983 protestas, la mayoría de ellas por derechos económicos, sociales, culturales o ambientales.

Las protestas de este septiembre incrementaron 394% con respecto al septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas. En las de 2018, 87% fueron para exigir derechos económicos, y 221 protestas fueron combinadas. «Se exigieron distintos derechos simultáneamente, siendo los cierres de calle y concentraciones las principales modalidades de protesta», explica el observatorio.

Demanda de derechos sociales, contrataciones colectivas, exigencias laborales, colapso de servicios básicos y protestas de adultos mayores fueron los principales motivos de las protestas registradas.

Los estados Bolívar, Táchira, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara fueron las entidades con mayores índices de protestas.

En su registro, el OVCS categoriza los cinco derechos más exigidos que engloban las 983 protestas de septiembre. En el caso de los derechos laborales, estos resultaron en 409 protestas en todo el país, un aumento motivado por las medidas económicas implementadas por Nicolás Maduro ese mes, por lo que el observatorio concluye que el «paquetazo de Maduro» aumentó la conflictividad. Acciones de protestas por gremios laborales rechazando el aumento unilateral del salario mínimo y exigencias por las contrataciones colectivas que fueron desconocidas por el gobierno son las más comunes.

Adultos mayores, jubilados y pensionados exigieron sus derechos en 97 ocasiones en septiembre al pedir prinicipalmente el pago de su pensión completa, dotación de medicinas y acceso a los alimentos.

Al menos 9 protestas diarias se registraron el mes pasado por el deterioro de los servicios básicos, para contabilizar un total de 272. El gas doméstico fue el servicio más protestado en septiembre con 125 acciones, seguido del agua potable con 91  y de la energía eléctrica con 56.

Las protestas para exigir Derechos Civiles y Políticos (DCP) aumentan su representatividad en el índice mensual de manifestaciones a nivel nacional. Durante el mes de septiembre estuvieron centradas mayoritariamente en rechazo a las acciones del Estado en contra de dirigentes e integrantes de partidos políticos de oposición (60). Así cómo denuncias a la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad (50).

Por otro lado, los profesionales de la salud superaron los 90 días de protesta con al menos 140 acciones de calles, en las que reclaman salarios dignos, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes, dice el OVCS.

Las acciones del sector salud impulsaron la lucha en diversos gremios, como educación, eléctrico, telecomunicaciones, siderúrgico, entre otros; que hicieron uso de la protesta pacífica para defender sus derechos laborales, contabilizando un total de 149. Les siguieron los trabajadores del sector estudiantil (133) y transportistas.

 

Se agudiza la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela

Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política, que se agudiza con el pasar de los días. Del total de protestas documentadas, 87% estuvo determinada por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todas y todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista. El Estado de Excepción y Emergencia Económica, nuevamente declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo.

Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales. El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del gobierno. Las consecuencias resultarán reflejadas en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.

A esto último se suman las fallas de los servicios básicos en detrimento de la población y de los sectores productivos, que han tenido que limitar sus actividades por falta de electricidad, agua o gas durante días. Esta situación hace insostenible cualquier plan de desarrollo del país. Por el contrario, avanza hacia su colapso.

Desde el OVCS, reiteramos que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos diez años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

 

*Con información de OVCS

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.163 protestas este mes de julio, lo que correspondería a un promedio de 72 protestas diarias, más del doble de los casos registrados por esta misma ONG durante el primer semestre de 2018, cuyo promedio diario fue de 30. 

En comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se documentaron 3.053 manifestaciones, las cifras actuales representan una disminución de 29%.  Sin embargo, las manifestaciones por exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) marcaron el 96% de las protestas documentadas en julio. Entre las peticiones estuvieron las laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico y telecomunicaciones. Igualmente el rechazo al colapso de los servicios básicos como el agua potable, electricidad y gas doméstico. Además de pedir por el acceso a alimentos y medicinas. 

En 323 protestas se exigieron distintos derechos simultáneamente, lo que se denomina protestas combinadas. En términos porcentuales esta modalidad representó el 15% del total registrado en julio.

No fueron movilizaciones centralizadas, explica la organización. Los reclamos de trabajadores, profesores, vecinos e indígenas se hicieron sentir en todo el país. Distrito Capital, Bolívar, Miranda, Anzoátegui y Lara fueron las entidades con mayores índices de protestas.

 

La protesta laboral como bandera de lucha intergremial

Gremios profesionales y obreros de distintos sectores (educación, eléctrico, telecomunicaciones, entre otros) se unieron al pliego conflictivo que emprendieron las enfermeras y médicos para exigir mejores beneficios salariales, ante la imposibilidad actual de cubrir sus condiciones mínimas de supervivencia.

El sector salud lideró las protestas laborales con 1.192 manifestaciones de calle en todo el país. Si se le suman las 41 manifestaciones que protagonizaron pacientes, enfermos crónicos y familiares registradas por la organización, sería un total de 1.233 protestas de sector salud

Le siguen las exigencias por servicios básico con 286 protestas, muy de cerca los trabajadores del sector estudiantil con 268 protestas, distintos gremios con 207 protestas, jubilados con 81 protestas y transportistas con 33 protestas.

 

Sistema de represión como respuesta a las protestas sociales

En los primeros siete meses de 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de manifestaciones. Todos los casos ocurrieron durante protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

13 personas fueron asesinadas por heridas de arma de fuego y una de las víctimas con un objeto contundente.  Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres y cuatro menores de edad.

 

Se acelera el colapso del país

Los resultados de julio ratifican una vez más como el carácter social de las protestas ha tomado la lucha de los venezolanos este año, ante la deteriorada calidad de vida.

La afectación de los servicios públicos, la pérdida de la calidad del empleo y la escasez o carestía de los alimentos son la consecuencia directa de una agenda gubernamental que ha estado anclada en el interés político y no en el interés de los ciudadanos.

«Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, consideramos importante que las autoridades den lectura a lo que está ocurriendo en los sectores urbanos y rurales, y se dediquen a dar una solución inmediata a los problemas», aseguran.

Alertaron que, de persistir la ausencia de políticas públicas, Venezuela avanza hacia un empobrecimiento masivo de la población y en la salida desesperada de familias del país en busca de atención humanitaria.   

 

*Con información de Prensa OVCS.

 

La gravedad de la situación del país nos debe obligar a todos a abandonar, aunque sea por momentos, la estrechez de miras –esa que no va más allá de cálculos mezquinos de intereses particulares– para levantar la vista y prepararnos para los escenarios que se nos avecinan.

Si intentamos un ejercicio, solo con fines didácticos, de separar sus elementos principales, el escenario por venir en las próximas semanas se presenta con las siguientes características.

En primer lugar, la crisis económica y social será con mayor fuerza la gran protagonista, producto de la estupidez del gobierno en insistir con medidas que solo agravan tanto los problemas macroeconómicos como la tragedia cotidiana de los venezolanos. A esto se suman sus dificultades para conseguir financiamiento externo, debido a su tozudez en querer imponer una ilegítima “constituyente” que no es reconocida ni fuera ni dentro del país.

En segundo lugar, se avecina el reforzamiento de una nueva estrategia de contención represiva, a través de la espuria ANC, con la excusa cínica de la defensa de la soberanía, y por medio de la cual se piensa perseguir y castigar con la amenaza de “traición a la patria” cualquier señalamiento a la corrupción de la oligarquía madurocabellista o cualquier acción orientada a la superación de las penurias de los venezolanos. Esta contención represiva se expresará, adicionalmente y de manera particular, a propósito de las elecciones regionales del 15 de octubre, mediante intentos de inhabilitación de candidatos, eliminación discriminada de centros, corrupción electoral generalizada e imposición de condiciones ilegales para obstruir la expresión popular de cambio.

Un tercer elemento del escenario que se nos aproxima es un seguro aumento de la conflictividad social (acompañado o no de protestas masivas), producto del inevitable agravamiento de la crisis económica, más las razones estacionales propias del último trimestre del año, principalmente el reinicio de las actividades estudiantiles y el aumento de las necesidades de consumo.

Frente a esto, veremos a un régimen limitado solo a correr la arruga, incapaz de resolver ninguno de los problemas de los venezolanos, y que va a privilegiar mantenerse en el poder antes de generar gobernabilidad. De hecho, el gobierno es tan débil que solo está allí, aferrado con las uñas al poder, escondido detrás de una tanqueta, pero sin controlar ningún proceso económico o social. Se mantiene en el poder y reprime, pero ya no gobierna.

Ante la segura agudización de la crisis, y la pérdida progresiva de su ya endeble respaldo popular, el régimen intentará una estrategia de radicalización y represión selectiva con fines disuasivos, que le permita “protegerse” de eventuales compromisos que se vería obligado a negociar con la oposición, producto de la enorme presión externa que la Mesa de la Unidad ha logrado construir sobre la dictadura.

Como todo escenario, y más en uno de equilibrio inestable como el que se aproxima, existen elementos condicionantes que inciden en su evolución y desarrollo. En nuestro caso, hay cinco variables claves: el resultado de las elecciones regionales del 15 de octubre, el fortalecimiento de la relación MUD-país, el estado de las tensiones internas en las estructuras de apoyo del régimen (especialmente la estructura militar), los efectos de la presión internacional sobre la conducta del gobierno y la viabilidad de una negociación MUD-régimen sobre la realización de elecciones presidenciales y la construcción de una solución política a la crisis.

Cada uno de estos cinco condicionantes claves constituye a su vez un área específica donde la Mesa de la Unidad y el país deben desarrollar una estrategia inteligente y sistemática de incidencia. En la medida en que nuestras acciones afecten o repercutan favorablemente en estas cinco variables claves, el difícil escenario que se nos viene podrá ser enfrentado con el éxito necesario para convertirlo en el preludio de eventos que nos acerquen a la meta del cambio político. Ese es el reto.

 

@AngelOropeza182

El Nacional

Activistas por los derechos humanos y políticos señalaron hoy que la «conflictividad social» ha aumentado en Venezuela en lo que va de año y auguraron que proseguirá en 2016 una vez pasadas las elecciones legislativas de diciembre, ya que los «problemas estructurales» se mantienen.

«Las protestas en el primer semestre de 2015 han crecido notablemente en Venezuela. Y se ha dejado de lado la cuestión partidista para centrarse en las demandas de derechos sociales», indicó Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en una conferencia en el centro de estudios Council of the Americas, en Washington.

Ponce aseguró que «la sociedad venezolana ha comenzado a dar muestras de que está perdiendo la paciencia» ante la incapacidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro de hacer frente a los problemas económicos y la escasez en materias básicas como alimentos y medicamentos.

En concreto, puso como ejemplo que en lo que va de año se han reportado más de medio centenar de saqueos en establecimientos, y vaticinó que «la conflictividad continuará (tras las elecciones) porque los problemas estructurales no han sido resueltos».

Junto a Ponce, participaron en la charla Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, y Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Balbi subrayó el continuo «hostigamiento» a los medios de comunicación críticos por parte del gobierno venezolano, mientras que Freitas recalcó que se trata de una campaña «desigual» en la que los candidatos oficialistas cuentan con todos los recursos estatales y los opositores con innumerables obstáculos.

Por ello, señalaron que es «fundamental» la labor de supervisión de la comunidad internacional de cara a los comicios del 6 de diciembre.

Esta misma semana se está celebrando en Washington la sesión anual de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la situación en Venezuela se ha discutido en las primeras jornadas.

En ellas, Venezuela volvió a rechazar la oferta de la Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar una misión de observación electoral a los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre por falta de confianza en el ente continental.

Venezuela sí ha aceptado la observación electoral de otros entes como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).