La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera
Indican que, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela «guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país»
Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe
@Andrea_GP21
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, donde explica cuáles son los desafíos para atender a esta población.
En el texto titulado
«Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela», la CIDH también abordó las
causas del desplazamiento forzado, que incluye las «graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
El informe señala que algunas personas migrantes y refugiadas de Venezuela «se ven obligadas a realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias».
Asimismo, indicó el texto que en muchas ocasiones, la violencia en contra de las personas provenientes de Venezuela está alentada «por estereotipos de género y discursos estigmatizantes que denotan xenofobia y racismo».
Una de las conclusiones más relevantes del informe de la CIDH es que los países de la región, a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela, «hacer un reconocimiento de la condición de persona refugiada prima facie, así como promover políticas que permitan garantizar sus derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación».
Refieren que en el caso de los migrantes venezolanos aplica el concepto de persona refugiada aplicable, consignado en la Declaración de Cartagena, «que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos».
«Este informe busca iniciar una conversación sobre la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de personas venezolanas desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos. La CIDH se pone a disposición de los Estados parar brindar cooperación técnica en la implementación de las recomendaciones que se formulan en el documento», amplían.
Entre las causas de este desplazamiento masivos de venezolanos, según el informe, se destaca la destrucción del estado de Derecho, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). A continuación, una síntesis de los elementos encontrados en cada categoría.
Ausencia de Estado de Derecho, represión y cierre de espacios democráticos
En parte, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela «guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país».
Al respecto, señala que la ausencia del estado de Derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas «para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder».
Como uno de los hechos más graves, recuerdan la designación irregular de al menos 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 23 de diciembre de 2015.
También, destacan la existencia de la asamblea constituyente, que ejecutó la designación irregular del Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo; el adelanto atípico de la elección presidencial de 2018; y la ratificación irregular de rectores del Consejo Nacional Electoral y personas magistradas del TSJ.
Todas esas acciones generaron una serie de manifestaciones ciudadanas que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos para estatales.
Entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, el Ministerio Púbico registró 124 muertes relacionadas a protestas sociales, de las cuales 46 eran manifestantes que habrían perdido la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y 27 por colectivos armados.
Violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos
En cuanto a las violaciones de DDHH, señala el informe que miles de personas opositoras o percibidas como tales tuvieron que desplazarse a otros países de la región por la cooptación del poder público por el Ejecutivo.
Adicionalmente, la erosión del Estado de Derecho «propició impunidad frente a violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad personal, generando un clima de inseguridad generalizado que también motivo el desplazamiento de personas a otros países».
La CIDH también recordó que en Venezuela «existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de seguridad del Estado y/o de grupos parapoliciales, o bajo su aquiescencia o colaboración».
Aunque más del 90% de víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres, el 76 % de las personas que buscan justicia, verdad y reparación son mujeres.
También, la CIDH recibió información sobre la «práctica sistemática de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas civiles y militares privadas de la libertad».
Entre las torturas identificadas por la CIDH se encuentran la imposición de posiciones de estrés, llamadas “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (cinturón de metal con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; golpes con objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional; violencia sexual y amenazas de violencia sexual, incluyendo amenazas de violación sexual, contra las víctimas y/o sus familiares; tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; y desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.
La CIDH advirtió que existen «serias denuncias de actos de violencia contra mujeres privadas de la libertad por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dgcim».
Sanciones y su impacto
Varios países de América y de Europa han adoptado sanciones de distinta índole en respuesta a las graves y masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Existen las sanciones personales, que se impusieron contra funcionarios e individuos asociados con el gobierno y el PSUV. Por otro lado están las De otra parte, están las sanciones sectoriales, dirigidas contra industrias y sectores de la actividad económica doméstica.
De acuerdo con información de la CIDH, cronológicamente fueron impuestas primero las sanciones específicas y luego las sectoriales.
Aunque la CIDH considera que las sanciones extranjeras contribuyen a la agudización de la situación y vulnerabilidad de la población, la imposición de las mismas «no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
La Comisión observa que algunos países han adoptado sanciones sectoriales con impactos generalizados en la economía venezolana.
Según la CIDH, la ausencia de recursos ha imposibilitado la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público y telecomunicaciones.
Crisis humanitaria y acceso a Desca
La Comisión considera que la falta de estadísticas oficiales sobre pobreza y acceso a los Desca responde a una «decisión deliberada de no dar a conocer la situación de los Desca en Venezuela para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder».
Al no poder satisfacer necesidades básicas, las personas se han visto forzadas a salir deVenezuela, destaca el informe de la CIDH.
Algunas organizaciones hacen esfuerzos por dar a conocer los datos sobre pobreza en Venezuela. Uno de estos esfuerzos es la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi).
Por otra parte, el aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos años ha afectado la capacidad adquisitiva de la población venezolana, afectando seriamente el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente.
Precisamente, el difícil acceso a alimentos es considerado por distintos órganos de protección de DDHH como uno de los factores que motivan la migración de personas venezolanas hacia otros países.
Con relación al colapso sistema de salud, este ha impactado de forma desproporcionada en las personas con enfermedades crónicas e infecciosas.
Entre las preocupaciones, destacan que en Venezuela, las mujeres embarazadas no obtienen vacunas, medicamentos, productos de primera necesidad y «no pueden acceder a controles prenatales o para recién nacidos, ni recibir atención que garantice embarazos y partos seguros».
Sobre la educación, el sistema también está en decadencia. La CIDH alertó que el deterioro de las condiciones de vida y las fallas constantes de los servicios públicos ha afectado el goce del derecho a la educación, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
Además, la crisis económica ha empujado a miles de profesores de todos los niveles educativos a abandonar el país.
Situación de derechos humanos de las personas en movilidad provenientes de Venezuela
La Comisión saluda la generosidad y los esfuerzos de algunos países de la región como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica y Estados Unidos, para acoger y brindar protección a las personas provenientes de Venezuela.
Asimismo, el organismo reconoce los desafíos que enfrentan los Estados de la región a su interior para garantizar el acceso a derechos de esta población.
Derechos a la vida, integridad y libertad personal durante el desplazamiento
Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe.
En el contexto de uso de rutas terrestres y marítimas, recuerda la CIDH, se ha registrado la muerte de personas en situación de movilidad, entre otras cosas, por accidentes de tránsito, enfermedades y naufragios.
Durante 2022, al menos 30 personas de nacionalidad venezolana fallecieron en el tapón del Darién, región selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Autoridades panameñas creen que es posible que exista un subregistro.
Asimismo, en 2021 tres embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas en altamar cerca de las costas de Trinidad y Tobago, lo que habría causado la perdida de al menos 80 personas de nacionalidad Venezuela. En diciembre de 2020, se registró otro naufragio luego de que una embarcación que transportaba 25 personas se volcara.
Pero además, las personas que salen de Venezuela se exponen a sufrir violaciones a sus derechos a la vida, integridad y libertad personal como consecuencia del accionar de grupos armados irregulares y, en ocasiones, de agentes de Estado.
Derecho a la nacionalidad y prevención de la apatridia en países de acogida
Las personas que salen de Venezuela enfrentan varias barreras para acceder a documentos de identidad vigentes, como retardos excesivos, corrupción y altos precios.
En países como Colombia, Chile y República Dominicana, los hijos de las personas que provienen de Venezuela no pueden acceder en condiciones de igualdad a la nacionalidad.
Según advierte la CIDH, lo anterior expone a esos hijos a la apatridia, situación jurídica en la que se encuentran todas «aquellas personas que no son reconocidas como nacionales de ningún Estado».
Las personas provenientes de Venezuela requieren consideraciones especiales sobre las exigencias legales para acceder a un estatus regular, entre otras cosas, por el vínculo con el derecho a la nacionalidad de sus hijas e hijos.
Por lo difícil que es acceder a un pasaporte en Venezuela, estados como Argentina, Colombia, Chile y Panamá, y otros; adoptaron medidas para reconocer la validez de pasaportes vencidos a efectos de algunos trámites.
Sin embargo, la falta de documentación vigente afecta a las personas provenientes de Venezuela en los países de acogida. Según la CIDH, esto limita su posibilidad de acceder a procesos de regularización y, en consecuencia, afecta el acceso a la nacionalidad de sus hijos e hijas en países donde no se adquiere la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio del país, como es el caso de Chile y Colombia.
Debido proceso en los procedimientos migratorios en los países de acogida
La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera.
No obstante, rescatan que algunos países de la región han adoptado medidas de protección complementaria para responder al desplazamiento forzado proveniente de Venezuela.
La Comisión destaca el “Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos” que Colombia adoptó para regularizar cerca de dos millones de personas que viven en el territorio.
Sin embargo, consideran que la medida adolece de algunos asuntos problemáticos.
La CIDH y la Corte Interamericana recuerdan que las garantías del debido proceso son aplicables a toda situación en la que se determinen los derechos de una persona, entre las cuales se encuentran procedimientos migratorios, sean estos administrativos o judiciales.
Derecho a solicitar asilo y ser reconocida como persona refugiada
Los mecanismos de protección complementaria que han adoptado algunos países, como las visas humanitarias y los estatutos temporales de permanencia, son valiosos porque facilitan la estadía en territorios y el acceso a algunos derechos.
Sin embargo, la CIDH considera que estos mecanismos tienen una naturaleza transitoria y «no responden de manera holística a las necesidades de protección de las personas que salen de Venezuela».
La Comisión reitera que las personas salen forzosamente de Venezuela para salvaguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad personal. «En consecuencia, los Estados deben reconocerlas prima facie como personas refugiadas», señala el informe.
Además, recalcan que la condición de persona refugiada deriva de las circunstancias que enfrentó en su país «y no de la determinación que hacen los Estados».
Acceso a Desca en países de acogida
Para la Comisión, la xenofobia y el racismo dificultan el acceso de las personas provenientes de Venezuela a los Desca y, en general, limitan sus posibilidades de integración socioeconómica.
Sobre eso, recuerdan que algunos Estados de la región condicionan el acceso a salud, educación, trabajo o vivienda, con el estatus migratorio, afectando desproporcionadamente a las personas provenientes de Venezuela que no pueden cumplir con los requisitos necesarios para acceder a un estatus migratorio regular por diversas circunstancias.
Por ejemplo, miles de personas que viven con VIH abandonaron Venezuela debido a fallas estructurales del sistema de salud.
De acuerdo con la Comisión, en varios países de la región se han registrado barreras para acceder al tratamiento antirretroviral correspondiente, «lo que perjudica de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+ por la discriminación que sufren».
Además, las mujeres provenientes de Venezuela también han visto seriamente afectado el acceso a servicios médicos que solo ellas requieren, restringiendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
También, las personas en situación de pobreza enfrentan obstáculos desproporcionados para acceder y disfrutar de una vivienda digna, lo que las expone a situación de calle y otros riesgos conexos.
