Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso sin condena, conocido como extinción de dominio, y la cooperación jurídica internacional, ésta última de carácter fundamental, porque muchos de los capitales sustraídos ilícitamente han sido colocados en instituciones financieras de otros países.
Así lo expuso el abogado Héctor Fuentes, asesor del proyecto de Ley que trabaja la Comisión Permanente de Contraloría, conjuntamente con la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la participación de especialistas en la materia, el aporte de instituciones académicas nacionales e internacionales y organizaciones sociales.
Estas declaraciones se dieron en el marco de la jornada de reflexión “Cómo luchar contra la corrupción y lograr que el Estado Venezolano recupere los bienes producto de la corrupción”, organizada por las citadas instancias parlamentarias y la colaboración del equipo de la Web cuentasclarasdigital.org.
Héctor Fuentes destacó que el proyecto de ley está documentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este sentido, puntualizó la importancia de alcanzar la recuperación de los bienes que la corrupción le ha quitado a Venezuela. “La corrupción socava la democracia, genera pérdida de confianza en la instituciones, promueve la violación de los derechos humanos y representa un obstáculo, muchas veces insalvable, para superar los altos índices de pobreza en muchos de nuestros países”. Advirtió que el artículo 271 de la Constitución nacional garantiza la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos y el patrimonio público. Entre los lineamientos internacionales subrayó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promueve la recuperación de bienes producto de la corrupción.
70 mil millones de dólares en casos de corrupción
La jornada de reflexión sobre el proyecto de Ley de Recuperación de los bienes de la corrupción fue instalada por el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Ismael García, quien se refirió a la a las investigaciones realizadas por esta instancia legislativa durante este primer semestre del año, que hasta ahora alcanzan unos 70 mil millones de dólares, producto de casos vinculados a hechos de corrupción.
Para el parlamentario, Venezuela vive hoy “la fase terminal de un modelo político y económico que tuvo en sus manos la posibilidad de lograr los cambios”. Reconoció que se encuentra entre quienes apoyaron, en aquella oportunidad, esos cambios en el marco de la Constitución, “en la cual sigo creyendo, creo en el modelo de país que está ahí desarrollado , un modelo de justicia con respeto a las instituciones del país y al desarrollo de todos los sectores de la sociedad”.
En este marco aseguró que Venezuela, después de haber tenido recursos por un billón 800 mil millones de dólares, “está ahora en una situación extremadamente grave”.
Y agregó: “el pueblo puede pasarnos por encima, si no asumimos la responsabilidad que nos toca. Los problema que afectan a Venezuela es porque se robaron el dinero. Este un gobierno que además de destruir 4 millones de hectáreas productivas, más de 300 mil pequeñas empresas, de haber cerrado y expropiado más de 3.700 empresas en eje que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, el eje industrial más importante de Venezuela, le echó manos al tesoro de la nación y no no tiene ninguna justificación”.
Una ley vinculada a los Derechos Humanos
Para la abogada venezolana, Mariela Morales, Referente para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional, se trata de un proyecto de ley que debe vincularse a la normativa y discurso de protección de los derechos humanos. “Los datos empíricos demuestran que los Estados que registran un alto índice de corrupción, o una alta percepción de ella, presentan al mismo tiempo una precaria situación respecto a la garantía de los derechos humanos. Por ello los planteamientos académicos identifican una tendencia a implementar las normas internacionales contra la corrupción con los argumentos e instrumentos de derechos humanos, a fin de lograr mayor efectividad e impacto. Saludó la iniciativa de este proyecto, puntualizando la relevancia de enmarcarlo dentro de los estándares de salvaguarda de los derechos humanos en una sociedad democrática. Cada vez más hay voces que reclaman la conceptualización de la conducta corrupta como una violación de los derechos humanos y la necesidad que se califiquen y sancionen los actos corruptos como violaciones de los derechos humanos”.
Jurisdicción especial interdisciplinaria
Para el exjuez superior penal y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Ollarves, en la discusión del proyecto de Ley de Recuperación de Bienes producto de la Corrupción debe tomarse también en cuenta las observaciones que emanan del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establecen estándares fundamentales para que los Estados, sobre la base de la transparencia y el Buen Gobierno, para asegurar su desarrollo progresivo, conforme al Pacto Internacional que es un instrumentos ratificado por la República y de obligatorio cumplimiento.
A propósito de uno de los interrogantes planteados en la discusión del anteproyecto de Ley de Recuperación de bienes de la corrupción: Jurisdicción competente ¿Civil o penal? ¿Debe crearse una jurisdicción especial?, Jesús Ollarves se pronunció a favor de una jurisdicción especial “que debería estar subordinada a una oficina de recuperación de activos, como ha ocurrido con otras legislaciones, con experiencias sumamente novedosas en Francia e Inglaterra.»
Dijo que la oficina de recuperación de activo tiene una razón de ser, porque no es un área exclusiva del derecho civil y del derecho penal, sino también del derecho administrativo. “Se trata de una jurisdicción especialísima e interdisciplinaria”.
Con respecto a la retroactividad, el abogado dijo que se trata de un tema que genera tensiones, porque en Venezuela se considera que el derecho a la propiedad es fundamental y no lo es, es un derecho que tiene limitaciones y restricciones constitucionales y convencionales. “solamente está regulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no así en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, por lo cual no es ninguna tragedia hacer referencia al decomiso simple y también al decomiso ampliado”.
Agregó que en este asunto, donde la criminalidad organizada nos lleva siempre un paso adelante, no debe producir ninguna afectación que un juez, de forma cautelar o definitiva, pueda decomisar un bien anterior al hecho ilícito que se está investigando.
La AN no renuncia a legislar
Para el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, en la situación actual de Venezuela no se acepta la idea del control que debe ejercer el Poder Legislativo, como tampoco “ninguna de las Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional han logrado ser promulgadas”. A pesar de ello, la Asamblea Nacional sigue cumpliendo la responsabilidad constitucional de legislar en materia nacional, como es la correspondiente a la recuperación de bienes producto de la corrupción, que está trabajando la Comisión Permanente de Contraloría.
350 mil millones de dólares en otros países
El presidente de la Comisión de Política Exterior, Diputado Luis Florido, reveló que fuera de las fronteras venezolanas hay 350 mil millones de dólares sacados por la vía de la corrupción. “Por ello en los países a donde hemos ido, informamos que Venezuela está interesada en recuperar el dinero que muchos inescrupulosos se llevaron y que está faltando para adquirir las medicinas, los pañales y teteros de nuestros niños, los alimentos…”.
En este marco, informó que sostuvo una reunión con el embajador de Suiza, a quien informó que en los bancos de su país hay alrededor de 80 mil millones de dólares producto de la corrupción . Como respuesta, el diplomático aseguró que las autoridades Suizas están en la disposición de cooperar, siempre y cuando se cumplan los procedimientos, desde el punto de vista jurídico, y se haga la solicitud por parte de Venezuela. Es decir, “para ellos, el poder público debe encabezar esta acción, porque el Ejecutivo es quien establece los convenios, también corresponde al Poder Judicial , a la Fiscalía y al Poder Legislativo”
Además de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomendó el programa Star (Iniciativa para la recuperación de activos robados), que ejecutan el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque pueden ser instrumentos útiles para Venezuela. “Con el 10 por ciento de los 350 mil millones de dólares, podríamos resolver muchos de los problemas que tiene Venezuela”, aseguró.
Lineamientos
Correspondió a la periodista Pilar Suárez Sasso, coordinadora general de CuentasClarasDigital.org, referirse a los Lineamientos para el debate de un Proyecto de Ley para la recuperación inmediata de los Bienes provenientes de la Corrupción, incluido en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre.
En estos lineamientos se incluyen:
- La Creación de la Comisión interinstitucional o Superintendencia contra la Corrupción.
- Recompensa a cualquier persona que colabore eficazmente y aporte información esencial y determinante para recuperar bienes derivados de la corrupción.
- Creación del Fondo para la Prevención Integral Social contra la Corrupción y la Defensa de los Derechos Humanos.
- Dirigir recursos recuperados de la corrupción a organizaciones que en Venezuela se dedican a la Defensa de los Derechos Humanos.
