Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro

Dos de cada 10 asesinatos, tienen como protagonistas a mujeres

Un total de 10 muertes violentas fueron contabilizadas en el estado Guárico durante el mes de octubre, de acuerdo con el monitoreo a los medios de comunicación del Observatorio Venezolano de Violencia.

Dos homicidios y dos mujeres fallecidas producto de intervenciones policiales figuran entre la decena de víctimas de violencia letal identificadas en la entidad guariqueña. Los femicidios constituyeron el 40% de los decesos durante el décimo mes del año.

Solo en octubre la prensa regional reseñó cuatro víctimas en distintos municipios: dos mujeres (17 y 31 años) y dos hombres (29 y 32 años).

Entre enero y octubre de 2023, el OVV documentó 54 víctimas, entre ellas 8 mujeres y 44 hombres, es decir, dos de cada 10 víctimas asesinadas en Guárico son mujeres.

Dos mujeres, de 33 y 15 años de edad, respectivamente, según fuentes policiales vinculadas a una banda delictiva, fallecieron en medio de un operativo de rescate del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional en el municipio Guayabal, donde también murieron otros tres hombres que habrían estado involucrados en un secuestro.

Investigadores del OVV Guárico señalaron que octubre resultó el mes con el mayor número de muertes por intervención policial (MIP), con seis de los 24 decesos contabilizados desde enero del año en curso.

Octubre rompió la masculinización absoluta de las muertes por intervención policial que caracterizaba a esta categoría desde que dieron inicio al monitoreo a los medios en 2020.

Cinco municipios concentraron el 90% de las MIP reportadas en la entidad guariqueña los diez primeros meses del año: Zaraza (6 víctimas), Guayabal (5), Miranda (5), Infante (4) y Monagas (4).

Entre julio y agosto de este año, el OVV Guárico documentó 27 muertes violentas, lo cual representa un incremento del 145% con relación a este mismo período de 2022 (11 muertes violentas).

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia

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Un detenido, de 26 años de edad, padece de una osteomielitis crónica debido a una fractura de fémur derecho. Funcionarios le niegan el tratamiento médico mientras está en reclusión y en el Hospital Universitario de Valera lo dieron de alta prematuramente

Alexander Rodríguez, de 26 años de edad, quien permanece privado de libertad en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el Eje Panamericano del estado Trujillo, padece de una severa infección bacteriana en su pierna derecha. De acuerdo a la denuncia de sus familiares, hecha durante esta última semana de junio, el joven puede morir si no recibe tratamiento médico urgente.

Empeora en la celda

Rodríguez había sufrido una fractura en el fémur y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según los informes presentados por los consanguíneos a Una Ventana a la Libertad, los médicos del Hospital
Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo, situado en Valera, lo trataron con material de osteosíntesis, pero se complicó con una osteomielitis crónica Cierny y Madre IVB. Los declarantes sospechan que esto ocurrió durante la operación realizada por médicos residentes.

Debido a su sufrimiento y por intersección de sus seres queridos, Rodríguez permaneció hospitalizado por varios días, pero con la autorización de un superior los médicos le dieron de alta prematuramente. En consecuencia, los familiares temen que su salud pueda empeorar durante su estadía en las celdas del Centro de Detención Preventiva, en el cual lleva ocho meses a la espera de una sentencia penal.

Se niegan a tratarlo

Igualmente, los denunciantes aseguraron que durante su estadía en el hospital, el personal le negó una atención digna, pues se negaron a tratarlo con medicamentos o ponerle cemento óseo, que habían solicitado previamente a los familiares. Además, los funcionarios del Conas no cuentan con personal capacitado para tratarlo en el CDP y lo dejarán a su suerte. “Ellos son responsables de lo que pueda pasar, pedimos se respeten sus derechos. En el informe está todo, deben tratarlo urgente” expresó indignado uno de los declarantes.

Actualmente, el detenido no tiene movilidad en su pierna y la bacteria debilita su estado de salud. Los familiares solicitan tanto al Ministerio Público como otros organismos del Estado a intervenir de inmediato. Vale mencionar que, junto al detenido del Cicpc- Boconó quien padece del síndrome de Guillain-Barré, este es el segundo caso registrado de privados de libertad en condiciones de salud delicadas y desatendidos médicamente.

La ONG reportó 108 presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas

La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) aseguró que las ejecuciones extrajudiciales disminuyeron 52,63 % en 2022 en la región zuliana, de acuerdo con la documentación que maneja la asociación civil.

Codhez reportó que durante 2022 se registraron en Zulia 108 presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el contexto de 88 hechos de violencia con la intervención de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado venezolano.

“A la vuelta de un año, estas cifras muestran una disminución de 52,63 % en cuanto al número de muertes, y de 50,56 % respecto al número de hechos violentos ocurridos. Esto, en comparación con los índices documentados por Codhez en 2021, cuando se reportaron 228 muertes como consecuencia de 178 acciones de violencia policial”, indicó la comisión en una nota de prensa.

Codhez indicó que también registraron una reducción en los últimos 12 meses en los hechos violentos en la región zuliana. “El primer semestre de 2022 se contabilizaron 64 hechos violentos por acciones policiales con 80 presuntas muertes ilícitas; y en la segunda mitad del año, 24 hechos violentos con 28 posibles ejecuciones extrajudiciales”.

La Comisión explicó que las cifras las obtienen a través de conocidos de los casos y el monitoreo en los medios de comunicación. “Se trata de cifras que no son invariables, por el contrario, se estima la existencia de casos que por diversas razones (miedo, intimidación, amenazas, entre otras), no son denunciados ni visibilizados”, advierte.

Los municipios con mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales son Maracaibo y San Francisco. En el segundo semestre de 2022, San Francisco reportó siete personas fallecidas (25 % de los casos en el Zulia) y Maracaibo otras cinco muertes (17,86 %).

Comisiones mixtas con mayores casos

A las comisiones mixtas entre los organismos de seguridad se les imputa la mayor cantidad de muertes en el segundo semestre de 2022 y son el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), los que registran mayor número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Codhez explica que las ejecuciones extrajudiciales implican la muerte de personas por acciones u omisiones de órganos de seguridad estatales como consecuencia del uso excesivo o abusivo de la fuerza pública.

La asociación civil zuliana afirma que, aunque los órganos detentan la función de enfrentar ciertas situaciones que requieren de forma excepcional la aplicación de medidas extremas para mantener el orden y hacer cumplir la ley, “ello no justifica bajo ninguna circunstancia que se incurra en acciones que arrebaten de forma arbitraria la vida de una persona”.

El Ministerio Público acusó a un mayor, un teniente y cuatro sargentos adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, y a un civil, por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve hombres y las heridas ocasionadas a otros tres.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en el sector Porvenir de Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre.

Los fiscales 42º nacional y 2º de la referida jurisdicción, Mervings Ortega y Álvaro Caicedo, respectivamente, acusaron al Comandante del Conas en ese estado, mayor Diego José Challa Caraballo, como determinador en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía en perjuicio de los nueve occisos y homicidio intencional con alevosía en grado de frustración en relación con los heridos.

También fueron acusados el teniente Aldo Rafael Del Naza y los sargentos César Rafael Fuentes, Anthony José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidas, por homicidio intencional calificado con alevosía en detrimento de los hermanos Carlos y Luis Cabello.

De igual forma, fueron acusados por homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado respecto a Luis, Jackson, Javier, Jesús y Luis José Rodríguez, además de Eduardo Vallejo y Miguel Acosta; y el mismo tipo penal pero en grado de frustración acerca de los heridos.

Adicionalmente, fueron acusados por agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

Por el caso también fue acusado José Gregorio Ramírez como cómplice necesario en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, y en grado de frustración.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control del Primer Circuito Judicial de Sucre, los fiscales del caso solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los funcionarios y que se mantenga la medida privativa de libertad. Los militares y el civil permanecen recluidos en varios centros ubicados en la entidad sucrense.

En horas de la noche del citado día, Del Naza, Fuentes, Ramos, Zamora y Bastidor se encontraban cenando en la plaza de Cariaco, cuando presuntamente habrían golpeado a un joven sin motivo aparente y después lo despojaron de su teléfono celular y una cadena.

Además, los uniformados dispararon al aire en múltiples oportunidades para disipar a las personas que se encontraban aglomeradas en el lugar, y causaron daños severos a varios carros y motos que estaban estacionadas en las adyacencias de la plaza.

Minutos más tarde, José Gregorio Ramírez trasladó a los funcionarios hasta una vivienda del sector Porvenir, donde habrían agredido a una mujer para que les diera información sobre la ubicación de una persona. En este sentido, los hermanos Cabello intentaron defender a la joven, razón por la cual los efectivos les habrían disparado en varias oportunidades causándoles la muerte.

Luego, los uniformados habrían despojado de sus pertenencias a las otras siete víctimas, quienes se encontraban celebrando en la vía pública del mencionado sector, y les dispararon sin mediar palabras. Durante el hecho otras tres personas resultaron heridas.

Tras la investigación iniciada por el Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el teniente y los sargentos fueron aprehendidos el 23 de noviembre en Cumaná y puestos a la orden del Ministerio Público.

Posteriormente, Ramírez y el mayor Challa Caraballo fueron detenidos por su presunta vinculación con el caso.