Colombia

A raíz de la migración de 4,307,930 venezolanos a distintos destinos en el mundo, la migración venezolana se ha topado con el renacer de las visas en la mayoría de los países latinoamericanos. Desde 2017, once naciones acudieron a la implementación y exigencia de algún tipo de control de acceso para moderar la entrada de venezolanos a sus territorios.

Colombia es el principal receptor de migrantes del país suramericano, con alrededor de 1,3 millones de venezolanos en su territorio. El Gobierno colombiano exige una Tarjeta de Movilización Fronteriza (TMF) desde el 27 de noviembre de 2018 a los migrantes venezolanos.

Perú es el segundo país con mayor número de venezolanos dentro de su territorio. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra corresponde a 768.000 venezolanos. El 15 de junio de 2019, el Gobierno peruano informó que los venezolanos deberían solicitar una visa de turista o una visa humanitaria para ingresar al país suramericano. La visa humanitaria puede ser tramitada desde Venezuela, Colombia y Ecuador, en el consulado peruano correspondiente a cada país.

Desde el 9 de abril de 2018, Chile solicita a los migrantes venezolanos una visa de responsabilidad democrática. De acuerdo con ACNUR, la nación ubicada al sur del continente americano cuenta con 288.233 personas provenientes de Venezuela, a quienes se les pide desde 2018 la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), que permite una residencia temporal por un año.

Por otro lado, ACNUR aseguró que en Ecuador residen alrededor de 263.000 venezolanos. Por ello, el 26 agosto de 2019 Ecuador afirmó que los ciudadanos venezolanos requerirán visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias o la visa consular de turismo para ingresar a su territorio. 

A partir de final de año de 2021, la Unión Europea pedirá a los ciudadanos venezolanos deberán llenar un formulario del ETIAS, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, en línea para solicitar la autorización a los 28 países que conforman el organismo.

El 2 de octubre de 2019, el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Stef Blok, dijo que para mediados de 2020, los venezolanos necesitarán una visa para ingresar al Caribe holandés. Aruba, Bonaire y Curazao se sumarán a la lista de naciones latinoamericanas que solicitan visado a los venezolanos. Blok aseguró que solo se otorgarán 8000 visas por año.

En el mapa a continuación, podrás observar cuáles son los países que desde 2017 han implementado la exigencia de visa a los venezolanos. 

El costo de una repatriación desde cualquier país supera los 1000 dólares. Embajadas y consulados de Venezuela no aportan dinero para la repatriación de cadáveres

@Yeannalyfermin

Juan Carlos González salió por segunda vez de Venezuela con rumbo a Cartagena, Colombia en marzo de 2019. En esa oportunidad iba con mejores condiciones que en su primer viaje: tenía un trabajo estable y estaba con parte de la familia de su abuelo materno. Juan era sano y deportista y no padecía ninguna enfermedad, pero en el mes de agosto, murió de un infarto fulminante  a los 26 años de edad.

Para Catalina González -la madre de Juan Carlos- asimilar la noticia fue doblemente difícil: no podría verlo porque los separaban más de 1.300 kilómetros de distancia y debía reunir para pagar el costo de la repatriación del cuerpo. 

“Mi papá -el abuelo de Juan Carlos- pensó en enterrarlo en Colombia, porque era un dineral traerlo para Venezuela, pero la abuela, quien prácticamente fue su madre también, quería verlo por última vez y por eso iniciamos los trámites para el traslado”, dijo Catalina. 

La preparación del cuerpo para cinco días, la documentación de rigor y el traslado del cuerpo desde Cartagena hasta Maicao fue de 2.500.000 pesos, unos 833 dólares al cambio. Luego, había que hacer un traspaso de furgoneta, pues la de Colombia solo llegaba a hasta la frontera, o La Raya como también se le conoce. 

De Maracaibo a Caracas cobraron 3.000.000 de bolívares, unos 185 dólares al cambio de ese momento (agosto). Los gastos funerarios, la fosa en el Cementerio Municipal de Santa Lucía, estado Miranda, fueron 8.000.000 de bolívares, o 500 dólares al cambio. La sumatoria total de los gastos realizados tanto en Colombia (833) como en Venezuela de (500) fue de aproximadamente 1.333 dólares. 

“Afortunadamente contamos con la ayuda de varios familiares que están en Chile y Canadá, también la familia que vivía con Juan Carlos en Cartagena nos apoyó mucho porque trabajan en la alcaldía y facilitaron todo el proceso”, dijo Catalina.

Venezuela atraviesa por una crisis migratoria sin precedentes. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más de 4 millones de venezolanos han emigrado debido a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. 

Colombia ha sido la nación que más ha recibido a migrantes venezolanos, con alrededor de 1,3 millones; seguido por Perú, con 768.000; Chile, 288.000; Ecuador, 263.000; Argentina, 130.000 y Brasil 168.000.

El pasado 27 de agosto se conoció el fallecimiento de cinco venezolanas, tres adultas y dos niñas, las cuales presuntamente se habrían asfixiado la noche del 26 de agosto en un apartamento ubicado al sur de Quito, Ecuador.

Rosemary Mendoza (26), Rossimary Mendoza (24), Eliscar Camacho (19), Ángeles Mendoza y Tailin Mendoza (ambas de 4 años de edad), murieron como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono después de haber dejado una hornilla encendida. La madre de las hermanas Mendoza contó a El Pitazo.net que desea traerse a sus hijas y nietas a Venezuela, pero que no cuenta con los recursos económicos debido a que la repatriación tiene un costo de 12.500 dólares.

Eduardo Febres Cordero, presidente de la fundación Venezolanos en el Exterior, asegura que repatriar un cuerpo desde Ecuador o cualquier parte del mundo a Venezuela es bastante complejo y costoso.

Para tramitar la repatriación de un cuerpo, se debe contar con varios documentos, principalmente: copias originales del certificado de defunción emitido por la autoridad local, pasaporte del fallecido y la permisología de viaje y entierro. El ataúd no tiene restricciones, no se requiere inspección de las embajadas.

“Desde Ecuador los precios de una repatriación van desde los 3.000 hasta los 10.000 dólares por fallecido. Esto dependerá de la cantidad de trámites legales que haya que realizar, la empresa funeraria que se elija y la ciudad donde esté. También si la repatriación es vía terrestre o aérea y hasta qué ciudad de Venezuela va el cuerpo”, explicó Febres. 

El director de la fundación afirmó que el tiempo de repatriación de un cadáver puede tardar entre una semana, un mes y hasta más, dependiendo de las condiciones de la muerte de la persona, de los documentos que haya que gestionar y los recursos económicos. 

James López, dueño de la funeraria Guadalupe en Bogotá, Colombia, aseguró que lleva más de 200 cadáveres venezolanos repatriados desde Colombia, Ecuador, Chile y Perú desde 2017.

“Hay personas que tienen afiliaciones con funerarias en Venezuela lo que hace que el precio se reduzca un poco, pero un traslado de Bogotá a Cúcuta cuesta 1.700.000 pesos (el equivalente a 566 dólares)”, dijo López.

Los precios que maneja en su funeraria varían de acuerdo al lugar de destino del cadáver. El servicio desde Cúcuta a Caracas tiene un costo de 1.500.000 bolívares, unos 74 dólares al cambio. 

Jesús Ernesto Ortíz, Director de Pasaporte País, empresa de servicios que brinda asistencia al viajero, indicó que una repatriación de Estados Unidos a Venezuela puede costar entre 15.000 y 25.000 dólares. 

Ortíz explicó que si el deceso ocurre en Europa el precio es más elevado, y aunque no precisó la cifra, estima que puede tener un costo de más de 10.000 euros, aproximadamente. “Es por esta razón que muchos prefieren optar por la cremación”, dijo. 

Opciones más económicas

Traer las cenizas de otro país no es un proceso tan complicado como la repatriación de un cuerpo. El problema para Venezuela está en la poca cantidad de aerolíneas que prestan servicio comercial. 

Desde marzo de 2019, la conectividad aérea en Venezuela ha caído en 71.8%, según declaraciones del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav), Humberto Figuera.

Actualmente solo 8 de 22 aerolíneas internacionales continúan operando en el país, cinco de ellas con destinos europeo y de Asia (Air Europa, Iberia, Plus Ultra, Tap y Turkish Airlines) y el resto de América Latina (Wingo, Copa Airlines y Caribean Airlines).

Leonor Acosta falleció en España el pasado mes de junio. Su familia optó por la cremación y traer las cenizas a Venezuela. Para ellos era muy difícil repatriar el cuerpo. Su esposo, Jaime Rodríguez, dijo que solo les pidieron el acta de defunción y el permiso que emite el consulado.

“Viajamos con la aerolínea PlusUltra. No nos cobraron absolutamente nada. En Maiquetía preguntaron qué contenía la caja y se les explicó. Nos dejaron entrar sin problema”, afirmó Rodríguez. 

En Colombia la cremación tiene un costo de 1.400.000 pesos, unos 466 dólares al cambio. 

James López, dueño de la funeraria Guadalupe explicó que a pesar de ser una opción más factible, a los venezolanos no les gusta porque las cenizas las entregan en cinco días hábiles. “No es como en Venezuela que las entregan a las dos horas”, aseguró.

En Ecuador, la cremación de un cuerpo cuesta 800 dólares, mientras que en España el mismo servicio cuesta 1.500 euros. 

El director de Venezolanos en el Exterior detalló que una empresa funeraria llamada Grupo La Paz le brinda financiamiento a su organización. “En casos de cremación nos prestan el servicio y le dan a la familia la opción de ir pagando diario, semanal, mensual, o como puedan, hasta cancelar la totalidad. Cuando las personas van por convenio la cremación la dejan en 350 dólares”, dijo.

James López explicó que el Gobierno colombiano apoya a todos los extranjeros que fallecen en su territorio si la familia no tiene los recursos económicos. “En Bogotá ofrecen un beneficio que se llama ‘La Casa Rosada’, que es una institución que facilita el servicio funerario, pero para ser sepultados o cremados en Colombia, no para hacer repatriaciones”, dijo. 

Venezolanos sin apoyo ni seguro de viajes

Es común leer en redes sociales testimonios de familias venezolanas pidiendo ayuda para repatriar a sus familiares, pero existen casos extremos de venezolanos que han quedado en el olvido. 

Febres Cordero comentó el caso de una mujer que se suicidó en Ecuador en 2018 y nadie reclamó el cuerpo, por lo que su organización tuvo que pedir autorización a la Fiscalía para poder enterrar el cadáver después de ocho meses. También recordó el caso de seis venezolanos víctimas de trata de personas y narcotráfico cuyos cadáveres también quedaron olvidados por el Estado.

“La embajada del chavismo solo apoya en los trámites consulares que les competen a ellos, y la de Juan Guaidó brilla por su ausencia. Estamos en total desamparo, nadie aporta dinero para la repatriación de cuerpos”, dijo Febres Cordero. 

El director de Pasaporte País, José Ernesto Ruíz, afirma que el venezolano no tiene conciencia de viajar con un seguro de viaje lo que en caso de algún accidente o muerte le facilitaría las cosas a los familiares.

“Ni siquiera 8% de los que salen de Venezuela toman un seguro de viaje”, afirmó Ortíz.

Aumentan las cifras de migrantes venezolanos fallecidos

Distintos organismos dedicados a medir el impacto de las migraciones han revelado que la muerte de venezolanos en otros países están aumentando. 

El pasado 16 de agosto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó un alza en la muerte de migrantes venezolanos que intentan llegar a otros países. En total, 89 personas fueron víctimas de naufragios en aguas del Caribe.

La situación se torna aún más compleja. Los decesos de venezolanos en el exterior no solo son por causas naturales o accidentales. Un informe publicado en agosto de este año por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia afirmó que 233 venezolanos murieron en forma violenta por ataques con arma de fuego o cortopunzantes. 

El mismo estudio determinó que en 2015 se reportaron 25 muertes violentas de venezolanos, en 2016 se registraron 30, en 2017 se contabilizaron 93 y el año pasado 273. Lo que indica que, entre 2017 y 2018 la cifra casi se triplicó. 

El informe que presentó el Instituto de Medicina Legal también reportó un aumento en los casos de suicidios. Entre 2009 y 2018 se registraron 69 casos, mientras que para el primer semestre de 2019 se contabilizaron 18. 

EL PRESIDENTE COLOMBIANO IVÁN DUQUE comparó al mandatario venezolano Nicolás Maduro con el criminal de guerra serbio Slobodan Milosevic al tiempo que emprende una ofensiva diplomática para acorralar al líder socialista, y le advirtió que sería un error “estúpido” realizar cualquier agresión contra su vecino respaldado por Estados Unidos.

Duque habló el sábado con The Associated Press antes de viajar a Nueva York, donde se espera que denuncie a Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como un autócrata abusivo que no sólo es responsable de la crisis humanitaria de su país, sino también una amenaza a la estabilidad regional por albergar a rebeldes colombianos.

«La brutalidad de Nicolás Maduro es comparable a la de Slobodan Milosevic», aseveró Duque, que exhortó a la Corte Penal Internacional a que investigue al presidente venezolano por abusos contra los derechos humanos. «Debe terminar».

El mandatario colombiano evitó descartar un ataque militar contra los rebeldes marxistas que, asegura, se ocultan en territorio venezolano. Sin embargo, dijo que cualquier agresión de las fuerzas armadas venezolanas provocaría una reacción regional inmediata que podría incluir más sanciones y medidas diplomáticas.

«Si ellos consideran hacer algo tan estúpido, saben cuáles serán las consecuencias», subrayó Duque.

Duque ha intensificado la presión contra Maduro en las últimas semanas luego que un reducido grupo de rebeldes izquierdistas disidentes decidiera romper con el histórico proceso de paz de Colombia y alzarse en armas de nuevo contra el Estado, argumentando que el gobierno traicionó el acuerdo que pretendía poner fin poco más de cinco décadas de derramamiento de sangre.

El gobernante colombiano tiene previsto acusar a Maduro de violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 al ofrecer refugio a los rebeldes.

El mandatario venezolano, que enfrenta una seria crisis, ha rechazado esas acusaciones reiteradamente. Aunque Maduro no asistirá personalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, sus delegados afirman que plantearán cargos similares contra Duque, al que acusarán de no tomar medidas contra grupos armados ilegales que planean ataques contra el gobierno venezolano desde Colombia.

“La oligarquía colombiana quiere preparar el terreno para emprender una agresión armada contra Venezuela”, aseveró en fecha reciente el ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

Las crecientes tensiones a lo largo de la frontera pueden tener consecuencias geopolíticas peligrosas y de amplio alcance.

A petición de Estados Unidos, los aliados del hemisferio desempolvaron hace poco un tratado de asistencia recíproca que data de la Guerra Fría y el cual prevé que los 19 países signatarios ayuden a otro en caso de una amenaza extranjera.

Los ministros del exterior de la mayoría de naciones suscriptoras del Tratado de Río de 1947 tienen previsto reunirse el lunes para examinar la adopción de sanciones multilaterales. Aunque el acuerdo permite una respuesta militar conjunta, Duque insistió que no es el proceder favorito y que bajo ninguna circunstancia las fuerzas colombianas deberían ser provocadas.

“Es importante que en Naciones Unidas, Duque tenga ese foro para que presente las pruebas sobre la actividad de grupos armados colombianos en Venezuela, y también es una oportunidad para medir el parecer de los líderes mundiales para intensificar aún más la presión contra Venezuela”, comentó Adam Isacson, analista de Defensa en la Oficina sobre América Latina en Washington.

“Sin embargo, debido a la oposición de Rusia, China y otros, será imposible alcanzar el consenso necesario para tratar a Venezuela, de acuerdo a la Carta de la ONU, como una amenaza para la paz y la seguridad”, afirmó Isacson.

La crisis en Venezuela también afecta los presupuestos de diversos países sudamericanos luego que cuatro millones de personas han huido de una crisis económica peor que la Gran Depresión de Estados Unidos. Esa migración a gran escala de venezolanos tiene lugar en momentos en que Colombia, que ha recibido a la mayoría de esos migrantes, enfrenta problemas debido a un incremento en la producción de coca y la ejecución de un polémico y frágil acuerdo de paz concertado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de las presiones fiscales sobre los presupuestos a educación y salud, Duque defendió su política de puertas abiertas argumentando que permite a Colombia combatir más efectivamente enfermedades como el sarampión, al que ha había erradicado pero que reapareció con la llegada de más de 1,4 millones de migrantes venezolanos en los últimos años.

Cerrar la frontera no frenará el éxodo, sólo obligará a los migrantes a desplazarse por rutas terrestres peligrosas que cruzan hacia ambos lados por la porosa demarcación limítrofe de 2.200 kilómetros (1.370 kilómetros) entre los dos países.

“La política correcta es la que hemos adoptado”, dijo Duque, que contrastó la respuesta de Colombia con las barreras erigidas en fecha reciente en Ecuador y Perú. “Si ellos deciden cerrar las fronteras la gente pasará de todos modos, pero lo hará de manera ilegal y el control de enfermedades, por ejemplo, será más complejo”.

Duque, de 43 años, irrumpió en pocos años en la política colombiana _en la que no era tan conocido_ gracias a la asistencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, el principal detractor del acuerdo de paz. Duque fue senador antes de que ganara la presidencia el año pasado con una plataforma basada en la ley y el orden y su compromiso de modificar aspectos cruciales del acuerdo.

A la fecha, Duque no ha logrado ningún cambio. Sin embargo, se refirió a una reciente iniciativa que prohíbe a los gobiernos conceder amnistía a los rebeldes implicados en narcotráfico como un avance que impedirá que se repita la impunidad a la que, según él, se dio paso en el acuerdo de paz de 2016.

Duque añadió que su gobierno ha aumentado en ocho veces el número de planes regionales de desarrollo dejados por su predecesor Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, mientras implementa un programa que permite a las empresas privadas canalizar su pago de impuestos al financiamiento de proyectos productivos en otrora zonas de conflicto.

“No estamos haciendo política con la paz, sino que contamos con una política de paz”, declaró el presidente.

Al mismo tiempo, el asesinato de centenares de activistas de izquierda en las zonas rurales ha cernido una sombra oscura sobre el proceso de paz. Aunque Duque ha incrementado los recursos para investigar los asesinatos, que según él han disminuido desde que asumió la presidencia, enfrentó los gritos de “¡asesino!” que le profirieron manifestantes cuando visitó Londres en junio. Este año, siete candidatos para los comicios regionales del mes entrante han sido asesinados, cifra que rebasa la registrada durante las elecciones de 2015.

“Sabemos que debemos tener mayor control, que tenemos que proteger las vidas de los candidatos”, señaló. “Pero a veces cuando tenemos elecciones locales, los grupos armados ilegales son los que intentan amenazar a candidatos en las zonas productoras de coca o donde se efectúa minería ilegal, porque pretenden preservar su control sobre las actividades económicas ilegales. Conocemos ese patrón y por eso estamos trabajando de manera articulada con todas las fuerzas militares y policiales”.

Desde que asumió la presidencia el año pasado, Duque ha visto caer su popularidad de manera constante en medio de las dificultades para encontrar su voz como jefe de estado. Según una encuesta reciente, Duque tiene un índice de aprobación de apenas 29%.

Aunque la producción de coca se ha estabilizado durante su gobierno, tras un aumento durante varios años consecutivos, continúa próxima a máximos históricos. Vastas franjas rurales de Colombia siguen dominadas por jefes narcotraficantes y grupos armados ilegales. Muchos colombianos consideran que el conflicto armado interno nunca terminó y temen una nueva era de derramamiento de sangre.

Duque asegura que actúa con prontitud para reanudar la erradicación de cultivos de coca desde el aire, un elemento crucial en la guerra contra las drogas que duró dos décadas con apoyo de Estados Unidos y que Santos suspendió en 2015 citando las secuelas de salud acarreadas a numerosas personas. Sin embargo, Duque rehusó fijar una fecha para la reanudación de esos vuelos. El presidente minimizó la efectividad de lo que describió como la “aspersión con precisión” cuando señaló que esa modalidad es una herramienta valiosa en zonas donde la existencia de minas terrestres y de grupos armados representa un peligro para las fuerzas militares y los erradicadores manuales de coca que lleguen a esos lugares.

“No hay una solución mágica”, afirmó el mandatario en referencia al combate a los cultivos ilegales. “No hay sólo una solución. Es una combinación de medios”.

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque sancionó este jueves la Ley 1997 que permite otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia en los últimos cuatro años. 

La Ley, que fue promovida por la Defensoría del Pueblo y aprobada por el Congreso el pasado 27 de agosto, solo le restaba la firma de Duque para entrar en vigencia.

La medida beneficiará a más de 25.000 menores nacidos en Colombia y sus efecto continuará hasta dos años después de la firma, con la posibilidad de ser prorrogada si continúa la crisis migratoria.

Para poder acceder a la nueva ley, se debe comprobar que los menores nacieron en territorio colombiano a partir del año 2015 y hasta por dos años después de la entrada en vigor de la norma. También se debe presentar cédula de extranjería vigente, pasaporte venezolano vigente o vencido, la cédula de identidad expedida por Venezuela, el Permiso Especial de Permanencia vigente y que ninguno de los progenitores tenga otra nacionalidad distinta a la venezolana.

Según datos de Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, el sitio infobae.com dio a conocer que desde que inicio la migración venezolana han llegado a territorio colombiano un millón 400 mil migrantes.

El diario El Tiempo dio a conocer que informes de la Registraduría estiman que desde 2015 hasta finales de 2018 nacieron cerca de 25 mil hijos de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, por lo que serán los primeros en beneficiarse con la legislación.

EL MINISTRO PARA PETRÓLEO, Manuel Quevedo denunció este viernes que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, en colaboración con el mandatario de Colombia, Iván Duque,  habría desmantelado la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., provocando el despido de al menos 130 trabajadores. 

«Hacemos una denuncia que va dirigida al desmantelamiento, al hurto que está siendo sometida la empresa Monómeros, colombo-venezolana, ubicada en Barranquilla, Colombia; esta asociación para delinquir está encabezada por el ciudadano Juan Guaidó y una junta directiva usurpadora a la cual denunciamos», dijo. 

El titular de la cartera de petróleo, en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV) detalló que Guaidó nombró una «junta directiva ilegal», integrada por John Bilbao, Carmen Eliza Hernández, José Alberto De Antonio, Javier Linárez, Ramón Crespo y tres personas más.

Aseguró que apropiación de la compañía ha ocasionado la reducción de su producción fijada actualmente en 22%, en comparación a la registrada el año pasado cuando se ubicaba en 92%.

El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto

LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.

Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.

Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.

Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.

Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.

El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.

Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.

En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.

El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.

Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

Breves

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

@javiermayorca

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIÓ que donará 30 millones de Euros a Colombia para atender la migración forzada de los venezolanos en la nación. 

“Apoyaremos los esfuerzos del gobierno (de Colombia) y de las autoridades locales por ofrecer empleo, emprendimiento y vivienda digna para refugiados, migrantes, retornados y también comunidades receptoras”, dijo Federica Mogherini, alta representante de la política exterior de la UE.

Mogherini aseveró que Venezuela necesita del apoyo de Colombia, pero a su vez, de la comunidad internacional, ya que hay millones de venezolanos que huyen de su país en busca de un mejor futuro.

“Colombia no puede hacer esto sola, necesita apoyo internacional. Tiene el apoyo de la UE. Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiamiento en el mundo y potencialmente una de las más grandes”, agregó.

Más de 4 millones de venezolanos salieron del país en los últimos años. Colombia se convirtió en el principal destino y actualmente más de 1,4 millones personas residen en Colombia.

ESTADOS UNIDOS LE DIO GARANTÍAS a Colombia de que intervendrá en su favor en caso de que se desate un conflicto con Venezuela.

Eso dijo el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, este viernes durante un desayuno con periodistas.

De acuerdo con Santos, EE. UU. ofreció las nuevas garantías durante un encuentro entre el secretario de Defensa Mark Esper y el ministro de defensa colombiano Guillermo Botero este miércoles en Washington.

«Se habló de Venezuela. Ese es el tema. Se habló de garantías, que era muy importante en caso de que pase algo. Y creo que eso quedó claro. También con lo que dijo Elliot (Abrams, el encargo del tema Venezuela en el Departamento de Estado). Que si nos tocan, que si hay una provocación, Estados Unidos está allí, al lado de Colombia», dijo el embajador.Santos precisó además que la reunión con Esper, y el ofrecimiento de esas garantías, era clave a la luz de la decisión reciente del régimen de Nicolás Maduro de enviar tropas a la frontera con Colombia.

De acuerdo con el embajador, en la conversación también se habló de la preocupación que existe por la presencia de Rusia y Cuba en el vecino país y la necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia.

Durante el encuentro con los medios, Santos también se refirió a la decisión que se tomó esta semana de convocar al grupo de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), que se reunirán en dos semanas en Nueva York para discutir la crisis de Venezuela.

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