Colegio Nacional de Periodistas

Representantes de Espacio Público y Medianálisis dicen que en Venezuela no es delito recibir dinero de entes extranjeros

Gobierno de Maduro protestó por supuesta ayuda financiera de Reino Unido a medios y organizaciones en Venezuela

@franzambranor

El pasado 12 de enero, el canciller venezolano Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta a la embajada de Reino Unido debido al supuesto financiamiento con fondos británicos a organizaciones y medios digitales en Venezuela.

Cinco días antes, el canal Globovisión hizo un reportaje sobre una nota aparecida en el diario sudafricano Daily Maverick, donde se señala que el gobierno inglés habría financiado a varias organizaciones y medios venezolanos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Efecto Cocuyo y Radio Fe y Alegría. 

De acuerdo al periódico, entre el gobierno británico y la Fundación Westminster para la Democracia habrían invertido en organizaciones y medios venezolanos 1 millón de libras esterlinas desde 2016.

La embajada de Reino Unido se limitó a decir: “la libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia y protegerlas en todas partes del mundo es una prioridad”. 

El financiamiento externo es legal

De acuerdo a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, no existe ilegalidad alguna en que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes reciban financiamiento de parte de entes extranjeros. 

“Los medios de comunicación a nivel global tienen problemas muy serios de financiamiento. Todos los modelos de sustentabilidad están cambiando, muchos de ellos reciben cooperación de diverso tipo”, dijo Correa. 

El periodista, investigador y fundador de Medianálisis, Andrés Cañizález, sostuvo que en Venezuela no hay instrumento legal que prohíba o penalice el financiamiento internacional. “Hasta ahora es algo que está permitido”. 

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, indicó que los medios de comunicación y distintas organizaciones en Venezuela han tenido que reinventarse en vista de la crisis global. 

“Los medios siempre se han mantenido con lo ganado por sus pautas de publicidad, pero en vista del ataque a la industria, ya son muy pocos los empresarios con capacidad económica para satisfacer el mercado, la economía de puertos es ahora lo usual”, manifestó Guía. 

No es nada nuevo

Correa sentenció que el apoyo económico a organizaciones y medios no es algo nuevo en el mundo. 

“Es una cosa que se emplea desde hace mucho tiempo, conozco agencias de noticias que tenían convenios con la Organización de Naciones Unidas para desarrollar coberturas especiales sobre temas vinculados al ambiente y derechos humanos. La cooperación internacional es una estrategia que usan muchos medios para sustentarse. Regularmente son ayudas para la formación y capacitación de periodistas”, indicó. 

El director de Espacio Público aseveró que la cooperación internacional es parte del derecho a la asociación y ha funcionado para ejecutar proyectos de diversas ideologías, perspectivas y religiones. “La cooperación no solo tiene que ver con el financiamiento, sino con el apoyo para llevar a cabo trabajos de investigación entre distintos medios y periodistas. La cooperación es una herramienta muy importante y más en el actual momento en el que vivimos, donde hay grandes desafíos por delante”.

Un estudio realizado a 35 medios de comunicación emergentes de distintos países para la Conferencia de Periodismo de Investigación Global de 2015 arrojó que las principales fuentes de financiamiento están distribuidas en tres categorías: becas de embajadas, fundaciones y organizaciones; donaciones públicas y privadas e ingresos obtenidos por concepto de publicidad, eventos, talleres y patrocinadores. 

De los 35 medios solo ocho pueden cubrir los costos de operatividad con ingresos obtenidos por diversas vías, el resto son considerados no sustentables y dependen de becas y donaciones.

La investigación plantea la necesidad de contar con asociaciones estratégicas, financiamiento para proyectos y donativos.

Otro estudio del centro John S. Knight de la Universidad de Stanford a 157 periodistas en 2011, reveló que la captación de financiamiento por medio de becas supera por más del doble a los ingresos provenientes de la publicidad.

Iniciativas como SembraMedia preparan a responsables de medios independientes digitales a encontrar y desarrollar modelos de negocios sustentables.

Futuro incierto 

El investigador y periodista Andrés Cañizález manifestó que aunque el financiamiento foráneo a medios y organizaciones no está penalizado, el destinatario suele ser blanco de constantes señalamientos.

“Quien recibe fondos del extranjero está sujeto a presiones, a campañas de descrédito y arbitrariedades”.

Carlos Correa no descarta que la persecución a los medios y organizaciones se incremente. 

“Desde hace mucho tiempo el gobierno viene cuestionando la cooperación internacional, pero no solo a los medios de comunicación sino también a organizaciones de derechos humanos. La cooperación a veces se descalifica diciendo que tiene otro tipo de intención. Un escenario posible es que esa descalificación continúe o que se restringa aún más la labor de medios y organizaciones”.

Cañizalez sostuvo que en Venezuela hubo un precedente en 2005 con María Corina Machado y la ONG Súmate, a quien llevaron a un proceso legal por supuestos ilícitos cambiarios.

“En este contexto actual donde es libre el tema de las transacciones en dólares, esa circunstancia no aplica. En el pasado se intentó amedrentar a las organizaciones y a los donantes con el control cambiario”.

El directivo de Medianálisis dijo que hubo un intento de aprobar en la Asamblea Nacional una Ley de Cooperación Internacional en 2006 y 2010, proyecto que no prosperó porque hubo mucho rechazo, especialmente de los países europeos.

“Podemos estar a las puertas de que se intente regular el trabajo de las ONG y medios independientes, los medios así no tengan la figura legal de ONG funcionan como tal porque buscan recursos afuera para mantenerse a flote”.

77 trabajadores de la comunicación social fueron blanco de atropellos desde que fue decretado el estado de alarma el pasado 13 de marzo hasta el 22 de junio de este año, según Ipys

22 agresiones e intimidaciones a periodistas y 18 detenciones arbitrarias se contabilizaron en poco más de tres meses 

@franzambranor

Desde que fue decretado el primer estado de alarma por el Ejecutivo Nacional a propósito del coronavirus el 13 de marzo y hasta el 22 de junio de este año, 77 periodistas han sufrido atropellos en su labor de informar a la colectividad.

La cifra manejada por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) evidencia un recrudecimiento de la persecución a representantes de medios comunicación social durante la pandemia de la Covid-19, etapa que se combina con escasez de gasolina y la custodia de miembros de cuerpos del Estado en las estaciones de servicio.

De acuerdo a Ipys, en el lapso del 13 de marzo al 22 de junio se produjeron 22 agresiones y hechos de intimidación a periodistas, 18 detenciones arbitrarias, en 13 ocasiones se negó el acceso a información pública, 7 agresiones fueron con el uso de normas vigentes, como el paso por tribunales y hubo 5 denuncias de censura interna. 

“Desde el pasado 13 de marzo, hemos contabilizado más de 120 casos de violaciones a los derechos informativos de los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos”, dijo Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys. 

En el renglón de detenciones arbitrarias resaltan las de Darvinson Rojas de Monitor de Víctimas a manos de las Faes, Carol Romero de FM Center por la Guardia Nacional Bolivariana en El Junquito y las de Marco Antoima y Mimi Arriaga por el Cicpc, estos dos últimos ex empleados de Venevisión y condenados a casa por cárcel por el supuesto delito de instigación al odio. 

“Los culparon de incitar al odio, cuando hay solo una presunción. Se toma una decisión bajo un supuesto, no bajo un hecho cumplido”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. 

Entre los victimarios se documentaron 41 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y el resto repartidos entre tribunales, gobernaciones y dependencias, directivos de medios y desconocidos.

“La pandemia no ha hecho más que profundizar la clara conducta autoritaria y la acción represiva para silenciar e imponer un discurso único, vertical y sin posibilidad de complementar con información adicional especializada e independiente y con versiones plurales sobre la situación sanitaria que permitan corroborar o desmentir los mensajes que salen de Miraflores”, sentenció Balbi. 

Mayo en rojo

Solo en mayo, la ONG Espacio Público registró 112 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un total de 556 incidencias al cierre del quinto mes del año.

Durante los dos primeros meses de cuarentena (marzo y abril) fueron detenidas 840 personas, entre ellas 22 periodistas de acuerdo a Espacio Público.

La ONG registró 1.049 violaciones a la libertad de información y expresión en 2019, la cifra más alta en los últimos 18 años. 

Durante el año pasado, cerraron 27 estaciones de radio y dos canales de televisión. Las instituciones del Estado fueron responsables del 60% de los casos de violación a la libertad de expresión en internet.

Según Reporteros Sin Fronteras, Venezuela ocupa el puesto 147 entre 180 países en lo que se refiere a libertad de prensa.

“Aparte de lidiar con las limitaciones de la pandemia, los periodistas venezolanos han tenido que enfrentar la intimidación y la persecución. El gobierno busca criminalizar la práctica y decir que los periodistas están incitando al odio”, dijo Tinedo Guía, presidente del CNP.

A juicio de Balbi, la respuesta del gobierno de Maduro al trabajo periodístico durante la pandemia ha sido esencialmente militar, policial y represiva.

“Detrás de una política de aparente transparencia y diligencia, con la presentación periódica de cifras oficiales, se muestra una negligente atención a la crisis sanitaria que intenta enmascarar con información que resulta imposible de corroborar o contrastar, muchas veces confusa y contradictoria”, señaló Balbi.

Otro golpe a la libertad de expresión se dio el 19 de mayo, cuando la empresa estadounidense AT&T anunció el cese de operaciones de Directv en Venezuela, afectando a 2,5 millones de familias y a alrededor de 600 trabajadores.

Cuatro días antes del episodio de Directv, la estatal Cantv y la empresa Inter bloquearon al portal informativo Runrunes. Se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS), según el Observatorio de Internet, Ve Sin Filtro. 

Tinedo Guía aseveró que desde que el gobierno anunció el racionamiento y los nuevos precios de la gasolina, las denuncias de periodistas e infociudadanos han sufrido un salto exponencial.

“Les incautan los equipos o les obligan a borrar el material audiovisual en las bombas de gasolina, incluso les han negado el acceso a surtir gasolina”, sentenció el presidente del CNP.

Para Balbi, los periodistas en Venezuela deben enfrentarse a un trabajo periodístico doblemente complejo. “Enfrentar el restringido acceso a la información en una sociedad que se encuentra bajo vigilancia y medidas de control social ahora justificadas bajo el decreto de alarma, aunado a las restricciones propias de nuestra crisis de servicios públicos, internet, gasolina e hiperinflación”.  

Guia indicó que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una lucha titánica, pero enriquecedora.

“El trabajo se sigue haciendo pese a las agresiones. Continuaremos luchando porque el país merece estar informado”, añadió Guia. 

De acuerdo a Balbi no se puede hablar de una labor periodística bajo una “nueva normalidad”, sin antes recuperar principios fundamentales de libertades democráticas.

“La situación de retorno a una nueva normalidad deberá pasar por una recuperación de la democracia y de las condiciones sociales y económicas que permitan atender la emergencia humanitaria compleja, que restablezca la atención sanitaria como la exige el tratamiento de la pandemia, por una sociedad donde la cuarentena obligatoria no atente contra la manutención de sus ciudadanos, por una sociedad donde un gobierno atienda la necesidades fundamentales en lugar de restringir accesos, reprimir, detener arbitrariamente y conculcar los derechos civiles y políticos. Se ha demostrado que podemos confinarnos para protegernos y resistir al virus, pero eso no es suficiente”, dijo la directora ejecutiva de Ipys. 

LA ASOCIACIÓN CIVIL Una Ventana a la Libertad (UVAL) impartirá un taller sobre derechos humanos de los privados de libertad, en alianza con la Embajada de Suiza y el Colegio Nacional de Periodistas – seccional Carabobo, el cual tendrá lugar en el Instituto de Estudios Contables (Iesic) ubicado en la urbanización La Viña de Valencia, durante los días viernes 2 y sábado 3 de noviembre.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVAL, informó que esta actividad dirigida a comunicadores sociales, contará con prominentes ponentes en materia de derechos humanos como Luisa Torrealba Mesa, periodista y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV); José Bernardo Guevara, abogado y especialista en derechos humanos, responsabilidad social y valores, así como el mismo vocero.

“El taller será dictado también este mes en la ciudad de Caracas, mientras que en Valencia estaremos en el Instituto de Estudios Superiores e Investigación de las Ciencias Contables (Iesic), localizado en el CC La Viña Siglo XXI nivel 1, local B15,16 y 17, el viernes 2 de noviembre entre 2:00 y 4:30 de la tarde, y el sábado 3, entre 9 de la mañanay 4 y media de la tarde”, explicó Nieto Palma.

Por su parte, la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas en Carabobo, Ruth Lara Castillo, resaltó la importancia de patrocinar actividades orientadas a la actualización de conocimientos de los profesionales de la comunicación. “Más aún en oportunidades como ésta que nos brinda Uval de enseñar cuáles son los DDHH de los privados de libertad, lo cual permitirá una cobertura más completa en los casos de detención de ciudadanos”, dijo.

Destacó la gremialista que el cupo es solo para 25 periodistas, quienes recibirán un certificado de asistencia avalado por Uval, la Embajada de Suiza en Venezuela y el CNP – seccional Carabobo, y además tienen garantizado refrigerio durante los dos días de la actividad, y el almuerzo el día sábado.

Los interesados deben hacer su pre inscripción solicitando el formulario escribiendo al correo inscripcionescnpcarabobo@gmail.com o completándolo directamente aquí: https://goo.gl/forms/Lb7Twdm2MSbCzOWo2

La actividad es gratuita sin embargo, como parte de la labor de responsabilidad social, serán recibidos aportes en alimentos (un producto) para colaborar con los más necesitados en Carabobo.

Nota de prensa

MIENTRAS SE PRODUCÍA UNA MANIFESTACIÓN frente a la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas, un supuesto colectivo agredió al reportero de la cadena NTN24, Luis Gonzalo Pérez, e igualmente amedrentó a los representantes del canal VPI.

En un vídeo se observa como un sujeto de franela verde empuña un cuchillo frente a un grupo de personas y posteriormente lo guarda en un koala.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, así como el Colegio Nacional de Periodistas repudiaron el hecho.

En este video se identifica a quien amenazó con un cuchillo a @luisgonzaloprz, de @NTN24ve.

El material fue editado por el @sntpvenezuela.
Fiscales del @MinpublicoVE exigimos captura inmediata de este sujeto, implicado en otros hechos de agresión en contra de los comunicadores pic.twitter.com/gAXdsXU1qt

— SNTP (@sntpvenezuela) 21 de septiembre de 2018

#21Sep Civil de los supuestos «colectivos» con cuchillo en mano , intentó agredir al reportero de @NTN24ve @luisgonzaloprz ,mientras cubría protesta en inmediaciones del Ministerio de Educación. Gobierno debe garantizar el libre ejercicio del periodismo.

— CNP Caracas (@CNPCaracas) 21 de septiembre de 2018

OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN SE SUMA a la larga lista de los que han tenido que bajar la “santamaría” este año por presiones del gobierno, por problemas presupuestarios o incluso por ambos. En esta ocasión le tocó al diario Tal Cual, el cual despide a su versión en papel para quedarse únicamente con la digital.

Tal Cual es el quinto medio impreso que sale de circulación indefinidamente en 2017, luego que lo hicieran el Correo del Caroní, La Nación, El Impulso y La Verdad.

A este grupo de periódicos que dejan una considerable cifra de personas sin empleo, hay que agregar a otro tanto que han detenido su circulación parcialmente por escasez de material.

Según la organización no gubernamental Espacio Público, hasta finales de septiembre de este año 17 medios impresos han dejado de circular parcial o permanentemente, ocho canales de televisión salido del aire y 49 emisoras del espacio radioeléctrico han sido apagadas. Aunado a ello, doce portales de información han sido atacados y periodistas encarcelados, robados, hostigados y amenazados, especialmente durante las protestas contra el gobierno de Maduro que se produjeron entre abril y julio.

A continuación un recordatorio de los medios y casos más emblemáticos de violación a la libertad de expresión en 2017:

1- CNN en Español, allá vamos: En febrero de este año, el gobierno venezolano a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), decidió “bajar la cuchilla” de CNN en Español luego que la televisora estadounidense con sede en Atlanta transmitiera un reportaje de investigación sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a miembros de células terroristas vinculadas al Hezbollah, donde estaría involucrado el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami,

La entonces canciller Delcy Rodríguez acusó a la cadena de promover “una operación mediática imperial” contra la administración de Maduro.

El gobierno a través de la Fiscalía nunca abrió una investigación al respecto, solo optó por bloquear la señal del canal fundado por el magnate Ted Turner.

Luego de instaurada la asamblea nacional constituyente el 30 de julio, las televisoras colombianas Caracol, RCN y El Tiempo TV salieron de las cableras supuestamente por la cobertura que le dieron a la presencia de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en territorio neogranadino.

Por otro lado, Conatel decidió enviar al limbo a la Televisora Cultural de Tovar (TCT) tras una sola visita, en la cual las autoridades argumentaron que no poseían los permisos correspondientes de transmisión.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir líneas editoriales, no hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, dijo Marisabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de Espacio Público.

2 – Cien por ciento libre: El viernes 25 de agosto a las siete de la noche, una comisión de Conatel ingresó a las instalaciones de 92.9 FM en Las Mercedes,  sacó de frecuencia a la emisora juvenil, se adueñó de las instalaciones y encendió “Radio Corazón llanero”. “Cerraron una emisora como 92.9, con la irreverencia de la juventud, el gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas”, dijo Tinedo Guia, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

El mismo día también salió del aire Mágica 99.1, otra emisora critica al gobierno con programas de opinión conducidos por periodistas como Marianela Salazar y José Domingo “Mingo” Blanco. “Todo empezó con una entrevista que le hice al abogado Juan Carlos Sosa Azpúrua en ‘La Hojilla’, me acusaron de propiciar una invasión gringa; nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena, luego de eso llevaron a los gerentes al Ávila y en sus narices los sacaron del aire”, dijo Blanco.

No conforme con borrar a la radio responsable de programas como “Rockadencia” y “El Monstruo de la Mañana”, Conatel también abrió dos procesos administrativos contra su hermana en la frecuencia AM, RCR, cuna de RCTV. La acción se produjo en vista de que la estación supuestamente no transmitió la cadena donde se hizo el lanzamiento del satélite Sucre y debido a que en el programa “La Linterna” se incitaba a emplear armas de guerra y arrojar excremento a las personas.

Hasta finales de septiembre de este año, 46 emisoras (44 en el interior y dos en Caracas) han sido afectadas de alguna u otra forma por Conatel según Espacio Público.También se han suscitado alteraciones en la programación de las estaciones por amonestaciones específicas, tal es el caso del espacio “Calma Pueblo” en La Mega 107.3 FM, que salió de circulación luego que sus conductores fueran amonestados por cuestionar a un menor de edad debido a sus preferencias políticas y llamarle homosexual, según lo expuesto por el ministro de comunicación, Ernesto Villegas.

Asimismo al periodista César Miguel Rondón, conductor de un magazine matutino en Exitos 99.9 FM, se le impidió la salida del país luego que el propio Maduro lo amenazara con meterlo preso y a Nelson Bocaranda de “La Cola Feliz” en la misma estación se le obligó a tomar unas “vacaciones”.

3. Periodistas asesinados, heridos, encarcelados y robados: 2017 es el año con más agresiones a representantes de medios de comunicación en las últimas dos décadas. Hasta septiembre se habían contabilizado 145, teniendo el clímax en el marco de las protestas antigubernamentales, donde efectivos de seguridad fungían como los principales victimarios. Durante las marchas, 59 periodistas fueron detenidos por registrar o difundir información, además a 61 les robaron equipos o material, según se desprende de un informe de Espacio Público.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue apresado en julio y liberado mes y medio después de permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde, acusándolo de portar presunto material explosivo. Tiene régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país.

En 2017 también han matado reporteros. Yolman Briceño, quien trabajaba en la emisora comunitaria Anamar 103.1 FM y con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara fue asesinado en el estado Aragua. Previo a su homicidio había hecho denuncias sobre la muerte de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

A Alberto Cabrera y a Ángel Medina, periodistas de Voluntad Popular, les enviaron a la Penitenciaria Militar de Santa Ana en el estado Táchira por los delitos de rebelión militar, menosprecio a la Fuerza Armada y ultraje al centinela a finales de agosto. Siendo civiles fueron juzgados por un tribunal castrense en el estado Zulia.

“Con las protestas de 2014 se vieron tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año. Ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, info ciudadanos aprehendidos, perseguidos u hostigados”, declaró Rodríguez .

Pero el espiral de incertidumbre para ejercer la profesión no es exclusivo de los periodistas venezolanos. También los extranjeros han sufrido en carne propia la censura del régimen. Hasta finales de septiembre, 14 corresponsales han sido expulsados del país o se les ha impedido el acceso a las fuentes de información, una práctica que parece no tener fin en la extraña concepción del periodismo del siglo XXI en Venezuela.

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EMISORAS DE RADIO CERRADAS, periodistas presos, intimidación a televisoras nacionales de boca del propio presidente Nicolás Maduro, corresponsales que no pueden entrar al país, amenazas a representantes y dueños de medios son tan solo algunas perlas que adornan el collar anti libertad de expresión luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente.

Precedida por una cruenta represión contra los representantes de los medios de comunicación, la ANC se ha propuesto institucionalizar la censura. Previo al 30 de julio, periodistas fueron heridos, golpeados, vejados, detenidos y hasta robados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos a nivel nacional.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue liberado el pasado 24 de agosto luego de permanecer secuestrado y detenido por más de un mes en la cárcel militar de Ramo Verde. Rojas fue aprehendido el pasado 4 de julio en La Candelaria portando presunto material explosivo, fue juzgado por un tribunal castrense que le dictó privativa de libertad por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.

Rojas salió a la calle con cuatro medidas cautelares, entre las que destacan prohibitiva de abandonar el país y régimen de presentación cada treinta días.

“Es el primer periodista imputado por supuestos delitos militares, además le están dando muy mala propaganda a la FAN, eso quiere decir que cualquiera pueda cargar ese material por la calle”, dijo en ese entonces la abogada Elenis Rodríguez, hoy en día magistrada prófuga de la justicia venezolana.

“Rojas recibió amenazas previas por parte de grupos progobierno y luego fue sentenciado por un tribunal militar siendo este civil”, acotó Marysabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de la ONG, Espacio Público.

“Como Carlos Julio reseñaba la colas que se hacen en los abastos Bicentenario, le montaron un expediente y lo encarcelaron”, sentenció Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Asimismo, los periodistas de Voluntad Popular, Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos, enjuiciados por un tribunal militar y colocados tras las rejas. “No cayeron en gracia de un teniente de la Guardia Nacional y los trasladaron a la cárcel de Santa Ana como presos comunes”, agregó Guía.

“Parte de esto es inhibir el trabajo de los periodistas, es un castigo ejemplarizante”, acotó Rodríguez.

Otro caso de violencia contra el gremio significó el asesinato del periodista, Yolman Briceño en el estado Aragua. Briceño laboraba en la emisora comunitaria Anamar 103.1FM y también con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara. Desapareció el 24 de agosto de este año y su cadáver encontrado seis días después. Previo a su deceso había hecho denuncias contra el homicidio de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

La miembro de la ONG informó que las protestas antigubernamentales significaron un punto de quiebre para el ejercicio del periodismo y el gobierno mostró su rostro más represivo.

“2017 es el año con mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión en los últimos 16 años. Hasta julio se habían producido 580 casos de violaciones a la libertad de expresión, 80% de esta cifra fue entre los meses de abril y julio. Un ascenso importante con respecto a 2014”.

“En 2014 comenzamos con tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año, la mayoría de estas operaciones ejecutadas por servicios de inteligencia; ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de GN y PNB, info ciudadanos detenidos, perseguidos u hostigados”, aclaró.

Rodríguez indicó que 59 representantes de medios de comunicación social fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado entre enero y agosto de este año. “Además hubo confiscación de material y retención, la mayoría eran liberados al poco tiempo, eso obviamente ocasionó un temor generalizado entre los profesionales”.

No conforme con ello, se continúa impidiendo la labor de periodistas foráneos en suelo venezolano. Un trago amargo que ya han ingerido Fernando del Rincón, Jorge Lanata y Patricia Janiot por citar algunos. “14 corresponsales han sido deportados hasta agosto de este año, detenidos y devueltos desde Maiquetia”, manifestó Rodríguez.

Contra la Colina y Horizonte

Luego de un período de tregua, el propio Maduro volvió a arremeter contra los canales de televisión Televen y Venevisión. El mandatario culpó a las plantas de transmisión de aliarse para hacer una especie de boicot informativo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo que hicieron es inaceptable, se sumaron a la guerra, sacaron las campañas de violencia más infames, ignorando al pueblo”.

Días atrás, Maduro había fustigado a los dos canales por darle cobertura al plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio y específicamente a Televen por mantener una línea frontal en su noticiero durante las manifestaciones.

Conatel tampoco se quedó atrás y siguió promoviendo su cabalgata hacia el silencio.

Una semana después de haber eliminado de la parrilla a los canales colombianos Radio Cadena Nacional (RCN) y Caracol TV, el órgano que rige los destinos de las señales radioeléctricas en Venezuela decidió sacar del aire a 92.9 FM y a La Nueva Mágica 99.1. También abandonaron el espectro Televisora Cultural de Tovar, ZeaTV en Mérida y las frecuencias Corandes 101.3, SKY 95.3, Candela 98.3 y Campesina 93.3, también en el estado andino.

“En este instante, una comisión de Conatel procede al cierre de Tú FM 92.9, Qué Viva la 92”, escribió en su cuenta de tuiter el director de la emisora, Jaime Nestares.

La 92, familia de RCTV, pasó por lo mismo que su hermana diez años atrás, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo la lapidaria frase. “No más concesión para ese canal golpista de televisión”.

“54 cierres de medios se han producido en 2017, de esa cifra 49 son nacionales y 5 internacionales. Desde enero de 2005 cuando entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión hasta octubre de 2016 cerraron 50 empresas radioeléctricas, lo que significa que en apenas un año, Conatel clausuró más del doble de medios que en once años”, argumentó Mariaengacia Chirinos, directora de Libertades Informativas del Ipys (Instituto de Prensa y Sociedad).

Desde hace meses se estaba tejiendo ese cierre, aseguró José Domingo “Mingo”” Blanco, conductor del programa “Puntos de Vista” en 99.1. “Hice una entrevista a Juan Carlos Sosa Azpúrua (abogado) que no cayó bien, pero a la emisora no la cerraron por eso, la medida estaba planteada hace tiempo”.

“Partiendo de esa entrevista, en ‘La Hojilla’ me acusaron de propiciar una invasión gringa, nos advirtieron que Conatel iba a visitarnos y nos esperábamos cualquier cosa, desde una multa hasta el cierre”, argumentó.

Blanco indicó que en ese momento se percataron que eran blanco de un espionaje radioeléctrico constante. “Nos mostraron un documento donde estaba transcrita una entrevista que le hice a Nitu Pérez Osuna en una semana donde conversé con varios colegas por el Día del Periodista, todo muy detallado, nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena de radio y televisión. Llevaron a los gerentes de la emisora al Ávila y en sus narices les dijeron que los sacaban del aire”.

Desde Espacio Público, señalan que el gobierno apela a su condición de dueño del espectro radioeléctrico para arrinconar y exigir cualquier cantidad de tramites a los medios.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir la línea editorial, la mayoría son emisoras criticas al gobierno. No hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, expresó Rodríguez.

“Conatel es un organismo que depende del Estado y por su presidencia han pasado personas vinculadas al partido de gobierno. Este organismo no ha abierto un proceso transparente de renovación.”, denunció Chirinos.

“Este gobierno se ha dado el tupé de cerrar una buena cantidad de medios, empezando por la clausura de RCTV y las emisoras del circuito Belfort terminando con 92.9 FM y La Nueva Mágica”, salió al paso Guía.

Blanco aseguró que el objetivo de las dictaduras es que existan emisoras serviles. “Desde 2008 no le renovaban la concesión a Mágica, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos”.

“El gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas, cerraron una emisora como 92.9, una estación con la irreverencia de la juventud”, enfatizó Guía. “La clausura de radios lo que suma son nuevas familias al alto índice de desempleo”, añadió “Mingo”.

Chirinos dijo que otros medios radioeléctricos han optado por mirar hacia otro lado para conservar el espacio. “Guardan silencio o se muestran dóciles ante la critica al poder en resguardo de su concesión y eso lo vimos en el marco de las protestas, cuando eran muy pocos los canales o emisoras que hacían cobertura de los sucesos”.

El presidente del CNP aseveró que a todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle las irregularidades en las entregas de divisas para la compra de papel periódico, primero con Cadivi y ahora con un Dicom, que aparentemente no hará más subastas en dólares.

“Desde que la corporación Maneiro en 2013 determinó que el papel periódico no era un producto de importación de primera necesidad, se han producido 15 cierres de medios impresos. Otros han tenido que reinventarse”, alertó Chirinos.

A raíz de la persecución, la mayoría de los medios se han visto en la obligación de migrar hacia lo digital y sus periodistas cambiarse el “suiche”.

“Hemos visto ese fenómeno especialmente en los últimos tres o cuatro años, el problema es que el acceso a internet en Venezuela es deficiente”, indicó Marysabel Rodríguez. “Cada vez hay mas restricciones a la libertad de expresión y son mas difíciles de superar, pero existen espacios digitales, las redes sociales, a pesar de la información falsa, siguen siendo una de las pocas ventanas para seguir informando”, continuó.

“Los portales de información en internet son una consecuencia del cierre de medios tradicionales, denuncian la verdad y dan trabajo a los colegas, esto incomoda y por ello quieren restringir el ejercicio de la profesión hasta en redes sociales”, comentó Tinedo Guía.

Precisamente la ANC ya dirige sus baterías hacia los portales de información y redes sociales.

“No hay duda que viene una especie de persecución a los medios digitales, aunque esto es muy difícil de llevar a cabo, en la ANC se está gestando una Ley Contra el Odio y uno de sus objetivos es tipificar delitos en internet y redes sociales”, puntualizó Chirinos.

“A los medios digitales los han hackeado, bloqueado o sus reporteros han sido atacados de alguna manera, esas agresiones han sido en momentos claves o luego que funcionarios han arremetido verbalmente contra ellos”, indicó Marysabel Rodríguez.

“Al gobierno le molesta que se diga por ejemplo que en algunos edificios de la Misión Vivienda hay problemas de infraestructura, las primera víctimas de los gobiernos comunistas son los medios de comunicación”, puntualizó Tinedo Guía.

“Nos toca levantar las banderas de ciudadanía, tenemos que hacer valer nuestra libertad de pensar de manera distinta, los periodistas de pensamiento libre nos hemos constituido en una piedra en el zapato para los regímenes autoritarios, el periodista debe exigir respuestas e increpar, ser un fanático irreductible de la verdad, yo nací en dictadura pero pienso morir en libertad”, aseguró Blanco.

“En 18 años este sistema de gobierno, calificado como revolución más bien comunista, se ha propuesto imponer un sistema que es rechazado por la mayoría de los venezolanos”, concluyó Guía.

Infografía @espaciopublico

La seccional del Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas alertó al país sobre los nuevos atentados a la libertad de expresión por parte de Conatel al prohibir a distintos medios de comunicación informar sobre la consulta popular planeada para este domingo 16 por la oposición.

El CNP condenó las actuaciones del ente regulador que constituyen censura previa, la cual no solo está prohibida por el marco legal venezolano, sino que es contraria al ejercicio de los derechos humanos. Además, exigió al Gobierno Nacional revisar las decisiones en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión.

Lea a continuación el comunicado:

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital, alerta al gremio periodístico y a la sociedad civil sobre las últimas acciones que ejerce el gobierno contra el derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

El gobierno continúa con su política de censura contra la información en Venezuela. Es ya conocida la actuación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien giró instrucciones a las diversas estaciones de radio y televisión venezolanas, comunicándoles algunas prohibiciones relacionadas con la consulta popular convocada por distintos factores sociales y políticos para este domingo 16 de julio.

Dicha actuación del organismo rector de las comunicaciones, representa un nuevo atentado contra las libertades democráticas previstas en nuestro ordenamiento jurídico venezolano y en la normativa internacional en materia de derecho a la libertad de expresión.

Nuestra carta magna expresa en el artículo 57 que: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.

Asimismo el artículo 19 establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”

Queda clara la obligación del estado en garantizar a todo ciudadano el ejercicio de los derechos humanos; por ello de forma alguna puede violentarlos.

No utilizar el término consulta popular para la actividad del 16 de julio, prohibir a los periodistas de fomentar la participación en el evento señalado y que los medios no publiquen las piezas propagandísticas previstas por la Mesa de la Unidad Democrática; fueron parte de las órdenes impartidas a los medios por Conatel.

La normativa internacional en materia de libertad de expresión, excluye totalmente la censura previa como posible restricción de los gobiernos.

La convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 13 inciso 2, que el ejercicio de la libertad de expresión “No puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”.  Es decir, no puede el gobierno pretender una prohibición absoluta de una información u opinión antes de ser difundida.

La libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”

Por su parte La ley de Ejercicio del Periodista en su artículo 5, inciso 5 señala como uno de sus fines “Salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información”; razón por la cual el gremio periodístico ejecutará todas las acciones necesarias para defender estos derechos.

El Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, Condena enérgicamente las actuaciones de Conatel porque constituyen censura previa, la cual es contraria al ejercicio de los derechos humanos, además de estar prohibida en el marco legal vigente.

Asimismo exigimos al gobierno nacional respeto al marco jurídico vigente y exhortamos al ejecutivo revisar las decisiones en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión.

LA ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, integrada por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales, que se ocupan de velar y  resguardar el derecho a la libertad de expresión y  la libertad de prensa en Venezuela, alerta  sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertdad de expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.

En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los derechos fundamentales.

Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160 casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos,  medios de comunicación, y trabajadores de medios.

Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el  robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera,  desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web,  las acciones de vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del país.

Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos sobre la constante amenaza  al ejercicio efectivo de derechos a la asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas, el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y unas 1000 personas lesionadas.

Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana), como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.

En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:

• Garantizar la seguridad de los periodistas  e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
• Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
• Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
• Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.
• Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
• Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
• Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y se respete el derecho a la información.
• Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales
• Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.
• Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes,  declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.
• Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista

Caracas 31 de mayo de 2017

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello

Colegio Nacional de Periodistas

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público

Dirección de Publicaciones de la UCAB

Escuela de Comunicación Social de la UCAB

Espacio Público

Expresión Libre

Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV

Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)

Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello

Revista Comunicación del Centro Gumilla

Ser Investigación y Comunicación

Transparencia Venezuela