Colegio de Abogados de Caracas

El Colegio de Abogados de Caracas rechazó este lunes, 30 de abril, la serie de allanamientos hechos a oficinas y viviendas de varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron designados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional y que, desde el exilio, iniciaron un proceso de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.

La institución censuró las acciones que consideró » a todas luces arbitrarias», y fustigó el traslado bajo coacción de los familiares y empleados de los magistrados para que rindieran declaraciones en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del gobierno.

Allegados de los magistrados Elenis Rodríguez, Pedro Troconis, Antonio Marval, Cioli Zambrano, Romel Gil, Ramón Pérez Linares y Miguel Ángel Martín resultaron afectados por las medidas que fueron ordenadas desde el Ministerio Público venezolano.

«Tales declaraciones testimoniales, en la práctica, no son más que secuestros por el solo hecho de ser los pretendidos testigos parientes cercanos de los mencionados magistrados», dice el comunicado del Colegio.

La institución acotó que los allanamientos y testimoniales son utilizados para esclarecer la verdad sobre un caso y no para castigar.

Tras haber sido juramentados en 2017, los magistrados debieron huir de Venezuela y asilarse en otras naciones luego de que se les dictara orden de detenerlos.

OJO Colegio de Abogados de Caracas rechaza los allanamientos en las residencias y oficinas de varios magistrados del TSJ en el exilio. pic.twitter.com/lTr3N9WRZe

— RCTV.net (@RCTVenlinea) 1 de mayo de 2018

Yvett Lugo Urbáez, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, acompañada de directivos de dicha corporación gremial, acudió  a primera hora del martes, ante la Sala Política Administrativa del TSJ a demandar la nulidad del los decretos  mediante los cuales el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente.  

En el escrito se denuncia que el presidente de la República, usurpó atribuciones del Pueblo venezolano, único depositario del Poder Constituyente conforme al artículo 347 de la Constitución.  Una cosa es el poder de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que solo puede hacer el Pueblo y otra la “iniciativa” de tal convocatoria, que el artículo 348 le asigna, entre otros entes del Estado al presidente de la República en Consejo de Ministros. “Las competencias en materia de atribuciones gubernamentales, no se presumen –argumentan los demandantes-  tienen que estar establecidas de manera, expresa, en la Constitución y esta última ni expresa ni de manera tácita le  atribuye al jefe de Estado, competencia para convocar la ANC. Por ello, además de usurpar funciones, privativas del Pueblo venezolano, el Presidente se extralimitó en las que tiene, porque ninguna de ellas le asigna el poder de convocar la ANC”.

Entre los demás alegatos de los demandantes, llama la atención la denuncia por contradicción en que habrían incurrido los Decretos: “No se puede convocar – se lee en el documento-  como se pretende con los decretos 2.830 y 2.831 un proceso electoral regido, al mismo tiempo, por los principios de “universalidad” y de “sectorización. Son dos conceptos gramatical, lógica y jurídicamente, antinómicos, que se contradicen y anulan entre sí. Es como afirmar que esa elecciones se  van  a regir por un círculo cuadrado.”.

Los demandantes invocan, precedentes, nacionales e internacionales, que ante tales especies de contradicciones hacen que los actos administrativos sean declarados de  “imposible ejecución”.

*Con información de Colegio de Abogados del Distrito Capital