Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano hostiga a familiares e incluso mascotas de víctimas
Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela bajaron a golpes de su camioneta a Américo Ledezma, productor agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo, en una zona rural de Venezuela, a inicios de noviembre. Le ataron las manos, lo amordazaron y se lo llevaron secuestrado hasta el potrero de una de sus fincas, La Caraquita.
También a la fuerza, subieron en sus vehículos a varios empleados del ganadero y, ya en el sitio, los obligaron a cavar una fosa en medio del barro. Siete trabajadores de la hacienda estaban maniatados. Y, a su jefe, lo extorsionaron.
“Danos 25.000 dólares antes de que te encontremos los muertos, porque te los vamos a conseguir”, le gritaban los uniformados al dueño del predio campesino.
Ledezma, aún dentro de la camioneta donde lo raptaron, no sabía a qué muertos se referían. Amigos productores llegaron minutos después al lugar, acompañados de cuatro policías municipales y otros tantos militares de la Guardia Nacional Bolivariana. Exigían su libertad, reclamando la ilegalidad del procedimiento.
Dos de ellos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares. Las imágenes se hicieron virales luego del hecho, que culminó con la liberación del productor.
“Decían que ellos no tenían que dar parte a nadie, que tenían órdenes de Caracas para el procedimiento”, cuenta a la Voz de América un testigo (*). “A Américo, le iban a matar los obreros para ‘sembrarlos’ en esa fosa”, añade.
Los videos generaron tal indignación en Venezuela que, incluso, funcionarios del chavismo repudiaron públicamente la actuación de los integrantes de la FAES, un cuerpo cuya disolución ha solicitado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“De verdad, no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES. Ahí va a haber presos”, dijo sobre el hecho el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una entrevista en el canal estatal, VTV.
El funcionario especuló que las FAES pretendían asesinar al ganadero secuestrado. Su despacho ordenó la detención de seis agentes del cuerpo policial que participaron en lo ocurrido ese día en el municipio Francisco Javier Pulgar, del occidental estado Zulia, el más poblado de Venezuela.
Quienes enfrentan al chavismo no aplaudieron el sermoneo o la orden de Saab. Juan Guaidó, presidente interino, lo llamó “cómplice” de abusos del tipo que vivió Ledezma, esposado y extorsionado, dentro de su finca.
“¿Ustedes creen que Tarek William Saab se dio cuenta ayer que las FAES son un escuadrón de persecución, de violación de derechos humanos, entre otros crímenes? Él es un cómplice”, afirmó el dirigente del Parlamento, un día después.
Preocupación e impunidad
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, de un año de duración, y cuyo mandato se extendió, constató que existen en Venezuela “violaciones flagrantes de los derechos humanos” cometidas por el gobierno, agentes estatales y grupos que trabajaban con ellos.
Según publicó en septiembre, con base en 3.000 casos, en el país hay una conducta “generalizada y sistemática” de violaciones y crímenes “altamente coordinados” por el Estado, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Venezuela es epicentro de violaciones a derechos humanos con conocimiento de su presidente en disputa, Nicolás Maduro, y de los ministros del Interior y de Defensa, de acuerdo con el documento, que menciona a la FAES, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia militar.
“Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, dice.
El madurismo entró en cólera con el informe. Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, lo acusó de estar “plagado de falsedades” y de haber sido redactado a distancia, “sin rigor metodológico alguno”. Saab lo tachó de “propaganda” y denunció que el Grupo de Lima pagó por su elaboración.
Tales abusos son de “suma preocupación” para el mundo, advierte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una entrevista con la VOA a propósito del Día Internacional de Derechos Humanos.
Destaca que las violaciones se traducen en la detención arbitraria de líderes opositores, jóvenes que publican denuncias en redes sociales y, en general, de “cualquier persona que levanta la voz” para luego procesarlos en tribunales militares, “en total contradicción con las normas internacionales”.
Guevara-Rosas apunta que esos hostigamientos se extienden, asimismo, a las familias, comunidades y hasta las mascotas de los objetivos políticos del Estado.
“Hemos sabido de casos que incluso amenazan a las mascotas de las personas detenidas arbitrariamente como un método de tortura psicológica. Hemos visto cómo han amenazado a hijas, hijos, madres, padres de personas detenidas arbitrariamente, un poco para silenciar las condiciones de la detención», explica.
Las transgresiones trascienden lo político, subrayan defensores de derechos humanos en los 23 estados y la dependencia central de Venezuela, como Liliana Ortega, abogada y directora de la organización no gubernamental Cofavic.
La atención del Estado a los derechos humanos de los venezolanos durante la pandemia de la COVID-19, más allá de la perspectiva humanitaria y sanitaria, por ejemplo, es una de sus preocupaciones.
Ortega ha constatado una “muy grave escalada de violencia” durante operativos de seguridad ciudadana en el país, con acento especial en las comunidades económicamente más vulnerables, acota.
Cofavic, una de las oenegés de derechos humanos de mayor ascendencia en Venezuela, ha registrado 12.010 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y septiembre de 2020. El 99 por ciento de las víctimas son hombres y el 80 por ciento del total son menores de 25 años, se lee en sus estudios.
“En los últimos tres años completos monitoreados, de 2017 a 2019, el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido de 5.125 casos”, indica. Y, en medio de los abusos, reina la impunidad. “Solo tres por ciento de los casos de violaciones a los derechos humanos llega a un juicio en Venezuela”, destaca.
Deuda con Venezuela
Los hallazgos de las Naciones Unidas y las advertencias del mismo tenor hechas el mes pasado por la Fiscal de la Corte Penal Internacional constituyen un paso positivo en el respeto y la justicia sobre derechos humanos en Venezuela, a juicio de Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia y docente de la Universidad Católica Andrés Bello en derecho internacional humanitario.
“El año 2020 es donde finalmente los sistemas universales de protección de derechos humanos se pronunciaron sobre el carácter penal de las situaciones que ocurren en Venezuela”, señala en conversación con la Voz de América.
Las observaciones internacionales sobre el país lo ubican en “un grupo muy pequeño de países” cuyos Estados son responsables de delitos de lesa humanidad, como Siria o Myanmar, resalta Daniels, también abogado.
El proceso de justicia contra los crímenes hallados es “muy largo”, sin embargo, porque no solo siguen ocurriendo, sino que se siguen agravando en asuntos humanitarios, como la desnutrición aguda infantil, señala.
Juan Berríos, abogado y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, describe la situación de derechos humanos en Venezuela como “crónica” y cree que ello responde a causas estructurales que minan la vida, la salud, la libertad, el acceso a los alimentos y, en fin, la cotidianidad.
Las autoridades no solo cometen violaciones a derechos humanos, sino que no pocas veces, las ignoran, opina. “Han decidido ignorar los problemas en cuanto a buscar soluciones definitivas. Venezuela es un país muy mal gestionado. El bienestar de la población está rezagado”, complementa Berríos.
El gobierno de Maduro es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2022. Daniels, entristecido, concluye que el sistema internacional de defensa de esa materia fundamental “le ha fallado a Venezuela”.
Para él, no se justifica que hayan tenido que pasar seis años para confirmar crímenes de lesa humanidad. “Habla mucho de la lentitud del sistema y de lo que ha tenido que esperar Venezuela para llegar al comienzo de otro proceso”.
Berríos, por su parte, se declara pesimista: “la situación va a empeorar, porque la crisis (de derechos humanos) se está arraigando” en el país.
