código qr

“La subordinación en la Revolución viene en código QR (Quick Response Code)”. AsÍ comienza el informe publicado por Transparencia Internacional donde cómo el gobierno ha usado cedulas, carnets y tarjetas para

En este texto, le siguieron la pista al último “mecanismo de coacción del chavismo”, el Carnet de la Patria, el cual, según el presidente Nicolás Maduro tiene el objetivo de elevar la organización “del poder popular social”.

Transparencia Venezuela señala con el Carnet de la Patria, el Estado pasó de racionar la comida, ha penetrar en distintos ámbitos de la cotidianidad, “lo que la coloca como algo más que una herramienta para favorecer a la ciudadanía.”

La ONG afirma que el objetivo de todos estos nuevos instrumentos “es que todos estén bajo la sumisión de la herramienta que mejor le ha funcionado al chavismo para someter a los venezolanos”.

Entre los funcionarios que han sido voceros de esta iniciativa están el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal; la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías; y el Gobernador de Miranda, Freddy Bernal. Sin embargo, no se sabe cuál ente está a cargo de la base de datos del Carnet de la Patria ni se se especifica los recursos económicos destinados.

El uso del Carnet de la Patria, agregan, llega a tal punto- más allá de ser exigido para comidas, vacunas, viviendas, bonos, universidades, etc- que “se busca consolidar la lealtad en las urnas electorales.”

Para Transparencia Venezuela, el Carnet de la Patria y los otros mecanismo ideados por el gobierno pueden ser visto de dos formas.

En primer lugar, como un mecanismo de discriminación política, puesto que genera el rechazo inmediato de un sector de la población que, al no comulgar con las ideas y postulados de tal partido, no optará por obtener el documento.

En segundo lugar, se convierte en un medio coactivo para con la población que sí posee el Carnet de la Patria, este documento se está usando para intimidar y conseguir que las personas hagan todo a través de este mecanismo.

En este informe también indagaron sobre los antecedentes del Carnet de la Patria, su estructura, sus promotores, el secretismo y la discrecionalidad en el manejo de los recursos invertidos en esta tarjeta electrónica.

A continuación el informe completo:

Transparencia Venezuela: El apartheid revolucionario by runrunesweb on Scribd

Rafael Eduardo Hernández Quintero, quien cotiza en el Seguro Social como trabajador de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, es uno de los accionista de JMT Solution Technology, la empresa que ofrece la aplicación del Carnet de la Patria. Hernández y su socio provienen de la Universidad de Los Andes, así como los personajes claves que han estado encargados de introducir cambios en las políticas de identificación venezolana

@kathypennacchio

“CADA VEZ QUE EL TIPO HABLA hay que escanear el carnet. Por ejemplo, ahora lo hice con el bono de carnavales”, dice Lucía García* refiriéndose a las alocuciones del presidente Nicolás Maduro. A principios de 2017, Lucía se sacó el llamado Carnet de la Patria, un nuevo mecanismo de identificación nacional creado por el Gobierno Bolivariano con la promesa de obtener acceso a los alimentos regulados que distribuye el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en la comunidad donde vive, en el centro de la ciudad de Maracay.

En octubre de 2017, ocho meses después de realizar el proceso de carnetización llegó una de esas cajas a su casa, y la historia se repitió un mes después por última vez. A pesar de las promesas cumplidas a medias, Lucía le pide a un vecino, cada vez que se entera de un nuevo bono, que con su teléfono inteligente escanee el código QR de su carnet por no tener uno propio. Según expresó, su salario no le alcanza para comprar uno.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para el año 2015 unos 29 millones de venezolanos contaba con líneas telefónicas móviles activas. De ese número, sólo 13 millones son teléfonos inteligentes.

El QR es una especie de código de barras que sirve de almacenamiento de información y transmisión a alta velocidad. Todo Carnet de la Patria cuenta con este código en su parte posterior, lo que le permite al Gobierno acceder de manera rápida a toda la información registrada. “Quién quita, he escuchado a gente en el trabajo que sale en el sorteo y le dan su bono”, comenta Lucía.

El Carnet de la Patria es un nuevo documento de identificación nacional ideado por el Gobierno Bolivariano y el ahora partido político Somos Venezuela, con el que Nicolás Maduro se presentará a las elecciones presidenciales previstas el próximo 22 de abril. El carnet se ha utilizado para regular el acceso a productos de primera necesidad y como instrumento para llevar un control detallado sobre las misiones entregadas por el Gobierno de Venezuela. Según su página web oficial, a la fecha, más de trece millones de personas en el país lo han tramitado.

En el programa número 98 de Los Domingos con Maduro, el 3 de diciembre de 2017, el ministro del Despacho de la Presidencia, Jorge Márquez, explicaba de forma dinámica cómo debía usarse la aplicación telefónica VeQR-Somos Venezuela para el escaneo del Carnet de la Patria. Los objetivos de la aplicación, según Márquez, son fortalecer cada uno de los programas sociales creados o que se aspiren crear a futuro y que el presidente Nicolás Maduro interactúe con el pueblo.

“Atención, para que aprendan a bajar y a aplicar el VeQR y la interpretación del código porque por esta vía es que vamos a dar todos los servicios. Todos. Salud, medicina, vivienda, etc etc. Todos los servicios de las misiones y grandes misiones en una nueva etapa. Entra en una nueva etapa el Carnet de la Patria.” comentaba Maduro.

Lo que no se comenta públicamente es que esta nueva etapa del carnet tiene como protagonista a una empresa propiedad de un trabajador de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República: Rafael Eduardo Hernández Quintero, accionista junto a Daniel Alejandro Sifuentes Contreras de JMT Solution Technology, creadores de la aplicación que el Gobierno promociona sin cesar vía redes sociales y medios de comunicación.

Hernández Quintero, según su cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, comenzó a cotizar como trabajador de la Vicepresidencia en enero de 2017, coincidiendo con la creación del Carnet de la Patria. La relación se mantiene a la fecha. Hernández y Sifuentes registraron JMT Solution Technology el 5 de abril de 2017, sólo tres meses después del anuncio de la creación del carnet.

Con la actual contratación de su empresa para crear la aplicación se viola el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 73 de La Ley contra la Corrupción por obtener ventaja económica con posible aprovechamiento de las funciones que ejerce. Para esto se establece una pena de dos a cuatro años de prisión.

“Efectivamente, hay una violación a la ley, a la Constitución e inclusive a las normas de ética de los funcionarios. En esta relación hay un conflicto de intereses por existir un vínculo directo con la administración pública. La selección de las contratistas debe ser objetiva, aquí evidentemente no se compite con igualdad”, explica la abogada de Transparencia Venezuela, Mildred Rojas.

En JMT Solution Technology son también los creadores de la aplicación VeAgenda, para el control de asistencia y la planificación de actividades y reuniones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así como de VeIdeas-Unidos por Venezuela donde los usuarios pueden compartir sus mejores ideas para Venezuela y opinar sobre las ideas de otros.

Un nuevo registro de identidad que también llega de Los Andes

En los últimos meses es recurrente ver en el Twitter del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, mensajes llamando a usar VeQR para acceder a los diferentes bonos y hacer uso de las opciones que aparecen en el registro.

Los creadores de la aplicación, no sólo tienen en común con El Aissami su vínculo de trabajo. También vienen de la región de Los Andes, en Venezuela, y comparten la misma casa de estudios, la Universidad de Los Andes (ULA).

Daniel Sifuentes estudió criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, tal como El Aissami, pero un par de años después. Según el Registro Nacional Electoral, vota en el Municipio Libertador del estado Mérida.

Rafael Hernández, por su parte, estudió Ingenieria Civil en la misma universidad y según el listado electoral 2015-2017 estaba registrado para votar en el municipio San Rafael de Carvajal de Trujillo. Actualmente vota en el estado Aragua, entidad de la que El Aissami fuese gobernador entre los años 2012 y 2017. Ninguno de los dos accionistas supera los 35 años.

En una investigación realizada en 2013 por Adriana Rivera para El Nacional se comprobó cómo un grupo de ex integrantes del movimiento estudiantil Utopía 78, nacido en la ULA en Mérida, había trabajado con la misión cubana en Venezuela para introducir cambios en las políticas de identificación ciudadana.

Entre ellos destacaban Hugo Cabezas, quien fuera director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería y Dirección de Identificación y Extranjería (ONIDEX); Dante Rivas, quien encabezó la transición al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y, sin lugar a dudas, Tareck el Aissami que encabezó la Misión Identidad en 2003.

El equipo de Runrun.es fue hasta las oficinas de JMT Solution Technology, ubicadas en el piso 2 de la pirámide invertida del Centro Ciudad Comercial Tamanaco ​(CCCT) en Caracas, solicitando una entrevista. Aunque en una primera instancia la secretaria encargada confirmó que en efecto las oficinas de la empresa estaban allí, sólo unas horas después vía telefónica informó que la solicitud no se podía tramitar porque la compañía se había mudado. “Ellos ya no están acá… eso fue lo que me dijeron que te informara… No, no estoy autorizada a dejarles ningún recado ni a dar sus contactos” explicó.

La solicitud de entrevista fue enviada también vía correo electrónico. Al momento de publicación del reportaje no se ha recibido respuesta.

En la página web de la empresa no hay información alguna de sus servicios, sólo una fachada de registro para “disfrutar de todos nuestros servicios y mantenerte actualizado con nuestras noticias”. Runrun.es intentó en varias ocasiones registrarse sin suerte. Su cuenta de Twitter es privada y su página en Facebook no está disponible. Sólo tienen activo un canal de Telegram desde donde envían periódicamente propaganda política.

Saben hasta tu ubicación

Lucía García no sólo tuvo que ir a una de las jornadas de carnetización en el estado Aragua para obtener el carnet. También para poder obtener las cajas CLAP, el consejo comunal de su zona le solicitó registrarse en la página web del  Carnet de la Patria donde se le pidieron todos sus datos personales: nombre, cédula, correo electrónico, dirección, teléfono, datos familiares, cuántos hijos tiene, sus edades, con quién vive y el número de cuenta bancaria.

“Cada vez que entro a la página me aparecen mis conexiones, salgo conectada con mi mamá que también tiene el carnet y con mi hermana que vive en Charallave”, comenta Lucía.

El consultor político Oswaldo Ramírez Colina explica que aunque usualmente las compañías manejan información privada de sus clientes y la seguridad va a depender de cuántos datos el usuario provea, en este caso podría usarse como una manera de ejercer presión y lealtad política en un futuro.

“Si yo fuera gobierno a mí no me interesa si, en el año 2012, tal persona se inscribió en la Misión Vivienda porque ya pasaron seis años. Pero, haciendo uso de la tecnología yo puedo aprovechar esa relación en un futuro para amarrar o exigir lealtad en procesos electorales o negándole una pensión. Puede usarse para fidelizar”, explica Ramírez Colina.

Ya la organización Acceso Libre advertía sobre dos posibles riesgos ante la aplicación del Carnet de la Patria. El primero, el potencial cruce de información con otras bases de datos que maneja el Estado -como la información electoral- y, en segundo lugar, la inexistencia de una legislación en materia de datos personales en el país.

Con la aplicación VeQR-Somos Venezuela, disponible actualmente sólo para teléfonos Android, estos riesgos pueden incrementarse. Para solicitar algún bono o registrarse en algunas de las misiones cualquier persona con el carnet debe escanear su código QR y, obligatoriamente, activar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del teléfono celular que se esté utilizando. Así, el Gobierno Nacional y una empresa de tecnología con apenas un año de creación, no sólo manejan datos personales de los ciudadanos sino que podrán tener en cada escaneo la ubicación exacta de la persona o al menos sus patrones de conducta.

*Por solicitud de la entrevistada se usa un nombre ficticio

Widerven Villegas lava con su hermano unos 30 automóviles al día en el estacionamiento de un centro de estudios de gerencia en Caracas. Nadie le paga en efectivo por sus servicios.

“Yo acepto transferencias (bancarias) y tengo Tpago, Vippo y casi todas las aplicaciones que hay”, dice Villegas, de 35 años, quien muestra una gastada tableta y un teléfono analógico como su único equipo para relacionarse con un entorno de jóvenes gerentes y académicos bilingües.

“No manejamos efectivo porque la clientela no tiene”, comenta Villegas sobre lo que ocurre en un país afectado, tanto por la hiperinflación, como por una crisis de efectivo y donde el Gobierno lanzó su propio sistema de pago en línea.

Como él, mesoneros, taxistas y hasta vendedores de verduras en mercados municipales usan aplicaciones para aceptar pagos desde el teléfono o Internet buscando no perder a un nicho de clientes: los que no tienen suficiente papel moneda.

El auge de las Fintech, que en países como China gana seguidores porque les ahorra tiempo y abarata los pagos, en Venezuela crece a medida que la población no tiene otra alternativa para pagar los pequeños gastos.

De esta forma, el país petrolero, que será uno de los primeros en atravesar una hiperinflación en la era digital, ve surgir a los posibles ganadores de una caótica coyuntura: pequeñas empresas de tecnología que lanzan aplicaciones de pago electrónico.

“La crisis del efectivo está siendo cada vez peor y nos está dando una oportunidad para captar cada vez más número de transacciones con nuestra solución”, dijo Atilana Piñón, quien con 29 años y dos socios, fundó su primera empresa Citywallet, una aplicación para pagar las horas de estacionamiento.

Es de las pocas alternativas una vez que el ente regulador del sistema financiero mantiene desde 2016 los retiros diarios en efectivo en un máximo de 10.000 bolívares, casi la mitad de un dólar a tasa oficial, la tarifa de algunos estacionamientos o una décima parte de lo que cobra Villegas por lavar un carro.

La decisión devino luego que el Banco Central dilató por años la introducción de un nuevo cono monetario y al término del 2017 aumentó el volumen de billetes apenas 14 por ciento, menos de la mitad que un año antes, justo cuando la inflación anual alcanzó 2.616 por ciento por primera vez en la historia, según la medición del Congreso, la única data oficial disponible.

Sin billetes, también colapsan a menudo los sistemas de pago de la banca, por el rezago en mejorar su plataforma tecnológica para atender la multiplicación de las transferencias y de los montos.

MILAGRO DIGITAL

Piñon, que está en Chile por unos meses tras ganar una beca para replicar allí la idea que probó en Caracas, admite que el proyecto piloto que nació en una universidad privada, se extendió más rápido de lo que esperaba a varios centros comerciales de la capital venezolana y a miles de usuarios en menos de un año.

A la par, las solicitudes para pedir un taxi a la aplicación local Nekso se duplicaron durante 2017 y según la compañía fundada hace dos años, ya alcanzan las 400.000 al mes.

Desde el teléfono, Nekso permite a los usuarios pedir y escoger un taxi por la foto del automovil y del conductor entre los inscritos que están en la zona. Pero según dos de sus clientes frecuentes consultados por Reuters, la ventaja es poder pagar con tarjeta de crédito en un país donde la mayoría de los taxistas sólo admite efectivo.

“Hay taxistas que me dan las gracias por haber traído esta herramienta, me dicen que los está llevando al siglo XXI”, comentó Leonardo Salazar, director de estrategia de Nekso, desde unas oficinas con vista panorámica y sala de PlayStation.

La aplicación, orientada a las líneas de taxi, ya se replica en Panamá, República Dominicana y desde este mes será usada por conductores de Ciudad de México.

Vippo, otra aplicación que surgió en 2015, aumentó en un año de 300 a 11.000 sus clientes en Caracas, que pueden pagar desde un periódico hasta bananas, conforme los bancos reciben menos de un tercio de los billetes que se demandan a diario, dijo un ejecutivo del sistema financiero.

“Hay veces que el punto de venta del banco deja de funcionar una hora”, narra María Lozada, una vendedora de productos de limpieza en un mercado municipal en el este de Caracas.

“Con la crisis de efectivo, ésta fue la manera de resolver”, dice señalando al cartel que muestra un código de Vippo para pagar la cuenta por teléfono.

Los desarrolladores entrevistados apuestan a crecer en 2018, pues en el país más del 60 por ciento posee un teléfono celular activo, las tarifas de telefonía están reguladas, y la bancarización llega a casi 70 por ciento, según datos oficiales.

Pero la adopción será poco amigable en una nación con la conexión a Internet más lenta de América Latina, según la Cepal.

La decisión del gobierno ha sido ahorrar en la importación de billetes desde Europa y mantener las tarifas reguladas, aún en medio de una merma de ingresos petroleros y las sanciones de Estados Unidos; y hace semanas anunció que pagará las ayudas a través de un nuevo sistema de pago en línea.

“Con la billetera digital vamos a hacer milagros a todo nivel”, dijo el presidente Nicolás Maduro, refiriéndose al código QR que incluyó en el “carnet de la patria”, la identificación que entregan a quienes se inscriben en los programas sociales oficiales.

Para recibir las ayudas, hay que registrar ese código en una aplicación que el Gobierno pide instalen en el teléfono móvil, y luego activar el pago de cada bono e incluso de las pensiones.

“En marzo este tipo de pagos con el sistema QR será común”, dijo otra fuente de alto nivel del sector financiero. “La hiperinflación producirá ese milagro de la desmaterialización del dinero”, agregó.

Pero la jugada podría dejar por fuera a una porción entre los 30 millones de venezolanos, que aún no poseen cuenta bancaria o teléfono móvil.

Una alianza entre 18 bancos privados se produjo a finales de 2017 para lanzar una aplicación de pago electrónico de persona a persona, que en poco tiempo reúne a dos millones de afiliados. El plan a mediano plazo es que la plataforma también sirva para teléfonos analógicos y la usen personas no bancarizadas.

Los otros métodos de pago privados no compiten con la banca y más bien se apoyan en ella y agilizan las transacciones.

“Por la coyuntura capaz terminamos siendo una economía sin efectivo antes que Dinamarca”, comentó Miguel León, un ingeniero electrónico que lidera Vippo, en oficinas bajo concepto abierto donde instalaron hamacas para los empleados.

Una plataforma tecnológica implementada por el gobierno de Nicolás Maduro permite vigilar al votante, sus necesidades, su ubicación, todo dispuesto en el reverso de un documento del carnet de la patria.

Al menos 14 millones de personas, según el gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio presidente bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.

La tarjeta de identificación tiene en la parte posterior un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.

El sistema, financiado por el Estado, ha sido puesto a la orden del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para dar seguimiento a los votantes y permitir su ubicación gracias a la información almacenada durante su proceso de registro.

Esta tecnología es la principal herramienta usada por el gobierno, a través del partido, para promover la votación el próximo 30 de julio, cuando se elegirá a los integrantes la asamblea nacional constituyente, un proceso en el que el mayor reto del chavismo es alcanzar una alta participación.

Dentro del proceso, en el que se comenzó a censar y a distribuir carnets desde principios del año, se almacenó información sobre beneficios recibidos por el gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados por el Estado y sobre sus redes sociales.

Uno de los operadores del sistema que no quiso identificarse asegura que esta tecnología permite que una vez chequeada la persona quede registrada en una base de datos y se puede saber «quién no pudo movilizarse».

«Sí, podemos», dijo el operario en pleno simulacro de la plataforma mientras pasaba decenas de tarjetas frente al lector, para responder a la pregunta sobre si podrían saber quiénes no se habían movilizado para ese ensayo de la votación, que se realizó el mismo día que la consulta opositora contra la constituyente.

Desde hace más de seis meses el gobierno ha estado visitando casa por casa, viendo la necesidad que registró la persona cuando solicitó el carnet.

La base de datos sirve a una estructura superior del partido del gobierno para la elección de los candidatos de la constituyente denominada la «maquinaria 4×4», los cuatro pilares de la campaña electoral de los partidarios de Maduro para refundar el Estado.

Una fuente del Gabinete aseguró que es también el primer recurso que se usará a lo largo de la campaña y para ello el Gobierno comenzó hace tres meses a reservar seis millones de cajas del CLAP que serán distribuidas por los líderes del partido.

El banco de información que dispone hoy el chavismo le permite saber que de casi 15 millones de personas registradas 57% son mujeres; 32% tienen entre 15 y 35 años de edad; 34% de 35 a 55 años, y 33% más de 55 años; y 98% son alfabetizados.

91% de los registrados tiene acceso a los CLAP; y 34 % percibe un ingreso menor al salario mínimo, de acuerdo con los datos divulgados por el propio gobierno.

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