Ignacio, un joven de Maracaibo, fue detenido en el contexto de las protestas de 2017. Durante su reclusión fue víctima de tortura y violencia sexual por varios de los funcionarios
@ValeriaPedicini
Ignacio fue detenido en 2017. Era 20 de julio y en Maracaibo había sido convocada una manifestación en el marco de una huelga general convocada a nivel nacional. Junto a él, 22 personas más fueron apresadas, incluidas dos mujeres y una niña de 13 años.
Las autoridades respondieron a la movilización con un despliegue mixto de fuerzas de seguridad compuesto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mientras la GNB se enfocaba en tareas de control de la manifestación, la PNB llevaba a cabo las detenciones.
Un informe policial señala que cerca de las 7:00 de la noche, los cuerpos de seguridad se encontraron frente a una situación de disturbio público cerca del cruce Amparo. En el sitio había “un grupo de ciudadanos encapuchados, visiblemente portando bombas molotov, objetos contusos y escudos estaban arremetiendo contra los bienes públicos y privados de la zona”.
Cuando los manifestantes intentaron irrumpir en las instalaciones de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Los efectivos habrían detenido solo a 20 hombres durante la operación y se incautaron tres escudos, dos bolsas que contenían dos cócteles molotov y unos fuegos pirotécnicos.
Pero las declaraciones de los testigos registradas en el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 dicen algo distinto. Según sus testimonios, fueron detenidos en lugares y en momentos diferentes a aquellos registrados en las actas policiales.
Algunas detenciones se hicieron a tempranas horas de la mañana, otras alrededor del mediodía y otras al final de la tarde. Solo dos de las 23 personas detenidas recuerdan haber sido arrestadas a la hora que indicaba la policía. Los informes policiales no registraron la detención de las mujeres, ni de la niña de 13 años.
Ahí vino lo peor
Los detenidos fueron llevados en la parte trasera de un gran camión estacionado frente a las instalaciones de Corpoelec, donde fueron golpeados por funcionarios con cascos, puños y las culatas de sus armas y les rociaron la cara con productos irritantes.
También hubo agresiones sexuales.
A una de las mujeres detenidas la manosearon de forma sexual mientras se burlaban de su novio. A la otra la llevaron a una zona junto al vestuario y le dijeron que si realizaba actos sexuales, sería liberada.
A la niña de 13 años le quitaron la camisa, le tocaron el pecho, las nalgas y la entrepierna; le dijeron que era imposible tener un cuerpo así a una edad tan joven.
Ignacio* también fue una de las víctimas.
Funcionarios lo agarraron por el pelo y uno de ellos le dijo: “¡Este es el nalgón que me hizo correr, vamos a jugar con él!”. Le bajaron los pantalones y uno de ellos lo violó con una porra. Mientras lo hacían, lo insultaban y degradaban. Dijeron cosas como “Mira cómo aprieta, mira cómo puja” y que le debía gustar lo que le estaban haciendo, registró el informe de La Misión de la ONU.
Después de la violación, al joven estudiante lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Los otros detenidos lo vieron todo. Al menos diez funcionarios, entre ellos dos mujeres, estaban presentes en la habitación cuando agredieron a Ignacio. Aunque algunos fueron identificados más tarde por testigos, otros tenían las caras cubiertas o los nombres cubiertos en sus uniformes. Uno de los detenidos identificó al jefe supervisor de la PNB ante el Ministerio Público, diciendo que había estado presente todo el tiempo.
Al día siguiente fueron llevados al hospital Alfonso Pons para realizarles exámenes médicos forense de rutina y ordenaron a la doctora no plasmar en el informe los signos de violación evidenciados. Efectivos de la PNB amenazaron con golpear a los detenidos de nuevo si contaban sus lesiones.
Las acusaciones
El 22 de julio, los detenidos fueron trasladados al Tribunal Militar Decimoctavo de Zulia, sin que ninguno fuera militar. Fueron acusados de los delitos militares de rebelión, ataque y ultraje al centinela, menosprecio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y destrucción e inutilización de naves y valores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y violación a la zona de seguridad.
Durante la audiencia de presentación ante el tribunal militar, Ignacio declaró que había sido violado. Denunció frente a la jueza la tortura a la que fue sometido en las instalaciones de Corpoelec e identificó a dos funcionarios custodios presentes en la sala como los perpetradores.
La jueza ordenó a la Fiscalía de Derechos Fundamentales que abriera una investigación sobre las denuncias, así como nuevos exámenes médicos forenses.
Los exámenes realizados el 25 de julio de 2017 indicaron que Ignacio presentaba un hematoma en los glúteos en forma de barra y fisuras anales consistentes con la penetración. El resto de los detenidos presentaban lesiones como moretones en la cara y la cabeza, el abdomen, la espalda y las piernas producidos por objetos contundentes, heridas por perdigones en el abdomen, quemaduras en los glúteos y el cuello y quemaduras químicas en los ojos.
Pero la jueza militar ordenó un arresto domiciliario por 45 días para el muchacho y prisión preventiva para el resto, no para los funcionarios. Con posterioridad, a solicitud de la Fiscalía Militar, se desistió de la prosecución y el tribunal militar otorgó el sobreseimiento del caso.
10 meses después, en mayo de 2018, la denuncia realizada ante la justicia militar fue tomada en cuenta por la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos humanos.
Esta solicitó la aprehensión de los funcionarios Alvis Labarca, Kendry Osorio, Michael González, Rolando Baleta, Lizsujey Niebles, Joxy Quiroz, Carlos Contreras, y Manuel Chacón. La Dirección General de Contrainteligencia Militar procedió a detenerlos, pero algunos ya habían huído del país.
En la audiencia de presentación de los funcionarios detenidos, el Ministerio Público imputó a los funcionarios los delitos de violación y trato cruel, ratificando que se mantuvieran privados de libertad, requerimiento que fue acordado por el tribunal de control.
El Ministerio Público acusó a Labarca de violación y al resto de ser cómplices en la comisión de este delito. Para complementar la acusación fiscal, el equipo de defensa de la organización Codhez, presentó una acusación particular propia con el objetivo de resaltar que la violación fue un acto de tortura.
Un largo camino
La audiencia preliminar fue diferida siete veces en 2018 y los representantes de las víctimas tuvieron dificultades para acceder al expediente penal. Finalmente consiguieron acceso al documento, a través de una orden de protección constitucional.
La audiencia preliminar tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018 ante el Décimo Tribunal de Control del Zulia. El juez confirmó los cargos de violación y trato cruel, con uno de los acusados como autor de los actos y los otros como cómplices.
Los abogados del Codhez solicitaron sin éxito que los acusados fueran acusados de tortura, según la ley nacional sobre la tortura y los tratos crueles e inhumanos, dado la gravedad de los hechos y el daño.
El juicio fue diferido varias veces, debido a la ausencia de los fiscales, los abogados defensores o a las dificultades para transportar a los acusados.
El 6 de septiembre de 2021, ocho exfuncionarios de la PNB fueron condenados a 24 años y 3 meses de prisión, responsables de los delitos de violación y trato cruel contra Ignacio. La sentencia recae también sobre Michael González y Leonardo López, pese a que se encuentran evadidos, con una orden de captura por parte de la Interpol.
Sin embargo, no se han presentado cargos por actos de detención arbitraria, tortura, incluyendo la violencia sexual, u otros actos crueles, inhumanos o degradantes contra las demás víctimas, incluyendo la menor de edad y las demás mujeres detenidas el 20 de julio de 2017.
En el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 señalaron que “hay motivos razonables para creer que se cometieron actos de violencia sexual y de género, incluida la violación contra” Ignacio y otras formas de “violencia sexual contra una niña de 13 años y una mujer, lo que equivale a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Para Codhez, las circunstancias del caso constituyen un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.
Aunque la sentencia contra los funcionarios “no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima”, la ONG ve como positivo que los tribunales nacionales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
“Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares”, apunta Codhez.
*El nombre de Ignacio es ficticio
