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Denuncian detención de activista Henderson Maldonado
Varias ONG se unieron al reclamo por la aprehensión de quien se encontraba con pacientes renales

 

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención de Henderson Maldonado, uno de los abogados que pertenece a la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.

La información fue divulgada en la cuenta de Twitter de la ONG Movimiento Vinotinto donde aseguraron que Maldonado  se encontraba ante el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto acompañando a pacientes renales a solicitar tickets para surtir gasolina.

El abogado aparentemente se encontraba documentado y asesorando a los enfermos cuando fue apresado.

Organizaciones como Movimiento Vinotinto, Funpaz, Mapani, Codevida, el Observatorio Venezolano de Conflictos, Red Nacional de Activistas Ciudadanos y Justicia, Encuentro y Perdón,se unieron al rechazo.

Restricciones a movilidad atentan contra enfermos crónicos
Pacientes renales se ven imposibilitados de llegar a terapias de diálisis por escasez de gasolina y regulación de tránsito estipulada en decreto de estado de alarma por COVID-19

@franzambranor

En dos ocasiones esta semana, Sofía* tuvo que caminar casi 6 kilómetros desde Parque Valencia hasta la avenida Bolívar de Valencia para acudir a su sesión de diálisis. Como su terapia es a primera hora de la mañana, debe salir de casa a las 4 de la madrugada.

Sofía ha perdido 80% de la visión porque padece de diabetes. Así, casi sin poder ver, emprende camino a diario en busca de extender su vida. 

José* también es paciente renal y diabético en el estado Lara. Sufre una discapacidad motora por amputacion de miembro inferior derecho. En noviembre tuvo un accidente y se fracturó el fémur y la rodilla de la pierna izquierda, por eso amerita traslado en ambulancia. Esta semana faltó a su diálisis porque a las ambulancias privadas no les están echando gasolina.

La escasez de combustible, especialmente en la provincia, y las restricciones de tránsito estipuladas en el estado de alarma decretado por Nicolás Maduro mantienen en zozobra a miles de pacientes con patologías crónicas en Venezuela que deben acudir a tratamientos en centros de salud.

Para diciembre de 2019, en Venezuela había 10 mil 995 pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal y 2 mil 698 personas trasplantadas de riñón, hígado, córnea, médula ósea y corazón de acuerdo a la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y la asociación civil Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV). Desde 2016 el gobierno no aporta cifras oficiales en cuanto a pacientes renales.

Según Codevida y ATV, para el año pasado había 144 unidades de hemodiálisis en Venezuela, 85 pertenecientes al sector privado y 59 al público. Desde junio de 2017 está suspendido el programa de trasplante del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

“El problema de la gasolina no es de ahora, pero lo actual es grave”, dijo el coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela, Alfredo Cáceres.

Cáceres sostuvo que la emergencia sanitaria a raíz de la llegada del Coronavirus alertó a los pacientes de enfermedades crónicas. “El tema es que en Venezuela pega mucho más porque estamos en una emergencia humanitaria compleja”. 

De acuerdo a Cáceres, una persona trasplantada cae en un estado de inmunosupresión lo que le convierte en un blanco vulnerable de infecciones y virus. Asimismo el paciente que recibe diálisis es propenso a verse afectado por lo que está en el ambiente.

Según Cáceres, un paciente renal se somete a diálisis en promedio tres o cuatro veces a la semana. 

“Entendemos que las indicaciones de quedarse en casa son importantes para la mayoría de la población en medio de esta pandemia, pero los pacientes renales tienen que ir a su consulta. Esas máquinas son sus riñones. Si un paciente cuyos riñones no funcionan no se dializa, muere. Así de simple”, dijo Cáceres. 

Además de la escasez de gasolina, Cáceres denunció que la falta de agua potable y electricidad también atentan contra la salud del paciente crónico. 

“Hay unidades de hemodiálisis que no prestan servicio o lo hacen a medias porque no tienen agua. Somos la población más vulnerable”, indicó.

A Cáceres le preocupa las repercusiones que tenga el Coronavirus en el colapsado sistema de salud venezolano. “Qué le espera a los pacientes si no hay inversión, los precios del petróleo están por el piso y además atravesamos por una emergencia humanitaria compleja. Estamos en un panorama incierto. El riesgo de fallecer en un hospital público está hoy más latente que nunca”.

De acuerdo a un informe elaborado por Codevida y remitido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 2019, 2.500 pacientes renales fallecieron entre 2017 y 2018 por fallas de contaminación, déficit y cierre de unidades de hemodiálisis.

Una bomba de tiempo

A juicio de Alexander Hernández, presidente de Fundaparca, fundación contra el Parkinson, Venezuela no está preparada para la pandemia del Coronavirus.

Desde hace semana y media, la fundación que coordina Hernández no ha podido entregar medicinas a los pacientes venezolanos.

El Parkinson es una patología progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento y la coordinación motora. No ingerir el tratamiento adecuado puede causar estragos en las células cerebrales. 

“Nuestra sede queda en un conjunto residencial y nos prohibieron entregar medicamentos por la aglomeración de personas, especialmente porque la mayoría son de la tercera edad”, dijo Hernández. 

Hernández informó que en lo que va de 2020 han fallecido tres pacientes de Parkinson por falta de medicamentos.

“Los medicamentos nos estaban llegando desde España, Portugal y Estados Unidos y debido al Coronavirus esto se ha detenido”, indicó el presidente de Fundaparca. 

De acuerdo a Hernández, en Venezuela hay alrededor de 32 mil pacientes de Parkinson y 70% de esa cifra depende de lo que les suministre Farmapatria, establecimiento de medicamentos adscrito al gobierno. “Las medicinas de Farmapatria están llegando vencidas. Unas son de Colombia y otras de India”.

Para Hernández, la atención de un enfermo de Parkinson en medio de la crisis del COVID-19 es delicada porque no lo puede supervisar cualquier especialista de la salud. “Quien padece esta enfermedad tiene un protocolo muy específico con las medicinas que puede tomar, es por eso que cuando se lleva a una emergencia debe ser atendido por su médico. Es preocupante porque en Venezuela no contamos con una atención primaria digna”, dijo Hernández.  

Salir de casa o padecer encerrada 

Desde noviembre del año pasado, Edith Hernández no recibe las medicinas que toma por la rectocolitis ulcerosa que le fue diagnosticada en 2005.

La rectocolitis es una enfermedad inflamatoria de los intestinos grueso y delgado que debe ser tratada con medicamentos similares a los de una quimioterapia. 

A raíz de este padecimiento y percatarse que el Estado no le brindaba el apoyo suficiente, Edith decidió crear la Fundación Voces de Enfermedades Ulcerosas Intestinales en 2017.

“La entrega de medicamentos en la farmacia de alto costo del gobierno está suspendida. Entiendo que iban a empezar de nuevo en marzo, pero todo se cayó por lo del Coronavirus”, dijo Edith. 

Para Edith la movilidad se ha convertido en una pesadilla, especialmente en esta época de restricciones de tránsito. 

Edith vive en Cúa, estado Miranda, pero cuando viene a Caracas a buscar sus medicinas se queda en casa de su hermana en El Cementerio. 

Desde que Maduro decretó la cuarentena, Edith no ha salido del hogar de su hermana, aunque sabe que en algún momento debe hacerlo para buscar los medicamentos que toma. “Las defensas bajas es una condición casi perenne para nosotros, tengo que cuidarme, pero también vivir”, dijo.

Visibilizar el caos

Tanto Alfredo Cáceres de la Amigos Trasplantados de Venezuela como Alexander Hernández de Fundaparca consideran que hacer visible el padecimiento de los enfermos crónicos en Venezuela es una manera de avanzar en procura de lograr la intervención del Estado y organismos de cooperación internacional.

Ambos solicitaron la ayuda de funcionarios de seguridad del gobierno para permitir el libre tránsito de pacientes que deban acudir regularmente a terapias.

Asimismo los puentes que puedan tenderse entre ONG nacionales y organismos foráneos para el arribo de ayuda humanitaria al país. 

 

*Nombres cambiados a petición de los pacientes 

Organizaciones civiles califican de insuficiente Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela

Denuncian que la reacción de la ONU fue tardía debido a que la emergencia humanitaria fue alertada en 2015

 

Más de cien organizaciones civiles calificaron de débil e insuficiente el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas.

La estrategia hecha pública el pasado 14 de agosto comprenderá un periodo de seis meses (de julio a diciembre 2019) y tendrá un costo 223 millones de dólares para atender una meta de 2,6 millones de personas en diez estados del país.

Las organizaciones critican que el plan es limitado por cubrir solamente a 37% de los 7 millones de personas que tienen necesidades humanitarias. Además no se explica cuándo ni cómo se cubrirá a las otras 4,4 millones de personas postergadas para nuevos planes en 2020.

Igualmente califican de corto el lapso de seis meses y de insuficiente la cantidad de dólares para satisfacer las necesidades básicas de poco menos de un 10% de la población en Venezuela. Recursos que todavía deben obtenerse a través de donantes. 

Los organismos independientes también denuncian que la reacción de la ONU fue tardía debido a que la emergencia humanitaria fue alertada por altos voceros de esa misma organización en 2015.

Asimismo alerta que el plan de atender a 7 millones de personas a mediano o largo plazo es insuficiente en vista que la emergencia ha tenido severos impactos a nivel estructural que dejaron a una importante cantidad de personas privadas de bienes y servicios como salud, alimentación, agua, electricidad y educación.

Por otro lado, hace hincapié en la escasa información sobre el manejo de los recursos disponibles y cuál será el procedimiento para recabar lo que falta. El plan contempla que 73% del financiamiento requerido será destinado a proyectos de la ONU en Venezuela y 27% a organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. 

Exigencias 

En vista de todo este panorama, las organizaciones no gubernamentales y civiles exigen informar de manera veraz y oportuna los resultados de la respuesta humanitaria implementada desde octubre de 2018.

Igualmente hacer público el Panorama de Necesidades Humanitarias de Venezuela, elaborado en marzo de 2019, de modo que la población conozca la dimensión y el alcance necesario de la respuesta y el plan para el año 2020. 

También proponen reconsiderar los procedimientos de planificación, aumentar la totalidad de personas con necesidades humanitarias, así como elaborar un financiamiento real, acorde con las necesidades de los afectados.

De la misma manera exigen a la ONU y sus representantes combatir las restricciones que impiden cumplir con los mandatos de protección a las comunidades vulnerables.

Por último, instan a establecer un canal informativo con las organizaciones de la sociedad civil para obtener los fondos requeridos en procura de ayudar a la mayor cantidad de personas en riesgo. 

Suscriben:

1. A.C. Médicos Unidos de Venezuela
2. Acceso a la Justicia
3. Acción Campesina
4. Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
5. Acción Solidaria
6. ACOANA
7. Aconvida
8. Amigos Trasplantados de Venezuela
9. Asociación Civil Mujeres en Línea
10. Asociación Civil Movimiento Vinotinto
11. Asociación Venezolana para la Hemofilia
12. Aula Abierta
13. AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
14. Caleidoscopio Humano
15. CDH-UCAB
16. CECODAP
17. Cendif-Unimet
18. Centro de Acción y Defensa Por los Derechos Humanos – CADEF
19. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
20. Centro de Formación Para la Democracia – CFD
21. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
22. Ciclovías Maracaibo
23. Ciudadanía con Compromiso A.C
24. Civilis Derechos Humanos
25. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
26. Codevida
27. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – Codhez
28. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – Codehciu
29. Comisión Nacional de DDHH de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela del
estado Lara
30. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del
estado Táchira
31. Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad del Zulia
32. Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado
Mérida
33. Comisión de DDHH de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado
Monagas
34. Comité de derechos humanos de la guajira
35. Comité Popular de DDHH de Coche
36. Comunidad en Movimiento A.C
37. Conciencia Ciudadana A.C
38. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
39. Convite A.C.
40. Defensa en Acción
41. Defiende Venezuela
42. EDEPA A.C.
43. Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
44. Equipo Voluntario de Ayuda Humanitaria EVAH
45. Espacio Humanitario
46. Espacio Público
47. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
48. Federación Colegios de Bioanalistas de Venezuela
49. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -Fenasopadres-
50. Funcamama
51. FUNDACION AGROINLACA
52. fundacion Aguaclara
53. Fundación Ayudate
54. Fundación Incide
55. Fundación La Tortuga
56. Fundación Mavid
57. Fundación Papagayo
58. Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
59. Fundación prodefensa del derecho a la educación y la niñez
60. Fundación Rehabilitarte
61. Fundación Red Venezolana de Hombres Positivos RVH+
62. Gente & Ciudad Corp
63. Gobiernatec
64. Grupo de trabajo sobre Asuntos Indígenas – GTAI
65. Instituto Mead de Venezuela A.C
66. Instituto Venezolano de Estudios Políticos y Sociales-INVESP
67. Justicia y Paz OP VENEZUELA
68. Labo Ciudadano
69. Laboratorio de Paz
70. Madres y Padres por los Niños en Venezuela – Mapani Venezuela
71. Monitor Social A.C. (Nueva Esparta)
72. Movimiento Ciudadano Dale Letra
73. Movimiento SOMOS
74. Mulier
75. MUV Capítulo LARA
76. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
77. Observatorio Global de Comunicación y Democracia – OGCD
78. Observatorio Venezolano de la Salud
79. ONG DEMOCRACIA EMPRENDEDORA
80. Organización StopVIH
81. Padres Organizados de Venezuela
82. Prepara Familia
83. Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
84. Provea
85. Proyecta Ciudadanía A.C
86. PSICODEHU
87. Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Venezuela
88. Red de Activistas Ciudadanos – REDAC Internacional
89. Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes – REDHNNA
90. RVG+ Red Venezolana de Gente Positiva
91. Red Naranja
92. RedOrgBaruta
93. Revista SIC del Centro Gumilla
94. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
95. SOS PACIENTES RENALES
96. Superatec AC
97. Transparencia Venezuela
98. Un Mundo Sin Mordaza
99. Una Ventana a la Libertad
100. Unión Afirmativa de Venezuela
101. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
102. Venezolanos en Acción
103. 100% Estrógeno

 

Ver Plan de Respuesta Humanitaria en: https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarianrepublic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre

Codevida exige reactivación de programas de trasplante de órganos a dos años de su suspensión

HACE DOS AÑOS, LA FUNDACIÓN VENEZOLANA DE DONACIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS (Fundave), creada por el ministerio de Salud, suspendió el programa de trasplante y procura de órganos de Venezuela. Ese 1 de junio de 2017, el organismo aseguraba que la medida era temporal, pero ya pasaron 730 días y en vilo quedaron 3.500 personas que estaban en lista de espera para ese entonces. Muchos de ellos murieron. Otros, todavía aguardan por un trasplante. Así lo recordó Codevida, la coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela, que envió una nota de prensa a propósito de la fecha.

La asociación explicó que en 2017 había 15 mil personas en diálisis. «En la actualidad hay 10.200 aún en tratamiento, porque el resto falleció debido a la escasez de insumos, materiales y medicamentos», señala.

«Muchos de los que han sobrevivido pudiesen tener mejor calidad de vida si recibiesen un trasplante renal, pero en Venezuela no hay posibilidad de hacerlo debido a la suspensión del programa», apunta.

Codevida recalca que la medida no solo afectó a quienes necesitaban un trasplante de riñón, sino también a los programas de trasplante de hígado que perdieron financiamiento estatal.

Convenios internacionales como el del trasplante de médula ósea que se ejecutaba en Italia también fueron suspendidos porque el Estado venezolano tiene una deuda de 10 millones de euros con este programa. Las consecuencias se vieron durante el último mes en el hospital infantil JM de los Ríos, donde murieron cinco niños que esperaban por tratamiento y trasplante.

«Existe en el país una política de destrucción de los programas de trasplante en Venezuela, afectando a niños y adultos por igual, acabando con su calidad de vida y en muchas casos condenándolos a morir. Es imperativo que el Estado refinancie todos estos programas que permiten darle una segunda oportunidad de vida a quienes lo amerita, de lo contrario morirán todos aquellos que están en lista de espera aguardando por una donación de órganos», subraya Codevida.

Codevida contabiliza 17 pacientes renales fallecidos tras el apagón nacional

LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DERECHO a la Salud y la Vida (Codevida) reportó que 17 pacientes con enfermedad crónica renal han fallecido en el país, por incumplir con su terapia de diálisis tras la emergencia eléctrica registrada en gran parte del territorio.

Desde el jueves, 7 de marzo, cuando se interrumpió el servicio de electricidad en el país, algunos centros de hemodiálisis suspendieron las terapias especialmente, aquellos ubicados en el interior del país, donde aún se reportan fallas en el suministro de luz.

A través de su cuenta en Twitter, Francisco Valencia, director de Codevida, especificó que han ocurrido nueve muertes en Zulia; cinco en Distrito Capital; dos en Trujillo y una en Apure.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuenta con 129 unidades de diálisis en todo el país. Para 2017, 10.014 pacientes recibían terapia de hemodiálisis. Desde ese año, los enfermos renales sortean con la escasez de insumos para diálisis -como filtros y líneas- y deficiencia en el suministro de agua y electricidad en centros de atención, que les impedide purificar su sangre tres veces a la semana.

Pese a los reportes de fallecidos durante el apagón, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, negó este domingo que en los hospitales del país se hayan registrados muertes atribuidas a la falla eléctrica y calificó las versiones difundidas como “falsas y tendenciosas”.

La ONG Médicos por la Salud recabó un registro en el que detallan que, desde el 7 al 11 de marzo, 24 personas, entre ellos bebés menores de un año, habrían perdido la vida luego de generarse el corte de luz, que afectó a varios hospitales que no contaron con plantas eléctricas. El ministro de Salud aseguró que más de 90% de esos equipos funcionaron en medio de la contingencia.

Resolución de la ONU sobre Venezuela reconoce oficialmente que existe una crisis humanitaria

LA RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA que aprobó hoy el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es considerada por expertos como el primer paso histórico en la defensa del país: reconoce que Venezuela necesita asistencia humanitaria.

El jueves 27 de septiembre en Ginebra, 23 países miembros del Consejo de DDHH votaron a favor de que la ONU exhorte al gobierno de Venezuela a aceptar asistencia humanitaria y coopere con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo. Además, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, deberá preparar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

Para el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, este es un logro enorme. “Es la primera vez que el Consejo de DDHH habla sobre Venezuela y declaró la crisis humanitaria. Ya no solo las ONG lo decimos, ahora es un órgano de la ONU que lo anuncia  y contraría al gobierno”.

El cambio es evidente. Daniels recordó que no hace mucho, otros órganos de la ONU premiaban a Venezuela por sus políticas, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2013 cuando dio a Maduro un premio por supuestamente lograr reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre.

El director de Human Rights Watch, John Fisher, también consideró como “histórica” la resolución de la ONU, ya que marca un punto de inflexión para el pueblo venezolano y pone el foco en la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.

Mediante un comunicado, el director de HRW en Ginebra expresó que “la adopción, con amplio apoyo, de esta resolución permitirá que el Consejo de Derechos Humanos preste atención a la trágica situación en Venezuela y presione al gobierno de Maduro para que aborde la crisis humanitaria y los abusos de los que es responsable”.

Esto se consolida como el primer esfuerzo de un organismo internacional hacia la situación venezolana, un logro que no fue posible en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde las votaciones sobre temas venezolanos nunca fueron aceptadas, indicó Daniels.

El abogado fue el portavoz de 80 organizaciones no gubernamentales venezolanas que aportaron información y realizaron informes para las Naciones Unidas sobre la escasez de medicinas y alimentos, la violación de derechos humanos, entre otros hechos.

Es gracias a estas ONG que han dado información e insumos a los órganos de la ONU y a países de la región que fue aprobada la resolución sobre Venezuela, y esa misma información es usada frente a la Corte Penal Internacional, destacó el miembro de Acceso a la Justicia.

Francisco Valencia, director de Codevida, una de las ONG participantes, consideró que la resolución “es un mensaje muy claro, contundente y a nivel diplomático es un llamado de atención muy fuerte” para que el gobierno venezolano entienda el problema que causa la emergencia humanitaria y la violación de DDHH. Aclaró, sin embargo, que esto “no quiere decir que vaya a llegar las medicinas mañana al país”.

Valencia resaltó que por la falta de cooperación del régimen de Maduro, los países y los órganos internacionales han debido acudir a la sociedad civil para documentar la crisis. “Es un paso importante, es histórico porque no se había reconocido la crisis humanitaria, pero falta mucho por hacer. La ONG y la sociedad civil siguen documentando lo que pasa en Venezuela”, declaró.

Lucha con un obstáculo

Detrás de bambalinas, había un grupo de funcionarios  intentando en vano que la votación no ocurriera. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, viajó la semana pasada a Ginebra a reunirse con Michelle Bachelet buscando evitar que se aprobara la resolución. A inicios de septiembre, también acudió a la toma de mando de la ex presidenta de Chile en Ginebra.

“Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensa a nuestro país“, afirmó el canciller en la alocución ante el Consejo el 11 de septiembre.

Valencia conoció que funcionarios diplomáticos recogieron firmas en la ONU para evitar que el voto por la resolución sucediera, pero no lo lograron.

Tras la votación del jueves, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró «el comienzo de una escalada intervencionista» para conseguir la caída del gobierno y «establecer un mecanismo de tutela» foráneo sobre Venezuela.

Las expectativas hacia Bachelet

A Bachelet, como alta comisionada de la ONU, el mandato resultante le obliga a estar atenta a lo que sucede en Venezuela por al menos las dos próximas sesiones del Consejo, la 40 y la 42, pautadas para marzo de 2019 y marzo de 2020.

Para ello, las ONG esperan que Bachelet realice una visita al país para constatar la realidad de los venezolanos, una visita para la cual ella misma pidió cooperación al gobierno de Maduro.

Valencia consideró que Bachelet, quien también es médico, comprende lo que está pasando en el país y sabe que hay que trabajar cuanto antes para resolver la crisis.

“Seguiremos insistiendo con el comité de DDHH mandando informes sobre la situación, y seguiremos insistiendo en esta visita”, dijo el activista.

Codevida duda que 16 toneladas de medicamentos alcancen para tres meses

EL PRESIDENTE DE LA COALICIÓN de la Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia, aseguró que las 16 toneladas de medicinas que llegaron al país esta semana no son suficientes para solucionar la problemática que afecta a los pacientes.

Valencia sostuvo que es necesario que organizaciones no gubernamentales (ONG), presten colaboración a las autoridades que distribuyen los medicamentos, en los distintos hospitales, para evitar hechos de corrupción.

“Nosotros hemos pedido a la OPS que las ONG deberían ser veedores de este proceso de cooperación internacional”.

En el programa En Sintonía que transmite Unión Radio, Valencia indicó que van a investigar qué tipo de medicamentos llegaron al país y si aplican para las enfermedades que afectan a los venezolanos.

“Vamos a investigar bien de que tratan estas 16 toneladas, dudo que puedan durar para los tres meses, 16 toneladas no es nada en suministro de medicamentos”.

Codevida: 61% de la población venezolana vive en pobreza extrema

 

El 87 % de la población venezolana vive en la pobreza y el 61 % en pobreza extrema, según afirmó este jueves el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia.

«La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos», enfatizó Valencia tras denunciar la dramática situación junto a otros representantes de la ONG venezolana y del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la ONU.
«Los niveles de inseguridad alimentarios son altísimos. El 55% de los niños menores de cinco años sufren malnutrición», agregó el activista citando datos gubernamentales de Cáritas y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por su parte, el integrante de la CDH de la UCAB, Eduardo Trujillo, aseguró que «más de 8 millones de venezolanos solo comen dos veces por día o menos, y lo que ingieren no es nutritivo. De media, los venezolanos perdieron 11 kilos de peso solo en 2017».
El acto en el que participaron los activistas fue organizado por la ONG defensora de las libertades fundamentales Human Rights Watch y llevado a cabo en paralelo a la trigésimo novena sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ambos activistas intentaron explicar a la audiencia cómo es vivir «sin una distribución regular de agua potable y de electricidad y con una inflación del 233%», en palabras de Valencia.
El representante de Codevida explicó que ante esta desesperada situación era entendible que 2,3 millones de personas hayan abandonado el país, «entre ellos, el 50% del personal sanitario de los hospitales públicos».
«Una sola enfermera tiene que ocuparse de 80 pacientes en un día», explicó Valencia, y denunció que «16.000 enfermos renales tienen su vida amenazada porque se han clausurado los centros de diálisis; 5.000 pacientes hemofílicos no reciben tratamiento de coagulación; 33.000 enfermos de párkinson no obtienen medicinas, y 80.000 seropositivos no perciben tratamientos antiretrovirales desde 2017″.
Agregó que en los últimos años el número de muertos a causa del sida o enfermedades relacionadas aumentó de 1.600 al año hasta los 5.000, según reseñó Efe.
Además sostuvo que 55.000 personas enfermas de cáncer no obtienen quimioterapia o las medicinas necesarias y que la mayoría de los centros de tratamiento del cáncer han clausurado.
Valencia expresó que se estaban presentando brotes de enfermedades que ya habían sido controladas en el país, como el sarampión (más de 4.000 casos) o la malaria (500.000), y que las cifras de infectados sigue aumentando.
Trujillo, por su parte, hizo énfasis en la urgencia de solicitar a la comunidad internacional y a la ONU que se defina a los que huyen del país como «refugiados o emigrantes forzosos», porque abandonan su tierra natal forzados por la crisis.
«Es por ello que necesitan protección internacional», afirmó y dijo que según datos recogidos en Perú y Brasil por la Organización Internacional de la Migración, los venezolanos que huyen lo hacen por cuatro razones: falta de alimentos, falta de medicamentos, por la inseguridad y por la situación económica.