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Los médicos escondieron los dediles, pero uno quedó en el quirófano y lo encontró el personal de limpieza

Dos médicos que se habían apropiado de 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos a un paciente, fueron detenidos por el Cuerpo de de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los médicos detenidos fueron identificados por el Ministerio Público como Maricarmen Futrille de 33 años y Jonathan Coronel Rangel, también de 33, quienes pretendieron quedarse con 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos de un paciente el pasado 28 de febrero de este año en el Hospital “Israel Ranuarez Balza”, en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Los hechos se iniciaron el referido día cuando Freddy Alfonso González de 42 años se presentó al área de emergencias del Hospital Central de Villa de Cura, estado Aragua, con dolores en el abdomen y Coronel Rangel lo remitió al centro asistencial ubicado en San Juan de los Morros, donde fue intervenido quirúrgicamente por Futrille, quien no informó sobre al extracción de la droga a sus superiores ni a las autoridades.

Al día siguiente, el personal de mantenimiento encargado de la higiene del quirófano encontró uno de los dediles envuelto en una servilleta, y notificaron sobre el hallazgo a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes detuvieron al paciente y a su compañera, Yoicy Bustamante (48).

Ambos fueron presentados ante el Tribunal 4º de Control de Guárico, instancia en la que la fiscal 16º de esa jurisdicción los imputó por la presunta comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Luego, la investigación del Ministerio Público continuó hasta que se determinó que Futrillé había ocultado el resto de los dediles y, a través de las experticias telefónicas, también se develó la comunicación que mantuvo en todo momento Coronel Rangel con el paciente.

Ante esta situación, tras una orden de captura solicitada por el Ministerio Público, ambos galenos fueron aprehendidos en sus respectivos centros asistenciales el pasado 2 de abril, y fueron presentados ante el citado tribunal.

La fiscal del caso imputó a los médicos por ser presuntos cooperadores inmediatos en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Tanto los dos galenos como el paciente y su acompañante quedaron recluidos en el anexo 26 de Julio de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros.

 

Hallan 389 kilos de cocaína en la Embajada de Rusia en Argentina

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La embajada de Rusia en Argentina ocultaba 389 kilos de cocaína en 16 maletas, un “tesoro narco” valuado en 50 millones de euros. Fue el propio embajador ruso en Buenos Aires, Viktor Koronelli, quien en diciembre de 2016 dio aviso a las autoridades locales, alertado por la presencia durante meses de unos bultos sospechosos en el colegio de la sede diplomática. Cuando la policía argentina abrió las maletas encontró la droga. Fue el inicio de una investigación que duró más de un año y que tuvo ribetes cinematográficos. La cocaína se cambió por harina, se colocaron rastreadores satelitales al cargamento y las fuerzas de seguridad de los dos países esperaron con paciencia a que los narcotraficantes cayeran en la trampa. En diciembre el cargamento llegó finalmente a Moscú por correo diplomático y se detuvo a tres personas. Otros dos cayeron este jueves en Buenos Aires y falta la captura de un misterioso “Señor K”, prófugo en Alemania.

Luego, fue necesario armarse de paciencia. El juez Julián Ercolini, a cargo de la investigación, ordenó escuchas telefónicas que permitieron poco a poco descubrir la red narco, hoy detenida. Mantener en secreto la operación fue lo más difícil. “Había mucha gente involucrada y por canales distintos, porque fue una operación coordinada entre dos Estados”, dijo la fuente de la investigación. “Para traducir las conversaciones telefónicas en ruso, por ejemplo, debieron encontrar a un traductor “por fuera de la comunidad rusa en Argentina, para que mantenga el secreto”, agregó.

Los investigadores descubrieron así que el “señor K” tenía cómo cómplices al tesorero de la embajada, Ali Abyanov, y a dos rusos nacionalizados argentinos: Alexander Chikalo e Iván Bliznouk, este último subinspector de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La operación, por lo que han logrado reconstruir hasta ahora en el juzgado, consistía en ingresar la droga a Argentina, presumiblemente desde Colombia, e introducirla como correo diplomático en la sede de la embajada rusa. Mientras Abyanov ponía a disposición sus beneficios diplomáticos, el policía hacía de nexo entre las partes, por su dominio de idiomas y sus trabajos de seguridad en el edificio. Abyanov, el tesorero, fue enviado a Moscú en julio de 2016, y dejó las maletas en la embajada. La banda intentó tres veces enviarlas a Rusia, sin saber que tanto Buenos Aires como Moscú estaban al tanto de la operación.

El primer intento fue en un avión privado, pero el juez pidió al embajador ruso que pusiera una excusa para evitarlo. El temor era que por tratarse de un vuelo no comercial se perdiese el rastro. La segunda vez fue el policía argentino quien intentó trasladar las valijas en un viaje de instrucción de policías de Buenos Aires a Moscú. Se decidió que llevar el cargamento junto con un contingente de policías sería un problema en Moscú. La operación se realizó finalmente en noviembre, con el tercer intento de los narcotraficantes.

“Vinieron a buscar las valijas, las metieron en una camioneta y aprovecharon una mudanza donde se llevaban un montón de cosas del tesorero de la embajada que se había vuelto a Rusia”, dijo la fuente de la investigación. Cuando las maletas llegaron a Moscú la policía rusa detuvo a tres personas que intentaron retirarlas, entre ellas el propio Abyanov. Esta madrugada, la gendarmería detuvo en aeropuerto internacional de Ezeiza al policía ruso- argentino, que llegó junto con su esposa desde Roma, y a su cómplice local, quien fue a buscarlo. Fin de la película.

Detienen a venezolanos durante decomiso de 1.500 paquetes de droga en Dominicana

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Foto: @kathernandez

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana informó este martes, 2 de enero de 2018, el decomiso de más de 1.500 paquetes de droga, presuntamente, cocaína, durante una operación que contó con la colaboración de Estados Unidos y Holanda y en el que fueron detenidas 12 personas de varias nacionalidades, entre ellos, venezolanos.

La operación fue realizada el pasado domingo 31 de diciembre, según dio a conocer en una rueda de prensa la agencia antidrogas.

Las autoridades dominicanas, junto a países aliados, daban seguimiento a un buque «con alto perfil sospechoso» – que supuestamente trasladaba alimentos – que fue interceptado por unidades navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado por miembros de la Armada Dominicana al Puerto de Sans Souci en Santo Domingo.

En el operativo fueron detenidas 12 personas, que formaban parte de la tripulación, entre los que figuran colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños y dominicanos. Todavía no se han revelado ni las identidades de los apresados ni la bandera del barco.

«Los implicados en este caso, están siendo entregados al Ministerio Publico para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas», apuntó la DNCD en un comunicado leído en la rueda de prensa.

Más información en La Patilla.

Sentencia de 18 años ubica a sobrinos Flores en ranking de capos más peligrosos

InSight Crime

LA CONDENA DE 18 AÑOS DE PRISIÓN a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela no es complaciente y en lugar de ser representativo de la justicia pudiera ser una respuesta política del gobierno de Estados Unidos a la conducta “antidemocrática” de Nicolás Maduro.

El juez Paul Crotty, de la Corte Federal de Manhattan, anunció su decisión de condenar a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del Presidente Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel después de más de un año de espera y luego de descartar la condena de 30 años solicitada por la Fiscalía de Nueva York.

La decisión, que en Venezuela fue considerada benévola, se basó en que no había ninguna prueba de que los acusados hubieran distribuido drogas en Estados Unidos, según explicó el juez.

“En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas… La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad… la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”, publicó Runrun.es.

Los “narcosobrinos” fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) cuando intentaban concretar una negociación para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a territorio estadounidense. Durante la investigación, la Fiscalía de Nueva York presentó documentos judiciales que vinculaban a los sobrinos del presidente Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues planeaban recibir cocaína de este grupo.

Declaraciones de testigos y documentos de la Fiscalía también relacionan a los “narcosobrinos” con traficantes de drogas en Honduras. Además durante la investigación se descubrieron evidencias que vinculaban a Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores con bandas criminales y otros delitos en Venezuela. Se trata de los homicidios de dos hombres pertenecientes a las mafias carcelarias (pranes) y a megabandas (organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión y el microtráfico de drogas).

Durante el caso de los “narcosobrinos” también surgieron algunas grabaciones y otros elementos difundidos por algunos medios internacionales que mostraban la presunta complicidad de funcionarios del gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas.  Se refirieron al control del Cartel de Los Soles, supuestamente liderado por el expresidente del congreso Diosdado Cabello, sobre el tráfico de drogas desde Venezuela, y también y los presuntos nexos del vicepresidente Tareck El Aissami en actividades criminales. Sin embargo, no hubo mayores investigaciones sobre estas revelaciones.

Análisis InSight Crime

La página especializada Insight Crime analizó la condena a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y aunque pudiera parecer compasiva -luego de demostrarse su relación con grupos de crimen organizado, el uso ventajoso de su poder político familiar para facilitar el tráfico de drogas y la intención de introducir drogas en Estados Unidos- en realidad la sentencia de 18 años de prisión es muy similar a las condenas recientes de poderosos criminales de la región, que han sido juzgados en Estados Unidos.

Los hermanos Luis Alonso y Miguel Valle Valle de Honduras, señalados de introducir mensualmente 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fueron condenados a 23 años de prisión. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, recibió 24 años de pena, luego de declararse culpable de conspirar para introducir grandes cantidades de droga a ese país. También Marlon Francesco Monroy, conocido como “El Fantasma”, fue sentenciado en 2017 a 21 años y nueve meses de prisión en EEUU.

Otros dos poderosos capos colombianos también recibieron sentencias que fueron consideradas reducidas en comparación con los crímenes que habían cometido. Una Corte de Nueva York sentenció a nueve años de prisión a Luis Enrique Calle Serna, uno de los líderes de Los Rastrojos, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerada una de las más grandes organizaciones de narcotraficantes del mundo, fue condenado a solo 15 años y 10 meses de prisión por una Corte del Distrito de Columbia. Luego de una negociación con las autoridades de Estados Unidos, su responsabilidad en matanzas y violaciones de derechos humanos en su país no fue considerada en su sentencia.

Todas estas condenas tienen en común que los acusados se declararon culpables, se entregaron a las autoridades o negociaron acuerdos para suministrar información al gobierno de Estados Unidos. Al parecer los “narcosobrinos” no se ofrecieron como colaboradores, ni negociaron sus sentencias a cambio de suministrar información, así que su condena de 18 años podría ser un reflejo de eso.

Por otra parte, la condena a los “narcosobrinos” puede ser otra respuesta del gobierno de Donald Trump a las acciones “antidemocráticas” que han venido denunciado por parte del presidente de Nicolás Maduro. En varias oportunidades se llegó a plantear que desde Estados Unidos intentaron utilizar esta sentencia como una carta para negociar la salida del presidente Maduro del poder y obligarlo a flexibilizar algunas medidas, como el encarcelamiento de líderes políticos de oposición.

La decisión del juez Crotty, que había sido postergada en al menos tres oportunidades, se conoció el 14 de diciembre, cuatro días después de que el partido del presidente Maduro arrasara en las elecciones municipales, al ganar 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa. Se trata de la tercera victoria electoral consecutiva del mandatario en 2017, luego de triunfar en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones de gobernadores, todas obtenidas bajo la sospecha del fraude y en medio de un ambiente de protestas ciudadanas por falta de comida, medicamentos y una creciente inflación.

La ironía no se limita a la Casa Blanca. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a Maduro y a una docena de funcionarios del Estado venezolano por violación de derechos humanos y conductas que atentaban contra la democracia. Además calificó a Nicolás Maduro de “dictador”. Sin embargo, estas medidas no parecen haber afectado al régimen del sucesor de Hugo Chávez, quien en los últimos cinco meses se ha fortalecido en el poder y ha radicalizado su modelo.

La condena de 18 años de prisión sobre los sobrinos de su esposa tampoco generó ninguna preocupación en el mandatario de Venezuela. Días antes del anuncio de sentencia, previsto para el 14 de diciembre, Maduro mantuvo su conducta retadora. El mandatario, ahora fortalecido políticamente, amenazó a la oposición con no permitirles participar en las elecciones presidenciales de 2018 si no exigían al gobierno de Estados Unidos que retire las sanciones en su contra.

Ningún funcionario del gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre la sentencia, tampoco los medios de comunicación oficiales han difundido la información.

Cronología de los narcosobrinos, de Haití a Nueva York

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Los sobrinos Flores, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores, fueron conocidos tras su detención en noviembre del año 2015. Desde ese momento hasta ahora, el proceso judicial transcurrió en medio de la mirada pública. A los parientes de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se les acusó de intentar introducir a los Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. La tarde de este jueves 14 de diciembre, un tribunal los sentenció a 18 años de prisión y a cancelar una multa por 50 mil  dólares, sin derecho a libertad condicional. A continuación una cronología con las fechas más importantes de este caso.

10 de noviembre de 2015.  Los sobrinos Flores fueron detenidos por agentes de la DEA en Puerto Príncipe, capital de Haití. Al momento de la captura, ambos portaban pasaportes diplomáticos.

12 de noviembre de 2015. Fueron presentados ante una corte estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. El caso fue llevado por el juez James Cott.

16 de noviembre de 2015. Se realiza el diferimiento de la audiencia luego de que el juez atendiera una petición hecha por uno de los abogados de la defensa de los sobrinos Flores. En este caso fue el abogado John Reilly, defensor de Efraín Campos Flores.

16 de diciembre de 2015. La firma de abogados Squire Patton Boggs renuncia a la defensa del caso. No se revelaron más detalles sobre la decisión. Esta firma había mantenido en el pasado vínculos con Pdvsa.

17 de diciembre de 2015. Los sobrinos Flores se declaran no culpables de los cargos que se les imputaban. Para esta fecha se incorpora a Kafahni Nkrumah como abogado defensor de Efraín Campos Flores. El abogado es pagado por los Estados Unidos.

26 de febrero de 2016. Kafahni Nkrumah, abogado de Efraín Campos Flores, solicita nuevamente el diferimiento de la audiencia; para esta petición contó con la aprobación de los abogados defensores de Franqui Francisco Flores De Freitas y la Fiscalía.

18 de marzo de 2016. Randall W. Jackson y John T. Zack, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP, son incorporados a la defensa de Efraín Campos Flores. La firma de abogados está entre las 100 mejores de los Estados Unidos.

3 de abril de 2016. También se incorporan a la defensa de Franqui Francisco Flores los abogados David Matthew Rody y Michael D. Mann, de la firma Sidley Austin LLP, la octava más grande de los Estados Unidos.

5 de abril de 2016. Se solicita nuevamente el diferimiento de la audiencia por parte del nuevo abogado de Franqui Francisco Flores.

2 de mayo de 2016. Los abogados de la defensa solicitan nuevamente el diferimiento de la audiencia, tras alegar que necesitaban resolver algunos aspectos legales.

9 de mayo de 2016. La Fiscalía denuncia que los abogados de los sobrinos Flores son pagados por la misma persona. La situación podía generar un conflicto de intereses.

12 de mayo de 2016. Los sobrinos Flores renuncian a tener un juicio libre de conflictos y el 28 de junio de 2016 incluyen un nuevo acusado en el caso: Roberto de Jesús Soto García.

2 de julio de 2016. Defensa pide que se eliminen algunas evidencias por la forma en que estas fueron obtenidas.

22 de julio de 2016: Se incorporan dos abogados a la defensa: Elizabeth Anne Espinosa, para Franqui Francisco Flores De Freitas, y Joanna Christine Wright, para la defensa de Efraín Antonio Campo Flores. Ambos pertenecen a la firma  Sidley Austin LLP.

8 y 9 de diciembre de 2016: Se realizan las audiencias de supresión de evidencias. Participaron los agentes de la DEA que estuvieron en la detención, dos informantes y un funcionario de la Policía de Haití.

29 de septiembre de 2016 – El diario Wall Street Journal publicó un trabajo en el que indica que el empresario Wilmer Ruperti, vinculado con el Gobierno de Venezuela, es el encargado de costear los gastos de la defensa de los sobrinos Flores.

Noviembre de 2016. Fueron hallados culpables del delito de conspiración por transportar droga a los Estados Unidos. El jurado, integrado por doce personas, emitió su veredicto de forma unánime.

A inicios de 2017, la defensa intentó convencer al juez de la causa de liberarlos o repetir el juicio. Alegaron fallas en los procedimientos.

18 de abril de 2017. La fiscalía dio por cerrado el caso, que oficialmente concluiría con la lectura de la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas, que prevista para el 26 de junio de 2017; esa fecha luego fue postergada.

Mediados de 2017. la Fiscalía también introdujo una serie de documentos a través de los cuales exponían las razones por las cuales consideraban que los sobrinos Flores debían ser condenados a cadena perpetua; la defensa respondió con otros informes y alegatos en los que desmeritaba la petición de la Fiscalía.

El 13 de diciembre Fue la fecha fijada para dar a conocer las sentencias contra los sobrinos Flores; luego se postergó para el 14 del mismo mes.

14 de diciembre de 2017. Fueron sentenciados a 18 años de cárcel, más una multa de 50 mil dólares, sin derecho a libertad condicional.

Crímenes sin castigo: Para entender los casos de Andorra (I)

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La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

 

@javiermayorca

 

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.

El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.

Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.

Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.

Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.

A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.

En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.

Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.

Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.

Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.

Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.

En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.

Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

 

Breves

 

*El día de la publicación de esta columna está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

 

*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

 

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Incautan 4 toneladas de cocaína en España y Marruecos de organización asentada en Venezuela

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La Guardia Civil de España, junto con policías de Alemania, Italia, Marruecos y la Oficina Antidroga de EEUU, la DEA, desmantelaron una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína, con 40 detenidos en España y Marruecos y la intervención de 4 toneladas de droga entre ambos países.

Los arrestados, 34 hombres y 6 mujeres, son de nacionalidad española, británica y marroquí y trabajaban para una organización principal asentada en Venezuela, según informó hoy la Guardia Civil.

Los agentes desarticularon dos grupos interrelacionados entre sí, uno de ellos afincado en el norte de España, que se encargaba de introducir y distribuir la droga; y el otro establecido en Melilla, ciudad española en el norte de África, con ramificaciones en el sur de España y Marruecos, que tenía como misión blanquear las ganancias.

De las casi cuatro toneladas de droga intervenidas, 2.580 kilos se incautaron en Marruecos y 1.270 kilos en España.

Se estima que la cocaína podría haber alcanzado en el mercado español más de 103 millones de euros (121 millones de dólares).

Además de la cocaína incautada en diversos registros -en alguno de ellos se halló estupefaciente en habitáculos bajo tierra- se intervinieron más de 13 millones de euros (15,3 millones de dólares) en efectivo, 105 kilos de hachís, 18 vehículos de alta gama y 3 embarcaciones.

La operación se inició en 2016, y entonces los agentes españoles interceptaron una embarcación procedente de Venezuela con 400 kilos de cocaína, que tenía como destino Cádiz, en el sur de España.

La documentación intervenida entonces permitió descubrir que la organización tenía varios cabecillas que se desplazaban desde Sudamérica hasta España para, entre otras misiones, recoger los beneficios de la venta de la droga para trasladarlos físicamente a Venezuela, para lo que usaban como pantalla una empresa de muebles.

También utilizaban a personas con pocos recursos que, a cambio de dinero, llevaban las ganancias de la organización entre sus pertenencias.

El jefe del grupo asentado en Melilla, era un español que dirigía las operaciones desde Frankfurt (Alemania), donde bajo la cobertura de la compra-venta de vehículos, blanqueaba el dinero del narcotráfico para la organización venezolana principal.

140 panelas de cocaína fueron incautadas en Dominicana provenientes de Venezuela

Nestor Reverol cocaina avion Laser

140 panelas de cocina fueron incautadas en Santo Domingo, República Dominicana provenientes del el aeropuerto internacional de Maiquetía, traladadas en un vuelo de la aerolínea Laser.

En ese sentido, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverolexplicó que el 30 de octubre «un vuelo de la aerolínea Laser Airlines salir con destino a Santo Domingo donde practican la incautación de 140 panelas de cocaína».

Agregó que en el procedimiento fueron incautadas 4 maletas en donde estaba guardado el cargamento ilícito.

«Fueron detenidos cinco ciudadanos dominicanos, entre ellos, 4 funcionarios que forman parte de las autoridades que se encargan del control de los procedimientos en materia antidrogas», manifestó.

Según el análisis de los videos hay otras 15 personas vinculadas con el hecho, razón por la cual, Reverol indicó que está siendo investigadas.

«En conjunto con el Ministerio Público fueron detenidas 10 personas aquí en Venezuela que están directamente involucradas en este hecho», aseveró.