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FANB  desmantela laboratorio de cocaína en Apure
Más temprano, Hernández informó sobre la desactivación de 12 artefactos explosivos en el mismo estado

 

El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, informó este viernes el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio José Antonio Páez, sector Caño Hondo, del estado Apure, en la frontera con Colombia, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A través de varios mensajes publicados en Twitter, afirmó que en el lugar se hallaron 800 kilos de sosa cáustica, 600 litros de ácido sulfúrico, 700 litros de ácido clorhídrico y 500 kilos de nitrato de amonio, 800 litros de acetona, 900 kilos de urea, 300 kilos de azufre micronizado y 200 kilos de polvo de carbón.

Según Hernández, todo lo hallado por la URRA (Unidad de Reacción Rápida de Milicia) Amazonas y la URRA Trujillo, en medio de la operación  Escudo Bolivariano 2022 «Vuelvan caras» es «Made in Colombia».

 

Explosivos de «tancol»

De acuerdo con la agencia EFE, más temprano, el comandante de la FANB indicó que los efectivos desactivaron una docena de artefactos explosivos también en Apure colocados, supuestamente, por grupos terroristas de origen colombiano.

«URRA (Unidad de Reacción Rápida de Milicia) Carabobo desmantela 12 artefactos explosivos en el municipio Páez dentro de la foresta nativa apureña. Los invasores tancol (terroristas armados narcotraficantes colombianos) serán expulsados por el bravo pueblo de Bolívar», escribió Hernández, en su cuenta de Twitter.

«La maldad sin límites! Los narcoterroristas colombianos plantaron en nuestro territorio cientos de bombas para invadir silenciosamente aprovechando la falta de control de su país y lo extenso de nuestra frontera. FANB incansable las desactivará todas y los expulsará a todos», completó.

Mientras, en el Sur del Lago de Maracaibo, en Zulia, las autoridades incautaron 12 panelas de cocaína que supuestos grupos terroristas «pretendían ingresar» a territorio venezolano «con destino a bandas criminales»

Crímenes sin Castigo | Venezuela completa el ciclo
En el país se han conformado tres ejes o emplazamientos para la producción, procesamiento y almacenamiento de cocaína, con el Catatumbo como área más importante

 

@javiermayorca

El 20 de septiembre, efectivos de la Guardia Nacional adscritos a la Superintendencia Nacional Antidrogas, junto con militares de la 12 brigada Caribe del Ejército y otras unidades desmantelaron siete laboratorios para la cristalización de clorhidrato de cocaína.

Los enclaves estaban ubicados en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que comparte frontera con los departamentos colombianos de Cesar y Norte de Santander. Las coordenadas suministradas en el parte de la operación militar, conocida como Ave Fénix III-2021, indican que fueron construidos en un sector conocido como Barí, a 32 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, en ruta hacia La Gabarra.

El informe castrense señala que fueron incautadas 3,78 toneladas de pasta base y 1,03 toneladas de cocaína de alta pureza. Además, alrededor del complejo fueron destruidas tres pistas para aeronaves. La más pequeña tenía dos kilómetros de longitud.

De esta operación solo fueron conocidos algunos fragmentos, divulgados a conveniencia por la propaganda oficial. Pero nunca precisaron ante la opinión pública la ubicación exacta de los laboratorios, pues eso iría contra una narrativa según la cual Venezuela adelanta una enconada lucha contra grupos que intentan traer la industria de la droga al territorio nacional.

Esa industria ya está aquí, fronteras adentro. Poco a poco, se ha consolidado.

Un aspecto extraño de estas operaciones militares es que solo encuentran objetos abandonados, cocaína de alta pureza y también pasta base. Pero es muy raro que se informe sobre detenciones.

Los obreros de la droga siempre huyen. Antes, cuando estos complejos de fabricación estaban a pocos metros de la línea fronteriza, era lógico pensar que los sujetos se trasladan al lado colombiano apenas perciben el movimiento de las tropas. Pero a 32 kilómetros de distancia del límite, la situación debería cambiar radicalmente.

“El procesamiento de la cocaína ha ido expandiéndose desde Colombia hacia Venezuela”, advirtió Alberto Ray, director del Risk Awareness Council, un centro dedicado al análisis y la divulgación de conocimiento sobre riesgos emergentes.

Según Ray, este complejo encontrado en septiembre es apenas una pequeña parte de todo un eje para la producción de cocaína, que abarca a los territorios de Colombia y Venezuela, para convertirlo en lo que él denomina “área binacional”.

De acuerdo con el consultor, esta circunstancia permite explicar por qué Venezuela fue incorporada a la lista de territorios utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, y también para el tránsito de tales sustancias.

El 15 de septiembre, el presidente estadounidense Joseph Biden emitió un memorándum en el que colocaba a Venezuela en la lista de naciones que entran en ambas categorías, es decir, de producción y de tránsito de drogas ilegales. En ese mismo acto, señaló que el país actualmente gobernado por Nicolás Maduro “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para combatir a esta industria ilegal.

El desplazamiento de la industria de la producción de cocaína hacia Venezuela puede apreciarse en el número de enclaves hallados por la Fuerza Armada. Según el mayor general Richard López Vargas, director de la Superintendencia Nacional Antidrogas (antes Comisión Nacional Antidrogas), durante los primeros nueve meses de 2021 fueron desmantelados 52 laboratorios. Esta cifra ya supera el total de 45 enclaves hallados durante todo 2020.

“En Venezuela hay mucha más facilidad y comodidad para procesar la droga. Llevan la coca preprocesada, y la están preparando en lugares instalados cerca de la cordillera de Perijá”, explicó Ray.

Simultáneamente, indicó, los cultivos de coca están proliferando también en territorio venezolano, aunque con algunas limitaciones impuestas por la altura.

En una reciente operación, llamada Fénix IV, los militares encontraron otros ocho laboratorios en el mismo municipio donde llevaron a cabo la incursión de septiembre. Además de toda la parafernalia, alrededor de los campamentos había 32 hectáreas de coca.

El ciclo para la producción de cocaína se completa en territorio nacional.

Según Ray, los otros ejes de fabricación y ocultamiento del alcaloide están entre el Amazonas venezolano y el Vichada colombiano, así como en Apure, fronterizo con Arauca. Pero, según sus cálculos, el más importante está en Zulia

En 2005, el gobierno venezolano cesó unilateralmente el cumplimiento de sus acuerdos de cooperación en materia antidrogas y consolidación institucional con Estados Unidos. De acuerdo con la expresidenta de la Comisión Nacional Antidrogas Mildred Camero, los representantes del país han firmado convenios bilaterales y multilaterales, así como memoranda de entendimiento en asuntos de drogas, que posteriormente no han querido acatar. De allí que Venezuela no participe en la Comisión Interamericana contra el Uso Ilícito de Drogas (Cicad-OEA) ni en los grupos de la comunidad andina para trabajar el tema.

“No estamos cumpliendo con lo que hemos firmado como país”, sentenció.

Una de las consecuencias de este aislamiento es que Venezuela carece de acceso al sistema internacional de monitoreo de cultivos ilícitos. Las imágenes divulgadas por Colombia indican que, desde Norte de Santander, hay una extensión de sembradíos del arbusto que difícilmente podría detenerse en atención a una línea fronteriza que generalmente carece de hitos o demarcaciones.

Lo único que contiene la expansión de los cultivos de coca en Venezuela no es la presencia ocasional de los militares sino las condiciones del terreno, en cuanto al clima y la altitud. Este arbusto crece con mayor facilidad entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Pero con el pasar del tiempo los fabricantes de cocaína han encontrado mutaciones más resistentes y productivas, que pueden ser cultivadas en terrenos que no están en esa franja de altitud. De allí las extensiones halladas en Venezuela, así como en el Trópico de Cochabamba (Bolivia).

En Venezuela, además, se ha gestado un contingente de campesinos de la coca, que presumiblemente son los que estarían cultivando el arbusto fronteras adentro. Son los mismos individuos con los que conversó Toby Muse en La Gabarra para escribir Kilo. Ahora, no tendrían que cruzar la frontera.

Según Ray, la consolidación de la industria de la cocaína en Venezuela es posible gracias a un acuerdo entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales, que ofrecerían este trabajo como una especie de subcontrato. Los de la Nueva Marquetalia y el Ejército Popular manejarían las fases de distribución, donde están las mayores ganancias.

Breves

Para el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, la muerte en custodia del exministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, es una prueba de la “negligencia” con la que son tratados todos los presos del país; no solo aquellos privados de libertad por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Recordó que durante los primeros nueve meses de 2021 las muertes de reclusos en internados judiciales y retenes policiales como consecuencia de la insalubridad fueron más frecuentes que las ocasionadas por enfrentamientos violentos.

Más del 70 % es consecuencia de tuberculosis y desnutrición, a veces combinadas. En el caso del exministro, indicó, la cosa es mucho más grave, pues la ausencia de un tratamiento médico oportuno a su juicio fue una señal de “ensañamiento”. Señaló que cuando comenzaron las exigencias de traslado para un chequeo por galenos en la policía política “imaginaron que era un teatro, no le hicieron caso y les salió mal la jugada”. Ahora, los familiares del general exigen una investigación imparcial, ejecutada a través de una comisión con participación internacional, pues no creen en la versión divulgada por el fiscal designado por la extinta ANC, según la cual el fallecimiento fue ocasionado por la covid-19. El Departamento de Estado norteamericano también hizo esta solicitud, en vísperas de la llegada al país del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

José Vielma Mora llegó a ser visto en el oficialismo como uno de los posibles relevos de Hugo Chávez. Su gestión de ocho años en el Seniat desde luego que tuvo claroscuros, pero puertas adentro sus empleados lo apreciaban entre otras razones porque procuraba mantenerlos lejos de la diatriba política, y con un nivel aceptable de beneficios económicos. Este Vielma, ahora diputado a la Asamblea Nacional oficialista, es el mismo acusado en Estados Unidos por el presunto pago de sobornos y enriquecimiento ilícito en la importación de cajas Clap, cuando fue gobernador del Táchira (2012–2017).

El documento con las imputaciones, conocido el 8 de octubre, precisa que Vielma manejaba estas operaciones a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), en conjunción con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Los hechos investigados abarcan el lapso 2015–2020. Una pieza fundamental de este esquema es Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab en el Group Grand Limited y Asasi Food. Según la acusación, a partir de 2016 Vielma se reunió con Carlos Lizcano Manrique y otros dos individuos cuyos nombres permanecen en reserva, para llevar las cajas Clap a Táchira. El dato clave en esto es que Vielma habría acordado con el grupo de Pulido y Carlos Lizcano Manrique pagar cada ración a 34 dólares, a sabiendas de que “el costo de producir e importar las cajas de comida era muy por debajo” de ese precio. La operación involucró un pago de 340 millones de dólares. Según la pesquisa, Vielma habría recibido 17,2 millones de dólares. La justicia estadounidense invoca jurisdicción en estos casos porque los pagos de los sobornos fueron hechos a través de cuentas vigiladas por el sistema financiero de ese país, a pesar de que fueron abiertas en localidades tan distantes como los Emiratos Árabes Unidos y Antigua.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Presunta narcoavioneta procedente de Venezuela cayó en Guatemala
Se decomisaron teléfonos satelitales, GPS, teléfonos móviles, un fajo de 16.000 dólares y 59.000 pesos colombianos en esta aeronave procedente de Venezuela

Funcionarios del Ministerio Público de Guatemala hallaron el lunes, 9 de noviembre, una presunta «narcoavioneta» siniestrada en la aldea El Chico del departamento de Retalhuleu al sur del país, procedente de Venezuela.

A través de Twitter, la Policía Nacional Civil de Guatemala informó que esta avioneta llevaba en su interior 1.028 paquetes de presunta cocaína, valorados en 14 millones de dólares.

«Tras realizar la prueba de campo respectiva se establece que se trata de presuntivo para cocaína», indicó la Fiscalía de Guatemala.

Asimismo, se encontraron a tres personas, una de las cuales falleció en el incidente. Según investigaciones preliminares, el nombre del fallecido era Audías Jonathan Trinidad Pineda, de 27 años, guatemalteco.

Otro de los detenidos fue Joel Amaya Hoetlich, un mexicano de 60 años de edad que quedó en custodia policial y el colombiano Nicolás Santiago Cruz Aragón, de 23 años.

Uno de los hombres aprehendidos fue llevado a un centro asistencial, aunque los medios de comunicación en Guatemala no especificaron quién habría sido.

También, la PNC informó que fueron decomisados teléfonos satelitales, GPS, teléfonos móviles, un fajo de 16.000 dólares y 59.000 pesos colombianos.

Según el Ministerio de la Defensa de Guatemala, este año han sido decomisadas o halladas 30 avionetas abandonadas o accidentadas, con un total de 8.497 paquetes de cocaína dentro.

Con información de Tal Cual

GN incauta más de nueve toneladas de cocaína en Zulia
El gobierno de Estados Unidos acusa a Venezuela y a Nicolás Maduro de ser un «narcoterrorista» y mantener relaciones con las Farc

 

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informó que en el contexto de la llamada “Operación Independencia I-2020” fueron incautados más de nueve toneladas de presunta droga en varios operativos realizados durante el 25 y 26 de julio en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia.

El resultado de las operaciones dieron como resultado el hallazgo de dos campamentos ilegales y de 25 laboratorios clandestinos, que entre ambos produjeron 9.173.800 kilos de supuesta cocaína. Además, fueron incautados en el procedimiento unos 7.880 litros de precursores químicos para la elaboración de las sustancias ilícitas, junto a otros elementos que también sirven para la manufactura de los estupefacientes.

La acción de la Guardia Nacional ocurre luego de que desde Estados Unidos se activara un operativo antinarcóticos en el Caribe cerca de las costas venezolanas, tras la acusación del Departamento de Justicia de esa nación contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de ser un «narcoterrorista» y mantener relaciones estrechas con las guerrillas del ELN y la disidencia de las FARC, quienes son señaladas por ser las primeras organizaciones delictivas de fabricar drogas para enviarlas a otros países.

El 11 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que «no hay ninguna posibilidad de que la droga que transite por Venezuela no sea de Colombia». A su juicio, Estados Unidos sostiene que este país es permisible con el narcotráfico «para propiciar una intervención militar nuestro territorio».

El ministro de la administración de Nicolás Maduro dice que EEUU acusa a Venezuela de ser un narcoestado porque «consiguieron uno que otro avión, pero Venezuela es un país de tránsito de drogas ilícitas procedentes de Colombia», comenta, al tiempo que afirma que «Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos de droga»; específicamente desde que Hugo Chávez expulsó a la Administración Federal de Drogas (DEA) en el año 2005.

 

*Vea la nota completa en TalCual

Crímenes sin Castigo | Chichí en las sombras, por Javier Ignacio Mayorca
Manuel Rodríguez fue fundamental en la primera operación por la que detuvieron a Chichí Smith, en 1994. Aquí posa con la droga incautada. El 4 de febrero de 1996, fue ultimado por sicarios en Puerto Cabello.
El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aun en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país.

@javiermayorca 

El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 p. m., cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.

La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.

Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.

Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la Policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.

Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.

A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón. Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en el vehículo donde iban -una camioneta Fortuner- por la avenida Este 6 encontraron una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.

Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. Este dato trae implícito que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.

Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.

Batida a medias

Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.

Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).

Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.

Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.

El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.

Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.

Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.

“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.

El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.

El 4 de febrero de 1996 Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello.

Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.

En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.

Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.

La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.

Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida fundación. Tocará al jefe, entonces, un nuevo período de silencio.

Breves

* Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana a la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves, sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de María Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada de la COVID-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.

* El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar. Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por la COVID-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.

 

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Incautaron en Puerto Rico 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela

LA POLICÍA DE PUERTO RICO INCAUTÓ 533 kilogramos de cocaína proveniente de Venezuela en una embarcación en alta mar, a la que tuvieron que perseguir los agentes antidrogas, reportaron autoridades y medios del país.

La incautación fue realizada a 3 millas náuticas del sector Inches en Patillas a las 2:22 de la madrugada del lunes 17. El cargamento, de acuerdo a la policía, está potencialmente valorado en 13 millones de dólares.

La directora del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico, Teniente Coronel Felicita Coreano Rivera, informó que por el cargamento de 21 bultos de aparente cocaína fueron arrestadas dos personas, reseñó Primera Hora.

“Estoy seguro que hoy evitamos que usted, o un familiar querido comenzara una adicción, utilizara la misma o muriera de una sobredosis de droga», expresó el jefe de la DEA en la Isla, Apolonio Collazo, cuerpo que también participó en la investigación y captura.

De hecho, la DEA en sus redes sociales informó que la droga provenía de Venezuela y que se trataba de 533 kilogramos de cocaína, lo que describieron como «cantidad significativa».

Crímenes sin Castigo: Venezuela, ruta segura

 

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

 

@javiermayorca

 

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.

Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.

Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos.

Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína va en aumento. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.

 

Estimados de áreas cultivadas de coca (izq.) y producción mundial de cocaína (der.)

Fuente: ONU

 

A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido en aumento. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto incrementa el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína.

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.

En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.

Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.

Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:

 

Principales rutas de la cocaína

Fuente: ONU

 

Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.

Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.

La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.

Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

 

Breves

 

El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

 

* La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

 

* La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

 

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puer

 

El fiscal designado por la anc, Tarek William Saab, informó que la noche de este jueves se desmanteló una red de narcotráfico que operaba desde el estado Anzoátegui hacia el Caribe.

Precisó que se incautaron 230 kilos de marihuana y 455 kilos de cocaína, ambos con un valor alrededor de 9 millones de dólares.

Aseveró que también se incautaron dos fusiles de guerra y una granada, por ello hay seis personas detenidas.