cierre de empresas

EL GOBIERNO DE VENEZUELA a través de un comunicado, informó que en los próximos días dará inicio a todos los procedimientos y protocolos “necesarios”, para tomar el control y comenzar el “restablecimiento de la operatividad y productividad de la planta” de Goodyear, ubicada en Valencia estado Carabobo.

A su juicio la empresa fabricante de cauchos “asumió una acción unilateral y contraria a la ley”, al señalar el 10 de diciembre la decisión “forzada” de cerrar la planta ubicada al centro del país.

Señalaron que del mismo modo solicitarán ante el Ministerio Público, una investigación penal en contra de los propietarios y responsables de la Goodyear en Venezuela, con la que se busca según el Gobierno, determinar “su responsabilidad ante este hecho de sabotaje”.

Desde el gabinete de Nicolás Maduro, aseguraron que con estas medidas los empresarios pretenden “echar a la calle a los 1.160 trabajadores”, que laboran en la planta ubicada en el estado Carabobo, lo que a su juicio estaría vulnerando los derechos de los empleados.

Aprovecharon la oportunidad para decir que este nuevo cierro de una industria en Venezuela, se “enmarca dentro de una nueva escalada de ataques e intentos de sabotaje al programa de recuperación”, que adelanta el mandatario Nicolás Maduro.

Para finalizar ordenaron una medida de protección “a fin de garantizar los puestos de trabajo” de todos los que hacían vida en la planta de fabricación de caucho.

Goodyear se suma al centenar de empresas en Venezuela que se han visto en la obligación de cerrar sus puertas en el país durante el gobierno de Nicolás Maduro.

#COMUNICADO | Gobierno venezolano ordena medida de protección a trabajadores de planta de la empresa Goodyear, ubicada en Valencia, estado Carabobo, e inicia protocolo para restablecer operatividad tras cierre unilateral por parte de la directiva de la compañía pic.twitter.com/QkJyCSRxbr

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 11, 2018

EL FABRICANTE DE NEUMÁTICOS Goodyear informó el lunes a los trabajadores de su planta en Venezuela del cese definitivo de sus operaciones en el país, dijo el secretario del sindicato local, Jorge Rodríguez.

La medida tomó por sorpresa a unos 400 trabajadores que acudieron a primera hora del día a la planta y recibieron un documento que informaba de la paralización definitiva de las actividades y detallaba que recibirían unos 10 neumáticos como parte de su compensación por el cierre, agregó Rodríguez.

Goodyear no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la medida, que se produce en un año donde muchas compañías globales han resuelto minimizar al máximo sus operaciones mientras evalúan si abandonan una nación agobiada por la falta de materia prima, la hiperinflación y una larga recesión.

“Un abogado externo de la compañía nos llamó de un número de teléfono fuera del país para informar también del cese de operaciones”, comentó el máximo representante sindical de una unidad donde trabajaban unas 1.000 personas en tres turnos.

“La planta está abierta pero todo está desactivado (…) Los únicos que no están son los de la alta gerencia”, apuntó.

Otras compañías como Clorox y Kellogg’s también decidieron abandonar en los últimos años sus plantas en Venezuela sin aviso previo, acciones que el gobierno socialista tilda de ilegales y por las que procede a tomar las instalaciones para intentar retomar la producción con los trabajadores cesantes.

La carta a nombre de Goodyear de Venezuela que se distribuyó advierte que a partir del cese “nadie está autorizado a producir ninguna de las marcas” de sus neumáticos, que hasta el viernes fabricaban a un ritmo de 1.000 unidades diarias, apenas un 10 por ciento de su capacidad.

Trabajadores de la fabricante de neumáticos Pirelli y la empresa llegaron a un acuerdo para reanudar las operaciones de la compañía que esta semana sorpresivamente cerró sus puertas, dijo el jueves un líder sindical.

El secretario general del sindicato, Luis Alberto Álvarez, dijo que el acuerdo con representantes de la compañía se alcanzó la tarde del miércoles para que los tres turnos que mantiene la planta se reincorporen de manera gradual en la ciudad de Valencia, al sur de Caracas.

Un primer turno comenzó este jueves y se extenderá hasta el viernes, para seguir el lunes y martes con un segundo turno, y el tercero el miércoles y jueves de la semana entrante, en un relevo hasta que llegue materia prima desde Brasil, lo que esperan ocurra el 10 de septiembre, agregó Álvarez.

“Nos reintegramos el 10 de septiembre con todos los turnos correspondientes”, dijo el jefe sindical al explicar que cada turno cuenta con entre 180 a 200 trabajadores.

Pirelli no respondió de inmediato a una solicitud de información.

“Esperemos que traigan la materia prima porque lo que queremos los trabajadores es seguir produciendo”, dijo.

Mientras se reanuda la fabricación, los empleados estarán en cursos de entrenamiento en la planta y se restablecerán los servicios de comedor, transporte y oficina bancaria, agregó Álvarez.

El 27 de agosto, cerca de un centenar de trabajadores de Pirelli protestó frente a la planta sorprendidos al encontrar las puertas cerradas con candado.

Pirelli, proveedor de neumáticos para la Fórmula Uno, fue adquirida en 2015 por la empresa China National Chemical Corp (ChemChina) y en Venezuela fabrica cauchos para automóviles, motos, camiones y autobuses.

Cerca de un centenar de trabajadores protestaban desde primera hora del lunes frente a la planta de la fabricante de neumáticos Pirelli en Venezuela, sorprendidos al encontrar sus puertas cerradas con candado, informó un líder sindical.

El cierre se produjo sin aviso a los empleados, informó Luis Álvarez, secretario general del sindicato de esa instalación, la única que tiene la compañía en el país petrolero. Los trabajadores desconocen si se trata de una paralización temporal o definitiva de la planta.

Pirelli no respondió de inmediato a una solicitud de información.

Esta situación ocurre pocos días después que el presidente Nicolás Maduro ordenó aumentar 60 veces el salario mínimo, una medida que representa una enorme carga para las empresas que operan con dificultades en medio de una severa crisis económica.

Aún en medio de este ajuste y otras alzas de impuestos, el Gobierno ha prohibido a las empresas subir sus precios y Maduro pidió apoyo de miembros del partido gobernante para fiscalizar que la medida se cumpla con el objetivo de enfrentar la hiperinflación.

“Estamos preocupados, no queremos perder el empleo”, dijo Álvarez, rodeado de trabajadores que cumplían hasta el viernes su jornada en una instalación que dicen operaba a menos del 10 por ciento de capacidad en los últimos meses.

“La producción caía, pero siempre nos mantenían dentro de la planta. Ahora toman esta decisión de mandarnos a la calle sin saber si vamos a regresar”, apuntó Nicolás Altomaris, mientras esperaba información a las puertas de la unidad.

Unos 700 obreros laboran en la filial venezolana de Pirelli, según el sindicato.

Otras compañías multinacionales como Clorox o Kellogg han optado por salir del país de manera sorpresiva debido a la recesión económica, que lleva ya cinco años, y las férreas regulaciones de cambio y precios. El Gobierno suele ocupar las plantas cuando ocurren situaciones que considera ilegales.

En años anteriores, la filial venezolana de Pirelli ha detenido temporalmente operaciones por falta de materia prima, que no logra importar en medio de las restricciones del Gobierno en la venta de divisas oficiales.

Pirelli, proveedor de neumáticos para la Fórmula Uno, fue adquirida en 2015 por la empresa China National Chemical Corp (ChemChina) y en Venezuela fabrica cauchos para automóviles, motos, camiones y autobuses.

El ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba, señaló este lunes que el reciente aumento del salario mínimo anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene carácter retroactivo desde el 1º de enero, en pro de recuperar «de forma progresiva el poder adquisitivo» de los venezolanos.

Durante entrevista televisiva, el ministro dijo que la medida debe ser aplicada tanto en la empresas públicas como privadas, al asegurar que «no vamos a permitir que ninguna empresa sea cerrada, porque de lo contrario será tomada por los trabajadores».

Asimismo, indicó que con esta medida es necesario que se mantenga  las actuaciones de la Sundde para controlar los precios de los productos y servicios.

Por otra parte, dijo que la meta de alcanzar la reducción de la taza de desocupación a 4.5% es posible con la creación de 80 mil empleos en el sector de obras públicas.

También, criticó la postura de la oposición, al afirmar que el salario será aumentado las veces que sean necesario, para «proteger el sueldo  de los trabajadores».

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela resaltó ayer que el anuncio de aumento salarial decretado hace por el presidente Nicolás Maduro dejará «a muchas empresas en el camino» pues sin poder producir no pueden pagar el incremento.

«No tengo productos que vender pero estoy obligada a pagar un aumento salarial y si estoy obligada a pagar un aumento salarial sin producir, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar el aumento salarial?», dijo Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, en entrevista al canal privado Televen.

«Con este golpe quedarán muchas empresas en el camino (…) ya no podemos trabajar con menos personal», agregó la representante de los comerciantes al referirse al aumento de 50 por ciento del salario mínimo decretado el pasado 12 de agosto por el Gobierno.

Ramos reiteró que «el destino» de muchas empresas es cerrar pues no cuentan con la materia prima para producir en el marco de un control de cambio de divisas que opera desde 2003.

Señaló que este nuevo incremento salarial es «una ilusión» pues aunque la persona recibe más dinero, hay más inflación, lo que se suma al hecho de que hay una severa escasez de productos básicos, lo que obliga al comprador a acudir a los revendedores que venden estos artículos «al más alto precio».

Aseveró que el Gobierno «destruyó» el sector primario (agrícola y agropecuario), y al sector secundario por medio del control de precios y el control de divisas, «mientras que el sector terciario, que vivía de las exportaciones, también quedó afectado con la disminución de 93 por ciento de las importaciones».

Las declaraciones de la portavoz de Consecomercio se suman a las del presidente de la mayor patronal venezolana Fedecámaras, Francisco Martínez, que el lunes pasado indicó que este aumento de salario puede llevar a reducir los puestos de trabajo y al cierre de empresas.

«El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas es sumamente negativo y sumamente fuerte, lo que se puede estar convirtiendo en el cierre de las empresas y la en pérdida de puestos de trabajo», dijo Martínez.

El Gobierno venezolano decretó un aumento del salario mínimo básico, que se situaba en 15.051 bolívares (1.505 dólares a la tasa oficial más baja o 23,3 a la más alta), pasará a 22.576 bolívares (2.257,6/ 35 dólares); mientras que el bono de alimentación aumentará de 18.585 bolívares (1.858,5/ 28,9 dólares) a 42.480 bolívares (4.248/ 66 dólares).

El Consejo Nacional del Consejo y los Servicios de Venezuela (Consecomercio) aseguró hoy que al menos unos 300 locales están cerrando sus puertas a diario en Venezuela debido a la falta de inventario, materia prima y producción nacional.

«Estamos calculando un cierre bastante fuerte de 300 comercios diarios a nivel nacional por falta de productos, por falta de materia prima», dijo el vicepresidente de Consecomercio, José Chirinella, a Unión Radio.

Chirinella explicó que como consecuencia de las políticas que ha implementado el Estado venezolano al sector agrícola, «principalmente por las expropiaciones», el comercio se ha visto afectado por la caída de la producción nacional.

La situación del gremio de vendedores es el resultado de la política estatal que, según Chirinella, se apropio de más de 4.000.000 de hectáreas productivas bajo la figura de la nacionalización y la expropiación.

Consecomercio ha manifestado en varias oportunidades que las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y de su predecesor Hugo Chávez (1999-2013) no ayudan a los comerciantes ni favorecen a los venezolanos.

Según datos de Fedecámaras, durante el Gobierno de Chávez 1.190 empresas afiliadas fueron expropiadas.