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Cidh pide disolver las Faes tras masacre en La Vega
La comisión instó al Gobierno venezolano a investigar con debida diligencia los sucesos ocurridos entre el 8 y 9 de enero

 

Este martes, 12 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), luego de que en los últimos días se registrara una nueva masacre que dejó más de 20 fallecidos en la parroquia La Vega, de Caracas.

“La CIDH expresa preocupación por el fallecimiento de al menos 20 personas en operativos de seguridad ciudadana los días 8 y 9 de enero. Según información, los operativos habrían sido ejecutados por Fuerzas de Acciones Especiales FAES en La Vega. La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”, mencionan en la cuenta en Twitter de la organización.

 

La comisión instó al Gobierno venezolano a investigar con debida diligencia estas muertes, y a sancionar a quienes resulten responsables.

Asimismo, reiteró su recomendación de disolver las FAES, cuerpo de seguridad señalado como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales.

Cidh otorga protección a niños y adolescentes venezolanos en Trinidad y Tobago
La Cidh exhorta al Gobierno de Trinidad y Tobago a que aplique las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los niños migrantes

 

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó protección a los niños y adolescentes venezolanos en Trinidad y Tobago, con el fin de evitar nuevas deportaciones y que estos corran peligro de muerte durante navegación en alta mar.

Himiob, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que esta medida fue aprobada después de una petición que hizo el Foro Penal a la Cidh, dentro y fuera de Venezuela, para garantizar el respeto de los DD. HH. hacia los migrantes menores de edad, quienes fueron separados de sus familiares.

De acuerdo con la resolución que difundió Gonzalo Himiob, la Cidh exhorta al Gobierno de Trinidad y Tobago a que aplique las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los niños migrantes.

A finales de noviembre, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró que ha dado apoyo y registro legal a los venezolanos que actualmente viven en ese país, sin embargo, indicó que esto no significa que los migrantes venezolanos tengan derecho a reclamar a todas sus familias.

La ONG Amnistía Internacional, con el envío de una carta en la que le insta al primer ministro de Trinidad y Tobago, a proteger los derechos de los menores de edad, tras la polémica deportación de 16 niños venezolanos.

Se estima que en Trinidad y Tobago viven 24.169 venezolanos, de los cuales 14.241 han solicitado refugio y a 2.514 se le ha reconocido esta condición. Tan solo en 2020 más de 200 venezolanos han sido deportados, según datos publicados en la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

 

*Con información de EP

CIDH pide a Trinidad y Tobago vigilar la protección de menores venezolanos
El organismo exhortó al país a «garantizar el ingreso» de «personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes a Trinidad y Tobago a vigilar «estrictamente» la protección de los niños migrantes, luego de que las autoridades de ese país deportaran a 16 menores venezolanos a su país.

«La CIDH insta a Trinidad y Tobago a observar estrictamente el deber de protección especial de niñas, niños, adolescentes migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten», dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter, al tiempo que expresó su preocupación por la situación de los menores venezolanos.

En ese sentido, exhortó al país a «garantizar el ingreso» de «personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución».

La Comisión recordó así la puesta en práctica de las resoluciones 4/18 y 1/20 sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas, víctimas de trata de personas y ante la pandemia por la covid-19.

La oposición venezolana denunció el domingo la deportación de los 16 menores, entre los que está un bebé de cuatro meses.

Según señaló el representante del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), David Smolansky, los menores fueron deportados tras negarles el refugio y separarlos de sus padres, que ya estaban en el territorio caribeño.

«La deportación de los 16 niños venezolanos ocurrió a las 12 del mediodía. Salieron en bote desde Cedros, Trinidad. La defensa de estos menores además había introducido un ‘habeas corpus’ y las autoridades trinitarias ignoraron la petición de no deportarlos. Un acto cruel y muy grave», añadió Smolansky.

De acuerdo con un vídeo que publicó hoy Smolansky, los familiares de estos niños piden que se abra una investigación, pues aseguran que las autoridades de Trinidad y Tobago señalan que no saben qué sucedió.

La oposición venezolana también ha pedido a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que intercedan ante las autoridades de Trinidad y Tobago ante esta situación.

CIDH exige información sobre el paradero de Roland Carreño
El abogado Joel García aseguró que se repetirá el mismo patrón: «sembrar evidencias, imputar delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación, con los mismos fiscales y ante los mismos jueces»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exigieron información sobre el paradero del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos.

A través de su cuenta de Twitter, la CIDH expresó preocupación por la presunta detención y desaparición forzada de Carreño, Rodríguez y Sarcos. 

«Según información pública, las tres personas habrían sido interceptadas y subidas a una camioneta sin identificación. Hasta el momento, las autoridades no han suministrado información sobre su paradero», agregó la CIDH. 

Instaron a las autoridades a brindar información completa sobre los tres ciudadanos, en caso de estar bajo su custodia, y de ser ese el caso, presentarlas ante un tribunal competente e independiente con apego a garantías judiciales. 

El pasado lunes, 26 de octubre, el gobierno interino de Juan Guaidó, denunció la desaparición de Roland Carreño. Vecinos de Carreño testificaron que él y dos personas más fueron interceptados por vehículos negros sin identificación. 

“Exigimos saber del paradero del periodista y hacemos responsable a la dictadura de Maduro sobre cualquier agresión en contra de su integridad física”, se lee en la cuenta de Twitter del Centro de Comunicación Nacional.

La noche del martes, 27 de octubre, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez aseguró que el periodista fue «capturado in fraganti» y está involucrado en hechos para «alterar la paz del país».

El abogado Joel García, que defiende a muchos detenidos a los que varias ONG consideran presos políticos, se preguntó en Twitter cómo es posible que Carreño haya pasado tantas horas “desaparecido”, no se le haya permitido “comunicarse con sus familiares o abogados” y sin embargo Ñáñez denuncie que hay una campaña de descrédito.

Por eso afirmó que, “con toda seguridad, se repetirá el mismo patrón de actuación” que en otros casos: “sembrar evidencias, imputar delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación, con los mismos fiscales y ante los mismos jueces”.

Asamblea Nacional solicita visita in loco a la CIDH
Los diputados también piden a los organismos internacionales de DDHH que demanden al gobierno de Maduro el cese de la persecución

Los diputados de la Asamblea Nacional rechazaron los últimos casos de violaciones de Derechos Humanos registrados en el país y por tal razón, aprobaron en un proyecto de acuerdo, solicitar la visita «in loco» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En sesión virtual, la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció la persecución en contra de los miembros del Consejo de Defensa Judicial, así como sus familiares. Específicamente se refirió al allanamiento y detención que sufrió el director del Correo del Caroní, David Natera Febres el pasado lunes, 12 de octubre, luego de que su hijo, David Natera, fuera nombrado para conformar dicho Consejo.

“Estos hechos graves de represión, de igual manera, están ocurriendo con otros ciudadanos específicamente, los miembros del Consejo de Defensa, donde ellos y sus familiares están siendo sometidos a persecución, simplemente por asumir un cargo –público- para la defensa y protección de los intereses de la patria”, expuso Solórzano.

Solórzano exhortó a los funcionarios militares y policiales a respetar la Constitución y señaló que si continúan acatando las órdenes de Nicolás Maduro, tendrán que enfrentarse a la justicia. 

Igualmente la diputada Adriana Pichardo (VP-Aragua) denunció que siguen las detenciones arbitrarias contra los dirigentes políticos, así como la persecución y asedio al personal de salud en Guárico y Yaracuy. 

Agregó que tras la publicación del informe de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas, la administración de Maduro sigue en su política de irrespeto a la Constitución, el debido proceso y los DDHH.  

En el proyecto de acuerdo se le solicita a los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente a la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exijan al gobierno de Maduro el cese de los atropellos y arbitrariedades contra la población, apoyándose en el estado de excepción impuesto por la pandemia del COVID-19.

Igualmente solicitan a la Misión de Verificación de Hechos que documente estos nuevos casos y establezca las responsabilidades individuales. Los diputados también respaldan la solicitud de medidas de protección para los miembros del Consejo de Defensa Judicial y los embajadores designados por el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó.

Cáncer de mama en Venezuela

En la sesión virtual de la Asamblea Nacional, los diputados también debatieron sobre la situación de las mujeres venezolanas, ante la crisis de salud en el marco del día de lucha contra el cáncer de mama. La diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) destacó que esta es una enfermedad común en el mundo y la primera causa de muerte de las mujeres venezolanas.

“Es por esto que es tan importante que las mujeres se practiquen la autoexploración mamaria y anualmente exámenes como mamografías y ecos mamarios que pueden detectar el cáncer incluso cuando no existen síntomas, cuando el tumor es del tamaño de una uva pasa”.

Como invitada a la sesión estuvo Bolivia Belisario de Bocaranda, presidenta de Senos Ayuda, quien destacó que desde la ONG se han hecho esfuerzos para poder atender el contingente de mujeres que llegan a la fundación solicitando ayuda.  

“Hoy por todas las deficiencias que existen hemos tenido que incorporar médicos a nuestra plantilla. Las exigencias nos han hecho que gestionemos exámenes, realicemos campañas de información, de educación, que tratemos a las pacientes, que las ayudemos a moverse dentro del sistema. A buscar una ayuda, un médico solidario que les pueda dar una mano”, agregó ante los diputados de la Asamblea Nacional.

Reveló que a la fundación han llegado mujeres con los senos brotados, inclusive una acudió con las mamas llenas de gusanos, porque no consiguió el antibiótico,  pero se logró que fuera operada con éxito. “La situación es crítica las solicitudes van en aumento y los recursos limitados por eso es tan importante que el tema del cáncer de mama sea considerado, como lo es, un problema de salud pública, la primera causa de muerte de la mujer venezolana y no existe en el país una política pública que respalde esta situación”.

Igualmente participó la diputada Dinorah Figuera (PJ-Aragua) quien señaló que la crisis de la salud pública en el país es estructural y solo podrá resolverse con un cambio de gobierno. 

«Sabemos que el cáncer de mama continúa como el primer tipo de cáncer en Venezuela presentándose con mayor frecuencia en mujeres entre los 45 y 64 años. Hoy quiero reconocer a las diferentes instituciones no gubernamentales que luchan contra esta enfermedad», puntualizó.

ONG denuncia ante la CIDH las parlamentarias en Venezuela por ser a medida de Maduro
La organización asegura que los comicios, previstos para el 6 de diciembre, están diseñados «para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios»

La ONG Acceso a la Justicia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre por considerar que están hechas «a medida» de Nicolás Maduro, informó este lunes esa organización.

«Las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 6 de diciembre están diseñadas para favorecer al Gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios», asegura Acceso a la Justicia en un comunicado.

Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que forma parte la CIDH desde el 27 de abril de 2019, fecha en que entró en vigor una carta enviada por el Ejecutivo.

El Gobierno venezolano apeló a esa misma misiva en febrero pasado, cuando una misión de la CIDH trató de acceder a Venezuela para una visita «in loco» autorizada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Esa visita negada a la CIDH iba a ser la primera después de 17 años sin que el organismo haga trabajo de campo en Venezuela, si bien el pasado marzo la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, prometió que el organismo usará «todos» sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela.

Acceso a la Justicia remitió un informe a la CIDH que explica las implicaciones de los cambios que, a su juicio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han hecho al sistema electoral venezolano.

Para la ONG, se ha producido una «mutación» en el sistema electoral que es «otra muestra más de la ausencia de independencia» del TSJ.

Como parte de esa «mutación», denuncian que el TSJ se arrogó la potestad de designar a los miembros del CNE, una misión encomendada por la Constitución a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) al considerar que habían omitido esa labor.

En este sentido, la ONG «alertó» a la CIDH de que los nuevos nombramientos «no generan confianza en el CNE», ya que las nuevas rectoras, «durante su paso por el TSJ dejaron en claro su alineación con el chavismo, al sentenciar siempre a favor de los intereses de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro».

También denuncian las normas especiales para las elecciones parlamentarias aprobadas por el CNE, en las que se incrementó «sin justificación constitucional alguna» la cantidad de diputados de 167 a 277.

«Asimismo, se redujo la cantidad de parlamentarios a ser electos nominalmente de 70 % a 48 % (133), al tiempo que se elevó el número de aquellos que van a ser escogidos proporcionalmente hasta el 52 % (144)», añaden.

Venezuela, entre la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda

Altar en memoria de Neomar Lander (17 años). En esa área de la Av. Libertador (Caracas) cayó muerto el adolescente tras el impacto de una lacrimógena en su pecho, lanzada por la PNB durante las protestas de 2017 en Venezuela. Foto James42 / Wikipedia.

@LANACION

Desde su celda en una cárcel en Georgia, el reverendo Martin Luther King escribía el sermón Amor en acción, que luego predicaría en congregaciones por todo Estados Unidos. En Amor en acción, Luther King, anclado en su pacifismo y su fe religiosa, hace un esfuerzo en racionalizar el incomprensible apoyo de millones de norteamericanos a la discriminación racial en EE. UU. Luego de hacer un análisis bíblico del perdón, concluye: «Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.«

El apoyo al régimen de Maduro, con sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, solo podría explicarse también desde la ignorancia sincera o la estupidez concienzuda.

La mayoría de la gente opina sobre Venezuela influenciada más por ideologías o emociones, que por la racionalidad que deriva de las normas internacionales de derechos humanos.

En el caso de los formadores de opinión, especialmente periodistas, políticos y diplomáticos, es aun más grave que no cumplan con su responsabilidad de informarse debidamente antes de expresar ligeramente su opinión. Como dijo Groucho Marx, muchas veces «es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente».

Precisamente, para evaluar con la mayor objetividad posible el cumplimiento por parte de los Estados con los tratados de derechos humanos, evitando influencias ideológicas o políticas, la comunidad internacional desarrolló mecanismos independientes.

Paradójicamente, el primer mecanismo independiente creado por la ONU es una serendipia de la dictadura argentina. El criminal esfuerzo del embajador argentino Gabriel Martínez para evitar que se creara un mandato especial sobre Argentina tuvo como consecuencia la creación, en 1980, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. A partir de ese momento se crearon decenas de mecanismos independientes que nos permiten conocer la situación de los derechos humanos en un país con un alto grado de certeza.

Para ayudar a los ignorantes sinceros, me limitaré a transcribir textualmente una mínima parte de las opiniones sobre Venezuela de los principales mecanismos independientes:

 Comité contra la Tortura, ONU, 2014

«El comité muestra su consternación ante informaciones que denuncian el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales«; «El comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones… Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas

 Relatores Libertad de Expresión ONU y CIDH, 2016

«Libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión».

 CIDH, 2017

«Quienes han buscado actuar para cambiar la crítica situación que vive Venezuela, han encontrado como respuesta un Estado que reprime fuertemente las manifestaciones públicas y protestas sociales

«… Se documentaron severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en el país. Estas incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas y, en general, patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal.»

«La alteración del orden constitucional y el desconocimiento desde el punto de vista institucional del principio de separación de poderes, tiene consecuencias concretas en los habitantes de Venezuela».

«Restablecer el orden constitucional…»

 Varios relatores y expertos independientes de la ONU, 2017

«Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas; así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles.»

 Panel de Expertos Independientes de la OEA, 2018

«Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.»

 Alta comisionada de DD. HH. ONU, Michelle Bachellet, 2018

«Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticas al Gobierno

«Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que restringen el espacio democrático, debilitan las instituciones públicas y menoscaban la independencia del Poder Judicial. Han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.»

«Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos…»

«Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años.»

«Preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social.»

«El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación.»

 Relator Libertad de Expresión CIDH, 2019

«Numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la Policía o de los servicios de inteligencia».

Las fuerzas de seguridad policiales y militares habrían reprimido las manifestaciones mediante el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y balas reales para dispersar a los manifestantes, lo que habría dejado como resultado cientos de personas heridas, detenidas, y decenas de fallecidos.»

 Alta comisionada de DD. HH. ONU, Michelle Bachelet, julio 2020

«La Oficina del Alto Comisionado observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales

Es importante que abandonemos los eufemismos que solo ayudan a perpetuar las violaciones a los derechos humanos.

En Venezuela no hay un gobierno autoritario ni una democracia débil; hay una dictadura militar y policial.

En las próximas semanas el Consejo de DD. HH. de la ONU deberá decidir si renueva o no el mandato de una Misión Internacional Independiente sobre Venezuela. Argentina no solo debe apoyar la renovación del mandato, sino que debe hacer campaña con otros países para asegurar su continuidad y fortalecimiento.

Para todos aquellos que en su sincera ignorancia continúan apoyando el régimen de Maduro, espero que una lectura diligente de los informes mencionados los haga cambiar de opinión. De no ser así, según el sermón Amor en acción, solo les quedaría como defensa argumentar su propia estupidez o reconocer la inmoralidad de priorizar alianzas políticas internacionales por sobre desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones.

* Exsecretario ejecutivo de la CIDH y exsecretario de DD. HH. de la provincia de Buenos Aires.

Artículo publicado previamente en el diario La Nación (Buenos Aires). 

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

CIDH ratificó medidas de protección para Humberto Prado y su familia
Las acciones de hostigamiento en contra de Prado y su familia se vienen produciendo desde el 2014

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido mantener la vigencia de las medidas provisionales otorgadas hace 11 años al abogado y defensor de derechos humanos, Humberto Prado, además de la ampliación a los integrantes de su grupo familiar.

La decisión de la CIDH de mantener y ampliar estas medidas provisionales, está basada en una campaña de ataques y desprestigio en contra de Humberto Prado y su entorno que recrudeció a partir del año 2014.

Entre 2015 y 2020 hubo más de 20 señalamientos contra Prado en medios públicos, sobre todo en el programa televisivo “Con el Mazo Dando” conducido por Diosdado Cabello en VTV, además de “acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas y amenazas de invalidación de documentos de identificación”. 

El hostigamiento también afectó a Carolina Girón, esposa del también Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, quien ha sido víctima de vigilancia en su lugar de residencia y persecución. Además de ser acusada sin prueba alguna por Diosdado Cabello, el 26 de octubre de 2016, de tener una compañía en Panamá dedicada a la compraventa de material bélico.

 

Es importante recordar que estas medidas provisionales fueron otorgadas en 2009 y reiteradas en 2011, 2012 y 2015, en las que se exhorta al Estado venezolano a “que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del Sr. Humberto Prado” y poner fin a todo tipo de hostigamiento y a la campaña de desprestigio en contra del abogado y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela.

 

La CIDH determinó que la situación de riesgo del defensor sigue vigente y “las medidas provisionales deben permanecer en vigencia en tanto la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y la prevención de un daño irreparable a los derechos de aquéllos protegidos por tales medidas”.