Linda Loaiza fue secuestrada, torturada y violada por cuatro meses en 2001. Su caso es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH
Hace 20 años, el 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con ganas de estudiar veterinaria.
Durante cuatro meses, Linda fue sometida a distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Fue amordazada, esclavizada, torturada y abusada sexualmente por Luis Carrera Almoina, bautizado posteriormente por la prensa de aquel momento como “El monstruo de los Palos Grandes”.
Al día siguiente de su secuestro, Ana Secilia López, hermana de Linda, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Almoina.
Con esa información, quiso denunciar a la policía, pero fue desestimada por las autoridades, que alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar. Intentó interponer una denuncia al menos en seis oportunidades. Cuando el agresor de su hermana era informado de las denuncias, la violencia aumentaba.
Linda Loaiza estuvo 114 días desaparecida.
Los informes médicos reseñaron que sufrió, entre otras lesiones: fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal, quemaduras de cigarros, marcas de mordiscos. Padecía desnutrición y sus muñecas, tobillos y piernas tenían marcas de ataduras.
Los daños de las graves lesiones que sufrió durante cuatro meses de cautiverio persistieron por mucho tiempo más que ese.
El Informe de Fondo del caso Linda Loaiza emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2016 señala que durante el secuestro, el agresor llevó a Linda Loaiza López a la casa de su padre, Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, quien a pesar de presenciar el abuso sufrido por la víctima, no hizo nada al respecto.
Pero el horror no terminó después de librarse de su agresor. Linda se tuvo que enfrentar a un doble crimen: el de la violencia e impunidad institucional. Desde el principio, el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, omisiones, dilaciones injustificadas e incluso con destrucción de evidencias. Fue revictimizada durante la investigación.
Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para no permitir el acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.
Por el retardo procesal de su caso, Loaiza López hizo una huelga de hambre ante el Tribunal Supremo de Justicia por 13 días continuos en agosto de 2004. Tres años y tres meses después, inició el juicio. Las pruebas más contundentes para demostrar la culpabilidad del acusado por haber cometido delitos atroces fueron invisibilizadas o desestimadas. No se hicieron pruebas de ADN, se perdieron materiales de interés criminalístico en el sitio de los hechos por el indebido resguardo de la prueba, la recolección de evidencia de la escena se realizó con deficiencias, no se hicieron pruebas de luminol en el apartamento y los exámenes forenses no se realizaron hasta ocho días después del rescate.
La jueza Rosa Cádiz, encargada del caso, le otorgó libertad plena a Carrera Almoina, argumentando “duda razonable”. Por el contrario, pidió que Loaiza fuera investigada, junto a su familia, por una supuesta vinculación con una red de prostitución.
Loaiza apeló la decisión. Carrera fue detenido de nuevo y se inició un nuevo juicio en 2006, pero con otro juez, luego de que la Corte de Apelaciones decidiera anular el fallo absolutorio por inmotivación y ordenara un nuevo proceso. Se condenó parcialmente a Carrera Almoina a seis años y un mes de cárcel por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas.
Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, las audiencias se diferían y 50 jueces se inhibieron.
El monitoreo de violencia contra las mujeres de la plataforma Utopix indica que en lo que va de 2021 se han contabilizado 73 femicidios: 23 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo y 15 en abril. Es decir, en Venezuela ocurre un femicidio cada 39 horas.
Por su parte, el Monitor de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indica que del 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios. En el reporte de abril, reportaron que hubo 15 femicidios consumados y 6 frustrados en el mes
La determinación de Linda Loaiza en encontrar justicia la llevó a estudiar Derecho y hacer una especialización en Derechos Humanos. El caso fue llevado por la víctima, su familia y su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado venezolano. “Considero que en el Estado venezolano aún hay impunidad en mi caso, con relación al delito de violencia sexual. He acudido aquí porque en este lugar no imperaran privilegios sociales ni económicos”.
El caso de Loaiza es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH. Su historia es la muestra de la violencia institucional y doble victimización que tienen que sufrir las mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia. En noviembre de 2008, el organismo declaró responsable al Estado venezolano venezolano por la violación de los derechos humanos de Loaiza, entre los que sobresalen el de integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.
Hasta la fecha, Linda Loaiza sigue esperando el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. “Sigo exigiendo mis derechos, como mujer venezolana; sigo promoviendo la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y la responsabilidad del Estado venezolano es garantizar mis derechos y los de mis familiares. Mientras no exista el acceso efectivo a la justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos humanos, este sistema deja de ser una garantía para las víctimas”, expresó Linda en una entrevista a Runrun.es.
Las secuelas del trauma no pueden borrarse por el solo deseo; se aprende a vivir con ellas, el daño que causan es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias. “Como víctima sobreviviente de violencia sexual y tortura, puedo decir que no existen palabras que puedan definir este dolor”.
