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DDHH olvidados | El Estado le falló a Niurka Camacho: murió esperando un trasplante de riñón
Niurka Camacho, de 15 años, fue paciente renal del hospital J. M. de los Ríos, en Caracas. Murió esperando un trasplante de riñón que nunca consiguió, a pesar de haber denunciado su caso ante la CIDH

@ValeriaPedicini 

Niurka Camacho tenía pocos días de haber cumplido los 15 años cuando falleció. El 26 de julio llevaba un vestido azul claro y una corona; días después, su corazón había dejado de latir. 

Era paciente renal del Hospital J.M. de los Ríos, el principal hospital pediátrico del país. Tenía ocho años cuando le dieron un diagnóstico que le cambió la vida a ella y a su familia para siempre: insuficiencia renal crónica en estado 5. 

Necesitaba un trasplante de riñón. 

Cuando la noticia llegó, no tuvieron opción: había que buscar la manera de ir a la capital para cuidar la salud de la muchacha. Así que lo vendieron todo, incluida la casa que tenían en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, para mudarse a Caracas. 

Estaban solos, sin mucho dinero en el bolsillo. Ni un techo donde dormir, tampoco comida que les llenara el estómago. Pasaron varios días sin comer. Pero su padre no paraba ni un minuto para encontrar una solución: “Mi papá se movía a todos lados para conseguir trabajo para mi alimentación”. 

Un tío los ayudó a conseguir un alquiler cerca del hospital, ubicado en el centro de la ciudad, y así fue cómo se convirtió en paciente del servicio de Nefrología y empezaron las diálisis. Tres veces por semana para que unas máquinas hicieran lo que sus riñones ya no podían.

Para Niurka fue muy duro el cambio de ciudad porque los primeros años estuvieron separados del resto de sus hermanos. A los dos años de haber empezado con la diálisis fue que su madre pudo llevar al resto de sus hijos a la capital. 

Como paciente del J.M de los Ríos, Niurka lo vivió todo. Las máquinas de diálisis comenzaron a presentar fallas y los insumos a escasear. “Todos los días se están dañando. Las arreglan y se vuelven a dañar. No hay insumos, ni los concentrados, ni guantes, ni nada para poder dializar”, expresó la muchacha en el último mensaje que ofreció públicamente antes de su fallecimiento y que fue difundido por la organización Prepara Familia.

Una vez, en el hospital no había catéter de sus medidas y le pusieron uno vencido. “Duraba un año y al cumplir un año se me rompió el catéter”. La escasez de insumos era lo habitual en el pediátrico. No hay yelcos, no hay insumos, nada, ni guantes, para podernos dializar”, expresó también Niurka en el video. 

No es la única

Ver morir a los compañeros es de las situaciones más dolorosas de los pacientes que están a la espera de un trasplante. En lo que va de año, 14 niños del J.M. de los Ríos han fallecido por esa razón. En tres años, han muerto 58 niños, según explicó  Lucila Cárdenas de Velutini, encargada de las relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela.

El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.

Fundavene habría notificado a los distintos centros de trasplante que el programa se suspendería tres meses por falla de inductores y medicamentos inmunosupresores para las personas trasplantadas. Pero hasta la fecha siguen sin reactivarlos. 

Nicolás Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos, pero cuando eso ocurrió, las sanciones no existían. Sin embargo, para esta fecha no existían las sanciones. 

Tras la suspensión del programa de trasplantes en 2017, las organizaciones Cecodap y Prepara Familia introdujeron ante la CIDH una solicitud para la adopción de medidas cautelares para los niños del Servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos.

La CIDH respondió. El 21 de febrero de 2018, la CIDH otorgó las medidas cautelares. 

El servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos fue el primero en recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2018, luego de que las organizaciones Prepara Familia y Cecodap presentaron un informe documentando el desabastecimiento de medicamentos, la crisis de infraestructura y los brotes infecciosos en el hospital.

Al año siguiente solicitaron una extensión de las medidas cautelares para 13 servicios más del pediátrico, debido a la precariedad en la atención de los niños y niñas hospitalizados. La CIDH volvió a responder y mediante una resolución en 2019 incluyó los servicios de Cardiología, Hematología, Neumonología, Medicina 2, Medicina 3, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía Pediátrica, Pediatría Integral, Nutrición, Medicina de Adolescentes y Neurología Pediátrica.

Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha prestado atención a las denuncias de las víctimas y sigue sin garantizar el derecho a la salud de los niños mientras la cifra de fallecidos no para de aumentar. 

Según estimaciones de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv), por lo menos 150 niños, niñas y adolescentes pudieran haber recibido un trasplante si la procura de órganos siguiera activa.

El Estado no hizo nada

Niurka Camacho denunció la crisis que viven los pacientes renales en Venezuela. El 30 de junio, participó en una sesión de la CIDH para exponer la situación que enfrentan los pacientes crónicos y pedía que se reactivaran los trasplantes.

“En el hospital ha sido muy difícil porque he visto a muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por la espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”, dijo Niurka frente a las cámaras.

Niurka Camacho falleció el 3 de agosto de 2021 sin haber recibido un trasplante de riñón ni tampoco una respuesta del Estado venezolano. 

“El Estado ha incumplido su deber de garantizar el derecho a la salud y la vida. Hay demasiadas vulneraciones. Por eso estamos luchando porque se reactiven los trasplantes en condiciones seguras y se indemnice a las familias”, expresó Katherine Martínez, presidenta de la organización Prepara Familia. 

 

 

 

DDHH olvidados | Investigar la corrupción del chavismo le ha salido caro al fiscal Luis Sánchez
El fiscal Luis Sánchez fue detenido en agosto de 2017 por efectivos del Sebin luego de investigar un caso de corrupción que involucraba a Tarek William Saab 

@ValeriaPedicini 

Luis Sánchez Rangel tiene más de cuatro años preso. 1523 días. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron el miércoles 16 de agosto de 2017. Primero lo llevaron a Plaza Venezuela y luego a El Helicoide, una de las sedes de la policía política, donde todavía está encerrado. 

¿Su delito? Hacer su trabajo. 

El abogado comenzó a trabajar en el Ministerio Público en 2012 y a finales de 2016 lo trasladaron a la Fiscalía Quincuagésima Quinta Nacional con competencia en casos de anticorrupción para ejercer como fiscal auxiliar. 

La Fiscalía 55 había estado investigando silenciosamente desde 2015 delitos de corrupción que involucraban a las empresas Pdvsa y Odebrecht. En 2016, la búsqueda avanzó y dio resultados: la investigación revelaba que la petrolera estatal había adjudicado contratos públicos por cientos de millones de dólares a empresas fantasma. 

Para cuando comenzaron los allanamientos y detenciones, Luisa Ortega Díaz todavía era fiscal general de la República. Las investigaciones fueron avanzando y creciendo; tanto que Sánchez y otro fiscal llamado Pedro Lupera se tuvieron que dividir las tareas: uno se encargaría de viajar hasta Brasil para entrevistar a dos testigos en el caso de Odebrecht y el otro se centraba en unas irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco con Pdvsa. 

Los miembros de la Fiscalía 55 comenzaron a ser perseguidos. Sánchez y su pareja recibieron amenazas de muerte para que dejara el caso de la estatal. Aunque otros cuatro fiscales se salieron de la investigación, él continuó. 

Todo empeoró después del allanamiento a las oficinas de la Constructora Conkor el 14 de febrero de 2017.  La empresa, fundada en 2020, se presumía que pertenecía a Tarek William Saab, el entonces Defensor del Pueblo. Entre los clientes de Conkor estaba la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea), que contaba con 39 contrataciones y obras que fueron iniciadas entre 2006 y 2012, durante la primera y segunda gestión de William Saab como gobernador de la entidad.

Nombrado en televisión

“Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran red de extorsión que se ha desmantelado”, expresaba Diosdado Cabello en una rueda de prensa el 16 de agosto de 2017. 

El recién electo presidente de la asamblea nacional constituyente mostró lo que, según él, eran copias de cuentas abiertas de un banco llamado UBS Bahamas, aparentemente establecidas por Sánchez y otros acusados.

El número dos del chavismo dijo que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público y aseguraba que Tarek William Saab ya había ordenado la detención de los miembros de la presunta red de extorsión.

Horas después, William Saab, ya designado como fiscal, informaba que la captura inmediata de Luis Sánchez ya había sido solicitada. Dijo que “según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos”, los presuntos delitos involucrados fueron corrupción propia, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Luis Sánchez estaba en su casa tomando un baño mientras todo eso pasaba. El abogado estaba de reposo médico porque hace apenas un par de semanas le habían puesto un holder para monitorear su corazón producto de la hipertensión arterial crónica que sufría. Estar en casa también significaba poder acompañar a su esposa Mariangel Ramírez que tenía cuatro meses de embarazo. 

Mientras Diosdado Cabello hablaba, Sánchez recibió una llamada de un colega que le decía que fuera a la oficina urgentemente porque miembros del Sebin lo estaban buscando. Preocupados por su seguridad, apagaron sus teléfonos celulares para que no pudieran rastrearlos y condujeron a la casa de su madre.

La policía primero allanó la Fiscalía 55 e incautó 300 carpetas relacionadas con dos expedientes sobre investigaciones de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco y otros objetos como computadoras y las agendas personales de los fiscales. 

Alrededor de las 7 de la noche de ese mismo día, unos 30 funcionarios del Sebin en seis patrullas aparecieron en la vivienda de su suegra en busca de Sánchez. Llevaban pasamontañas cubriendo sus rostros y le apuntaron con armas de fuego largas. Según dos testigos presentes, no presentaron órdenes de aprehensión y allanamiento y esperaron varias horas hasta que dos fiscales, también con pasamontañas, se presentaron con órdenes judiciales.

Retrasos procesales

A Sánchez primero lo trasladaron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Ahí estuvo dos días hasta que fue presentado en tribunales, el 18 de agosto. En la audiencia de presentación, que se extendió hasta la madrugada, la entonces Jueza Vigésima de Control Penal ordenó su prisión preventiva. No emitió el acta de la audiencia de presentación hasta varios días después, a pesar de que llevaba la fecha del 18 de agosto de 2017.

A raíz de una solicitud realizada por la defensa, el 4 de septiembre de 2017, el Departamento de Supervisión Bancaria del Estado de Bahamas devolvió una carta certificada en la que decía que el Banco UBS estaba inactivo en el país desde el 1° de abril de 2015. El supuesto cierre del banco se produjo un año antes de la denuncia de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en la que se alegaba que Sánchez había abierto las cuentas bancarias (marzo y abril de 2016), y en la que se basó la orden de prisión preventiva.

En la acusación presentada por el Ministerio Público el 2 de octubre, solo se aportaban pruebas respecto a los delitos de extorsión, sustracción de sellos, uso de datos de carácter reservado y asociación. No hacía mención al cargo de corrupción propia, a pesar de que se había imputado en la audiencia de presentación. No se presentó ninguna prueba con respecto a los cargos de legitimación de capitales o enriquecimiento ilícito.763 Los documentos de las supuestas cuentas del UBS Bahamas Bank no figuraban entre las 37 pruebas presentadas en la acusación, aunque sí estaba la denuncia de la Asamblea Nacional Constituyente.

En el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señalan que el caso de Sánchez tiene múltiples irregularidades procesales. 

Entre estos se mencionan los 22 diferimientos de la audiencia preliminar, la prisión preventiva ha durado más de los dos años permitidos por el Código Penal y el no haber compartido el expediente del caso con la defensa. 

“Al momento de redactar este informe, pasados más de cuatro años desde su detención, Luis Sánchez permanece detenido en El Helicoide del SEBIN sin haber tenido un juicio”. 

 

Estado venezolano sigue sin dar respuesta a 12 mujeres con medidas cautelares de la CIDH
Hace un año la CIDH otorgó medidas cautelares a 12 mujeres con cáncer de mama y exigió al Estado venezolano que hiciera lo necesario para proteger sus derechos a la salud y la vida
Hasta la fecha, ni las benificiarias ni las organizaciones peticionarias han recibido respuesta
Cada 24 horas mueren nueve personas por cáncer de mama

@ValeriaPedicini 

“No somos ninguna carga, nosotras somos seres humanos, queremos tener salud”. María Alejandra Díaz, de 45 años, tiene cáncer de mama. El diagnóstico de la enfermedad fue realizado de forma oportuna, pero por la falta de tratamiento de forma continua tuvo una recaída y el tumor hizo metástasis. Ahora también tiene cáncer de hígado, de pulmón y en los huesos.

Cuenta que, al no poder acceder a las medicinas y tratamientos en el sistema de salud público, ha tenido que vender parte de sus pertenencias para poder costear los gastos de su enfermedad. “Tratas de buscar los medicamentos y no los consigues. Si quieres luchar por tu vida, tu salud y ver crecer a tus hijos, tenemos que buscar opciones y una de esas es recurrir a la venta de cosas que tenemos. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en Venezuela está muy deteriorado”.

A pesar del esfuerzo, Díaz solo ha podido realizarse los exámenes más urgentes o primordiales, porque el resto de los estudios “son muy costosos” y no ha podido saber con certeza qué tan avanzada está la metástasis en su cuerpo.

Ella es una de las 12 mujeres beneficiadas por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 14 de octubre de 2020, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a integridad física y a salud.

La CIDH exigió al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger el derecho a la salud y la vida y la integridad de estas personas beneficiarias. Asimismo, valoró que, de acuerdo con la solicitud realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama, Prepara Familia y Senos Ayuda, las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.

La CIDH también indicó que los factores de riesgo a los que se ven expuestos estas mujeres tendrían serias consecuencias diferenciadas en la salud de las beneficiarias, “por su sola condición de mujer, ya que estas suponen una forma adicional de violencia en su contra”.

Es por esto que existe un impacto diferenciado de la crisis en las mujeres, donde las barreras de acceso a los tratamientos medicos son una forma más de la violencia contra la mujer, ya que afectan el principio de igualdad y no discriminación.

Pero nada ha pasado. El Estado venezolano no ha movido ni un dedo para mejorar las condiciones de salud de estas 12 mujeres, ni siquiera levantado el teléfono. A más de un año de la medida, María Alejandra Díaz no ha recibido ninguna llamada.

“Sigo en la espera de que el Gobierno nacional me contacte, tanto por vía telefónica, por mensaje o por correo. En esta espera, de medicamento y de llamada tuve un recaída de la enfermedad. Ha sido un golpe bastante fuerte”, expresa la mujer.

Las 12 mujeres beneficiadas con las medidas cautelares de la CIDH son otras de las víctimas crónicas del sistema de salud público venezolano.

“En Venezuela existe un patrón sistemático grave y extendido de vulneraciones del derecho humano a la salud de la población venezolana. Particularmente quienes están siendo más afectados son las poblaciones más vulnerables, donde las mujeres y las personas con condiciones crónicas de salud tienen lo peor de toda la crisis”, señaló Natasha Saturno de la organización Acción Solidaria.

Saturno dijo que hasta la fecha no existen avances ni ningún tipo de comunicaciones del Estado venezolano ni con las beneficiarias ni con los peticionarios sobre una respuesta a la resolución.

“Solicitamos al Estado venezolano que reconozca la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando en Venezuela y la afectación especial que tienen las personas con condiciones de salud crónicas”.

Pidió que el Programa Nacional de Oncología sea reestructurado para ofrecer a los pacientes tratamiento médico adecuado y oportuno, exámenes especiales y atención de calidad. Asimismo que exista un enfoque diferenciado de género que “reconozca el impacto que la emergencia humanitaria tiene en las mujeres venezolanas”.

¿Qué ha pasado con las 12 beneficiarias?

Luisa Rodríguez, directora de la ONG Funcamama, explicó que de las seis mujeres beneficiadas por la CIDH que son parte de la organización, una de ellas falleció a la espera de atención del cáncer de mama entre 2020 y 2021.

“Otra tiene metástasis en la cadera, está en cama sin poder tener movilización. Tuvo fractura de la cadera porque por falta de acceso al agua tenía que caminar casi tres cuadras para llenar un tobo para poder cubrir las necesidades de aseo diario”, aseguró Rodríguez, demostrando cómo la situación de los servicios públicos también hace más difícil padecer una enfermedad crónica en Venezuela.

El resto de las mujeres beneficiadas son parte de la organización Senos Ayuda. Nancy Cardozo, representante de la organización, precisó que no tienen conocimiento de dos de ellas, tres siguen recibiendo ayuda y una tuvo que someterse a una segunda mastectomía y enfrenta una posible metástasis.

Los familiares también sufren

El cáncer de mama que tiene María Alejandra Rodríguez no solo ha sido un golpe duro para ella, sino también para el resto de su familia. “Yo soy la persona que está padeciendo la enfermedad, pero mi familia está padeciendo todo lo que implica mantener por un tiempo más a un familiar al lado”.

La directora de Funcamama expresó que es importante que la sociedad entienda que una enfermedad crónica de alto costo, no solo afecta a aquella persona que la padece, sino a todo su entorno. “Hay un equipo alrededor de ellas que está haciendo posible que puedan recibir a nivel privado este tratamiento: familiares, hermanas, amigos”.

Tal es el caso de María Zambrano, otra de las mujeres beneficiadas con la medida cautelar de la CIDH. La mujer de 59 años, quien tiene un tipo de cáncer de mama muy agresivo y uno de los más frecuentes detectados en la mujer venezolana, ha recibido el apoyo de sus familiares para poder luchar contra la enfermedad.

Nada más para que pudiera ser atendida en el hospital oncológico tuvieron que esperar 15 días, luego de la insistencia por encontrar un cupo. Cuando lo lograron, tuvieron que hacer rifas para cubrir los costos de medicamentos y exámenes.

“Es muy difícil convivir y ver a tu familiar que decae cada día más. Desde mayo de 2020 que recibió su última quimio, hasta el 4 de octubre de 2021 fue que fue evaluada por los médicos del oncológico, donde le diagnostican nuevamente ‘una pepita’ en espera de punción para una biopsia, que se hace en privado porque en público no hay insumos”, contó su hermana.

¿Cuál es la situación del cáncer de mama en Venezuela?

El 19 de octubre es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en Venezuela en los últimos cinco años, producto de la crisis y la emergencia humanitaria, la situación para las personas con esta enfermedad ha empeorado.

De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la cifra total de mortalidad por cáncer de mama es de 3.127 personas. Es decir, cada 24 horas mueren nueve personas por esta enfermedad. La edad del mayor número de personas fallecidas está entre los 55 y los 64 años de edad.

Luisa Rodríguez, presidenta de la ONG Funcamama, explicó que entre el colapso generalizado de los centros oncológicos y la falta de capacidad adquisitiva de las mujeres con esta enfermedad, padecer cáncer de mama en Venezuela se traduce en un tragedia.

En un informe de la organización se detalla que uno de los grupos más vulnerables de personas afectadas por salud crónica están aquellos con cáncer, “quienes ven la capacidad de atención y servicio médico oncológico seriamente deteriorado y los coloca ante un riesgo inminente de la vulneración de los derechos humanos, la integridad física y salud de estas mujeres”.

Señaló que 22 unidades de radioterapia han cerrado en los últimos cinco años, producto del incumplimiento de los pagos por parte del Ministerio de Salud y la falta de mantenimiento de los equipos que estaban dispuestos para atender 21 tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama y de cuello uterino. Solo funcionan de forma parcial las de los oncológicos Padre Machado y Luis Razetti en Caracas. También denunció la ausencia de mamógrafos, ecógrafos, resonadores y tomógrafos.

Según cifras de la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140 mil personas con cáncer, mientras que las cirugías disminuyeron a más de un 80%. Además, no se cuenta con mamógrafos, ecógrafos, resonadores, tomógrafos ni estudios para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad”.

“El acceso de tratamientos y medicamentos a personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad de cada familia para poder costearlo, mínimo se necesita un promedio de 2500 dólares”, asegura Luisa Rodríguez.

Denuncian que efectivos de la DGCIM sacaron de una clínica al general Naranjo Suárez para encarcelarlo

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sacaron esposado de la Clínica Metropolitana al general de división Pedro Naranjo durante la noche de este viernes 10 de septiembre, a pesar del estado crítico de salud en el que se encuentra tras haber sufrido un ACV. 

«El general Pedro Naranjo Suárez, preso político recluido en #DGCIM fue diagnosticado con tumor cerebral severo. Este es el momento en que #DGCIM se lo lleva esposado de la Clínica anoche, luego de ser trasladado d emergencia el 9/9 xq se presumía había sufrido un ACV», publicó la abogada y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú.

El militar estaba recluido en dicho centro de salud desde hace un par de días sufriera un edema cerebral, paralizándole la mitad de su cuerpo. «No tuvo ningún tipo de asistencia médica, sino tres días después que lo llevaron a la Clínica Metropolitana», contó Verónica Naranjo, hija del general, en un video difundido en Twitter.

Según la versión que maneja la abogada, aseguró que los médicos de la Policlínica Metropolitana que le atendieron advirtieron que el general Naranjo pudiera «sufrir convulsiones o incluso entrar en coma». 

«Caso que demuestra una vez más el trato cruel e inhumano que la estructura Criminal del regimen da a sus oponentes. El Informe médico es muy claro en la enfermedad que padece», publicó en su cuenta de la red social Twitter. Recordó que Naranjo Suárez tiene medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

La joven sostuvo que los efectivos decidieron «llevárselo a las celdas del Dgcim sin ninguna contemplación a la continuidad del tratamiento que esta recibiendo», a pesar del estado crítico en el que se encuentra. 

Naranjo está detenido desde el 21 de mayo de 2018, tras ser vinculado por el gobierno de Nicolás Maduro al caso “Armagedón”. Fue encarcelado junto con otros siete militares y un civil; les acusaron de traición a la patria, instigación de la rebelión, motín y contra el decoro militar.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, se hizo eco de la declaración de la hija del detenido, quien explicó que el diagnóstico es «tumor cerebral isquémico con componente hemorrágico». 

Por su parte, Luis Almagrosecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó: «Urjo al régimen venezolano a respetar el derecho a la vida, la integridad y la salud del General Pedro Naranjo Suárez. El Estado, desde su posición de garante de derechos de las personas privadas de libertad, debe implementar medidas urgentes para su atención médica inmediata». 

 

La polémica que desató la propuesta de crear un comando contra “bandas de migrantes” en Bogotá
Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la creación de un comando de este tipo  es competencia exclusiva del Gobierno Nacional

Foto: @ClaudiaLopez

La Alcaldía de Bogotá, Colombia, propuso el miércoles 18 de agosto la creación de un comando de operaciones para enfrentar estructuras criminales que involucren migrantes.

Tras una reunión con el Consejo de Seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó: «Las estructuras criminales de población migrante que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad están operando con un altísimo nivel de violencia».

Durante su declaración, López aludió a los homicidios de dos policías metropolitanos, que, según dijo, fueron perpetrados «por miembros de estas estructuras criminales».

En ese sentido, la alcaldesa estimó que se necesita identificar a toda la población migrante que vive en la ciudad y precisó que ya lo habían hecho con 70 %.

Asimismo, comentó que, en el mes de septiembre, iniciará el pre-registro virtual y la identificación biométrica y luego se procederá «con la expedición del registro migratorio».

«Los criminales no van a venir a registrarse, pero una vez tengamos esa identificación cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra Policía y que esté sin identificar, vamos a hacer forzosamente su identificación», dijo la alcaldesa.

López agregó: «400.000 ciudadanos venezolanos estarán identificados biométricamente este año 2021 y quienes cometan delitos. pero no estén identificados. se expulsaran del país o se judicializará ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló.

Defensoría del Pueblo de Colombia rechaza la estigmatización

A través de un hilo publicado en Twitter, la Defensoría del Pueblo de Colombia afirmó que estigmatizar a la población venezolana o cualquier otra, «exacerba la xenofobia».

«Rechazamos anuncio de crear comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de «criminales de población migrante», agrega el hilo de la Defensoría.

En ese sentido, el defensor Carlos Camargo hizo un llamado a las autoridades locales para «tomar medidas que prevengan la discriminación en contra de la población migrante».

«De manera general, los gobiernos deben luchar contra la criminalidad sin hacer una distinción relacionada con su origen», añadió Camargo.

 

La Defensoría del Pueblo de Colombia considera que «toda acción dirigida a mitigar la inseguridad debe partir de una comprensión de la misma, y debe estar dirigida contra los actos de delincuencia sin ningún criterio de discriminación».

«Resulta contrario a todos los tratados de derechos humanos y al artículo 13 de nuestra Constitución crear comandos antidelincuencia basados en la etnia, el color de la piel o el género, tampoco puede resultar admisible crear comandos específicamente contra migrantes», añade la Defensoría.

Gobierno desautoriza creación de los comandos

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la creación de estos comandos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente.

«En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes», explicó Espinosa.

 

Además, aseguró que la posición del gobierno colombiano en cuanto a los casos de criminalidad seguirá siendo la no deportación.

“Una persona que comete un delito es alguien que debe ser objeto de judicializacion”, dijo Espinosa.

Por otra parte, el director de Migración Colombia aseguró en asuntos migratorios se ha avanzado en procesos de identificación de presuntos responsables.

Claudia López se queja luego de que revirtieron su medida

A través de Twitter, López publicó un video donde expresó que acepta pero no comparte la decisión del gobierno y Migración Colombia sobre no crear un comando de operaciones contra bandas de migrantes.

«Hay mucha gente que entra de manera ilegal a hacer cosas indebidas en nuestra ciudad. Cuando los capturamos y no tenemos la información de cuál es su identidad, no podemos presentársela al fiscal ni al juez y termina quedando libre por simple falta de información, generando impunidad y mayor inseguridad», dijo.

 

Según Claudia López, lo que ella esperaba es que se pudiera hacer un patrullaje conjunto entre la Policía y Migración Colombia para que, cuando se identificaran a estas personas que entran de forma ilegal «a hacer cosas criminales», pudieran realizar una «identificación forzosa», para tener el nombre, el delito que cometió y la prueba para ser judicializado.

«Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad. No es la nacionalidad la que explica el delito, sino la impunidad, porque no se puede identificar y judicializar a cualquier persona que cometa un delito», agregó.

CIDH preocupada por la estigmatización

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación sobre el anuncio de la creación de un comando de operaciones conjuntas para combatir los grupos criminales en Bogotá.

A través de Twitter, la comisión expresó: «La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a #PersonasMigrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados».

 

En ese sentido, urgen a las autoridades colombianas a que se adopten medidas para «prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria».

Con información de EFE, RCN Radio y El Tiempo

Los cuatro puntos sobre la autonomía universitaria en Venezuela que preocupan a la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exhortó al gobierno de Maduro a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria

 

Este lunes, 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales, a través de una comunicado, expresaron su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica.

Desde el pasado mes de la marzo, la CIDH la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios han rechazado la decisión de Nicolás Maduro de cancelar las nóminas de los docentes universitarios a través del sistema Patria.

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señaló en una nota de prensa que el pago de sueldos universitarios a través de otro ente distinto a las universidades constituye una violación a la autonomía económica y financiera, prevista en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley de Universidades. 

La CIDH ha recibido información sobre las distintas acciones que ha venido realizando el Estado con la intención de menoscabar la autonomía universitaria, entre ellas: 

Pago de sueldos por el Sistema Patria

Según informó la sociedad civil, al tratarse de una plataforma estatal, esto podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarias y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno.

La CIDH recibió información sobre la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, lo que tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo, pues la remuneración que reciben los docentes de las universidades públicas oscila entre $5.92 y $10.43 USD mensuales.

Exclusión de grupos universitarios

La CIDH señaló en su comunicado las denuncias de exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y otras agrupaciones universitarias de las negociaciones colectivas con el gobierno. Tal es el caso de la I, II y III Convención Única del Sector Universitario (CCU), y recientemente de la instalación de las mesas de negociación de la IV Convención Colectiva, que según indican organizaciones de la sociedad civil, esto habría ocurrido como represalia por las opiniones críticas de sus integrantes hacia las políticas gubernamentales en materia laboral.

Nuevo esquema educativo

Por otra parte, la Comisión Interamericana expresó preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria titulado «Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del Aparato Productivo Nacional». En dicho plan se propone un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las «necesidades de formación de la nación», lo cual podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes.

Suspensión de elecciones estudiantiles

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Poder Judicial profirió más de 50 decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos para la elección del gobierno universitario.

Además de exponer los cuatro puntos que le preocupan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exhortó al gobierno de Maduro a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria, incluyendo la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias y garantizando que los pagos de nóminas del personal de las universidades públicas sean realizados a través de un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión.

La CIDH reiteró en su comunicado que «sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales».

 

12 adolescentes denunciaron el impacto de la suspensión del programa de órganos ante la CIDH
Adolescentes y jóvenes venezolanos expusieron en su relato el impacto de la suspensión del Programa de Procura de Órganos y de los Trasplantes de Médula Ósea en la única audiencia de la CIDH destinada a revisar la situación del derecho a la salud en Venezuela

La desesperación de vivir con una condición de salud critica, el deterioro de la enfermedad, la crisis hospitalaria en Venezuela, la angustia de los familiares y la imposibilidad de tener esperanza de vida al recibir un trasplante de órgano fueron las denuncias de 12 adolescentes y jóvenes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 180 Período de Sesiones Virtuales.

Los testimonios resaltaron el deterioro del hospital J. M. de los Ríos, principal centro de atención médica para niñas, niños y adolescentes (NNA) del país. Además, enfatizaron que en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) —agravada por la pandemia de la COVID-19— la suspensión del Sistema de Procura de Órganos para Trasplante (SPOT) dejó de beneficiar por tres años a más de 700 personas, de las cuales un 10 % corresponde a NNA.

“Pase de ir al cine, al parque o al colegio a ir al hospital todos los días. El trasplante de médula ósea era la solución para mejorar mi calidad de vida. Lamentablemente y a pesar que se han realizado las diligencias necesarias para el trasplante no hemos avanzado en el protocolo y he visto como mi cuerpo se ha debilitado”, manifestó María Marcano, de 14 años de edad.

La suspensión del SPOT ha obligado a los NNA a recurrir al sistema de salud privado. Sin embargo, en el país solo hay tres centros que hacen este tipo de procedimientos ubicados en el Distrito Capital y solo el costo del tratamiento inductor ronda los 25.000 dólares, de acuerdo con datos de Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), mientras que el salario mínimo no supera los 2,5 dólares mensuales.

Según datos de las organizaciones que acompañaron a los jóvenes, solo en el servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos entre 2017 y los meses transcurridos de 2021 han fallecido un total de 35 NNA. Los pacientes que se encuentran en lista de espera por un trasplante están en grave riesgo de morir. Algunos fallecieron producto de complicaciones, suministro irregular de antibióticos y fallas en el tratamiento dialítico.

“De la noche a la mañana mis riñones dejaron de funcionar. Mi vida cambió radicalmente, en especial cuando te dicen que en tu país no hay los equipos necesarios para poder realizar la diálisis”, dijo uno de los adolescentes presente en la audiencia.

Por otra parte, en la actualidad hay 25 NNA del servicio de Hematología del J. M. de Los Ríos que requieren trasplante de médula ósea y, de ellos, diez lo requieren con urgencia.

A partir de este hecho, las organizaciones Prepara Familia, Cecodap, Acción Solidaria y Redhnna solicitaron ante la CIDH se garanticen la protección a los adolescentes y jóvenes peticionarios de la audiencia, así como a los defensores que los acompañan.

CIDH pide al Estado venezolano investigar el asesinato de miembros de comunidad LGTBI
La Comisión solicita investigar los asesinatos «con debida diligencia» y teniendo en cuenta la orientación sexual e identidad de género de las víctimas a la hora de examinar los motivos del delito

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes al Estado de Venezuela que investigue los asesinatos la semana pasada de una mujer trans, y dos homosexuales en el área metropolitana de Caracas.

La Comisión, con sede en Washington, pidió al Estado venezolano que investigue los asesinatos «con debida diligencia» y teniendo en cuenta la orientación sexual e identidad de género de las víctimas a la hora de examinar los motivos del delito.

«La CIDH destaca que estos asesinatos ocurren en un contexto de discriminación y falta de protección para las personas LGBTI, incluyendo la ausencia de reconocimiento legal y registral de la identidad de género de las personas trans y de género diverso», añadió el organismo.

La CIDH dijo tener información de que el crimen contra la mujer «se cometió con particulares niveles de ensañamiento y crueldad».

Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales fueron asesinadas en todo el mundo por prejuicios discriminatorios, de los que 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo con datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

Venezuela está rezagada en Suramérica en materia de avances para la población LGBTI, toda vez que en el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.