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CIDH condena inhabilitación a Machado: Es propia de regímenes autoritarios
«Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad», consideró la CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de «regímenes autoritarios», por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.

El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la oposición a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.

El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.

Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición «se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno».

Adicionalmente, en su opinión, «se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.

En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.

«Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal», dijo la CIDH, subrayando que «en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad».

En Venezuela, añadió, «es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», y también se deben adoptar «con urgencia» medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.

«Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas», concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.

Con información de EFE

CIDH llama al Estado a no sancionar proyecto de ley que limita las ONG
La CIDH subrayó que el proyecto de ley que busca regular a las ONG pretende «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado venezolano a abstenerse de sancionar el proyecto de ley fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría oficialista.

En este sentido, puntualizan que el efecto de la norma es «limitar el derecho de asociación, la participación ciudadana en asuntos de interés público y la defensa de los derechos humanos».

A través de un comunicado de prensa, la CIDH destacó que el proyecto «se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico».

La Comisión recordó que en 2023 rechazó la detención arbitraria de personas sindicalistas. Además, en 2022 urgió al Estado a no aprobar el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional», y en 2021 manifestó su rechazo por la «la Providencia Administrativa No. 001-2021». En ambas leyes se le daba un mayor control al Poder Ejecutivo en el ejercicio de la democracia, así como mayores libertades para que aplicaran la censura institucional.

Ratifican que proyecto de ley «limita arbitrariamente» las actividades que desarrolladadas por organizaciones sin fines de lucro. También, señalan, otorga a las autoridades estatales la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república.

«La CIDH y la RELE observan con preocupación que durante las dos discusiones de este proyecto diputados oficialistas señalaron a las organizaciones de la sociedad civil de ser ‘enemigas’, ‘desestabilizadoras’, ‘traidoras de la patria’ y ‘fachadas de partidos’, entre otros calificativos estigmatizantes. Este tipo de declaraciones evidencian el clima de hostilidad contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos o ejercen el periodismo en Venezuela», advirtieron.

Llevarán ante la Corte Interamericana de DDHH el caso del expreso político Víctor Navarro
El ente internacional concluyó que el activista sufrió torturas en El Helicoide y que, hasta ahora, el Estado no ha hecho nada para saldar la justicia

Foto: Jaime Villanueva (El País)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado de prensa este 29 de diciembre que llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las denuncias del activista venezolano Víctor Alfonso Navarro López «por detención ilegal y arbitraria, y actos de violencia por parte de agentes estatales». 

El ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó que el joven fue víctima de detención ilegal y arbitraria y fue sometido a actos de violencia por parte de agentes estatales que respondían a intereses del gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2018 y el Estado no ha aplicado ni el debido proceso judicial ni los actos de reparación a sus derechos humanos. 

Víctor Navarro tenía 22 años y trabajaba en la Fundación Embajadores Comunitarios y el proyecto «Corazón Valiente» cuando fue detenido arbitrariamente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en enero de 2018. 

Torturas en El Helicoide

«Las autoridades presentaron un informe que vinculaba falsamente a la fundación con actividades violentas, y recomendó el control y neutralización de sus miembros (…). Fue llevado al centro de detención el Helicoide, donde fue golpeado y amenazado y enfrentó condiciones inhumanas, como hacinamiento, falta de acceso a ventilación, luz, agua, y a asistencia médica adecuada», rememoró la CIDH en el comunicado.

La Comisión recalcó que el Estado venezolano había negado el derecho de tener un abogado privado a Navarro y a otros nueve imputados de la fundación. Aunque el juez ordenó una medida cautelar para ponerlo en libertad y dispuso de una boleta de excarcelación, estuvo hacinado en el Helicoide por seis meses. 
 
«La audiencia preliminar del proceso penal que le seguía fue postergada diez veces y por temor a ser detenido nuevamente de manera ilegal y arbitraria, en mayo de 2019 emigró a Colombia y luego a Argentina en donde se le reconoció como refugiado» bajo el hostigamiento del Estado venezolano, agregó el organismo internacional.

La Comisión concluyó que «el gobierno de Nicolás Maduro es responsable por la violación» de, al menos, 13 artículos sobre derechos humanos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Denunciar desde la realidad virtual

Desde junio del 2023, Víctor Navarro mantiene su denuncia para que en Venezuela se liberen los más de 270 presos políticos del gobierno de Maduro. A través de un proyecto llamado «Realidad Helicoide», el activista busca retratar, a través de testimonios de supervivientes a las torturas del Estado venezolano, las experiencias de los presos políticos a través de la realidad virtual. 

«Muchas veces los tiempos de la justicia internacional no están alineados con la realidad, porque son procesos más lentos y es muy fuerte llevar a cabo procesos de justicia, mientras siguen ocurriendo crímenes en Venezuela, pero es una manera de visivilizar lo que ocurre y de que exista la posibilidad de que en algún momento se haga justicia y de que no se vuelvan a repetir situaciones tan atroces», declaró Navarro a El Pitazo después de conocerse la sentencia de la CIDH.

CIDH rechaza la «persecución penal» contra dirigentes políticos afines a María Corina Machado
Reiteraron que se deben liberar a los 274 presos políticos que se encuentran en Venezuela para el 29 de diciembre del 2023

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este 26 de diciembre la «persecución penal» contra los dirigentes opositores en Venezuela que «busca obstaculizar la participación política» de los críticos al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En un comunicado, la CIDH afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público (MP) contra 14 personas, entre ellas tres «dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado», forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política».

Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en comicios, quien fue «detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección», y liberado el 20 de diciembre, tras estar 14 días preso.

Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía venezolana de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir» en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.

Justicia amañada

La CIDH reiteró que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad» y que «ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro».

Además, advirtió que el «uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política».

La comisión exigió al Estado venezolano, además de liberar «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», adoptar, «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».

El pasado 9 de diciembre, Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la «arremetida» del Gobierno en contra de su partido, Vente Venezuela (VV).

La exdiputada, quién espera la confirmación de su inhabilitación política para competir por cargos de elección popular, denunció entonces agresiones contra la sede de la formación, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas «con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela».

*Con información de EFE

Excarcelan a dos presos políticos militares vinculados a la «Operación Armagedón»
Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suárez Ramos salieron de su reclusión arbitraria luego de 5 años de estar en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda

Tamara Suju, abogada especializada en derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, informó este 28 de diciembre que excarcelaron al Mayor de la Aviación Adrián De Gouveia De Sousa y el Mayor de la Guardia Nacional Abraham Suárez Ramos, dos presos políticos vinculados a la «Operación Armagedón», una presunta pugna para intervenir las elecciones presidenciales de Venezuela en 2018, cuando Nicolás Maduro fue presuntamente reelegido como mandatario. 

«Desde Casla Instituye y la campaña Apadrina A Un Preso Político Del Mundo celebramos la libertad de los presos políticos mayor Adrián De Gouveia De Sousa y Abraham Suarez Ramos y le damos las gracias a sus madrinas, María Corina Machado y Carlos Angola por haber visibilizado sus causas y su solidaridad», dijo Suju en su cuenta de la red social X, este jueves 28 de diciembre.

A De Gouveia lo detuvieron arbitrariamente el 20 de mayo de 2018 y a Surárez lo privaron de su libertad siete días después. Ambos fueron imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar sin seguir un debido proceso judicial, según denunció la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. 

Hasta el momento de redacción de esta noticia, no se ha informado las condiciones de la excarcelación de los militares.

En 2019, Suju informó que el mayor Abraham Suárez Ramos intentó por segunda vez quitarse la vida en los sótanos de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim).

«El mayor (Suárez) sufre de grave crisis depresiva y nunca le suministraron el tratamiento que le ordenaron en el hospital la primera vez», indicó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amparó la denuncia este mes de septiembre, alavando que Suárez es uno de los más de 50 presos políticos que están en un estado de salud crítico sin atención oportuna

Aunque el Estado venezolano no ha dictado alguna medida para reparar los derechos humanos vulnerados por De Gouveia, Suárez y sus familiares, ellos fueron los últimos presos políticos liberados relacionados a la «Operación Armagedón». El pasado 30 de septiembre excarcelaron los otros ocho presos políticos involucrados en ese caso. 

Suju, durante los cinco años que los militares estuvieron privados de libertad en Ramo Verde, una cárcel militar ubicada en el estado Miranda, en la región central de Venezuela, denunció que Suárez y De Gouveia fueron víctimas de tratos cureles e inhumanos.

Al tomar en cuenta los datos de la ONG Foro Penal, aún quedan 274 presos políticos en Venezuela, donde 19 son mujeres y 146 son militares. 

 

 
 
Denuncian incumplimiento de medidas cautelares decretadas por la CIDH a favor de venezolanas con cáncer
El documento señala que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos, debido a la corrupción imperante en Venezuela, la salud de las pacientes oncológicas ha empeorado

 

Este jueves, 14 de diciembre, las organizaciones Funcamama, Cepaz, Acción Solidaria, Prepara Familia y Transparencia Venezuela denunciaron el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las mujeres venezolanas que padecen cáncer.

A través de un comunicado, afirmaron que las medidas cautelares decretadas hace tres años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres que padecen cáncer de mama no se están cumpliendo.

El documento señala que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos, debido a la «corrupción imperante» en Venezuela, la salud de las pacientes oncológicas ha empeorado.

Por tal motivo, las mencionadas organizaciones pidieron a la CIDH que proceda a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de extrema gravedad y urgencia que viven las mujeres con cáncer.

Además, solicitaron que se inicie de oficio un caso contra Venezuela por los mismos hechos, por tratarse de «violaciones graves de derechos humanos resultado de actos de gran corrupción, que implican la responsabilidad internacional del Estado».

CIDH pide a Venezuela abstenerse de criminalizar a personas LGBTI
La comisión también instó a las autoridades a «abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia»

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el 7 de agosto su preocupación ante «las acciones arbitrarias» y «los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela» contra personas LGBTI, por lo que urgió al país a «abstenerse de criminalizar» a este colectivo.

«La comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. Además, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito», dijo la CIDH.

El comunicado, difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), recuerda la reciente detención de 33 hombres durante un operativo policial en un local privado frecuentado por personas LGBTI en el estado Carabobo, los cuales ya fueron excarcelados, «bajo régimen de presencia en los juzgados».

«Pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual», señaló la comisión.

Esto, prosiguió, ocurre en un contexto en el que las «personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado», con base en «prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas».

«La CIDH recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos», aseguró.

La comisión también instó a las autoridades a «abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia».

Libertad plena para los 33 de Valencia

Más de  130 organizaciones venezolanas e internacionales exigieron justicia y libertad plena para los 33 hombres detenidos por su orientación sexual en Valencia.

Bajo la consigna «ser LGBTIQ+ no es delito», el grupo rechazó la «detención arbitraria» de estas 33 personas y pidió el cese de la «criminalización» contra este colectivo.

«Rechazamos la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gays/bisexuales en una sauna del estado Carabobo, Venezuela, el escalamiento de la política de Homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas LGBTIQ+. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ se suma a las organizaciones y exigimos justicia para los 33″, se lee en el sitio web de esta organización, una de las que suscribió el comunicado. 

En el documento que firmaron 136 ONG le exigen al Estado garantizar la  «protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gais/bisexuales detenidos, así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso».

Alertaron también que estas detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela motivadas por la orientación sexual se pudieran convertir en un «patrón criminalizador de la población LGBTIQ+», lo  que contradice lo establecido en la Constitución (…) «y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la nación», dice el texto.

Con información de EFE

CIDH presentó ante la Corte IDH caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
La CIDH  presentó ante la Corte IDH el caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo de seguridad en el estado Aragua, en el 2017. 4 hermanos fueron asesinados a manos del CICPC. Los funcionarios declararon que fue en un enfrentamiento, pero su madre asegura que no tenían antecedentes
Foto: Cortesía: @CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometió el 29 de marzo de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177 de la República Bolivariana de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martín Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, así como por la falta de investigación de los hechos.

Según la información proporcionada, en 2017, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la residencia de los hermanos Israel Benjamín, de 16 años, Martín Daniel, de 17 años, Leonel David, de 19 años, y Leonardo José, de 24 años, quienes fueron ejecutados en el lugar.

Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería.

Los hechos ocurrieron, denuncia la CIDH, en un «contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela, en el estado Aragua»,  que según refieren, se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos en los que personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan ejecutadas bajo la hipótesis de ser criminales, «sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad».

El Estado es responsable

La Comisión (CIDH) determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los cuatro hermanos y que  no  cumplió con su obligación «de realizar una investigación con debida diligencia, de oficio, rápida, objetiva y dentro de un plazo razonable». 

De igual forma, y por el hecho de que Israel Benjamín Manaure Flores y Martín Daniel Manaure Flores tenían 16 y 17 años cuando fueron ejecutados,  la Comisión observó que el Estado incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su interés superior.

En consecuencia, considera que el Estado debe ejecutar las siguientes medidas de reparación:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.

3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

Provea saluda la acción 

Provea saludó la iniciativa de la CIDH por el logro de justicia «ante los miles de casos» de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en ene Venezuela.

“La perseverancia de las víctimas es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad”, emitió Provea.

 

Para el 2022, se reportaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país, según Amnistía Internacional.