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12 muertes por intervención policial se registraron en Sucre entre enero y abril
Las edades comprendidas van entre los 19 y 38 años

De las 28 muertes violentas reseñadas en el estado Sucre durante el periodo enero-abril de 2022, 12 fueron Muertes por Intervención Policial (MIP). En  uno de los casos conocido por la sociedad, fue confirmado el uso excesivo de la fuerza, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

En ese sentido, Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre se refirió a la muerte de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años, quien fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante un hecho ocurrido en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez de la entidad oriental.

Tras la publicación de un video captado por las cámaras de seguridad del restaurante, seis funcionarios fueron detenidos y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público, por simular un robo frustrado.

Sin embargo, la imputación de cinco de los uniformados fue confirmada el 10 de abril por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que fueron inculpados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Familiares del joven Lezama exigieron justicia para que el caso no quede impune y rechazaron que los funcionarios involucrados, hayan pretendido alterar el hecho.

“A mi hijo no le dieron opción a nada. Él era un joven sano y trabajador pero le quitaron la vida de una manera cruel”, declaró la madre del joven a los medios de comunicación.

Sobre el caso, además de instituciones y representantes oficiales, también hubo pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, que consideró que “el caso evidencia el atropello judicial a los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado”, de acuerdo a la publicación realizada en una nota de prensa de la institución.

Precisamente, el organismo de seguridad que tuvo mayor participación en las MIP registradas entre los meses de enero y abril por el OVV Sucre, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que estuvo involucrado en cinco de los 10 casos monitoreados, mientras que el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre  (IAPES), así como la policía municipal, tuvieron participación en dos casos cada uno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un hecho.

“En total fueron 12 víctimas de MIP, todas pertenecientes al sexo masculino, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años, lo cual evidencia la afectación de hombres en edades productivas y ocho de los casos eran personas, catalogadas por los cuerpos de seguridad del Estado como presuntos delincuentes” explicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

En ese sentido, expresó que dicha presunción no debe ser argumento para cometer abusos de autoridad en medio de los hechos reseñados de manera oficial, como enfrentamientos con los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado.

“En la institución hemos insistido en la necesidad de que el Estado sea garante de la justicia y se actúe a través de las investigaciones de rigor, para evitar la impunidad, al tiempo que se establezcan planes de atención que garanticen la reinserción de estas personas a la sociedad y que la solución no sea acabar con sus vidas” agregó Amundarain.

Víctimas de delitos

En el balance realizado por el equipo de investigación el mes más violento fue febrero con 13 sucesos registrados, seguido de enero con 10 casos, abril con seis y marzo con cinco hechos.

En torno a los 24 delitos monitoreados, 16 de los casos ocurridos entre enero y abril fueron registrados como homicidio intencional, siete fueron tentativas del mismo y un robo. En 10 hechos, las razones no fueron precisadas.

Sobre los casos de homicidio intencional, el tipo de muerte ocurrida estuvo marcado por 15 asesinatos, mientras que seis casos fueron agresión grave mortal y un homicidio voluntario.

En el contexto situacional de los homicidios y agresiones, siete hechos estuvieron relacionados con robos, siete con otras formas de homicidio interpersonal, cuatro con pandillas, dos con grupos delictivos organizados, dos con parejas u otro familiar y uno durante la comisión de otro delito.

“Respecto la información de las víctimas, 23 pertenecían al sexo masculino y dos al femenino con edades comprendidas entre los 24 y 54 años” detalló Amundarain.

En el resumen del cuatrimestre, el OVV Sucre identificó que el tipo de arma más utilizada fue la de fuego en 15 de los casos, siete fueron objetos cortantes y dos la fuerza física.

Mientras que cinco de los casos fueron cometidos por delincuencia común, dos fueron grupos armados irregulares y un funcionario policial.

Las motivaciones de los hechos delictivos distintos a homicidio y agresiones estuvieron relacionadas con ajuste de cuentas en 13 de los casos registrados por el OVV Sucre, seis por prejuicios, dos basado en género y uno por conflicto interpersonal y problema interpersonal, respectivamente.

“El panorama de la violencia e inseguridad en el estado Sucre durante el primer cuatrimestre de 2022, evidencia que se mantiene la incidencia de la acción delictiva para cometer ajuste de cuentas y ejercer el control territorial de la entidad con lo cual se hace imperiosa no solo la garantía de seguridad ciudadana por parte de los cuerpos de seguridad del estado sino la defensa de los derechos humanos de toda la población” añadió la Coordinadora del OVV Sucre.

Detiene a exfuncionario del Cicpc presuntamente implicado en secuestro de Franyeli Guerrero
La joven fue rescatada la noche del 19 de mayo

 

Tras el rescate y liberación de la barinesa Franyeli Guerrero, las autoridades policiales no han revelado las identidades de las cuatro personas que fueron detenidas por el crimen.

La joven de 24 años que había sido secuestrada en Barinas el 30 de diciembre de 2021, fue rescatada el pasado 19 de mayo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La tarde de este sábado, 21 de mayo, El Pitazo confirmó que uno de los detenidos por el caso es un hombre identificado como Ernesto Sierra, quien está presuntamente involucrado en otros casos de secuestros y extorsiones en los que participaron funcionarios activos de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

 

 

Más información en El Pitazo.

Grupos armados marcaron violencia en El Callao durante mes de abril
El Tren de Guayana y El Perú se declararon en guerra para controlar territorio 

Un presunto enfrentamiento entre grupos irregulares le dio la bienvenida a la segunda semana de abril en El Callao, al sur del estado Bolívar. El Tren de Guayana y El Perú, -bandas armadas con amplia influencia en el territorio- se declararon en guerra para controlar El Perú, uno de los cuatro sectores de El Callao. Ambos líderes utilizaron las redes sociales para declararse “la guerra”.

El 9 de abril se difundió un video en el que un vocero anónimo, acompañado de encapuchados armados del grupo que se hace llamar Frente Revolucionario de El Perú, acusó al grupo delincuencial El Tren de Guayana -presuntamente dirigido por alias ‘Ronny Matón’- de operar con el Gobierno. “Les indica la zona a incursionar, y los compra con pagos mensual de cinco kilos de oro”, aseguró el vocero.

Aparentemente El Tren de Guayana tiene el control de los sectores Las Vainitas, Nacupay, y Cicapra en El Callao, y Vista al Sol, en Ciudad Guayana.

“Los compra con un pago mensual de cinco kilos de oro a cada organismo, como CICPC, FAES, los camuflados, para que nos ataquen a nosotros. Aparta al Gobierno y nos matamos, te aseguro que me les voy a meter para Las Vainitas, Cicapra, donde sea”, dijo el vocero sin identificar en el video.

La banda El Perú, encabezada por Eleomar José Vargas alias Zacarías y Alejandro Rafael Ochoa alias ‘Toto’, exigió al alto mando militar detener sus incursiones en contra del grupo delincuencial.

El medio Crónica Uno reportó que, en respuesta al video, el Tren de Guayana difundió un comunicado presuntamente escrito por quien encabeza la organización delictiva, Ronny Colome o ‘Ronny Matón’.

En el comunicado, Colome asegura que la organización tomó el control de la zona minera de El Perú. “Echar de estas tierras toda la violencia que tenía en zozobra a la población, el desorden, anarquía, maldad y violaciones tanto físicas como de Derechos Humanos que estos malandrines, basándose con sus cuatro revólver y cinco chopos, ponían a la humilde y trabajadora familia minera”. Expresa el documento.

De acuerdo con el comunicado, Colome definió su banda armada como una organización con fines agro-mineros y ecológicos.

Otro episodio ocurrió a los pocos días. El 11 de abril, tres civiles murieron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) según reportó la prensa local. De acuerdo con la fuente oficial, estas ejecuciones ocurrieron en medio de un enfrentamiento entre integrantes de la banda El Perú, y la GNB.

La siguiente semana, comenzaron a correr rumores de presuntos tiroteos en el sector El Perú. Los comentarios eran que los disparos se escucharon en la plaza El Jobo. La plaza principal de El Callao estuvo militarizada, toda vez que los pobladores se resguardaban a tempranas horas del día.

Mientras la comunidad se resguardaba por miedo, los cuerpos de seguridad del Estado declararon que el despliegue de “Semana Santa Segura 2022” se mantenía en pie, y que El Callao era zona de paz.

Población condenada a vivir con miedo

No es la primera vez que la banda El Perú lanza un ultimátum vía redes sociales, de hecho, se autoproclaman protectores de derechos humanos. En mayo de 2021 exigieron al presidente de Nicolás Maduro enviar -en un plazo de 78 horas- una comisión para investigar los crímenes cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y amenazó con atacarlos si no se cumplía el plazo.

En respuesta, el Estado militarizó aún más la zona e impuso un toque de queda. La presencia militar hizo que el grupo se desplazara a otras zonas mineras como Nacupay.

El azote continuo del hampa, y el accionar de los cuerpos de seguridad -muchas veces cuestionable-, han obligado a la población de El Callao a resguardarse, y a vivir en zozobra desde hace más de un quinquenio cuando, en 2016, el Presidente Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO): un área de explotación mineral que en la práctica expandió la minería ilegal controlada por grupos armados con la tolerancia del Estado, contaminación acelerada del territorio, diseminó enfermedades epidemiológicas otrora controladas como la malaria, e impuso un patrón de trabajo forzado y esclavitud sexual.

A menudo, no hay pronunciamientos oficiales sobre los presuntos enfrentamientos armados que ocurren con frecuencia, y el saldo de víctimas que deja detrás.

Organizaciones como Human Rights Watch y Transparencia Venezuela han advertido que el accionar de los grupos armados, dependiendo de la zona estratégica, tiene un vínculo con los cuerpos de seguridad del Estado.

Bolívar es la tercera entidad más violenta de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) determinó que durante 2021 tres de sus municipios: El Callao, Sifontes y Roscio, estuvieron entre los cinco más violentos del país.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) existe preocupación por la ocurrencia y perpetuación de este tipo de situaciones que mantienen en caos a la población de las localidades en las que se presentan este tipo de violencia. “Miramos con alarma que muchos de los ciudadanos que hacen vida en la localidad han naturalizado situaciones afirmando “que suceden todos los días solo que uno no se entera porque no hay famosos involucrados”.

“Desde el OVV Bolívar exhortamos al Estado a recuperar la institucionalidad en la región asumiendo la conducción de sus municipios al mismo tiempo que garantiza un justo orden social desde una legitimidad que se corresponda con nuestros máximos preceptos normativos”, finalizó el equipo de investigadores.

El video citado en esta nota de prensa, se puede ver en:

Nueve años de impunidad lleva el asesinato de periodista Jhonny González
Nada se sabe de posibles culpables de la muerte del profesional de la comunicación social, luego de que lo asesinaran en mayo de 2013 cuando salía de la desaparecida Cadena Capriles
Su madre, Luz Marina González, dijo que lo único que la ata al país es el deseo de conocer la identidad de los responsables del crimen que le quitó a su hijo 

@franzambranor

Un 3 de mayo Caracas amaneció sin el carisma y la jocosidad del periodista deportivo Jhonny González.

Casualidad fatídica que el reportero de la sección de boxeo del diario Líder en Deportes fuese asesinado en la madrugada de la víspera del Día de la Libertad de Prensa Internacional, luego de que saliera de una guardia nocturna en la sede de la extinta Cadena Capriles en La Urbina.

Nueve años han pasado y el expediente del caso de González sigue engavetado en las oficinas de Homicidios del Cicpc y del Ministerio Público.

González de 33 años fue asesinado de seis disparos a la 1:40 de la madrugada del pasado 3 de mayo de 2013 mientras conducía su vehículo. El periodista fue interceptado por hombres a bordo de un sedan oscuro y al menos una motocicleta de alta cilindrada en la calle 4 de La Urbina. Adyacente a la sede del Grupo Últimas Noticias.

En un principio, la División contra Homicidios del Cicpc mantuvo su línea de investigación bajo las hipótesis del intento de robo del carro o una posible venganza por razones pasionales, pero tiempo después, el caso fue archivado y hasta la fecha no hay siquiera sospechosos.

Nicolás Maduro dijo entonces en una transmisión de Venezolana de Televisión desde el estado Miranda que González fue víctima de un sicariato y asomó como posible responsable al e presidente colombiano, Alvaro Uribe Velez.

“El muchacho iba saliendo en su carro. Lo pararon y le dispararon. Fue sicariato. No intentaron robarle nada. Fue el mismo día que habíamos anunciado que íbamos para Petare. En todas estas cosas puede estar la mano de Uribe Velez y los paramilitares”, manifestó.

“Era un muchacho famoso entre la juventud por los trabajos de periodismo deportivo que hacía. No habían razones para ser atacado por un sicario”.


Robo, crimen pasional, homicidio para generar zozobra en la población y hasta una medida de presión para vender el emporio de la Cadena Capriles son las teorías que han manejado policías y periodistas.

En sus últimos años al frente de la sección de boxeo de Líder, González estuvo especialmente enfocado en el crimen cometido por el pugilista Edwin Valero, quien asesinó a su esposa el 17 de abril de 2010 y se quitó la vida dos días después. González se había centrado en el destino de la herencia del campeón mundial y los hijos de la pareja.

“Ha habido muy poco avance en el tema. Inicialmente, se manejaba la tesis de una venganza. No solo porque no fue despojado de objeto alguno, sino porque no hubo ni siquiera intento de hacerlo”, dijo Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz

“Se supo que tenía varias relaciones sentimentales a la vez. Se hizo un trabajo bien importante de telefonía. Se trabajó mucho con la División de Homicidios del Cicpc. Ciertamente, algo faltó. Fue pasando el tiempo y lo dejaron así. El problema es que ahora ya no hay direccionalidad en la investigaciones que se hacen”, mencionó Mundaray.

Sin respuesta policial y en Últimas Noticias

Luz Marina González, madre de Johnny, afirma que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta de las autoridades. “Me lo mataron y ni siquiera sé por qué. He acudido a todas las instancias y no me dicen nada. No he obtenido respuesta. Mi hijo hoy tuviese 42 años”, dijo quien perdió a otro hijo víctima del hampa en Caracas.

Luz Marina deplora las declaraciones de Maduro posteriores al homicidio de su hijo.

“Todavía no entiendo por qué dijo eso, mi hijo nada tenía que ver con política, a él le gustaban sus deportes y bueno todo el mundo sabía que le gustaba la rumba, pero hasta ahí, como cualquier muchacho”, sentenció

A González solo le sobrevive una hija que emigró del país. “Ya no tengo nada acá, lo único que me impide irme de Venezuela es mi hijo que está en el cementerio. Pero no quiero marcharme con esta incertidumbre, sin saber quién y por qué lo hicieron”.

La madre de Jhonny asegura que en Últimas Noticias (diario perteneciente a la otrora Cadena Capriles) no le brindaron la colaboración requerida en el caso de su hijo.

El entonces director (Eleazar Díaz Rangel) me sacó de su oficina y me dijo que el caso ya estaba esclarecido. Le dije que estaría esclarecido para él, porque para nosotros no. Nos trató muy mal, tanto a mi esposo como a mi”, dijo.

Denunció que ni siquiera le han pagado los pasivos laborales acumulados por su hijo luego de años de trabajo en Líder.

“Valdría la pena hacer un nuevo análisis. Llevar a cabo una nueva línea de investigación. Hacer comparación de proyectiles o conchas con hechos que hayan sucedido después para establecer paralelismos. Buscar de nuevo a personas para que declaren, que de repente en esa época tenían temor a hacerlo”, dijo Mundaray.

Exactamente, un mes después del asesinato de González, el 3 de junio de 2013, se hizo el anuncio de la venta de la Cadena Capriles al consorcio Latin Media Group, perteneciente al grupo británico Hanson Asset Management. La transacción vino con un cambio editorial en los tres productos de la otrora Cadena (Últimas Noticias, Líder y el desaparecido Mundo, Economía y Negocios). El viraje causó una purga forzada y también voluntaria de periodistas, fotógrafos, diagramadores, diseñadores, editores, coordinadores y hasta personal administrativo.

Jhonny se marchó antes por razones ajenas a su voluntad, pero su familia y amigos aseguran que, pese a la censura, probablemente aún estuviera escribiendo hasta tarde en la redacción alguna historia vinculada a un boxeador. La campana del último round aún no ha sonado.

 

Con la colaboración de Manuel Lira 

@manuellira 

#MonitorDeVíctimasLara | Delincuentes asesinaron a un niño de 3 años
Los hombres buscaban al padrastro del pequeño para cobrar viejas rencillas, y en medio del tiroteo el infante resultó herido

 

Un niño de 3 años de edad murió tras recibir un balazo en el oído derecho, cuando dos hombres disparaban contra su padrastro, Luis Chirinos, en Acarigua, estado Portuguesa. En medio del tiroteo la madre y el padrastro resultaron heridos.

El sábado 23 de abril en la noche, el niño, la madre y el padrastro estaban en el sector La Municipalidad, en Acarigua. El pequeño jugaba dentro de la casa, mientras que los adultos estaban fuera de la vivienda. Cerca de las 9:00 p. m., dos hombres los sorprendieron.

La familia pensó que se trataba de un atraco, pero los delincuentes sacaron unas pistolas y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra Chirinos. En medio de la balacera, el hombre de 34 años de edad recibió un tiro en el brazo izquierdo, mientras que su pareja, de 18 años, mamá del niño, fue herida por una bala que le rozó el pulgar izquierdo.

Una de las balas entró por la ventana de la casa e impactó en el niño, que estaba jugando en la sala. Los delincuentes huyeron del sitio luego de efectuar los disparos.

Los familiares trasladaron al pequeño hasta el hospital Casal Ramos, de Acarigua; pero por la gravedad de la herida los médicos lo refirieron al Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, de Barquisimeto, estado Lara.

En Barquisimeto, los médicos lo ingresaron de inmediato a quirófano y lograron extraer la bala, pero luego de la operación el pequeño no aguantó y el domingo a las 5:30 a. m. murió.

Por venganza

Fuentes policiales contaron a Monitor de Víctimas que los delincuentes llegaron hasta el sector para asesinar a Luis Chirinos y vengar así viejas rencillas.

La madre y el padrastro del niño fueron recluidos en el hospital de Acarigua, pero horas después fueron dados de alta.

La fuente consultada informó que Chirinos era investigado por lesiones causadas a otra persona.

Pocas horas después del deceso del niño, funcionarios del Cicpc mataron a dos hombres y los señalaron como los presuntos autores materiales del asesinato del pequeño. Fueron identificados como Ubaldo Azuaje, de 24 años de edad, y José Antonio Pérez, de 30 años, alias el Cuchipina.

Según el reporte policial, el Cicpc de Acarigua alegó que los dos hombres se habrían enfrentado a la comisión tras resistirse a su captura.

#MonitorDeVíctimasCaracas | “A mi hermano lo ejecutaron en el suelo”
Funcionarios del Cicpc le dieron tres tiros a Freddy José Hernández Panacual, a quien fueron a buscar hasta su casa, de donde, además, sustrajeron dinero, denunció la familia

 

@Jheilyncermeno 

“Están armados, cuidado”, gritaban funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el mediodía del viernes 22 de abril, en el barrio Mar de Plata de los Frailes de Catia, parroquia Sucre del municipio Liberador de Caracas. Varios tiros se escucharon y luego se llevaron el cuerpo de Freddy José Hernández Panacual al Hospital Dr. Ricardo Baquero González (Periférico de Catia).)

Desde la morgue de Bello Monte, familiares denunciaron que a Freddy lo ejecutaron por sus antecedentes penales.

“A mi hermano lo ejecutaron en el suelo. No tenían el derecho de quitarle la vida”, expresó Noira Hernández, mientras sus padres realizaban los trámites en la medicatura forense para poder sepultarlo.

Agregó que los agentes destruyeron la habitación de su hermano. “Se llevaron una caja donde guardaba dinero y dañaron varias máquinas de afeitar. Ya lo habían matado”, añadió.

Noira aseguró que Freddy pudo haber sobrevivido a los impactos de bala: “Le dieron tres tiros, uno de ellos en el pecho y, ya en el suelo, otro en la cabeza; el tercero no sabemos dónde lo hirió”.

Ese día, una comisión de la policía científica tomó la zona e intentó abrir con “una pata de cabra” la reja de la vivienda de Hernández, relató la madre del fallecido, María Panacual.

“Mi hermano, que estaba de reposo por problemas de salud, también estaba en la casa. Desde adentro se escuchaban los gritos de los funcionarios que intentaban entrar”, dijo.

En ese momento Freddy salió corriendo, pero los detectives lograron entrar y lo hallaron en la parte de atrás del inmueble.

“Ellos decían que eran varios los que estaban armados. Nadie entendía lo que estaba pasando, porque solo estaban siguiendo a mi hijo, que no tenía ningún arma”, agregó la madre.

Explicó que Freddy estaba solicitado desde hacía ocho años aproximadamente. Refirió que era señalado por la muerte de un niño en los Valles del Tuy, estado Miranda.

Afirmó que se trató de una confusión que Freddy no pudo arreglar y que le costó la vida.

“Él trato de defender a su hermana de una golpiza que le daba su pareja. Otros hombres también se metieron y se armó un tiroteo. Mi hijo tenía una escopeta con perdigones que hirió a su atacante, pero en medio de la situación un niño recibió un tiro con un proyectil en el abdomen y murió”, recordó.

Desde entonces, Freddy se separó de su familia hasta hace casi un año, cuando llegó a la casa de su abuela en Catia.

Su pareja se había ido para Colombia y llevado a su hija de 11 años y dos niñas más a las que estaba criando.

La víctima se dedicaba a los oficios de repostería y barbería en la comunidad.

Dos personas fueron detenidas por presunta venta de órganos por Marketplace
Franklin Rosales de 41 años y una joven de 16 años de edad fueron detneidos en San Félix, estado Bolívar

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo a dos personas en el estado Bolívar por ofrecer en «venta un órgano humano» a través de la plataforma de venta de Facebook, Marketplace.

«Luego de una denuncia pública realizada por las redes sociales, donde se aprecian varias imágenes que hacen referencia a la venta de órganos humanos, funcionarios del CICPC, iniciaron las pesquisas vía internet y ubicaron dicha publicación a través de Marketplace», informó este martes el director de la institución, Douglas Rico en una publicación en su cuenta de Instagram.

Añadió que una vez los funcionarios de la delegación municipal de Ciudad Guayana hicieron las investigaciones, lograron la «identificación, ubicación y captura» de Franklin Rosales de 41 años y una joven de 16 años de edad, en el municipio Caroní, San Félix, estado Bolívar.

Rico indicó que estas dos personas comercializaban un «riñón a través de perfiles falsos en Facebook».

«Durante la aprehensión se colectó un celular marca Samsung J2 Prime, donde se evidencia la participación activa de los detenidos en el hecho».

Afirmó que el caso está ahora a la orden de la Fiscalía 9 del Ministerio Público de responsabilidad en materia de niños, niñas y adolescentes y la Fiscalía 15 del segundo circuito de la circunscripción judicial de Bolívar.

El domingo, el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, habría informado de la detención de una ciudadana en el estado Portuguesa por ofertar ilegalmente un riñón a través de Marketplace por 20.000 dólares.

«Aprehendida en Portuguesa Marielys del Carmen Yedra para ser imputada por el Ministerio Público luego de publicaciones en la que ofertaba ilegalmente a través de Marketplace un riñón por la cantidad de 20.000 dólares», dijo Saab en Twitter.

Asimismo, indicó que la Fiscalía investiga si se trata de una «red criminal» y que a Yedra se le imputará el delito de donación con propósito de lucro.

Con información de EFE

#MonitorDeVíctimasTáchira | Otros dos muertos en presunto enfrentamiento en la frontera
En una trocha que comunica Venezuela con Colombia, dos hombres murieron en un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la PNB

@anggyp / Foto: Cortesía

En la primera semana de abril se suman otras dos muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas. Esta vez fue en la trocha Centeno, entre Táchira y Norte de Santander.

Trascendió que comisiones mixtas de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) realizaban investigaciones de campo en el paso irregular fronterizo ubicado en San Antonio, municipio Bolívar, en la madrugada del viernes 8 de abril, cuando se produjo el supuesto enfrentamiento.

Fuentes policiales indicaron que los hombres portaban armas de fuego y efectuaron varios disparos a la comisión; además, aseguraron que habían detonado un artefacto explosivo.

Los hombres habrían resultado heridos y fallecieron luego de ser ingresados al hospital de San Antonio.

Solo uno de los occisos fue identificado. Era venezolano y respondía al nombre de Edward Daniel Betancourt Prasca, de 34 años de edad.

Las autoridades regionales señalaron a los fallecidos como presuntos miembros del Tren de Aragua. Hasta el momento de publicación de esta nota no se había acercado algún allegado o familiar a la morgue a reclamar los cadáveres.

Con estos dos, sumarían un total de cuatro personas muertas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas en las últimas semanas.