christian holdack

Ha vivido en primera fila tres casos emblemáticos como defensora de los Derechos Humanos en Venezuela: Christian Holdack, Juan Pablo Pernalete y Embajadores Comunitarios. En ellos ha puesto su empeño y seguramente sus lágrimas.

Después de graduarse como abogada en la Unimet hizo una especialización en Ciencias Penales y Criminalísticas en la UCV. Desde 2014 trabaja en el centro de DDHH de la Metropolitana y lo dirige a partir de enero de 2017. Es un centro pequeño pero muy activo. Ella se incorpora de lleno a la lucha por los DDHH a raíz del 12 de febrero de 2014, luego de que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello pide su concurso para apoyar a quienes habían sido arbitrariamente detenidos tras la manifestación. Específicamente le pidieron que asistiera a la audiencia de presentación que se realizaría el 14 de febrero.

—A partir de ese momento no he parado: entré de lleno en la defensa de los Derechos Humanos —recuerda Andrea.

Cuatro jóvenes fueron juzgados junto con Leopoldo López tras los sucesos del 12-2-2014. Uno de ellos, Christian Holdack. Aquel día hubo unas cincuenta detenciones. Fueron divididos, los detenidos, en dos grupos: uno fue presentado al tribunal 26 y otro en el 28 de Control. Del primer grupo dejaron encerrados a seis jóvenes, cuatro de los cuales fueron vinculados al caso del dirigente López. Ella entra en la etapa de juicio, el cual terminó con una resolución condenatoria de diez años, seis meses y siete días para Holdack… Y todo porque estaba tomando fotos en el lugar equivocado a la hora menos oportuna: cuando los colectivos merodeaban por la esquina de Tracabordo. Holdack tomaba fotos, era bueno en ello y quería documentar la situación. Vio llegar a funcionarios del SEBIN y siguió tomando fotos. Tomó el momento en que disparan contra el joven Bassil Da Costa. Ya, para ese momento, el asesinato de Juancho Montoya había ocurrido. Incluso sucedió antes de que él llegara: lo que hizo fue tomarle fotos al charco de sangre que había dejado. Hizo seguimiento del traslado de Bassil hasta el vehículo que lo llevaría al hospital, y luego regresó hacia la Fiscalía —centro de la manifestación— y observó a personas lanzando piedras contra el edificio. Grabó. En eso estaba cuando recibe una llamada de su pareja, quien le pregunta dónde estás, la cosa aquí se ha puesto muy fea, vámonos. Pero no. Holdack quiere seguir. Una toma más. Una foto más. Fue su perdición. “Tranquila, estoy bien”, le dijo a su novia. Estaba vestido con una camisa verde fluorescente y los agentes que andaban por allí lo avistaron con facilidad. Los del CICPC, vestidos de civil, tomaban, por su parte, fotos. Su camisa era llamativa. En una que le tomaron aparecía hablando por el celular, y eso fue mostrado en el juicio como prueba de que atacaba a la Fiscalía. Así mismo: hablar por un móvil puede ser fundamento para que un tribunal decida que un joven venezolano es un delincuente.

Estaba en la Plaza Parque Carabobo. Quería hacer unas tomas de las patrullas que estaban ardiendo porque un grupo de furiosos manifestantes (¿infiltrados, quizás?) las habían prendido en fuego. Para hacer el cuento corto: los funcionarios se enfurecieron al ver sus patrullas arder. Querían llevárselos a todos, darles una buena lección. No distinguieron. Uno de ellos le pregunta a Holdack qué está haciendo, le aconseja que  salga corriendo. Holdack no le hizo caso. Más allá, un grupo había rodeado a un policía a quien quizás iban a linchar. Sí, la cosa estaba bastante fea y él seguía con su cámara. Vino un policía por detrás y le dio por las piernas, duro: lo desestabilizó, cayó al suelo. Lo apuntó con un arma de fuego en la cabeza y le dijo que quedaba detenido.

Desaparecieron su cámara y su celular. Lo llevaron al CICPC junto a unos treinta jóvenes a quienes mantuvieron por horas arrodillados, con las manos atrás. Los empujaban, les decían que los iban a matar o que los tendrían allí para toda la vida.

—No sé si llamar a eso tortura, pero al menos es trato inhumano o degradante —dice Andrea.

Los presentaron a las 48 horas, no tenían noticia de por qué estaban presos. Le dieron a Marco Coello, compañero de causa de Holdack, un papel para que lo firmara en el cual confesaba que había actuado por órdenes de Leopoldo López. Naturalmente, el muchacho se negó a firmarlo. Quedaron presos.  Christian estuvo preso hasta marzo de 2015, desarrolló ideas suicidas, un informe clínico habla sin tapujos de un trauma causado por este episodio. Estrés postraumático. Lo habían encerrado en Chacao. La sala Constitucional del TSJ vino a darle la libertad, sus miembros se dieron cuenta de la injusticia y al menos olfatearon el peligro que corría el joven. De alguna manera inédita, se compadecieron. Quizás los influyó el caso del aviador González, un hombre mayor que se había quitado la vida en el Helicoide por aquellos días, igualmente preso político.

Fobia a la injusticia

—¿Por qué te hiciste defensora de los Derechos Humanos, cómo se desarrolló en ti esta vena?

—Desde chiquita quise ser abogada. Tenía un tío abogado y lo admiraba muchísimo, Julián Aude, abogado de Valencia. Y la segunda razón es una anécdota. Estaba en un restaurante de Las Mercedes, comiendo con mi familia. Yo tendría cinco o seis años. Era la época anterior a Chávez. Entraron unos niños muy pobres, vendían flores. Los camareros les dijeron que se fueran y yo reaccioné. Les dije a mis padres que me quería ir, que en aquel lugar maltrataban a los niños y que eso era algo que no podía soportar.

Lo que más le gustaba, mientras estudiaba la carrera, era el Derecho Penal, pero ella no concibe esta rama del Derecho sin el respeto a la dignidad humana, y en Venezuela eso simplemente no lo hay. Aun cuando solo ha entrado y visto el INOF o el SEBIN, sabe que las cárceles en Venezuela deben cambiar. Ese horror del que está consciente ha influido en su desarrollo profesional. Entre sus profesores recuerda tres en especial que le han dejado huella: el exdecano Rogelio Pérez Perdomo, miembro de la Academia de la Historia, con una visión muy innovadora del Derecho, aquel Derecho que sensibiliza al abogado frente a la realidad de la sociedad. Es un sociólogo jurídico. La profesora de Derecho Penal, Carmen Alguindigue, también ha sido importante para ella. Y alguien que, aunque no fue su profesora, le marcó un camino: Angelina Jaffé, directora del CDH en Unimet antes que ella. Andrea le confesaba sus temores, le hablaba del caso Ruanda en comparación con Venezuela, se preguntaba desesperadamente si el mundo estaba esperando a que sucediera lo del país africano para actuar en Venezuela. Angelina la calmaba, le hablaba de la paciencia que hay que tener y del trabajo de hormiguita que debe hacerse.

El caso Pernalete

El segundo caso que ha seguido muy de cerca, apoyando a sus familiares, es el del joven Juan Pablo Pernalete. Dice:

—Yo a Juan Pablo no lo conocí en persona, pero hoy siento que lo conozco a través de los ojos de sus padres.

Es duro no tener un consuelo siquiera que ofrecer a los padres que han perdido, y de esa manera, a un hijo tan querido y con tanto futuro.

—En 2014 les decía a los padres de los muchachos detenidos lo que harían para alcanzar la libertad de sus hijos, había esperanza. Aquí no. Lo único que podía era ofrecerles luchar juntos por justicia.

El 26 de abril se cumplió un año de su muerte y Elvira, su mamá, luego de hablar en público, la abrazó.  “Yo lo único que quiero es que mi hijo esté conmigo”, le dijo.

—Ahí uno se desarma —dice Andrea—, no hayas qué decirle al familiar. Solo eso: seguiremos luchando, no te derrumbes.

En la Unimet se constituyó un grupo, Apoyo Unimet. Hacen (o hacían) seguimiento de las manifestaciones y pasaban reportes al Centro de Derechos Humanos.

—Aquel día monitoreamos la manifestación. Nos reportan que todos los estudiantes de la Unimet salieron de la manifestación, que están bien, que no hay detenidos. Bueno, menos mal, cerramos el día… Cuando de repente empiezan a llegar informaciones sobre una persona fallecida. Nos dicen que es un unimetano. El rector se fue hasta Salud Chacao y se encontró con la mamá. Al día siguiente se hace una misa. Nunca había visto la universidad tan llena. Nos cuentan que lo matan con una bomba lacrimógena.

El chavismo, como seguramente recordarán los lectores, había inventado una patraña. Diosdado Cabello la había cacareado en su programa: que al joven lo había matado con una pistola de perno uno de sus propios compañeros. Así se justificaba el tatuaje que le había quedado en el pecho. Delcy Rodríguez y Ernesto Villegas repitieron la patraña en una rueda de prensa. Pasaron un vídeo en el programa Zurda Konducta donde se ve a Juan Pablo desmayándose. Lo cargan y lo colocan en un sitio. Pues bien: esos jóvenes que cargaban al compañero agonizante no habían visto el impacto, creían que simplemente se estaba ahogando por el efecto del gas lacrimógeno. Juan Pablo era miembro de la selección de básquet de la Unimet. Por su fortaleza no muere inmediatamente, pero luego le sobreviene un schock.

—La Fiscalía hizo una investigación bastante buena —recapitula Andrea—, en ese momento ya no respondía a los intereses del gobierno. Se demostró, tras un examen científico de las ropas,  que había restos de los componentes de una bomba lacrimógena en ellas. No cabía duda: hicieron una “comparativa” entre la forma de la bomba y la marca del golpe que tenía en el pecho Juan Pablo.

El cartucho le había afectado el corazón, provocando el schock cardiogénico que lo mataría minutos más tarde. El GN disparó a menos de quince metros, directamente, en un ángulo de noventa grados. Como si fuese un proyectil. Durante los disturbios se ha sabido de dos personas más a quienes les hicieron lo mismo. Los otros dos casos se salvaron por suerte y por un chaleco protector que cargaba el reportero gráfico a quien le dispararon del mismo modo. No hay casualidad, entonces. Es un patrón de conducta. Es una manera de reprimir la manifestación: disparar al pecho, a las piernas o a la cabeza.

En este caso el CDH de la Universidad Metropolitana ha hecho acompañamiento a la familia, documentando el caso, orientando a los familiares. Por ejemplo, los padres de Pernalete querían recurrir desde el principio a la Corte Penal Internacional, pero fueron convencidos de los procedimientos que hay que cubrir antes, y han llevado su demanda por pasos. Pudieron hablar, sin embargo, en una audiencia en la OEA.

En 2018

A Santacruz le mueve el piso este otro caso: Fundación Embajadores Comunitarios, una organización que trabaja a favor de los Derechos Humanos conformada por jóvenes. Contra ella enfiló el gobierno. Un ataque sin precedentes a una ONG de este tipo, ensañándose en los activistas Gregory Hinds y Geraldine Chacón. Andrea ha trabajado como abogada para Hinds. Logró, en abril, una boleta de excarcelación. Sin embargo, los agentes del SEBIN hicieron caso omiso y hubo que esperar hasta el primero de junio para que se cumpliera la orden. Fue cuando el gobierno hizo una alharaca, maquillándose de piadoso. En verdad fueron mezcladas, entre aquellos que fueron puestos en libertad, personas que ya tenían boletas de excarcelación desde hacía semanas y presos comunes.

Lo cierto es que Hinds y Chacón fueron liberados. En este caso, el CDH de Unimet acompaña y asiste. Se espera sobreseimiento puesto que ellos no cometieron delito alguno. Ambas víctimas siguen en Caracas con medida de presentación periódica.

…

En 2014 hubo once detenciones arbitrarias de estudiantes de la Universidad Metropolitana; en 2017, nueve. Pero el modus operandi de la PNB y de la GNB se va modificando. Las cosas se han puesto más brutales, si cabe: de estos nueve, cinco jamás fueron presentados en tribunal alguno. El modus operandi consiste en tomarlos como presos, golpearlos y humillarlos, y soltarlos al cabo de ocho o diez horas. De los restantes cuatro, tres de ellos fueron liberados sin mayores exigencias pero al cuarto lo dejaron con medidas cautelares, incluyendo fiadores.

—Este último caso lo manejamos como tortura —dice Andrea—. No puedo dar nombre. Lo hirieron en una pierna, no le brindaron atención médica después de haberlo detenido y además  lo golpearon en la zona donde tenía la herida. O lo pisaban, en el pecho, en las piernas, lo golpeaban contra una pared. Ese día en que a él lo detienen fue cuando hubo una explosión en Altamira justo cuando pasaban los guardias nacionales en sus motos. Pero él ya estaba detenido cuando la explosión ocurre. O sea, no fue culpable.

Lo agarraron como chivo expiatorio. Una venganza. A las 48 horas, los representantes del Centro de Derechos Humanos exigen que se constituya el tribunal (el cual se negaba a actuar ese día) y además piden que el mismo tribunal ordene atención médica para el muchacho. Al fin el tribunal se constituye. Hubo que pelear con la GN  para que dejara entrar a Salud Chacao. El juez respectivo termina admitiendo la gravedad del caso. “Pero la orden es que debemos ponerle fiadores”, les manifiesta. La orden. En esos casos, la persona permanece detenida hasta que se verifican los fiadores. Los fiadores duran más o menos quince días en ser verificados, sin que esto se ajuste a Derecho. Probablemente, desde la perspectiva represiva, un mecanismo “aleccionador” para que los muchachos se lo piensen dos veces a la hora de salir a protestar contra el gobierno.

—En tu opinión, ¿qué es lo que pasa con el guardia nacional, con el policía venezolano, que es capaz de practicar la tortura, y hacerlo con premeditación y alevosía? ¿Es falta de valores o una política de Estado?

—Creo que es una combinación de las dos cosas. Quien está dentro del sistema sabe que es una política, que eso es así, y tiene miedo, también, a ser víctima del mismo sistema. Entonces prefiere ser victimario antes que víctima porque conoce el sistema a profundidad. Claro, hay otros que son simplemente gente sin escrúpulos. Por ejemplo, entre las peores cosas que tenemos hoy en Venezuela están el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ellos llegan sin orden de aprehensión, desaparecen a la gente, torturan, y no hay ningunas institución oficial que haga algo. Funcionarios del SEBIN me han dicho: “Señora, si fuera por mí, ya estarían libres. Pero usted sabe que yo tengo órdenes superiores”.

—Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a la plana mayor del madurismo, ¿qué mensaje le darías?

—Lo primero es que tienen que aceptar que Venezuela hoy vive una emergencia humanitaria compleja; que eso viene del quiebre de las instituciones y ha derivado en violaciones graves de los Derechos Humanos, hoy vistas, además, como delito de lesa humanidad, tal y como lo señalan el informe de la OEA y los expertos independientes. El momento que tienen para tratar de que cese esa situación es hoy. Las violaciones  deben ser investigadas y reparadas. Deben comprometerse a la no repetición. Lo otro es que acepten los mecanismos internacionales de ayuda bajo los marcos de protección internacional existentes, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y porque no hay medicinas ni asistencia médica. Honestamente, creo que ellos saben todo esto pero parece que lo que les interesa es solo mantener el poder a costa, incluso, de la integridad física y mental de los venezolanos.

—Andrea, ¿no estás casada todavía?

—No.

—Pero algún día querrás tener hijos… venezolanos.

—Claro, sí.

—¿Cómo ves el futuro?

—Junto a ellos en Venezuela.

@sdelanuez

 

El 22 de julio de 2016 se realizó la audiencia de apelación de la sentencia en contra de Leopoldo López, quien fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los supuestos delitos de instigación pública en grado de determinador, daños, agavillamiento e incendio y los estudiantes Christian Holdack quien fue condenado a 10 años con medida cautelar de presentación, Ángel González y Demián Martin, condenados a 4 años y 6 meses con medida cautelar de presentación.

El juicio se caracterizó por violaciones al debido proceso y a las normas internacionales a un juicio justo, además de múltiples violaciones de derechos humanos contra Leopoldo López y los estudiantes.

Según la defensa de Leopoldo López, en el juicio se presentaron 14 irregularidades  entre las que se destacan: violación a la publicidad del juicio; falta de comparación de pruebas y silencio de pruebas; falta de motivación del valor probatorio de los peritos Rosa Amelia Asuaje y Mariano Alí; contradicciones; contumacia ilegalmente decretadas; incorporación ilegal de pruebas por fundarse en pruebas ilícitas; no se acreditaron los delitos de incendio, daños, instigación pública y asociación para delinquir.

Franklin Nieves, uno de los fiscales acusadores reveló que: “Fui presionado para ejecutar la orden de detenerlo, enjuiciarlo y condenarlo. Leopoldo López es inocente.”

Por otra parte, Rosa Amelia Asuaje, perito principal que analizó los discursos de Leopoldo López declaró: “La juez Susana Barreiro manipuló mi declaración para inculpar a López. Nunca dije que sus discursos llamaran a la violencia.”

Leopoldo López ha sido víctima de violaciones de derechos humanos desde el momento de su detención arbitraria. A Leopoldo López le han violado el derecho a la presunción de inocencia, a ser juzgado por un tribunal imparcial, a la defensa, a un juicio público, comunicación confidencial abogado-cliente, libertad de culto e integridad personal.

Acción por la Libertad manifiesta que la detención, encarcelamiento y juicio contra Leopoldo López, Christian Holdack, Ángel González, y Demián Martin ha estado plagado de vicios procesales y violaciones de derechos humanos, por lo que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jimai Montiel Calles, Evelin Dayana Mendoza y Nelson Moncada Gómez deben declarar nulo el juicio y ordenar la libertad plena de Leopoldo López, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martin.

 

Aquel 18 de febrero del 2014, día en que Leopoldo López, fiel a su condición democrática y de líder indiscutible del país, decidió entregarse al mismísimo Presidente de la Asamblea Nacional Disdado Cabello y a la guardia nacional en un multitudinario acto en la ciudad de Caracas, no pensó, o al menos no lo tenía muy claro el gran calvario que en ese momento comenzaba para su familia, sus amigos, sus seguidores y el mismo.

La sentencia dictada el 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal 28 de juicio del Área Metropolitana de Caracas que condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión a Leopoldo López junto los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González, también condenados a 10 y 4 años respectivamente, en un juicio donde las denuncias por torturas, obstáculos al debido proceso y el derecho a la defensa fueron desestimadas, inclusive no se les permitió a sus defensores promover pruebas en todo el proceso, una clara demostración de la manipulación que desde las altas esferas del poder se hace a los miembros del poder judicial en una evidente demostración de falta de independencia de nuestros jueces.

Leopoldo López fue condenado por el supuesto delito de asociación para delinquir, instigación pública, daños e incendio, delitos previstos en la legislación penal venezolana, por lo que cumplirá su pena en la prisión militar de Ramo Verde. La Jueza de la causa dictó su decisión por los sucesos ocurridos durante la marcha convocada por sectores de oposición y estudiantes el pasado 12 de febrero de 2014. Por su parte, Christian Holdack, fue condenado por los delitos de daños e incendio, instigación pública y agavillamiento; y Demian Martín García y Ángel de Jesús González por el delito de instigación pública.

Recientemente un grupo de 20 organizaciones no gubernamentales suscribimos un comunicado público donde entre otras cosas se decía: “La mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales del país siguen favoreciendo las posiciones gubernamentales en detrimento de la obligación de decidir con justicia y de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos. La actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano para criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos constitucionales, se produce en un contexto de debilidad institucional y ausencia de independencia de los poderes públicos, que obstaculizan el derecho a la justicia de las y los ciudadanos que acuden al sistema judicial para reclamar la restitución de derechos lesionados. En el 91,65% de los casos en que los ciudadanos interpusieron pretensiones contra el Estado venezolano durante 2014, las solicitudes fueron declaradas sin lugar o no hubo pronunciamiento alguno por parte de los Tribunales y el TSJ, favoreciendo con ello los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente también se pronunció respecto, en la sentencia de Leopoldo López y otros e igualmente señalo: “En este sentido, la CIDH recuerda al Estado venezolano que tanto el Poder Judicial como los y las jueces deben gozar de las garantías suficientes de independencia en la administración de la justicia – tales como la estabilidad laboral, el ejercicio libre de sus funciones, la seguridad y la protección – para no ser sometidos a abusos o restricciones indebidas, por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Al respecto, la CIDH resalta que tanto el debido proceso como la independencia judicial son garantías judiciales indispensables, que se ponen a prueba en procesos contra opositores políticos, como en este caso”.

Han sido 20 meses de injusticias, violaciones a los derechos humanos, maltratos de todo tipo, torturas que lo catalogan sin duda alguna como un preso político, reconocido inclusive por gente cercana al gobierno, es claro que Leopoldo está sufriendo una injusta prisión por pensar diferente y por su inquebrantable lucha para el rescate de la democracia, demostrando su valentía y amor por Venezuela.

La sentencia de Leopoldo López no solo lo condeno a él, aunque todos sabemos de su inocencia, a quien verdaderamente se condenó y juzgo fue a la justicia venezolana es una clara prueba del uso de la justicia venezolana para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales.

Quiero finalizar con una frase del reconocido jurista uruguayo Eduardo J Couture “El día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo…”, lamentablemente los venezolanos no podemos reposar tranquilos.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

La sentencia contra Leopoldo López, emitida el jueves 10 de septiembre, es injusta. Para todos aquellos que quieran aplicar la razón, es claro que no ha habido lo que en derecho se conoce como un «debido proceso», y que la sentencia no hace más que reproducir una decisión política tomada por el gobierno desde el mismo momento de su entrega.

Muchos analistas en el ámbito jurídico han señalado con propiedad las fallas del juicio, y voceros de organismos internacionales como la ONU, OEA, la Unión Europea y hasta la propia Unasur, han mostrado su consternación por la dureza de esta sentencia, por lo cual piden que rápidamente sea publicada en su integridad, para estudiar los argumentos que sirvieron de base para la emisión del veredicto.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró consternado por la «dura sentencia» que se le impuso al dirigente del partido Voluntad Popular. Luis Almagro, secretario general de la OEA, aboga por el respeto a la disidencia como base fundamental del fortalecimiento de una cultura democrática de libertades civiles, que no debe ser sancionada con la privación de la libertad, salvo en casos demostrados de violación del orden constitucional. Por su parte, desde la Unión Europea voceros autorizados afirmaron textualmente «los juicios contra el señor Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, y los cuatro estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martín y Ángel González no han proporcionado a los acusados las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal».

Esta sentencia, por injusta y arbitraria, hace un terrible daño a la sociedad, porque contribuye a crispar la polarización existente, exaltando los odios y el rechazo entre chavismo y oposición. El gobierno pretende unificar a sus partidarios presentando a Leopoldo López como el mayor enemigo interno de la revolución, causante de muertes, incendio, instigador contra la ley y el gobierno. Su condena es la respuesta de la revolución que se defiende y castiga a todos aquellos que intentan derrocarla. Para quienes se identifican con la oposición política, la sentencia cierra puertas para el entendimiento y la posibilidad de diálogo, es imposible establecer acuerdos con quien se empeña en destruirte abusando del poder y de la fuerza. De esta manera se profundiza un abismo en la sociedad, un muro infranqueable que conduce inevitablemente al enfrentamiento. Desgraciadamente ese es el mensaje que intenta vender la sentencia.

Oscar Schemel, analista de opinión que goza de la confianza del gobierno, señaló recientemente que quien va ganando en este momento en el país es el descontento. Lamentablemente coincido con él. Sólo que matizaría los siguientes elementos: más del 80% de la población señala en las encuestas su profundo malestar con la situación económica y social que padece el país, con la incertidumbre sobre cómo vamos a salir de esta situación. Hasta aquí de acuerdo con Schemel. Sin embargo, hay que agregar que ese malestar se hace más profundo cuando se comprueba que se pretende disfrazar esos grandes problemas con falsas batallas creando enemigos internos y externos imaginarios, fantasmagóricos, supuestos causantes de los problemas que nos aquejan.

La oposición no ha pisado el peine que esta sentencia busca, que es caer en la desesperanza y en la búsqueda de salidas radicales, agudizando el conflicto. Todo lo contrario, el mismo Leopoldo ha llamado a unificarse en torno a la salida electoral, convirtiendo el próximo 6 de diciembre en una expresión institucional y democrática de manifestación de rechazo a esta forma de gobierno.

fjvirtuoso@ucab.edu.ve

Alejandra Hernández S. / El Pitazo

Debido a la reciente condena dictada al dirigente Leopoldo López y a los estudiantes Christian Holdack, Ángel González y Demián Martín, el Foro Penal Venezolano afirmó que el sistema judicial venezolano está siendo utilizado como un arma de intolerancia política.

Gonzalo Himiob, director de la ONG, declaró que el uso de las leyes para perseguir a personas que piensan distinto al gobierno lleva mucho tiempo.

“Desde el año 2002 los tribunales, el Ministerio Público y hasta los cuerpos de seguridad han sido forzados a someterse no a lo que pautan la Constitución y las leyes, sino a los designios políticos del gobierno”, dijo.

Himiob destacó que en los procesos penales a personas opositoras han procesado y condenado sin pruebas.

“En todos los casos, sin pruebas y de espalda a las leyes, se procesó y hasta se condenó a personas cuyo único pecado era el de haber sostenido una postura crítica ante el poder o el de haber resultado coyunturalmente incómodos al gobierno”, expresó.

Por su parte, Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG, se mostró preocupado por el reciente incremento en el uso del sistema de justicia como un arma de persecución política.

 

«La condena a López, Holdack, García y González es una muestra del progresivo cierre de espacios para el ejercicio de las libertades democráticas», aseguraron en un comunicado en conjunto 20 ONG venezolanas sobre la sentencia anunciada el jueves 10 de septiembre contra el líder de Voluntad Popular y los estudiantes.

Para estas ONG, la sentencia es una prueba más de «la instrumentalización de la justicia venezolana para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales como la manifestación y reunión pacífica». También indicaron que significa desaire a todos los exhortos realizados por los órganos del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

 

A continuación el comunicado completo:

 

La sentencia dictada este 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal 28 de juicio del Área Metropolitana de Caracas que condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, es una prueba de la instrumentalización de la justicia venezolana para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales como la manifestación y reunión pacífica, la libre expresión y el libre derecho a la asociación. Junto a López los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González, también han sido condenados a 10 y 4 años respectivamente, en un juicio donde las denuncias por torturas, obstáculos al debido proceso y el derecho a la defensa fueron desestimadas.

López fue condenado por el supuesto delito de asociación para delinquir, instigación pública, daños e incendio, delitos previstos en la legislación penal venezolana, por lo que cumplirá su pena en la prisión militar de Ramo Verde. La Jueza de la causa dictó su decisión por los sucesos ocurridos durante la marcha convocada por sectores de oposición y estudiantes el pasado 12 de febrero de 2014. Por su parte, Christian Holdack, fue condenado por los delitos de daños e incendio, instigación pública y agavillamiento; y Demian Martín García y Ángel de Jesús González por el delito de instigación pública. Estos tres ciudadanos, víctimas de torturas documentadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, fueron impuestos de medidas cautelares consistentes en régimen de presentación ante el Tribunal y prohibición de salida del país.

El 26 de agosto de 2014 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que consideró arbitraria la detención de López y recomendó al Estado venezolano su libertad inmediata: “No sólo el derecho a la presunción de inocencia de esta persona se ha visto afectado, sino también su derecho a la defensa adecuada, por la imprecisión de los cargos formulados y por la censura de las comunicaciones entre el detenido y sus abogados defensores” y añadió “la detención del Sr. López en un recinto militar pareciera sustentado en un motivo de discriminación basado en sus opciones y opiniones políticas”.

El 24 de febrero de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano el juzgamiento en libertad de Leopoldo López y Daniel Ceballos y el 20 de abril de 2015 el organismo emitió medidas cautelares a favor de estos dos ciudadanos, debido a los riesgos a su integridad física y psíquica, que según denunciaron familiares y abogados defensores, corrían en el recinto de reclusión para procesados militares de Ramo Verde.

En el caso de Christian Holdack en una acción urgente emitida en marzo pasado, Amnistía Internacional sostuvo: “Holdack ha declarado que fue golpeado, insultado y obligado a permanecer durante largos periodos de rodillas en el momento de la detención y mientras estuvo en las dependencias de la policía investigativa hasta que fue presentado en tribunales dos días después (…) La acusación del Ministerio Público, a la que Amnistía Internacional ha tenido acceso, no ofrece evidencias fehacientes que sustenten los cargos que se le imputan. El expediente judicial de Christian Holdack se encuentra en la misma causa que la de Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, que lleva detenido desde el 18 de febrero de 2014 de manera arbitraria pues su detención está basada en motivaciones políticas”.

Con la decisión dictada por el Tribunal 28° de Juicio de Caracas en el caso López, Holdack, García y González, no sólo se confirman las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos sobre el uso de la justicia con fines políticos, sino que además el Estado desoye abiertamente todos los exhortos realizados por los órganos del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. 

La mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales del país siguen favoreciendo las posiciones gubernamentales en detrimento de la obligación de decidir con justicia y de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos. La actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano para criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos constitucionales, se produce en un contexto de debilidad institucional y ausencia de independencia de los poderes públicos, que obstaculizan el derecho a la justicia de las y los ciudadanos que acuden al sistema judicial para reclamar la restitución de derechos lesionados. En el 91,65% de los casos en que los ciudadanos interpusieron pretensiones contra el Estado venezolano durante 2014, las solicitudes fueron declaradas sin lugar o no hubo pronunciamiento alguno por parte de los Tribunales y el TSJ, favoreciendo con ello los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos.

En julio pasado el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU publicó su lista de preocupaciones y recomendaciones finales sobre el cuarto informe periódico que el Estado Venezolano presentó en Ginebra el pasado 29 y 30 de junio de 2015, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP). Destacan la ausencia de autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial venezolano. El Comité instó al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para corregir la situación de provisionalidad de jueces y fiscales y además expresó su preocupación por el uso de la justicia militar contra civiles y la instrumentalización de la justicia para criminalizar a opositores políticos o dirigentes sociales.

La condena a López, Holdack, García y González es una muestra del progresivo cierre de espacios para el ejercicio de las libertades democráticas. En abril de este mismo año, los jóvenes Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado fueron condenados a 8 de prisión por participar en una manifestación pacífica, un hecho que calificamos –para entonces- como la más grave evidencia de criminalización de la protesta pacífica, desde que el sindicalista Rubén González fuera condenado en 2010 a 7 años de prisión por participar en una huelga de trabajadores. Otra situación es la de Jimmy Torres, condenado por un tribunal militar a 5 años y 3 meses de presidio por los supuestos delitos de ultraje a centinela, violación al espacio de zona militar, lanzar improperios a un funcionario militar y ofensa a la FANB, cuando tomaba fotografías en una manifestación realizada en Barquisimeto en junio de 2014. Aunque estos casos son los más emblemáticos, estas personas forman parte de una lista de más de 5.900 personas sometidas a juicio desde 2005 por ejercer derechos constitucionales como la manifestación y reunión pacífica.

Para las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado las irregularidades producidas por un sistema de administración de justicia que no es independiente del Ejecutivo Nacional, irrespeta el debido proceso y no garantiza la integridad personal, constituyen varias de las más preocupantes violaciones a los derechos humanos en el país. Finalmente, exhortamos a que se garantice la libertad de información sobre todos estos casos.

 

Suscriben:

 

Acción Solidaria (ACCSOL)

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Civilis Derechos Humanos

Coalición por la Vida (Codevida)

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ)

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Venezolana de Religiosos (CONVER)

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Espacio Público

Federación de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres)

Foro Penal Venezolano

Funpaz (Lara)

Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)

Justicia y Paz Los Teques

Laboratorio de Paz

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

 

Confieso que fui ave de mal agüero. El pasado jueves, ya faltando muy poco para que el país conociera el fallo de Susana Barreiros en el que injustamente condenó a Leopoldo López, Christian Holdack, Demián Martín y Ángel González, una cadena internacional me entrevistó sobre las posibilidades del caso y tuve que decir lo que mi experiencia de ya casi quince años en casos como estos me ha enseñado: Más allá de las alternativas legales, de las diferentes posibilidades que tenían cabida jurídica, no había razón alguna para ser optimistas, y la sentencia, como en efecto lo fue, sería definitivamente condenatoria.

No es que uno sea un oráculo ni mucho menos, ni tampoco que a uno le guste tener este tipo de oscuras certezas. Créanme que no solo en este caso, sino en muchos otros, me hubiera gustado echarle en cara a mi sombría intuición judicial alguna victoria sorpresiva de mi indoblegable, pero ingenuo, optimismo; pero son ya demasiadas las marcas que injustos hachazos similares han dejado en mi alma como para creer en pájaros preñados. En este país de despropósitos y de perversiones institucionales, no había forma de que la sentencia contra estos cuatro venezolanos fuera diferente. Tampoco hay, por el momento, posibilidad de justicia verdadera en ninguno de los demás casos en los que el sistema judicial es utilizado el arma de la intolerancia oficial, y estamos hablando aún de cerca de ochenta presos y de más de dos mil personas sometidas a investigaciones penales por motivos políticos. No es poca cosa.

Esto obedece a muchas razones, de las cuales quizás la más importante es que el gobierno, acorralado como está a nivel internacional por su evidente irrespeto a los derechos más elementales de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, pero especialmente de la que se le opone, necesita  símbolos, como el de esta condena, que a lo interno y a lo externo apuntalen su “verdad oficial” (así, entre comillas) sobre los eventos que signaron nuestra historia todo el año pasado. Que esto funcione o no, que al final eso no sirva más que para ratificarle al mundo que la represión y la persecución política en Venezuela son verdad, es ya otro tema, el punto es que es así… por ahora.

Con respecto a las protestas del año pasado, desde el primer día el poder se afanó en la imposición de una narrativa oficial que distorsionara y tergiversara toda la verdad de lo ocurrido y que, por supuesto, pusiera exclusivamente en los “otros”, en los demás, en los opuestos, el disfraz de “culpables”, dejando de lado cualquier otra consideración, especialmente las legales ¿Nos sorprende? Si es así, desconocemos que esto no es nuevo, y que desde el primer momento, incluso sin haber investigado ni un segundo, la “versión oficial” sobre cualquier cosa grave que ocurre en el país, casi siempre, por no decir siempre, está dirigida a procurar la impunidad de los verdaderos responsables de cualquier abuso o exceso del poder colocando a los opositores, indefectiblemente, como los “malos de la partida”.

Recordemos a Simonovis, Forero, Vivas y a los PM; a los exgerentes y trabajadores de PDVSA, recordemos a Usón, a Gebauer, a Ortega, a Poggioli, a los Guevara, a los banqueros presos y perseguidos y a los gerentes de Econoinvest; también a los Baduel, padre e hijo, y a Tirado; a los twitteros, a los estudiantes, a los comunicadores y a tantas, tantas otras víctimas de la persecución oficial de los últimos quince años. Nos cayeran bien o no los mencionados, estuviésemos o no de acuerdo con ellos o con sus métodos, en todos estos casos la verdad y la justicia están del lado de los justiciables, en todos estos casos lo “jurídico”, lo “legal”, lo “correcto”, hubiera sido absolverles de toda culpa y reconocerles su inocencia; ninguno de ellos debió ser investigado ni criminalizado, mucho menos condenado, por delitos que nunca les fueron probados. Conozco de primera mano los expedientes, he estado allí como abogado defensor y sé, como lo sabe también ahora Juan Carlos Gutiérrez, defensor de Leopoldo, de lo que hablo, pero al final en todos estos casos, como acaba de ocurrir el jueves que pasó, la necesidad del poder de hacer de estas personas ejemplo y punto de honor, y el ansia de convertirlas en argumento del miedo y de hegemonía, pasando en el lance por encima de la verdad, de la Constitución y de la ley, también prevalecieron.

Es un plan de actuación y de respuesta continuo, sistemático y premeditado, que además incluye una “estrategia de simetría” o “de espejo”, propia del ajedrez, en la que, a expensas de la verdad, que a todos nos interesa, y del erario público, que a todos nos duele, a toda iniciativa u organización les nace de la nada un “reflejo oscuro”, un “gemelo malvado”, una antítesis cuyo único propósito es defender al gobierno. A las “Víctimas del 11A” se les opuso la “Asociación de Víctimas del Golpe de Estado”, a la “Gente del Petróleo” se le opuso la “Asociación de Víctimas del Paro Petrolero”, y más recientemente, a las víctimas de los abusos y excesos del año pasado se les opuso la “Asociación de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado”, y así… Es un patrón de respuesta del gobierno, casi  automático y hasta chambón, que tiene por objeto sembrar dudas, y en última instancia, relativizar y hacer difusa la verdad, al mejor estilo postmoderno… lo malo es que a veces, y en algunos escenarios, les funciona.

Es más, también forma parte de la jugada el logro injusto, pero formalizado, de la impunidad de quienes defiendan la “revolución”. Allí están las absolutorias, por ejemplo, de los “pistoleros de Puente Llaguno”, en su momento; la absoluta falta de investigación y condena a tanto funcionario o personaje violento, asesino o torturador de los últimos lustros y hasta los innumerables discursos oficiales en los que el poder califica de antemano como “héroes” o como “verdaderos patriotas” a desadaptados y antisociales que no merecen más que estar tras la rejas por haber servido de colmillos en las fauces de la violencia y de la intolerancia política.

Sabiendo todo esto, la condena a Leopoldo, Christian,  Ángel y Demián, y todo lo que ha pasado y pasará en las causas penales seguidas a tantas personas por motivos políticos no puede sorprender a nadie. Así será hasta que nos animemos a cambiar las cosas en paz, pero con hechos, que vayan más allá de un “tuitazo” o de la simple y cómoda empatía “desde lejos”. El de la ingenuidad, al parecer, es un himen que en nuestro pueblo renace siempre, y por eso cada nuevo golpe sabe a dolorosa “primera vez”. Lo malo es que lo nutre el olvido, lo que nos condena a vivir de irrealidades y a añorar, crédulos, sorpresas indoloras, buenas y hasta festivas nuevas, que al final nunca son. Lo malo es que vivir así, de falsas expectativas, nos aleja de la comprensión verdadera del tamaño real, la perversidad y la ignominia totales del monstruo contra el que se lucha… y así, no hay manera de vencerlo.

 

@HimiobSantome

@AlexVasquezS

Esta noche, o la madrugada de mañana, o quizás en un par de días podría conocerse la sentencia en el juicio que se sigue en Venezuela contra el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, y los jóvenes Marco Coello, Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González.

Han sido 70 audiencias, desde el 23 de julio de 2014, en las que el dirigente ha sido enérgico y contestatario en la defensa de sus derechos. Hoy, hay tres opciones, cada una con distintas consecuencias políticas: López sale en libertad; va a su casa; o paga una condena, aún por determinar, en prisión.

Lo que está previsto es que hablen las defensas, que cuentan con un máximo de tres horas para presentar sus conclusiones; que haya una réplica del Ministerio Público; una contrarréplica de las defensas, y que cada acusado tenga una intervención al final, para lo cual también contarán con tres horas. Por lo extenso del proceso, el juicio podría concluir hoy o postergarse para otro día.

Todo indica que variables políticas son las que inclinarán la balanza de la resolución de la jueza 28 de juicio, Susana Barreiros.

La libertad  

La defensa ha insistido que en ningún momento se demostró la culpabilidad de López en cuanto a los hechos que se le imputan, a saber, instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio.

El abogado del dirigente, Juan Carlos Gutiérrez, resumió lo que, a su juicio, debería ocurrir esta noche: “Se hará la presentación de los argumentos conclusivos y si se determinan todas esas pautas, tendría que producirse una sentencia en primera instancia, pero tal vez no se permita concluir la jornada judicial. La expectativa de la decisión está relacionada con el factor más importante del proceso penal, que son las pruebas, que han certificado la inocencia de Leopoldo, aunque la Fiscalía pretenda lo contrario”, señaló.

El delito de mayor peso que se le imputa al dirigente, el de instigación pública, no tendría sustento de acuerdo con el abogado, pues las declaraciones de los dos testigos estrella del proceso, la lingüista Rosa Amelia Asuaje (que analizó varios de los discursos de López) y del experto Mariano Alí (quien revisó su cuenta de Twitter), demostraron que el dirigente nunca hizo un llamado directo a la violencia.

Además, aseveró Gutiérrez, los testimonios de más de 50 funcionarios policiales dejan constancia de que no hay evidencia que relacione a López con hechos violentos y varios funcionarios de la propia Fiscalía, que “incurrieron en múltiples contradicciones”, negaron haber escuchado con precisión el contenido de las palabras de López.

En cuanto al delito de incendio, cuya pena es de ocho años, el testimonio del propio jefe de seguridad del Ministerio Público lo descartó. “Eso se conecta con testimonio de los criminalistas que dicen que no consiguieron libros ni escritorios quemados. No hay indicio físico que permita establecer que en la Fiscalía hubo un incendio. También se demostró que en la Fiscalía nunca se usó polvo químico de extinción. Esto significa que hay hasta ocho años de cárcel menos para este caso”, añadió Gutiérrez.

La condena

Pero lo cierto es que el Ministerio Público, y así lo revelan sus notas de prensa, considera que López es culpable y que debe ser condenado.

El organismo sugirió en un comunicado, luego de la audiencia del 31 de agosto, haber demostrado la culpabilidad del dirigente opositor. Vale destacar que aún no existe sentencia ni es la Fiscalía el organismo responsable de dictarla. Los fiscales Narda Sanabria y Franklyn Nieves pidieron que López sea condenado.

La Fiscalía también se apoya en el análisis de los discursos de López de Asuaje y Alí para aseverar que las palabras del dirigente “incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado venezolano”. También afirma que las acciones que supuestamente instigó López, “derivaron en hechos violentos” que desencadenaron lamentables sucesos que enlutaron a 43 familias y resultaron lesionadas más de 870 personas.

¿Cómo ambas partes pueden basarse en lo mismo para culpar y exculpar? La defensa de López aseveró que los fiscales del Ministerio Público falsearon los peritajes y las declaraciones de la lingüista Asuaje y del experto Alí.

Gutiérrez aseguró que las referencias a las expresiones que se atribuyen a López y que soportan la acusación del delito de instigación pública no constan en las transcripciones de los discursos del dirigente de oposición que fueron aportadas por la misma Fiscalía.

La aspiración del Ministerio Público podría implicar una condena de hasta 14 años de cárcel. De acuerdo con las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, a la sanción correspondiente al delito de mayor entidad (en este caso asociación para delinquir, que según el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo merece hasta diez años de prisión) se le suma la mitad de las penas establecidas para el resto de los delitos. 

Preso en casa

Luego de evaluadas las dos primeras opciones: libertad o condena, comienzan los cálculos sobre las consecuencias políticas que cada una representaría. Informantes del oficialismo aseveran que la libertad plena no es una opción, al menos no inmediata, para el Gobierno, menos a tres meses de unas elecciones parlamentarias en las que, de acuerdo con las más prestigiosas encuestadoras del país, el chavismo está 20 (Datanálisis, Datincorp, Venebarómetro) y 39 (IVAD) puntos por debajo de la oposición.

Informantes del Ministerio Público afirmaron que los fiscales del caso no creen que el juicio finalice el viernes. Lo complejo de la decisión también contribuiría a una demora.

Fuentes de la fiscalía aseguran que el deseo de ese organismo es que tanto López como los cuatro jóvenes, que tienen medidas sustitutivas de libertad, sean condenados. “Aunque podría aceptarse que los jóvenes se mantengan en libertad, si son condenados a menos de ocho años. Eso podría ocurrir”, señalaron.

El COPP de 2012 señala que todo delito castigado con 8 años o menos no implica prisión. Los estudiantes podrían tener una condena menor a 8 años con medidas sustitutivas como prohibición de salida del país o un régimen de presentación.

Hay una opción sobre la mesa que cobra peso: fuentes políticas afirman que una condena de entre cinco y diez años con casa por cárcel para López es una alternativa que no generó rechazo en la Fiscalía.

“El viernes van a tratar  de cerrar las conclusiones para poder dar el dispositivo (la sentencia, no escrita, lo que podría tomar hasta 10 días hábiles). Dirán a cuántos años lo condenan y por qué cuáles delitos. Se habla de máximo 10 años. Podría estar unos meses en Ramos Verde y luego se negociaría mandarlo a su casa”, señalaron.

La variable política inclina la balanza

 

De nuevo, interviene lo político: bajo ningún concepto, aseveran las fuentes, a López se le permitiría ir a su casa antes de las elecciones parlamentarias.

Que el juicio es político ha sido una denuncia constante de la defensa.

A continuación, la opinión del abogado Juan Carlos Gutiérrez al respecto:

 

–¿Ha habido negociaciones políticas? Se habla de la posibilidad de que haya una pena de menos de 8 años, con una medida sustitutiva, incluso casa por cárcel.  

–Lo que puedo decir es que como abogado he conversado y he hecho lo que me corresponde como profesional del derecho y lo que no, reuniéndome con funcionarios de diversos organismos, con diversas atribuciones, para exigir justicia, para que se libere a un hombre inocente. Y sí han existido reuniones en ese sentido. Ojalá que el resultado de esas reuniones, con diversos funcionarios de diversas jerarquías y competencias, permita que no solamente sea liberado Leopoldo López, sino que también se haga un acto de justicia y, lo más importante, no se genere una sentencia que produzca jurisprudencia en cuanto a la restricción de los derechos civiles de los ciudadanos y en cuanto al ejercicio de la política.

 

–¿Qué opinarían de una condena menor a ocho años con una medida sustitutiva?

–Buscamos una absolutoria, ahora, si se produce una sentencia con condena parcial y que implica una medida cautelar sustitutiva, pues bueno, bienvenida; nosotros seguiremos el proceso. Esto no termina aquí. Iremos a otras instancias, entre ellas internacionales a donde pudiera llegar el proceso. Lo importante es que se produzca un acto de justicia real.

 

–¿Y la posibilidad de la casa por cárcel?

–Si es una decisión del tribunal tendremos que acatarla y aceptarla, y forma parte de lo que pudiera considerarse como un avance. Al menos como abogado, siento que le estaríamos dando algo a la familia para que la familia esté unida. En términos de ese contexto pienso que sería muy positivo para todos. Si eso sucede, Leopoldo se iría a su casa con su familia. Yo lo vería bien, como su abogado y amigo, y seguiría luchando por un acto de justicia total que implique su absoluta absolución.