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En la Contraloría General todo queda “en familia”
Trece familiares directos e indirectos del contralor Manuel Galindo Ballesteros trabajan en el organismo que dirige desde diciembre de 2014. De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo

 

@boonbar

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Manuel Galindo Ballesteros ha mostrado su reticencia a la reforma a la legislación que rige al organismo que dirige desde diciembre de 2014. En mayo de 2016, declaró que la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contiene “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional no cuenta con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto.

Pero Galindo Ballesteros no menciona que la reforma a la ley, que será presentado la próxima semana en segunda discusión por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, plantea una irregularidad que lo vincula. El numeral 28 del artículo 91 del proyecto incorpora por primera vez el nepotismo:  la responsabilidad administrativa de todo aquel funcionario que designe a familiares en cargos del organismo que dirige.

Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:   

Numeral 28 Quienes designen, nombren, seleccionen o contraten a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario.

De ser aprobada esta ley por la AN, Galindo Ballesteros deberá entonces responder por haber contratado bajo su administración a al menos 13 familiares directos en cargos de variable importancia dentro de la Contraloría General de la República, desde que fue designado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2014 como parte del Poder Moral.

El nepotismo también ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción, pendiente por entrar en la agenda de discusión.

Contratar a familiares en la administración pública no es una práctica nueva de algunos funcionarios identificados con el chavismo. Galindo Ballesteros, abogado y profesor de posgrado, sustituyó en marzo de 2013 a  la primera dama Cilia Flores (con     quien tiene una relación de compadrazgo) en la Procuraduría General de la República. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, justo en el período presidido por la primera dama.  Aparte, parientes de la ex procuradora también han ocupado cargos en los organismos que tuvo a cargo.

Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

MEGB-01 con fuente modificada

La familia contralora

Hijo-Contralor

 

El hijo: Alvaro Galindo León

Fue nombrado director de Despacho del Contralor (Gaceta Oficial 40.575) el 7 de enero de 2015. En la misma resolución, fue designado Guison Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, como sub contralor general de la CGR. En julio de 2015 fue sustituido por José Javier Morales, ex diputado del partido de gobierno Psuv.  

 

La esposa del hijo: Suhei Marisel Araque Serrano

Ocupa varios cargos dentro de la CGR: es directora de la  asistencia al Despacho del Contralor; auditora interna en Comisión de servicio y analista agregada del Consultor.

 

Viaje-Viena-CGR

El nieto: Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez

El hijo del director del Despacho del Contralor y nieto del contralor ocupa el puesto de “analista asistente”  de la Dirección de Información y Cooperación Técnica.  A pesar de estar cursando Estudios Internacionales en la Universidad Santa María, tiene oportunidad de viajar al extranjero como representante de la CGR. Uno de sus últimos viajes fue a Paraguay (25 y 26 de abril de 2016) para asistir a la reunión del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacepfs). También acompañó a su abuelo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en agosto de 2015 en Viena, Austria.

 

Nieto-Contralor-Novia

La novia del nieto: Marinely Trinidad Gervazzi Cañizalez

La novia de Mauricio Galindo Bermúdez ha ocupado varios cargos dentro de la CGR. La abogada egresada de la UCV en 2014,  trabaja en la dirección de la Asistencia al Despacho Contralor;  Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) y es secretaria de la Comisión de Contrataciones de CGR (Resolución 01-00-000095 del 25 de marzo de 2015) y forma parte de la junta directiva de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (Cofae), en la cual Numidia Rocío Flores, hermana de Cilia Flores, es miembro principal.

 

La hermana de la novia del nieto: Marianela Gerbazzi Cañizalez

Se retiró de la carrera de medicina en diciembre de 2012. Trabaja en el despacho del contralor desde el 26 de enero de 2015, según indica su ficha laboral del IVSS. Está adscrita a la dirección de Sistemas de control como auxiliar administrativo.

Contralor-Con-Hija-MayraGalindo

La hija: Mayra Galindo León

Es presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) desde 24 de febrero de 2015 (Gaceta Oficial 40.607).

 

El esposo de la hija: David Burguillos Atencio

Es director de Sistemas de Control (Gaceta Oficial 40.576).

 

La otra hija: Abril Galindo León

Es asistente de odontología de la Dirección de Recursos Humanos.

 

El novio de la otra hija: Yanier Quintana Pérez

Trabaja en la dirección de la asistencia del despacho del Contralor.

 

El cuñado: Wuilmer León Flores

Hermano de la esposa del contralor. Ocupa la dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio (Gaceta Oficial 40.607). Se ha encargado de inhabilitar políticamente a dirigentes de la oposición por “inconsistencias de la declaración jurada de bienes. Tal fue el caso de Vicencio Scarano, ex alcalde del municipio San Diego (15 julio 2015)  y la ex diputada María Corina Machado (13 julio de 2015).

 

El sobrino: Antonio León Delgado

Dirección de Información y Cooperación técnica. Auxiliar administrativo.

 

La sobrina: Haydelin Villegas León

Es directora de Información y Cooperación Técnica (Gaceta Oficial  40.605).

 

El novio de la sobrina: Nelson López García

El ingeniero de telecomunicaciones labora en la dirección de Informática como analista senior.

 

Nepotismo

El nepotismo podría ser considerado delito por otras legislaciones. También ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público, pendiente por entrar en la agenda de discusión. El artículo 30 reza que «los funcionarios públicos no podrán designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario«.

De aprobarse la reforma a la Ley contra la Corrupción, Galindo Ballesteros al igual que otros funcionarios de la administración pública nacional, estadal y municipal que han favorecido familiares con cargos en los organismos que dirigen, tendrán que rendir cuentas sobre las prácticas de nepotismo.

 

 

El nepotismo como riesgo de corrupción

 

Convención Interamericana contra la Corrupción:

En artículo III contempla medidas preventivas. Los Estados parte tiene el deber de incorporar en sus propios sistemas institucionales, normas destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses. El nepotismo es una de típica situación  de  conflicto de intereses

 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas (artículo 7, numeral 4).

También procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

 

Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Medidas sugeridas a Venezuela: a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos.

Considerar, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses

 

Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos

Dictado por el Consejo Moral Republicano el 12/12/2013 (G.O. 40.314), incorpora dentro de las prohibiciones de los funcionarios públicos (artículo 6), diversas situaciones de conflicto de intereses, aunque no enuncia en forma expresa el nepotismo.

 

Anteproyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público

Incorpora un capítulo de conflicto de intereses (artículos 28 al 35), que incluye al nepotismo.  Aún no ha sido presentado en primera discusión por la actual AN.

 

Ley sobre Conflictos de Intereses

La CGR, en representación de Venezuela, informa ante el MESICIC que existe este proyecto, anuncia el informe. Ese proyecto se encuentra en la AN, no fue discutido ni aprobado por el parlamento anterior.  

Sanciones a los corruptos caen en saco roto
La corrupción no tiene reparo en el sistema de control de la gestión pública. Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Con el proyecto Vendata es posible detectar hasta dónde llega la Contraloría en la vigilancia del manejo de los fondos públicos

 

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EL ACTUAL MINISTRO DE PETRÓLEO DE VENEZUELA,  Nelson Pablo Martínez, fue sancionado por corrupción en 2011 por la Contraloría General de la República (CGR). El mismo funcionario que ha hecho carrera en la industria petrolera desde los años 80, fue declarado responsable en procedimientos  administrativos debido a la “negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público” mientras presidía Pdvsa Gas, según consta en el Informe 2011 de la CGR.

Aquella sanción, por la que Martínez debió pagar una multa de Bs. 19.142,50 (unos $1.871 al cambio de la época), lejos de impedir su nombramiento para otros cargos de la administración pública, como plantea la Ley Orgánica de Contraloría y la Ley contra la Corrupción, no ha truncado su ascendente trayectoria en la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa.  Ese mismo año fue nombrado director de Pdvsa Argentina y dos años más tarde asumió la presidencia de Citgo, la mayor filial de la petrolera fuera del país, posición que mantiene incluso después de asumir en enero de 2017 la cartera de Petróleo.

A Martínez no le dictaron  medidas preventivas previstas en el artículo 112 de la Ley de Contraloría, que pueden ser proporcionales a los riesgos manifiestos de daños al patrimonio que determine una investigación.

Tampoco el hecho de pagar un reparo no lo excluye de la responsabilidad de causar daños al patrimonio, dice claramente el artículo 88 de la Ley de Contraloría.

El actual Ministro de Petróleo no fue el único de Pdvsa Gas sancionado en aquella oportunidad.  También multaron por Bs. 90.155 a otros cuatro directivos de Pdvsa Gas: Henry Ficara Segnini (superintendente de Planificación, Control y Gestión; Juan José García Nuñez (director gerente); Wenceslao Madail Lariao (gerente técnico del distrito Anaco) y Luis Enrique Marín, ex presidente de Pdvsa Gas).

Una sanción emitida por la Contraloría no siempre resulta efectiva en la lucha contra la corrupción.  Martínez es uno los 378  funcionarios públicos sancionados por la Contraloría debido a irregularidades administrativas durante los gobiernos de Hugo Chávez (1998-2013) y Nicolás Maduro (2013). Pero estos “llamados de atención” suelen caer en saco roto si se revisan los casos que se quedan engavetados en el organismo ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas.

La vigilancia del sistema de control fiscal no es continua en Venezuela. Procesos abiertos por la Contraloría contra funcionarios  de irregular proceder en la gestión de los fondos públicos no siempre son remitidos a otras instancias como el Ministerio Público, encargado de investigar y tomar acciones penales.  “Revela las fallas del Poder Moral Republicano en la lucha contra la corrupción”, explica el abogado y académico Nelson Chitty La Roche. “La CGR no  supervisa que otros organismos aseguren el buen funcionamiento de la administración pública en la aplicación correcta de los recursos en beneficio de la ciudadanía”.

Entre 2011 y 2014, la Contraloría abrió  procesos a 378  funcionarios públicos señalados como responsables administrativos. Se traduce en una proporción de 95 casos al año en  Venezuela, país evaluado como el más corrupto de América Latina al ocupar el puesto 166 del Índice de Percepción de Corrupción 2016 de la organización Transparencia Internacional.

Los datos que ilustran el grado de efectividad de estas medidas anti anticorrupción dentro del sistema de control fiscal se conocen a través de Vendata, proyecto impulsado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) que  concretó  la digitalización y sistematización de documentos públicos como una manera de hacerle frente a  la opacidad del Estado venezolano.

2011 fue el año con mayor número de sanciones accesorias, como multas, inhabilitaciones, suspensiones, cuya decisión  está a cargo “exclusivamente” del Contralor General de la República. Ese año marcó la transición entre Clodosbaldo Russián (quien falleció ese año) y Adelina González.

Para el presente recuento, se analizaron los nombres de funcionarios sancionados identificados en los informes de Gestión de la Contraloría General de la República de 2011 al 2014. El balance anual 2015, que corresponde a la gestión del actual contralor Manuel Galindo, no fueron incluido en el análisis porque por primera vez no detalla los nombres y apellidos de funcionarios con sanciones, sólo porcentajes.

La inhabilitación fue la sanción más frecuente entre 2011 y 2014. La CGR prohibió a 78% de los funcionarios con responsabilidad administrativa (294) a volver a ocupar algún cargo entre 1 y 15 años,  según los informes de gestión correspondientes a cada año.

Dos polémicas inhabilitaciones por parte de la Contraloría no aparecen en este análisis por haberse consumado fuera de los periodos analizados. Tal es el caso de Leopoldo López Mendoza, líder de Voluntad Popular (hoy condenado y preso en la cárcel militar de Ramo Verde), quien en agosto de 2006 fue sancionado por 6 años (desde diciembre de 2008 cuando venció su gobierno en la alcaldía de Chacao hasta diciembre de 2014).  El más reciente es el de Henrique Capriles Radonski, quien fue inhabilitado a ejercer cargos por 15 años, lapso que se aplicaría cuando termine su periodo como gobernador de Miranda.

Uno de tantos

La inconstante vigilancia de las actuaciones del actual ministro de Petróleo pone en entredicho la eficacia del sistema de controles en la lucha contra la corrupción en Venezuela, precisamente uno  de los máximos objetivos de la Contraloría General de la República.

Existen sanciones a funcionarios emblemáticas que, si bien los inhabilitaron para otros cargos públicos, no les obligaron a rendir cuentas como establece la ley. Tal es el caso del ex ministro de Finanzas Tobías Nobrega, uno de los funcionario de más alto nivel a quienes la CGR sancionó por sus manejos irregulares durante el primer gobierno chavista.

En los albores de la administración bolivariana, el economista graduado en la UCV ejerció la cartera de Finanzas entre 2002 y 2003. De la gestión de este técnico prestado a la política (también fue asesor económico del llamado congresillo y candidato a diputado por el partido Irene, de Irene Sáez)  se recuerda el  reestructuramiento de la deuda y ser uno de los promotores del control cambiario que perdura hasta hoy en día.

Y también por actos de corrupción durante su administración, específicamente por las irregularidades en la compra y contratación para las remodelaciones de los edificios Bilbao (ubicado en La Urbina, Caracas) y sede del Citibank (Carmelitas), en pleno  paro petrolero en 2003.

En 2007, Nobrega fue imputado por el Ministerio Público por el delito de peculado culposo, sancionado en el artículo 53 de la Ley contra la Corrupción. https://goo.gl/FpjwKz

El nombre de Nobrega apareció dentro de una red de corrupción con políticos y militares de Venezuela revelada por las declaraciones que diera el empresario Carlos Kauffman ante el Tribunal de Miami en octubre de 2008, durante el juicio a su socio Franklin Duran, vinculado al “escándalo del maletín, que incluía 800 mil dólares incautados al venezolano Guido Antonini Wilson en Argentina, el 4 de agosto de 2007, presuntamente para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Kauffman reveló que Nobrega recibió sobornos hasta por 25 millones de dólares.

En 2011, cuatro años después de la imputación de la Fiscalía, le  tocó a la Contraloría dictar la inhabilitación de Nobrega por 15 años para ejercer cargos públicos. El organismo comprobó el negocio que involucraba al ex ministro:  en 2003 la Inmobiliaria Chacao compró el inmueble al Citibank por 4,7 millones de dólares y 6 días más tarde, el Ministerio de Finanzas, dirigido por Nobrega, lo recompró a la inmobiliaria por 9,5 millones de dólares, es decir por el doble, una transacción que ya había asegurado  con Finanzas y que nunca reportó (G.O 6.069 – 10/01/2012)

Nobrega  no puede aspirar a ningún cargo en Venezuela hasta el 28 de noviembre de 2026, fecha en que se vence el periodo de la inhabilitación dictado el 28 de noviembre de 2011 (G.O 6069) por la Contraloría. Está por verse si aspira a volver.  Una nota del diario Tal Cual del 1ero de julio de 2015, asegura que vive en Portugal y que desde el mismo momento en que Contraloría lo inhabilitó, abrió una cuenta off shore en Funchal, considerada un paraíso fiscal.  

El periodista Víctor Salmerón quien cubrió la fuente de finanzas durante los años de Nobrega en el ministerio y fue amenazado por el ministro  cuando se ventilaron las irregularidades, sostiene lo que escribió el 20 de septiembre de 2011 en El Universal:  “Hay inhabilitaciones y multas, pero no presos”.

Otras “finanzas”

La inhabilitación de Nobrega de 2009 fue  acompañada por sanciones a otros seis subalternos del Ministerio de Finanzas, entre  el propio viceministro de Gestión Financiera, Jesús Rodolfo Bermúdez Acosta, quien  fue detenido el 3 de diciembre de 2004 en el aeropuerto de Opa Locka, Florida, con 37 mil dólares en efectivo que intentaba introducir en el país sin declarar.

Bermúdez Acosta también apareció involucrado en el caso del maletín de Antonini, cuando Kauffman declaró ante la Corte Federal de Miami de haberlo sobornado con más de 23 millones de dólares.

El 31 diciembre 2002, en medio del paro petrolero, el también el directivo de la CVG (2002 y 2003)  abrió en el Banco Industrial de Venezuela un fideicomiso por 1500 millones de dólares a nombre de la República.

El incremento patrimonial desproporcionado del ex viceministro Bermúdez Acosta y su esposa Marggorie Gómez Pérez (quien también ejerció cargos públicos durante el gobierno de Chávez) fue certificado por el Ministerio Público el 7 julio 2006. Las investigaciones sobre su gestión entre 2002 y 2004 comprobaron que Bs. 1.717 millones no se correspondían con los ingresos del ex viceministro y tampoco fueron  justificados ante la Contraloría.

El 20 de marzo de 2007 se emitió la orden de aprehensión y solicitud a Interpol de búsqueda internacional. El noviembre de ese año, el Ministerio Público lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito.

Cuatro años después, en junio de 2011, la Contraloría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 15 años. Pero el ex funcionario ya se encontraba en Florida, como lo confirma un documento de  Interpol el 14 de marzo de 2012 ante las autoridades venezolanos. Los registros  de Florida indican que Bermúdez Acosta tiene propiedades en Doral y la empresa Automóviles MDB, que lleva el mismo nombre de su par en Boleíta, Caracas.

En diciembre de 2013, el TSJ declara procedente la orden de extradición activa de Bermúdez Acosta, amparándose en el Tratado de Extradición entre Venezuela y Estados Unidos para así proceder en Venezuela a enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito.

Pero el Departamento de Estado respondió que no podía proceder n el arresto provisional del ex viceministro en EEUU ya que “la solicitud no aporta información de que Bermúdez Acosta se haya enriquecido como resultado de un fraude o un abuso de confianza”, tal como obliga el Tratado”. Es decir, las pruebas presentadas por las autoridades venezolanas fueron insuficientes.

Otros casos

La Contraloría también ha hecho “llamados de atención a exgobernadores como Manuel Antonio Rosales Guerrero, líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En octubre de 2008, el propio Chávez lo acusó públicamente de “enriquecimiento ilícito” y de conspirar en su contra. También afirmó que lo iba a desaparecer del mapa político y meterlo preso.

La imputación por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito le llegó a Rosales el 11 de diciembre de 2008, luego de que la Contraloría investigara la declaración jurada de patrimonio del entonces gobernador del Zulia y el Ministerio Público concluyera que Rosales no había justificado fondos ante el órgano contralor.

El  22 de abril de 2009, el tribunal de Caracas acuerda la medida privativa de libertad una vez que Rosales no asistiera a  la audiencia preliminar. Había salido del país y logró asilarse en Perú. Desde el país andino, declaró ser “víctima de una persecución ordenada por Chávez y de acusaciones falsas” que violaron sus derechos. El Contralor de entonces, Clodosbaldo Russian, señaló: “se le dio asilo a un prófugo de la justicia”.

La CGR entraría en escena en mayo de 2010 cuando decide la inhabilitación del ex alcalde de Maracaibo por 12 meses (mayo 2010 hasta mayo 2011).

Seis años después, el 15 octubre 2015, regresó a Venezuela. Fue detenido por Sebin en el aeropuerto de La Chinita, Maracaibo. Menos de un año estuvo encarcelado cuando en agosto de 2016 la Corte de Apelaciones de Caracas declara a lugar y en diciembre de 2012 fue puesto en libertad con orden de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Otro gobernador fue Ramón Martínez Abdenour. El dirigente del partido Podemos fue inhabilitado en noviembre de 2009 por 10 años (septiembre 2009-septiembre 2019) por la Contraloría luego de detectar presuntos delitos de corrupción durante su gestión como gobernador del estado Sucre.

Específicamente, la falta de Martínez consistió en no presentar la declaración jurada de patrimonio, cuyo cumplimiento está establecido en la ley Contra la Corrupción (Resolución 01-00-105 del 4 de junio de 2010).

Pero la inhabilitación llegó luego de que un  tribunal de Sucre le dictara orden de detención el 8 de diciembre de 2009 y prohibición de salida del país. Para entonces, ya Martínez se había ido de Venezuela y asilado en Perú. El antiguo aliado de Chávez aseguró que se trataba de una “persecución política” porque en su momento no apoyó la iniciativa del exmandatario

Entre las irregularidades: venta irregular de casas destinadas a Barrio Adentro, programa social promovido por Chávez. También proyecto de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004 para el que se destinaron 800 mil bolívares y quedó inconcluso.

La sanción de la Asamblea Nacional llegó tarde pero llegó.  El 11 de diciembre de 2014, la Comisión Permanente de Contraloría aprobó declarar responsabilidad política de Martínez por irregularidades administrativas, entre ellas la venta irregular de casas destinadas a Barrio Adentro, programa social promovido por Chávez. También, por el proyecto de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004 para el que se destinaron 800 mil bolívares y quedó inconcluso.

Un año después, Martínez volvió a parecer: se encontraba exiliado en Panamá y con intenciones de volver, según El Pitazo de  octubre de 2015.

Para qué sirven las sanciones

“La corrupción es uno de los efectos de las absoluta inconsciencia del gasto público. La Contraloría no está asumiendo sus funciones de control de todo el aparato del Estado, ha abandonado su compromiso institucional, considera Chitty La Roche. “En los años de la democracia, el Informe Anual de Contraloría generaba todo un debate nacional que involucraba a los ciudadanos. En el actual gobierno se oculta la información sobre los funcionarios que han cometido irregularidades”.

Para Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional, “De nada sirven sanciones si no se exige la rendición de cuentas y se aplican penalidades a los responsables”.

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Contraloría General de la República declara en desacato a la AN

Contraloría General

La Asamblea Nacional ha sido declarada nuevamente en desacato, en esta ocasión con la Contraloría General de la República (CGR), «al obstaculizar el ingreso a su lugar de trabajo a la auditora interna interventora de la Asamblea Nacional, Lic. Mayren Ríos Díaz».

El pasado viernes 17 el contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, había designado a la funcionaria Ríos como la auditora interna interventora de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional. Este órgano tiene «la potestad de controlar, vigilar y fiscalizar a las unidades de auditoría interna de los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público nacional, estadal y municipal», entre otras funciones, asegura una nota de prensa de la CGR.

Al no haber permitido el acceso a la funcionaria Ríos al edificio administrativo de la Asamblea Nacional, la CGR considera que el parlamento «manifiesta abiertamente el desconocimiento a la autoridad de la Contraloría General de la República».

Asimismo, la CGR señala que tiene autoridad para aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la Ley que rige la materia.

 

Exigen remoción del Contralor General por nepotismo

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Transparencia Venezuela solicitó ante la Asamblea Nacional (AN) la inmediata apertura de una investigación sobre la asignación de cargos en la Contraloría General de la República a familiares cercanos al Contralor General Manuel Galindo Ballesteros. De comprobarse el ilícito de nepotismo, la organización exigirá la remoción del funcionario por el incumplimiento de los deberes que su investidura le impone.

En una carta dirigida al presidente de la AN, Henry Ramos Allup y demás miembros de la junta directiva del parlamento, la organización se apoya en el artículo 274 de la Constitución  que establece que el Poder Ciudadano – del cual forma parte la Contraloría- tiene el deber de prevenir los actos que atenten contra la ética pública y moral administrativa. Recuerda además que el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos precisa que está terminantemente prohibido que los funcionarios públicos intervengan en las decisiones  en asuntos de interés particular que puedan beneficiar a «cónyuge, concubina o concubino o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad».

Solicitud ante la AN por caso del Contralor 16-07-16 by lisboon on Scribd

La petición de investigación sobre nepotismo contra el Contralor fue formalizada ante la AN el jueves 14 de julio de 2016, luego de que el propio presidente del Poder Moral justificara públicamente que ha contratado a familiares en su despacho. Esta «admisión pública de la infracción de sus deberes» fue la respuesta  del Contralor al reportaje «En la Contraloría General todo queda en familia», publicado en Runrun.es (01-07-16), que reveló que 13 parientes de Galindo Ballesteros tienen cargos en la CGR.

Título de caja

En una entrevista para Venevisión (07/07/2016), Galindo Ballesteros hizo la distinción entre «nepotismo negativo y positivo». Al respecto, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas aclara que todo nepotismo siempre implica «abuso de poder, tráfico de influencia, riesgo de corrupción e impunidad, así como debilidad en la calidad de la gestión». Además, la norma internacional firmada por Venezuela en las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción «impiden la participación de familiares hasta el procesos de concurso de ingreso».

Contralor admite nepotismo positivo en su despacho

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El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, admitió que en su despacho existe nepotismo, distinguiéndolo entre «nepotismo positivo» y «nepotismo negativo».

En entrevista con Venevisión el jueves 7 de 2016, el funcionario respondió al reportaje publicado en Runrun.es, que identifica a 13 familiares de Galindo Ballesteros que fueron favorecidos con cargos en su despacho.

Declaró que «para hablar de nepotismo hay que tener suficiente capacidad de diferenciar entre nepotismo positivo y nepotismo negativo. Tendrías que remontarte por allá, desde la monarquía del siglo XVIII para acá. Cuando se materializa un nepotismo negativo y podría ser sujeto de investigación, es cuando un familiar o una persona allegada a una autoridad  que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo».

Galindo Ballesteros manifestó sentirse «muy orgulloso de su gestión» de año y medio frente a la Contraloría General de la República, organismo que enarbola «la lucha contra la corrupción».

Justo antes de responder por el nepotismo en la Contraría, Galindo Ballesteros resaltó que la bandera y lucha concreta contra la corrupción de la Contraloría consiste en «rescatar los valores morales de cada funcionario y funcionaria que maneja dinero del Estado, comenzando por el criterio propio».

El Contralor agregó que «la responsabilidad de manejar dinero ajeno es lo primero que tenemos que rescatar. La corrupción nunca la vamos a exterminar del todo. Es como un cuero seco, se pisa por un lado y se levanta por el otro. Hay que prevenir y combatir».

Así critica el amigo de Chávez a Maduro y su gobierno

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Freddy Gutiérrez Trejo es abogado constitucionalista, docente universitario y exdiputado en la Asamblea Constituyente en 1999. Fue amigo del expresidente Hugo Chávez y ha militado en el chavismo desde 1999, aunque ha adoptado posiciones críticas contra el Gobierno. Recientemente fustigó duramente a Nicolás Maduro en una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas el pasado 23 de enero de 2015.

 

Redacción Runrunes

Freddy Gutiérrez Trejo condenó las violaciones a la Constitución Nacional desde antes de la muerte de Chávez, concretadas en las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “complacer” a sectores políticos que facilitaron la sucesión.

El abogado también criticó a ‘Hugo’ por haber dejado como heredero a Nicolás Maduro; afirmó que la elección de las autoridades del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Ministerio Público) se efectuó mediante un proceso fraudulento y plagado de vicios.

Aquí los 10 comentarios encendidos de Freddy Gutiérrez Trejo:

  1. La gran equivocación de mi amigo Hugo, y lo lamento mucho pero esto hay que subrayarlo, es haber dejado como herencia, como heredero, a Nicolás Maduro. Yo no me imaginé que Nicolás —a quien conozco— fuese tan irresponsable como ha sido. Hace dos meses anunció una rueda de prensa nacional, que calificó como un sacudón. Recuerdo que me senté a escuchar el discurso con toda mi atención desde el principio hasta el final y cuando terminó me pregunté: ¿qué fue lo que dijo? ¿cuál fue su pronunciamiento? ¿cuales fueron las decisiones que tomó?
  2. En los últimos dos años hemos visto el quebrantamiento sostenido de las reglas de juego de la sociedad. Un quebrantamiento de la Constitución de la República. Hicieron interpretaciones torcidas respecto a la ausencia temporal y definitiva de Chávez. Y todo para complacer peticiones sobre quién debía ocupar la presidencia en esa ocasión o quién pudiera ocuparla más tarde.
  3. Como constituyentes, al momento de redactar la Carta Magna, consideramos que los cargos de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General y Ministerio Público eran tan importantes para el país como podía ser la presidencia de la República. Ahora, si [la Asamblea Nacional] no llegó a un acuerdo para establecer una mayoría calificada y designar los cargos ha debido declinar, abdicar su condición como Poder Parlamentario y llamar al Poder Republicano para que fuese el pueblo —a través del voto— el que verificara las credenciales de los aspirantes. Debieron invitar al Poder Electoral y llamar a elecciones. Yo invito a quienes resultaron electos en este proceso a renunciar a sus posiciones. A Tarek William Saab, Luisa Ortega Díaz y Manuel Galindo Ballesteros. Porque sino se estaría incurriendo en lo que en derecho se denomina una usurpación de funciones de los cargos del Poder Ciudadano. No me queda ninguna duda de que el pronunciamiento de la sala constitucional del TSJ no tiene ningún fundamento. Lo mejor que podría suceder es que las tres personas que están en esas posiciones renuncien a sus cargo. ¡Que se vuelvan a postular! Que sea el pueblo venezolano, que sea el río caudaloso de la democracia el que los designe.
  4. Si comparamos el Gobierno con un juego de béisbol y el pitcher es Chávez, quien estuvo en la lomita, podemos decir que Chávez se fue y dejó a su equipo ganando. Si analizamos el juego en este momento, el equipo está perdiendo estrepitosamente. ¿Cómo es posible que haya escasez de café? ¿Cómo es posible que se haya nacionalizado el aceite y que ningún venezolano lo consiga? ¿Y el cemento? No se consigue, hasta se paga 1.000 bolívares por un saco. Se nacionalizó la leche, hoy no se consigue la leche ni en polvo.
  5. Hay una irresponsabilidad manifiesta del presidente y su señora esposa. Por cierto, la señora Flores es política. Es más, se le calificó no como primera dama, de modo ornamental, sino como primera combatiente. Yo no creo que esté absuelta de responsabilidad sobre las situaciones que están ocurriendo en Venezuela.
  6. A mí me sorprende que digan que las colas se producen porque el abastecimiento es tal que la gente está buscando los productos, porque hay sobreproducción. Creen que los venezolanos son idiotas ¿Cómo es posible? En vez de encarar la verdad. Ninguna política podrá surtir efecto si no se aceptan los vicios, los errores, las equivocaciones y las inconsistencias que este gobierno ha tenido. Escucho a buena parte de los altos funcionarios y le echan la culpa a todo el mundo, pero jamás se examinan.
  7. Yo no creo que se pueda omitir la responsabilidad que el presidente Chávez tuvo en buena parte de su gestión. Es más, recuerdo el caso del estado Bolívar. Allí hubo varios candidatos naturales del estado, que habían hecho vida política. Y recuerdo un nombre, el de Clemente Scotto. A Hugo le tocó ir a Bolívar y luego se empeñó, por una arbitrariedad y por una terquedad espantosa, y decidió que no, que el candidato era este señor, el general Rangel, quien no solo ha hecho obsolescente el aluminio, el carbón, el acero, sino que además secuestró el Museo Jesús Soto.
  8. Ahora hay unos mártires que curiosamente habría que ponerlos en interrogación. Hay funcionarios que hasta invocan la épica. Al señor vicepresidente de la República (Jorge Arreaza) lo escuché decir algo así como “Socialismo o nada”. Que me perdone este joven que me entrevistó como siete u ocho veces en Venezolana de Televisión (VTV). ¡Se hubiese quedado allí! O se hubiese dedicado a ser secretario de una embajada ¡Pero es vicepresidente de la República! Y me pregunto yo: ¿Qué épica política? ¿Qué épica académica? ¿Qué credenciales o méritos tiene para ocupar tan alta responsabilidad?
  9. El presidente Maduro tiene que leer la Constitución, leer cuales son sus atribuciones como jefe de la Hacienda Pública, ordenar la Hacienda Pública, no aceptar que haya la impunidad que a todas luces ha sido evidente. La organización Marea Socialista ha dicho con mucho fundamento y en base a lo que antes había expresado la exministra de Finanzas y expresidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, Jorge Giordani y Héctor Navarro: más de 20 mil millones de dólares que se evaporaron de la República y que para este momento no haya ni una sola persona privada de libertad ni perseguida.
  10. Yo estoy convencido de que hay que abrir los anchos cauces de la democracia. Que solo de esa manera es posible reivindicar los principios, valores y normas y que es posible reivindicar la Constitución. Es necesario abrir los cauces para que haya un Parlamento donde los parlamentarios se pronuncien, donde no haya una sola voz. Eso que tenemos ahora no es un Parlamento.