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Centros de Detención Preventiva

Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte en calabozos 
72 personas fallecieron por padecimientos como tuberculosis y desnutrición en centros de detención preventiva en Venezuela durante 2022
En los calabozos también hay VIH-Sida, covid-19, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, epilepsia, escabiosis y hasta piojos
El hacinamiento en los CPD es superior a 300%. 17 mil personas están recluidas en alrededor de 500 retenes policiales
Las detenciones por violencia de género y abuso infantil subieron en 2022 

 

@franzambranor

 

72 personas fallecieron por enfermedades como tuberculosis y desnutrición durante 2022 en calabozos policiales o centros de detención preventiva en Venezuela, según un informe presentado este jueves 13 de abril por la organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad

“De esa cifra 17 fueron por tuberculosis”, dijo la coordinadora de UVL, Magally Huggins.

“No cabe duda de que se trata de una enfermedad infectocontagiosa vinculada a las condiciones sanitarias de los calabozos policiales, lugares donde no hay espacio para clasificar a los detenidos, tanto que los contagiados comparten el mismo recinto con quienes están aparentemente sanos”, se desprende del documento.

De acuerdo con el estudio, en los CDP hay un hacinamiento de 334,55%. El informe destaca que en Venezuela existen cerca de 17 mil personas detenidas en alrededor de 500 calabozos.

UVL denunció que los calabozos policiales carecen de una adecuada ventilación, agua potable, servicio médico y vehículos para trasladar a los enfermos a centros asistenciales, además la recolección de basura no es frecuente.

“Hay más de 500 centros de detención preventiva en Venezuela y en cada uno hay presos hacinados, en condiciones precarias”, dijo el director de UVL, Carlos Nieto Palma.

Estos fueron los principales hallazgos de la investigación hecha por la ONG en 335 calabozos a nivel nacional

Muertes por enfermedades y desnutrición

55 personas murieron en el primer semestre de 2022 y 17 en el segundo por enfermedades como tuberculosis y desnutrición. Nieto Palma supuso que el número de fallecidos disminuyó entre un semestre y otro debido a la intervención que llevó a cabo la Comisión para la Resolución Judicial, que efectuó jornadas médicas y otorgó medidas cautelares a algunos presos con enfermedades crónicas o terminales. Además de tuberculosis y desnutrición los aprehendidos fallecieron por covid-19, infartos, epilepsia, dificultades respiratorias y convulsiones.

Violencia dejó de ser la principal causa de muerte

Nieto Palma indicó que la violencia dejó de ser la principal causa de muerte dentro de las cárceles venezolanas para cederle el puesto a las enfermedades y la desnutrición. “Todo lo que pasa en los centros de detención preventiva es lo mismo que ocurre en Venezuela, una emergencia humanitaria compleja”, agregó Huggins. “La vida en los calabozos policiales es muy adversa, es decir, la dinámica en estos lugares se ve impactada por la crisis social, económica y política del país, la desnutrición, el desempleo, la deserción escolar y la violencia simbólica que impera en todas las esferas de la vida nacional”, plantea el informe.    

Casi 50% de los presos enfermos tiene desnutrición

El informe reveló que la desnutrición sigue siendo uno de los principales problemas de salud dentro de los CDP. Según este, 49,54% de los 432 enfermos identificados durante el segundo semestre de 2022 padecen de desnutrición. La organización evidenció en su estudio que casi la mitad de la población penitenciaria sufre de problemas de alimentación, los cuales en teoría deberían ser atendidos por el Gobierno venezolano.

“Se ha delegado esta responsabilidad en la familia de las personas que se encuentran detenidas. Eso es una flagrante violacion del derecho humano a la salud y a la vida de parte del Estado”, se desprende del informe.

La ONG recordó en su investigación que la mayoría de los familiares de detenidos provienen de sectores populares y empobrecidos dependientes de un salario mínimo mensual de apenas 6 dólares. A quienes se encargan de la manutención de un preso desde afuera de un recinto carcelario se les denomina “víctimas por filiación”, pues son responsables de suministrar alimentos y medicinas en medio de una crisis económica e inflacionaria.

Alta incidencia de VIH-SIDA, casos de escabiosis y pediculosis

También, el informe encontró un “alto número” de casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH-Sida) en los centros de detención. “Se detectaron 43 casos de VIH-Sida, es decir el 9,95% de la población penitenciaria estudiada durante este periodo padece de esta enfermedad que requiere de tratamiento constante y adecuado”.

Igualmente, el estudio revela que la escabiosis o lo que se conoce comúnmente como sarna está presente en los calabozos policiales. “28 casos (6,48%) de los privados de libertad presentaron enfermedades en la piel, entre ellas sarna”.

“Hemos encontrado una nueva variante, alrededor del 10,88% de los detenidos están padeciendo una afección denominada pediculosis, popularmente conocida como piojos. La propagación de este padecimiento es constante debido al reducido tamaño y al hacinamiento en las celdas”, expone la investigación.  

Asimismo, los detenidos se quejan de dolores osteomusculares debido a que la mayoría duerme en el suelo de los calabozos o sobre colchonetas que no reúnen las condiciones básicas para descansar adecuadamente.

Embarazos bajo condiciones precarias

Ocho mujeres quedaron embarazadas en los CDP durante 2022, dos de ellas presentaron infecciones vaginales y patologías mamarias. “Por lo general, estas mujeres dan a luz en sus celdas bajo condiciones de higiene precarias y son separadas de sus hijos luego del alumbramiento. Los embarazos son consecuencia de relaciones aceptadas o forzadas con detenidos o por abusos sexuales de algún funcionario. Generalmente, las mujeres se niegan a identificar a los progenitores de sus hijos por miedo a represalias”, revela el informe.

Homicidios, robos y hurtos, las causas de detención más comunes

Huggins señaló que a la lista de delitos por los que ingresaron detenidos a los calabozos se sumaron en 2022 la violencia de género y el abuso infantil. “Estos delitos entraron entre las primeras cinco causas de ingreso a los centros de detención preventiva”. Las detenciones más comunes son por homicidios, robos, hurtos, extorsión, tenencia y distribución de drogas y secuestros.

23 detenidos por protestas

Huggins informó que en 2022 fueron detenidas en calabozos 23 personas por protestar en función de exigir salarios dignos, gasolina, agua, salud, alimentación y electricidad. “Este no fue un año de manifestaciones estudiantiles y políticas, fue uno de protestas sociales”.

Amenazas contra ONG que defienden DDHH de presos

Nieto Palma denunció que organizaciones como Una Ventana a la Libertad son constantemente amenazadas con medidas judiciales y la aplicación de leyes como la aprobada por la Asamblea Nacional chavista el pasado mes de enero, la cual se denomina Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines. “Se trata de un instrumento que busca acabar con todas las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”, dijo.

La ONG recomienda que los calabozos policiales de hoy en día en Venezuela desaparezcan y se conviertan en lo que deben ser: albergues para personas detenidas por un tiempo máximo de 48 horas y con todos los derechos que les corresponden. «Seguiremos siendo la voz de quienes no la tienen”, concluyó. 

Extracciones dentales son frecuentes entre los presos en calabozos de Nueva Esparta
De acuerdo con los familiares deben aplicarse jornadas odontológicas preventivas 

 

Familiares de los privados de libertad dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Nueva Esparta manifestaron que uno de los problemas de salud que afrontan con más frecuencia los reos son los bucales. Las extracciones de piezas dentales son la única solución para estos, debido a que la salud odontológica pública es deficiente.

María Romero, familiar de un privado de libertad del CDP de Ciudad Cartón, relató que es común que los presos se saquen los dientes entre ellos.

“No hay servicios de odontológicos gratuitos. Las muelas y dientes los pierden porque no pueden hacerles un tratamiento de conducto. Simplemente, la solución es sacarlos, ya sea en la celda o en el servicio del Hospital Luis Ortega”.

Además, los funcionarios policiales resaltaron que los permisos que requieren de la fiscalía de Derechos Fundamentales para permitirles salir a atenderlos demoran demasiado.

Juan José Mata, jefe de la sala transitoria y resguardo de Detenidos de Polimaneiro, comentó que un reo requería atención odontológica de emergencia, pero no le llegaba el permiso. Ante esto decidió sacarlo sin este requisito, por humanidad.

A juicio de los familiares deben aplicarse jornadas odontológicas preventivas para los presos dentro de los Centros de Detención Preventiva (CDP).

“La Gobernación de Nueva Esparta debería usar el vagón de odontología del Tren de la Salud para atender a los presos. También son seres humanos, muchos prefieren sacarse los dientes a seguir con ese dolor”, dijo Rosa García, familiar de un reo del CDP de Pampatar.

Además, luego de la extracción dental requieren antibióticos para curar la herida. Muchos toman los que les dan sus familiares, pero de manera incorrecta, con las pastillas que tengan, sin ningún contro

23 personas han sido recluidas en calabozos en Trujillo
Los detenidos son recluidos en los cuatro centros a cargo del Cuerpo de Policía del estado Trujillo en los municipios Valera, Escuque, Trujillo y Boconó

Unas 23 personas, una de ellas mujer, han sido detenidos y recluidos en Centros de Detención Preventiva a cargo del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (CPET) durante los meses de octubre y noviembre. De acuerdo con la información ofrecida por este organismo a medios de comunicación, la mayoría han sido aprehendidos por funcionarios del Servicio de Investigaciones Penales, quienes laboran en una pequeña sede del sector La Beatriz en el municipio Valera.

En dicha instalación no existe el espacio necesario para mantener a los privados de libertad, quienes deben ser trasladados a las cuatro sedes disponibles en los municipios Valera (Centro de Coordinación Policial N.º 2), Escuque (Estación Policial 2.4), Trujillo (Centro de Coordinación Policial Nº1) y Boconó (Centro de Coordinación Policial Nº4).

De los 23 detenidos, 5 son por el delito de drogas, 6 por robo (uno es reincidente), 4 por corrupción, 3 (uno de ellos mujer) por abuso sexual a menores, 1 por extorsión y tenencia de arma y 1 por intento de
homicidio. Según información extraoficial, los privados son transferidos de acuerdo al delito cometido. Aquellos que han cometido abuso o violencia de género ingresan en Valera, mientras el resto va a Escuque.

La femenina, por regla, va hacía Trujillo y únicamente aquellos detenidos en Boconó, se quedan en dicha jurisdicción. Actualmente, el CPET es el organismo con mayor población de privados de libertad, solo por debajo de la Guardia Nacional Bolivariana.

Carlos Nieto Palma Oct 30, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Exorcismos penitenciarios
El cierre y demolición de cárceles en Venezuela es algo así como un exorcismo medieval que busca ahuyentar, sin lograrlo, los grandes males penitenciarios

 

@cnietopalma

En Venezuela, el cierre de centros de reclusión para personas privadas de libertad siempre ha estado relacionado con una especie de rito satánico para eliminar los males que vive nuestro sistema penitenciario. Algo así como un exorcismo medieval que busca alejar o ahuyentar los grandes males de nuestras cárceles o centros de detención preventiva.

Me viene a la memoria cuando el presidente Rafael Caldera, el 16 de marzo de 1997, apretó el botón que activaba la implosión del Internado Judicial de los Flores Catia, popularmente conocido como “Retén de Catia”, un centro penitenciario ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas que funcionó entre los años 1966 y 1997. La implosión del Retén de Catia fue un gran acto público, con una cobertura extraordinaria de medios de comunicación social, globos, música y anuncios oficiales del fin del desastre penitenciario que vivía Venezuela en esos momentos.

Esta práctica de cierres y demoliciones de centros de reclusión fue revivida con la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario el 26 de julio del 2011, cuando la designada como responsable de ese ministerio, la ahora diputada María Iris Varela, inició el cierre masivo de recintos carcelarios de una manera descontrolada. Con ello inició la más grave situación penitenciaria que ha vivido Venezuela en toda su historia.

Son 10 los recintos carcelarios que cerró Iris Varela durante su gestión. Para que lo recuerden, lo refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros, (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial “Los Pinos”. San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure): abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas): agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa): mayo 2020.

El cierre de todos estos recintos carcelarios, sin abrir nuevos sitios de reclusión, es la causa principal de que los centros de detención preventiva del país se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

La crisis en los centros penitenciarios llegó al extremo de que Nicolás Maduro creó el pasado 21 de junio una Comisión para la Revolución Judicial, cuya misión principal es eliminar el retardo procesal y hacinamiento de estos centros, trabajo que se debía terminar en 60 días pero que aún no ha concluido.

El pasado martes 26 de octubre volvimos a ver otro exorcismo carcelario con la demolición del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, conocido como el Retén de Cabimas. Era símbolo del horror carcelario que se vive en los centros de detención preventiva de Venezuela, el único con Medidas Cautelares de Protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde febrero del 2020.

No hubo ningún contratiempo para que encendieran la excavadora y el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, golpeara con una mandarria la fachada principal, anunciando el cierre de una puerta al infierno y finalizando con ello esa gran historia de horror que fueron los últimos años de funcionamiento del Retén de Cabimas.

Lamentablemente la demolición de este recinto no soluciona el problema penitenciario venezolano. Como tampoco lo solucionaron la implosión del Retén de Catia, ni el cierre de 10 cárceles del país por Iris Valera. Es claro que la solución no es ni cerrar, ni demoler cárceles. Las experiencias que he contado lo demuestran.

Mientras no se creen programas de atención a los reclusos que coadyuve a lograr la reinserción social de estos, el respeto a sus derechos humanos, la eliminación del retardo procesal y la profesionalización del personal de prisiones, que son algunas de las muchas soluciones que hay para resolver el caos penitenciario venezolano, la situación no mejorará y seguiremos viendo shows mediáticos como el del Retén de Cabimas, que no soluciona el problema, solo lo trasladan de un sitio a otro.

Instagram: @carlos_nieto_palmacnietopalma@gmail.com

*Director de Una Ventana a la Libertad

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Carlos Nieto Palma Jun 18, 2021 | Actualizado hace 4 semanas
El recule de Iris Varela

@cnietopalma

No dejan de sorprendernos las recientes declaraciones de Iris Varela, exministra para el Servicio Penitenciario y ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional que instaló el régimen el 5 de enero del presente año.

En la sesión del pasado jueves 10 de junio en esa Asamblea Nacional chavista tuvo un recule completo de todo lo que dijo mientras fue titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario, cargo que ejerció desde la creación del mismo, el 26 de julio de 2011, hasta casi su lanzamiento como candidata a la Asamblea Nacional, con un pequeño intervalo de tiempo en que fue miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente convocada por la dictadura de Nicolás Maduro.

En los últimos años mucho he escrito y declarado públicamente del caos que vive el sistema penitenciario venezolano y la irresponsabilidad absoluta del Ministerio para el Servicio Penitenciario en este desastre. Porque según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio, es a este ministerio al que le corresponde velar por los derechos humanos y garantizar las condiciones de vida de todos los privados de libertad, sin importar si están procesados o penados, ni el lugar donde se encuentren.

Una de las características principales de la señora Varela como ministra del MSP durante años, fue alardear de que el sistema penitenciario venezolano era «perfecto”, que no había hacinamiento ni retardo procesal. hasta se atrevió a decir que “Venezuela tenía el mejor sistema penitenciario del mundo”. Y que desde otros países la llamaban a solicitarle consejos para hacer mejoras.

Diputados de la Comisión de Política Interior, entre los que ella estaba, estuvieron recientemente en tres centros de detención en Carora, estado Lara, donde hay privados de libertad pese a no cumplir con las condiciones para mantenerlos allí de manera permanente. Y resulta que la diputada Varela, en su intervención en la Asamblea Nacional, precisó que en esas sedes de los destacamentos de la Guardia Nacional (GN) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) “hay privados de libertad, en reducidos espacios y en condiciones críticas y alarmantes”.

Igualmente habló del retardo procesal existente, donde hay presos que tienen hasta 6 años esperando por la audiencia preliminar; debo aclarar que esta audiencia debería realizarse en los primeros 3 meses de detención aproximadamente, según establece nuestra legislación.

Que arregle el desastre que ella creó

Realmente resultaron asombrosas las declaraciones de la señora Varela sobre esta situación. Pareciera que olvidó por completo que, en los últimos 10 años, era ella la responsable de velar por las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela.

No recuerda la ahora diputada que ante las graves denuncias que hacían las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Una Ventana a la Libertad, de la cual soy su coordinador general, así como familiares, ella guardó silencio y escurrió el bulto, como decimos en criollo, diciendo que eso “no era su responsabilidad”.

Se le olvida a la exministra de Asuntos Penitenciarios que el desastre que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales lo causó ella cuando prohibió el ingreso de reclusos a las cárceles, a menos que el ministerio que dirigía lo autorizara previamente.

Ello trajo como consecuencia que estos sitios se convirtieran en las nuevas cárceles venezolanas, como ella misma lo definió, «en condiciones críticas y alarmantes».

Ojala que este recule de la diputada Iris Varela sirva para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. Que se busque eliminar el retardo procesal tan “alarmante” que se vive en Venezuela; aunque no hay cifras oficiales desde hace muchos años, la población penitenciaria sin sentencia definitiva ronda el 70 %. Y que los calabozos policiales o centros de detención preventiva recuperen su función de tener reclusos solo por lapsos de 48 horas.

Es el momento de que arregle el desastre que ella creó.

Instagram: @carlos_nieto_palma

cnietopalma@gmail.com

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Una Ventana a la Libertad denuncia 32 muertes en 111 centros de reclusión desde octubre
Según un informe de la organización que abarca los últimos seis meses, los fallecidos eran 3 personas que padecían VIH, 24 con tuberculosis, 3 con problemas respiratorios, una con una afección gastrointestinal y otra por un infarto

Foto referencial

La ONG venezolana Una Ventana a la Libertad informó este 17 de mayo que, al menos, 32 presos fallecieron en los distintos centros de detención preventiva de cinco regiones de Venezuela entre octubre de 2020 y abril de 2021 por «falta de atención médica» a enfermos con afecciones graves o crónicas.

Según un informe de la organización que abarca los últimos seis meses, los fallecidos eran 3 personas que padecían VIH, 24 con tuberculosis, 3 con problemas respiratorios, una con una afección gastrointestinal y otra por un infarto.

El documento se redactó después del monitoreo regular de 111 centros de detención preventiva ubicados en los estados Miranda, Nueva Esparta, Zulia, Vargas y el área metropolitana de Caracas, de los cuales 96 están destinados a población civil y 15 a militares que se encuentran presos por diversos motivos.

El informe de la ONG alertó, además, del hacinamiento en los centros que -asegura- albergan a 11.527 detenidos en espacios con capacidad para 3.207 privados de libertad, lo que significa un 311 % de excedente de presos con medidas preventivas retenidos.

Entre los reos, se encuentran 10.393 hombres y 1.134 mujeres, según detalla la organización.

Una Ventana a la Libertad también denunció que ninguno de los centros monitoreados cuenta con comedor para o espacios adecuados para que los privados de libertad puedan comer.

Asimismo, la ONG aseguró que 70 de estos centros, es decir, el 63 % no tienen baños para asearse y realizar sus necesidades fisiológicas, sin detallar en qué estados se ubican los que tienen esta carencia.

Además, señaló que solo el 18 % del total tienen agua potable para consumo o aseo.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian, de manera reiterada, que en las cárceles y centros de reclusión preventiva en Venezuela, no se dan las condiciones para que los derechos humanos contemplados por la ONU se cumplan.

Denuncian que cuarentena radical solo se cumple en CDP de Nueva Esparta
Familiares de detenidos dicen que visitas están restringidas 

Los familiares de los privados de libertad de los Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Nueva Esparta denunciaron que sólo en los calabozos se respeta la semana de cuarentena estricta, mientras que en espacios como Centros Comerciales, bingos y restaurantes están abiertos.

“Acá la semana radical es solo para los presos, porque esa semana se prohíbe la visita, pero vas al Sambil y está abierto, los bingos están abiertos y los restaurantes tienen gente comiendo en el sitio. Los presos y sus familiares son los únicos que se les restringe la visita. Nosotros usamos tapabocas y nos cuidamos del virus, por qué se nos priva ese derecho”, reseñó Yuraima Marcano, familiar de un privado de libertad del CDP de PoliMariño.

Los allegados de los presos reseñaron que el único momento que tienen para compartir es los miércoles y los sábados, pero ahora esto es cada dos semanas.

“Cuando la pandemia inició nos privaron de las visitas y todos los presos se contagiaron de COVID-19. El virus penetró igual al calabozo. Entonces cuál es el chiste, sabemos que son presos que pagan una condena, pero la visita es un derecho. Si en la Isla no se respeta la cuarentena, porque en las bases sí, es injusto”, dijo Maritza Rodríguez, madre de un preso del CDP de la Policía Nacional Bolivariana en Porlamar.

Pidieron a las autoridades policiales ser flexibles con las visitas en los CDP en la semana de cuarentena estricta y se comprometen a respetar las medidas de bioseguridad para evitar brotes.

Carlos Nieto Palma Jul 31, 2020 | Actualizado hace 4 semanas

Presos hacinados en un calabozo de Polisalias, en Altos Mirandinos, estado Miranda. Foto en el pódcast Voces del desamparo.

@cnietopalma 

Después de 4 meses de que la covid-19 llegara a Venezuela sin que se hubiesen reportado casos de privados de libertad con esta terrible enfermedad, comenzamos a ver la aparición de esta pandemia en centros de reclusión en Venezuela.

Habíamos advertido muchas veces, desde este espacio, de los peligros que representa la llegada del coronavirus tanto a las cárceles como a los centros de detención preventiva. Era imposible cumplir con las medidas básicas para evitar la propagación de la enfermedad por el grave hacinamiento que existe en estos sitios. A esta situación se suma la falta de higiene y enfermedades preexistentes como la tuberculosis y la desnutrición, que ya ocurre desde hace varios años.

Presos hambrientos

Presos hambrientos

Riesgo de contagio masivo

Igualmente, a pesar de las innumerables recomendaciones que se han hecho desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la única medida que ha tomado el Estado venezolano, es suspender las visitas de familiares y el otorgamiento de unas cuantas medidas sustitutivas a la prisión. Algunas bajo una medida algo turbia que existe en el Código Orgánico Penitenciario llamada Régimen de Confianza Tutelado, a la que,  en mi opinión, le están dando una aplicación diferente a la estipulada en la norma.

Dijimos en artículos anteriores que la llegada de la covid-19 a nuestras cárceles sería una gran tragedia porque las posibilidades de contagiar en forma masiva a los demás presos eran evidentes. Principalmente por el hacinamiento extremo que vivimos en las cárceles y centros de detención preventiva, que impide que las medidas de prevención como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y el uso del tapabocas sean imposibles de cumplir.

Lamentablemente, y con gran dolor, hoy debo de decir que ya el coronavirus llego a la población penitenciaria de Venezuela.

42 casos de presos con covid-19

Al momento de escribir estas líneas tenemos 42 casos confirmados por autoridades regionales de los estados Miranda, Lara y Nueva Esparta.

El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en la entidad larense se detectó el 22 de junio en un comando vial de la Policía de Lara que se ubica en Tintorero, municipio Jiménez. Específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo. Dicho caso fue anunciado por la gobernadora del estado, Carmen Meléndez. El segundo caso lo dio a conocer Meléndez el pasado 30 de junio en un programa radial que tiene. Se encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, frontera con Zulia.

El día 15 de julio, la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Wisely Álvarez, indicó que hay 4 reclusos contagiados en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda. Mientras que en la cárcel de Ramo Verde hay uno. En ese recinto se encuentran privados de libertad un número importante de los presos políticos de Venezuela. Esto nos da una cifra de 5 reclusos con covid-19 en el estado Miranda.

Los últimos casos de covid-19 de reclusos en Venezuela las dio a conocer el representante del régimen de Nicolás Maduro en Nueva Esparta, Dante Rivas. El vocero informó el pasado sábado 25 de julio, a través de sus redes sociales, que 35 reclusos dieron positivos a COVID-19 en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en el sector Sabanamar de Porlamar, municipio Mariño.

Síntomas sin despistaje

Aun y cuando en los reportes que dan diariamente diversos representantes del régimen, nunca han hablado de esto. Estas cifras, sin embargo, se basan en declaraciones de voceros autorizados.

Como siempre ocurre, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, guarda silencio o miente en casos como estos. Algo que no debe extrañarnos.

Quiero finalizar expresando mi preocupación por esto: en los últimos días en las cárceles de Lara, Carabobo y Miranda han ocurrido varias muertes causadas por tuberculosis y desnutrición. Igualmente, en diferentes centros de detención preventiva del país se han reportado cuadros febriles y problemas respiratorios. Sin embargo, a muy pocos se les ha practicado la prueba para determinar si hay más presos con covid-19.

Mientras no se atienda a los reclusos en Venezuela y se les practique la prueba de despistaje será muy difícil determinar cuántos tienen la enfermedad o no. Lo cierto es que ya llegó y lamentablemente creo que para quedarse.

Es responsabilidad del régimen garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos y la salud es uno de estos. En las manos de sus funcionarios está la solución.

cnietopalma@gmail.com

 

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