Centro de Justicia y Paz

Un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló este viernes, 24 de febrero, que en Venezuela se registraron 187 casos de «persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía» durante enero de 2023.

De acuerdo con el informe más reciente de la organización, la cifra equivale a que «cada cuatro horas una persona fue perseguida o criminalizada en Venezuela» durante enero.

Indicó que del total de casos computados, 94 fueron contra la ciudadanía en general y, la mayoría, tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.

«A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el Gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos», aseveró la ONG.

Un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron «actos de hostigamiento y amenaza» en contra de varias ONG.

La ONG calificó de «alarmante arremetida» la persecución registrada durante el mes pasado, e insistió en que se trata de «patrones específicos que utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida».

*Con información de EFE

Más sobre este tema:

Foro Penal contabilizó 269 presos políticos en Venezuela

Leer más

De acuerdo con la ONG Cepaz, durante septiembre de 2022 se contabilizaron al menos tres casos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra periodistas

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 421 casos de persecución y criminalización en Venezuela hasta septiembre de 2022, de los cuales, 156 casos son de trabajadores de la comunicación.

De acuerdo con el informe de Cepaz, el resto de los casos se distribuyen de la siguiente manera:

– 97 casos contra personeros políticos.

– 93 contra agentes de la Fuerza Armada Nacional.

– 46 contra la población en general.

– 23 contra organizaciones de la sociedad civil.

– 6 contra universidades.

Durante septiembre se documentaron 36 actos de persecución y criminalización ejercidos, según afirman, en el contexto de una política del gobierno de Nicolás Maduro «para mantenerse en el poder.».

Según los datos de Cepaz, durante septiembre se contabilizaron 11 actos de hostigamiento o amenazas, seis procesos irregulares y arbitrarios, tres impedimentos de registrar un hecho noticioso, el cierre de 15 emisoras de radio y el cierre de un programa de radio.

Hostigamiento contra periodistas

De acuerdo con la ONG Cepaz, durante septiembre de 2022, se contabilizaron al menos tres casos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra periodistas y trabajadores de la comunicación.

Al respecto, señalaron que los casos ocurrieron a manos de funcionarios al servicio del Estado, «quienes sirven reiteradamente para ejercer la política de persecución y criminalización».

Uno de los casos fue contra el periodista Elvis Rivas. El presidente de Venezolana de Teleféricos tildó al periodista de «palangrista», lo que llevó a que seguidores del funcionario se hicieran eco de estas ofensas.

Impedimentos para ejercer las labores periodísticas

Cepaz reportó ataques, limitaciones y obstáculos a la labor de los trabajadores de la comunicación para evitar la exposición pública de hechos noticiosos.

Además, registró que hubo prohibiciones de grabar o fotografiar acontecimientos relevantes para la población.

Uno fue el caso del periodista Freddy Ramírez, a quien le impidieron grabar en el puente Simón Bolívar, del lado venezolano.

También, una persona sin identificación trató de impedir que los medios de comunicación, sobre todo al equipo de prensa de Venevisión, grabaran una protesta de jubilados de la Corporación Eléctrica Nacional.

Puede leer el informe completo aquí

Más sobre este tema:

Espacio Público: Venezuela batió récord de cierres de emisoras de radio en 2022

Leer más

La organización señaló que, como consecuencia de estos crímenes, siete niños quedaron huérfanos, y en uno de los casos, uno de ellos fue testigo presencial de la muerte violenta de su madre

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció que entre el 1 y 30 de septiembre documentaron 30 feminicidios consumados y 11 intentos frustrados, lo que representa en promedio una acción de esta naturaleza contra la mujer cada 18 horas.

«El 63,4 % de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y 2 de ellas estaban embarazadas. Los crímenes ocurrieron: el 23,3 % en Miranda; el 16,7 % de los feminicidios ocurrió en el Distrito Capital, el 10 % en Aragua y el 10 % en Sucre«, explicaron en una nota de prensa.

Más sobre este tema:

Denuncian ante la CIDH las fallas del Estado venezolano en la protección de DDHH de las mujeres

Leer más

La organización señaló, además, que como consecuencia de estos crímenes, siete niños quedaron huérfanos, y en uno de los casos, uno de ellos fue testigo presencial de la muerte violenta de su madre.

Cepaz indicó que en el 66,7 % de los casos no se estableció la edad del agresor y el 23,3 % de los victimarios tienen edades comprendidas entre 36 y 51 años de edad.

Además, en tres de los casos reportados el agresor está presuntamente vinculado a una organización criminal.

«En cuanto a la detención del agresor, el 66,7 % están en situación de fuga. El 10 % fue aprehendido a lo largo de la investigación policial y otro 10 % mueren en el contexto de los hechos. En tres de los casos, el feminicida intentó suicidarse y uno de ellos lo intentó y no lo consiguió», añadió la organización.

Sobre los vínculos entre la víctima y el agresor, Cepaz encontró que en el 30 % de los casos había relación de pareja y exparejas.

«En lo que respecta a la aparente motivación del feminicidio, el 13,3 % de los casos refiere que la víctima había decidido separarse del agresor y en 10 % se trató de venganza por parte de organizaciones criminales. El 6,7 % los hechos estuvieron precedidos de un arranque de celos o alegatos de infidelidad», señalaron.

Cepaz sostuvo que en el 36,7 % de las situaciones las mujeres mueren producto de disparos de bala, el 13 % asfixiadas o estranguladas y el 10 % acuchillada.

La ONG se mostró preocupada por la «ausencia del Estado ante injusticias que cada vez se vuelven más atroces y que involucran niños que, lastimosamente, han tenido que presenciar el asesinato de su progenitora, sin pensar en el daño psicológico que esto pueda causarle a futuro».

«Siguen sin existir políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar porque, en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica, las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida», apostillaron.

De igual forma, criticaron que el Estado venezolano no publique cifras oficiales sobre femicidio o violencia de género, lo que ayudaría a tomar acciones y generar políticas públicas.

«Más bien se dificulta cada vez más el acceso, tanto para la sociedad civil como para las propias víctimas», puntualizó Cepaz.

Las organizaciones Funcamama, Acción Solidaria, Prepara Familia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Unión Afirmativa se unieron para promover la atención de niñas y mujeres, a quienes consideran los grupos más vulnerables en medio de la emergencia humanitaria en Venezuela.

Por esto lanzaron la iniciativa «Con Ellas», una plataforma cuyo objetivo es canalizar las ayudas y continuar con su labor de asistencia.

Con sus programas humanitarios, las cinco organizaciones antes mencionadas apoyaron a más de noventa mil mujeres en el 2019.

Los recursos recaudados a través de los aportes voluntarios serán dirigidos para apoyar las actividades de los cinco programas humanitarios dirigidos a mujeres y niñas en Venezuela, los cuales incluyen la atención y acciones de asistencia de sus derechos sexuales y reproductivos, alimentación, salud y derecho a una vida libre de violencia, entre otros.

El Observatorio Electoral Venezolano, Un Mundo sin Mordaza y la Red Electoral Ciudadana, que fueron veedores de los comicios del 20-M, registraron que en la mayoría de los centros electorales se cometieron irregularidades que violaron las leyes, la Constitución y el acuerdo de garantías que firmaron los candidatos con el CNE.

“El proceso electoral terminó como empezó, mal, por las irregularidades que no debieron ocurrir; por tanto, termina siendo ilegitimo”, manifestó Luis Lander, integrante de la directiva del OEV.

En el informe sobre irregularidades durante las presidenciales, la Red Electoral Ciudadana, integrada por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia en alianza con el Centro de Justicia y Paz y Voto Joven, reveló que alrededor de 68% de los electores de 11 estados fueron presionados a votar por una tendencia política. Esa cifra es el mismo número porcentual de los ciudadanos a los que militantes del PSUV los obligaron a escanear el carnet de la patria fuera de los centros electorales luego de sufragar.

La ONG Un Mundo sin Mordaza registró que en 67,2% de los 546 centros electorales de 15 estados donde tuvieron voluntarios, hubo presencia de toldos del PSUV en las inmediaciones. La REC contabilizó la misma situación en 62% de su muestra.

Más información en El Nacional.

LAS ORGANIZACIONES PROGRAMA VENEZOLANO de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Proiuris; Centro de Justicia y Paz; Comisión Internacional de Juristas y Transparencia Venezuela, participaron este martes en la audiencia sobre “Situación de la Institucionalidad Democrática en Venezuela”, convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 165° período ordinario de sesiones que se celebra en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En este espacio, Provea presentó su informe especial sobre la ruta tomada por el gobierno de Nicolás Maduro para convertirse en una dictadura, que erosionó la institucionalidad democrática en el país y extinguió el Estado de Derecho. Este informe, titulado “La ruta hacía la dictadura”, describe las medidas y acciones tomadas por el gobierno de Maduro para cerrar los espacios democráticos en el país y suspender -de forma irrita e inconstitucional-, el derecho al sufragio; la manifestación y reunión pacíficas y amenazar severamente el derecho a la libre expresión. Este trabajo sirvió además de encarte especial de nuestro Informe Anual 2016.

Desde octubre del año 2016 Provea decidió calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura del Siglo XXI”, cuyo referente inmediatamente anterior es el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, entre los años 1990 y 2000.

ODH-ULA expuso erosión de la libertad académica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los defensores de Derechos Humanos presentaron ante la CIDH la problemática de las universidades en el país que refleja la erosión progresiva de las bases de la autonomía universitaria y la libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro se dedica sistemáticamente y de manera deliberada a colocar la educación superior al servicio de un proyecto ideológico, situación constante desde el año 2003.

Dijo que con esa política las consecuencias son, entre muchas otras, la suspensión de las elecciones de autoridades universitarias y estudiantiles, con el fin de resaltar la ilegitimidad de las mismas que tienen su período vencido para imponer a dedo nuevas figuras, como ya ocurrió en la Universidad Simón Bolívar (USB) e intentan hacerlo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Hocevar resaltó que suman ya 43 las sentencias dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales obstaculizan la realización de elecciones, dándole argumento al gobierno para nombrar nuevas autoridades afectas a su corriente política.

Por otra parte, recordó que la erosión a la autonomía universitaria se traduce en una institucionalidad paralela que no es autónoma y ejerce políticas discriminatorias hacia quienes expresan una posición crítica, así como en la imposición de normativas, reglas y sentencias judiciales que desconocen la autonomía universitaria.

La baja calidad de la educación, la inseguridad jurídica que reina en el entorno del sector universitario y las políticas de discriminación, acoso y persecución hacia profesores y estudiantes universitarios que expresan sus opiniones críticas, fueron otros aspectos que expusieron David Gamboa y Mayda Hocevar en la audiencia del 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte David Gamboa, de LUZ, exigió el cese de cualquier práctica del Estado dirigida a erosionar la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos vinculados al ámbito universitario.

Manifestó que la relación de la libertad académica y la democracia es consustancial, por lo que resaltó que en Venezuela el libre pensamiento está bajo amenaza, lo que es incompatible con la democracia.

*Con información de Prensa ODH-ULA

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior recibieron este martes la visita de varias organizaciones defensoras de los DDHH, donde  intercambiaron ideas y unificaron criterios para denunciar, caso por caso, las violaciones a los derechos humanos y la persecución política en Venezuela.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, encabezó la reunión en la que estuvieron presentes los directivos del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero y Gonzalo Himiob; el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Francisco Paz; la directora del Centro de Justicia y paz (Cepax), Beatriz Borges; la abogada del Foro Penal, Mariela Suárez y la ex fiscal del Ministerio Público, Sorelis García, y donde aprobaron iniciar mesas de trabajo para dar a conocer casos puntuales y procedimientos a seguir para denunciar y documentar la violaciones de derechos humanos y la persecución política en el ámbito nacional e internacional.

Borges planteó realizar una alianza de la Asamblea Nacional con la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para tratar de frenar las acciones del Gobierno y lograr que la justicia se imponga en el país. “Hay que subirle el costo político al Gobierno, determinando responsabilidades”, dijo.

“Uno de los aportes que quiere la Asamblea Nacional es sumar a las organizaciones no gubernamentales en la lucha por la justicia y la paz de Venezuela, además de levantar los casos de violaciones de derechos humanos y persecución política a la que están siendo sometidos diputados, líderes políticos y la sociedad civil en general por parte de funcionarios del Estado con nombres y apellidos en el ámbito nacional e internacional”, precisó.

El presidente de la Asamblea Nacional se refirió al caso del diputado Gilber Caro, detenido el pasado 11 de enero, y dijo que se le ha violado la inmunidad y que además el Gobierno pretende utilizar los tribunales militares para juzgarlo.

Al respecto, el director del Foro Penal Alfredo Romero recomendó “abrir un procedimiento y una investigación a los funcionarios involucrados en la detención de Gilber Caro para que la Asamblea Nacional pueda establecer responsabilidades políticas a los involucrados”.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, propuso realizar un foro abierto para presentar los casos recopilados por las ONG’S y por la dirección de Derechos Humanos de la Comisión para unificarlos y realizar un informe conjunto sobre los casos de persecución política.

Este miércoles 13 de Julio de 2016, organizaciones no gubernamentales acudieron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de introducir un recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la cual establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Militar.

La acción judicial busca revertir los efectos inconstitucionales de la norma, que limita el derecho al libre desenvolvimiento de los venezolanos, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de asociación; así como la afectación de los derechos al trabajo y la educación.

Además de introducir el recurso de nulidad, también introdujeron una acción de amparo cautelar contra los artículos 35, 38, 39, 40, 41, 42 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 76, 82, 83, 85, 97,  99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

Para estas organización, las sanciones y consecuencias del no registro viola los artículos 20, 21, 52, 61, 87, 102 y 134 de la Constitución; artículos 18, 22 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos; artículos 18 y 20 de la declaración Universal de los Derechos Humanos; y el artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Las organización firmantes del recurso son: Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Laboratorio de Paz (LABPAZ), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), y Civilis Derechos Humanos (CIVILIS) Espacio Público (EP), y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).