Centro de detención preventiva

La principal causa de fallecimiento es por enfermedades entre la que destaca la tuberculosis 

17 muertes de detenidos registró la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en el estado Lara durante 2023.

La Comunidad Penitenciaria Fénix, el Centro Penitenciario David Viloria, la sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora y el Bloque de Búsqueda y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Metropolitano de la Policía del estado Lara (Polilara) fueron los lugares donde hubo al menos un detenido muerto el año pasado.

De acuerdo a la investigación de UVL, Fénix fue el lugar donde hubo más decesos con un total de 10, seguido de Viloria (conocido también como Uribana) con cuatro. El Cicpc sumó dos (uno de Carora y otro del Bloque de Búsqueda) y en el Metropolitano hubo otro fallecido. 

Algunos de los detenidos murieron en el hospital “Antonio María Pineda» de Barquisimeto, durante el traslado al centro de salud o en labores de recaptura por fuga como en el caso de Polilara.

La principal causa de muerte entre la decena de fallecidos en Fénix fue por enfermedades, siendo la tuberculosis el padecimiento más común. También se registraron muertos por cáncer, un tumor cerebral y cirrosis hepática.

En la cárcel de Uribana hubo muertos por tuberculosis, cáncer y hemorragia digestiva. Familiares denunciaron que la falta de atención médica oportuna, dificultades para la alimentación, escasez de agua potable y pocos traslados a centros de salud afectan a los presos enfermos y en algunos casos producen la muerte bajo custodia del Estado.

Del total de fallecidos, dos fueron mujeres: Berkys Josefina Maita De Ahmad murió en febrero de 2023, seis meses después de que llegara a Fénix proveniente del estado Bolívar, donde también estaba presa. La mujer de 61 años de edad sufría de cáncer de pulmón, además de otras enfermedades, y estando en el penal larense su estado de salud empeoró.

En octubre falleció en Fénix otra mujer que no pudo ser identificada y que estaba hospitalizada en el “Antonio María Pineda” porque padecía cáncer.

La tendencia de fallecidos en prisión en el estado Lara desde 2022 se ha reducido en 19 por ciento según los monitoreos de UVL. En 2022 se contabilizaron 21 reos muertos.

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Más de 200 privados de libertad se declaran en protesta porque no quieren que un comisario, que ya fue denunciado por maltratos, vuelva a tomar las riendas de este centro de detención 

Con gritos de “fuera, fuera, fuera”, cacerolazos y entonando el himno nacional los más de 200  privados de libertad que se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Pata ‘e Palo de la Policía Nacional Bolivariana de Barquisimeto se alzaron contra la reasignación de un comisario jefe porque, supuestamente, viola los derechos humanos de los prisioneros y de sus familiares. 

El alzamiento de los reclusos, según fuentes internas de Pata ‘e Palo y de familiares de reos, fue catalogado por los mismos privados como pacifico e inició en horas de la mañana de este lunes 31 de julio al enterarse que al CDP llegaría a dirigirlo un comisario que fue denunciado anteriormente por diferentes irregularidades. De acuerdo a los consultados y videos que les hicieron llegar a Una Ventana a la Libertad (UVL), los presos no quieren que el funcionario Wilfredo Mujica vuelva a la dirección de la estación porque él supuestamente “los extorsiona y los maltrata”. 

“No queremos extorsiones. Mujica extorsionador, no te queremos” eran parte de los reclamos que hacían los privados de libertad desde sus celdas. Durante la protesta, varios funcionarios policiales destacados allí mediaban y pedían calma a los reclusos al mismo tiempo que redoblaban la seguridad dentro y fuera de la estación que se ubica en la muy transitada avenida Libertador de la capital y a pocos metros del principal hospital del estado Lara.

No es la primera vez que se registran denuncias contra Mujica por maltratos, abusos de poder o procederes irregulares en la custodia de los privados de libertad. En noviembre de 2022, abogados de los hermanos Avendaño Escuela, fotografías y familiares dieron a conocer públicamente el presunto castigo que recibían estos dos hombres al ser esposados pegados a una ventana, con sus brazos en alza y el uno contra el otro. En esa oportunidad, otros parientes aprovecharon para denunciar a UVL que los policías pedían dinero para ingresar alimentos, medicinas, permitir visitas, traslados a tribunales, a los baños o simplemente entregarle cartas que escribían los procesados.

Luego de esa denuncia,  el diario regional La Prensa desmintió que en la PNB de Pata ‘e Palo realizaran maltratos y el supervisor Héctor Salcedo declaró que los funcionarios no podían acceder “a los caprichos” de los presos pues todos “contaban con sus horarios y nosotros (los policías) no cobramos para llevarlos a los baños”, declaró el tercero al mando del Centro de Resguardo del detenido en Lara para esa oportunidad. 

En otra publicación de La Prensa, el comisario Mujica (el hoy señalado por los reos) explicó que en ese CDP las condiciones de los calabozos (hay aproximadamente 6 y estaban construyendo más) habían mejorado con respecto a otras gestiones. “Poco a poco se ha hecho correctivos, se ha capacitado a los funcionarios para el respeto de los derechos humanos y salud de detenidos”, comentó Mujica para el medio de comunicación citado. 

Todas las semanas deben colaborar con un dólar para pagar un camión cisterna de 10 mil litros

Los familiares de los privados de libertad del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la GNB en Santa Ana, en la isla de Margarita, aseguraron que la crisis que viven con el suministro de agua es fuerte. Todas las semanas deben colaborar con un dólar americano, para pagar un camión cisterna de 10 mil litros.

Arelys Marcano, familiar, aseguró que aunque un dólar parece poco, con este dejan de comprar sardinas o harina de maíz, para la comida.

“El agua se demora en llegar a la base hasta un mes y pico, eso es demasiado. Nadie tiene capacidad para almacenar agua tantos días y menos un calabozo con ese gentío adentro. Todas las semanas se tiene que dar un dólar, que se podría usar para comida”.

Asimismo, los familiares reseñaron que esa agua es solo para aseo personal y limpieza, ya que no la pueden consumir. La mayoría de las personas llevan agua hervida desde sus hogares para el consumo de cada preso.

“Yo cargo dos veces a la semana con botellones de cinco litros de agua hervida, para evitar que se enferme mi hijo. Por consumir agua sin tratamiento le han dado diarreas en el pasado y eso es una gastadera adicional. La mayoría no tenemos ese dólar sobrando, pero no hay opción”, dijo Yulielsy Zambrano.

Los allegados de los presos del CDP de la GNB en Santa Ana destacaron que el dinero que sobra, es para la compra de productos de limpieza para los baños y los calabozos.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 19 de diciembre

Tres detenidos se fugaron del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la policía municipal de Infante, en Valle de La Pascua, estado Guárico, luego de apuñalar a un oficial que se encontraba de guardia, la madrugada de este lunes 19 de diciembre.

Los evadidos quedaron identificados como: Félix Yoniel Higuera, de 20 años, apodado “El Gordo”; Raúl José Ruíz Ortega, de 20 años, alias “El Bebé” y José Alejandro Farías Mania, de 21 años, apodado “Gasparín.

Según el parte policial, los detenidos apuñalaron con un punzón, en la región del tórax y abdomen, a un uniformado de Poli-Infante y posteriormente lograron fugarse del retén de la policia municipal, en Valle de La Pascua.

El funcionario herido fue llevado de emergencia a un centro médico de la localidad, donde recibió atención inmediata y permanecía en delicado estado de salud.

Se conoció que funcionarios de la policía municipal de Infante y los distintos cuerpos de seguridad regional y nacional en La Pascua activaron un operativo de búsqueda para intentar dar con el paradero de los evadidos.

El gobierno no tiene idea de la crisis de los calabozos policiales, por eso la ‘Revolución Judicial’ poco logró al concluir este 21/8 el temerario plazo de 2 meses que dio Maduro para resolverla

@cnietopalma

El pasado 21 de agosto se cumplieron 60 días desde que Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado realizada en el Palacio de Miraflores, creara la Comisión para la Revolución Judicial. Entonces fueron designados los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello y Cilia Flores, en calidad de presidente y vicepresidenta, así como por la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, como secretaria.

Según palabras del propio Maduro en esa oportunidad, “En un plazo de 60 días la Comisión Especial deberá solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país”. 

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Ya los 60 días de plazo acordado transcurrieron. Por eso hoy quiero hacer un breve análisis del trabajo que, en líneas generales y según nuestra apreciación, ha efectuado esta comisión.

En primer lugar, tal y como lo dijimos cuando fue creada, el lapso de 60 días dado por Maduro para descongestionar los centros de detención preventiva del país, así como para solucionar el retardo procesal, era muy corto para la magnitud del problema. 60 días después vemos que no se ha logrado el objetivo planteado.

Si bien es importante que al fin el gobierno asumiera la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales y se hayan tomado medidas al respecto, considero que no se tenía una verdadera idea de la grave situación de estos recintos. Esto impidió una planificación detallada del trabajo a realizar, así como la confección de un manual de procedimientos a ser aplicado por todos los que participan de esta comisión, una de las más grandes debilidades que tiene.

Como lo he denunciado en muchas oportunidades, los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de estos tiempos, a pesar de que son recintos para alojar a privados de libertad por lapsos no mayores a 48 horas. Por su misma naturaleza temporal o de tránsito, no reúnen condiciones ni de infraestructura, ni higiénicas, ni de seguridad para tener a presos de manera permanente, como viene ocurriendo desde hace varios años.

La crisis de los calabozos se llama Iris Varela

No podemos olvidar que la situación de los centros de detención preventiva es consecuencia de una decisión arbitraria de la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Hace unos cuantos años, el 3 de agosto de 2011 para ser exactos, decidió prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese ministerio, si ella no lo autorizaba. Esta y ninguna otra es la causa de que estos recintos se hayan convertido en las nuevas cárceles de la revolución.

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A esto hay que agregarle que el retraso procesal en Venezuela afecta aproximadamente al 70 % de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada como la más alta del continente.

El trabajo de la comisión va a continuar. Los 60 días anunciados quedaron cortos para cumplir con el trabajo asignado. Como recomendación para que se pueda lograr el cometido propuesto de descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales, es necesario la construcción de nuevos recintos carcelarios. Hay estructuras prefabricadas que en otros países han dado buenos resultados y su construcción se hace en corto tiempo. Otra opción puede ser rehabilitar los recintos carcelarios que fueron cerrados por el Ministerio Penitenciario y ponerlos nuevamente en uso.

Como reflexión final, me viene a la memoria que cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, hace ya 10 años, una de las primeras promesas de la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, fue la construcción de un recinto carcelario en cada estado del país para reclusos procesados. Hasta el presidente Hugo Chávez emitió en el momento un decreto emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, pero nada de esto se cumplió. Ningún recinto se construyó y por eso el caos que vive nuestro sistema penitenciario en la actualidad.

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EL QUINTO PRIVADO DE LIBERTAD que muere en Lara tras estar en un Centro de Detención Preventiva falleció el sábado de gloria, 20 de abril de 2019, en horas de la noche luego de que fuera trasladado a la emergencia del hospital central Antonio María Pined Orgendri Alexis Ramírez, de 24 años de edad, se encontraba recluido en el Centro de Coordinación Policial Norte, mejor conocido como “Prados del Norte” de la policía del estado Lara. El sábado en horas de la mañana, debido a su condición, en una patrulla lo llevaron hasta la emergencia del central pues manifestó sentirse muy mal. Al hombre lo montaron en la parte de atrás de la unidad, lo acostaron en la cabina que no tiene techo y con un tapaboca lo llevaron para que recibiera atención médica.

Según se pudo conocer, Orgendri no podía caminar por lo débil que estaba. De hecho, cuando fue ingresado en la sala de urgencia un funcionario policial debió cargarlo. Su aspecto era pálido y se veía que estaba desnutrido. Vestía franelilla blanca ruñida, shores amarillos y chancletas.

“Él le pedía a su familia que lo ayudaran a salir de allí, porque les decía que se estaba muriendo. Estaba así desde hace como tres meses”, comentó un policía que trabaja en esa comisaría respecto a lo grave en que se encontraba de salud.

Aunque fue atendido por los médicos, Ramírez murió en horas de la noche de un paro respiratorio. De acuerdo al personal que trabaja en la morgue, el cuerpo de Ramírez estaba «extremadamente demacrado» por la tuberculosis. Se intentó localizar a sus familiares para obtener más detalles sobre su caso, pero no fueron hallados.

Junto a Ramírez, otros cuatro presos murieron este 2019 dentro de los calabozos de centros de reclusión preventivos de la Guardia Nacional (GNB) y Cicpc en Lara por las precarias condiciones de salud que padecían.

Una Ventana a la Libertad 

POR SEGUNDA OPORTUNIDAD EN POCO MÁS DE UN MES, este jueves 28 de diciembre de 2017 las autoridades policiales realizaron una requisa en el retén de Polimérida ubicado en el sector Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, estado Mérida, al occidente de Venezuela.

En la requisa fueron incautadas 25 armas blancas, conocidas como “chuzos”,  un envoltorio de presunta droga y cuatro pipas de fabricación carcelaria, usada para el consumo de estupefacientes.

La inspección en la Sección de Registro y Control de Detenidos del Comando general de Polimérida, como se le conoce al retén de Glorias Patrias, fue realizada por aproximadamente 200 funcionarios policiales y contó con la presencia del defensor Delegado del Pueblo, José Luis Colmenares.

No se conocieron denuncias de familiares de presuntas violaciones de Derechos Humanos a los privados de libertad durante la inspección.

Esta es la segunda requisa que se realiza en 42 días en el Centro de Detención Preventiva (CDP) donde hay un hacinamiento del 300% y lo realizó el cuerpo policial intervenido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde el pasado mes de octubre de 2017.

La operación la realizaron en aproximadamente tres horas y las imágenes del retén dejan ver las condiciones en las que permanecen los privados de libertad, ya que se observan hamacas guindadas muy cerca del techo una sobre otra, hacinamiento que han denunciado en reiteradas oportunidades familiares de los privados de libertad.

Según el comandante de Polimérida, General Ender Chacón, el operativo se realizó en todos los retenes que tiene la institución policial “para mantener la paz y buena convivencia de los reclusos y la tranquilidad de estos recintos”.

Con información de Acceso a la Justicia 

ESTE LUNES 10 DE OCTUBRE ascendió a tres la cifra de presos que, en menos de un mes, han muerto en calabozos policiales ubicados en la Gran Caracas. El caso más reciente se registró en la celda 5 de la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleita.

Aunque fuentes extraoficiales reportaron el fallecimiento y se confirmó que a la 1:20 de la tarde una furgoneta del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) retiró el cadáver del preso, el resultado de la autopsia determinará cuál es la causa de la muerte.

Funcionarios de la PNB aseguran que el fallecido estaba indocumentado y que murió por desnutrición, pues ningún familiar le llevaba alimentos. Sin embargo, parientes de los reclusos también manejan una segunda versión: que el reo murió por politraumatismo. «Me dijeron que le golpearon la cabeza con palos, y que por eso murió. Me quedé esperando los potes de la comida que le traje a mi hijo, pero no me los pudieron entregar porque en la celda 5 estaba el forense y los funcionarios del Cicpc», aseguró la madre de un preso.

Denunciaron cobros de vacunas

Las mujeres que estaban en las afueras de la PNB de Boleita, también conocida como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, denunciaron que a diario deben cancelar entre 300 y 500 bolívares a los funcionarios para que les entreguen los alimentos que les llevan a sus parientes. «Esos son los precios que cobran los policías más solidarios, porque hay unos que cobran hasta 1.500 bolívares. No es justo porque a veces los policías le quitan la comida a nuestros familiares y les revisan los alimentos que les traemos», manifestó la esposa de un recluso.

La madre de un preso, que está detenido en esa sede policial desde hace cinco meses por homicidio, refirió que su hijo pagó 5.000 bolívares para poder tener celular: «Al principio pagó 5.000 bolívares para poder tener el teléfono con él y después, cuando otro policía supo que él tenía celular, le cobró 1.500 bolívares más».

De acuerdo con fuentes extraoficiales, en la actualidad hay más de 550 presos detenidos en la PNB de Boleita. En esa sede hay aproximadamente 80 funcionarios privados de libertad por estar involucrados en distintos delitos.