Censura

La ONG Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) denunciaron este 5 de abril que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora radial Excelente 107.9 FM en Upata, en el estado Bolívar, a 55 kilómetros al sur de Ciudad Guayana. 

 «Es la segunda estación que Conatel cierra en esa región en menos de un mes», alertó la ONG. En ambos casos, Conatel cerró las emisoras por el presunto vencimiento de sus concesiones, requisito que el Estado no ha renovado en más de 10 años. 

Mientras, el Observatorio de derechos humanos de la ONG Fundaredes agregó que el Estado «intimidó» a los trabajadores de la prensa de Excelente 107.9 FM y «decomisó» los equipos de trasmisión de la emisora. 

del cinco de abril, solicitando de forma intimidante la documentación que la autoriza a usar la señal.

En menos de un mes se han cerrado dos emisoras en la misma localidad, sumándose a un patrón de censura que ha afectado a otras emisoras en años anteriores…

— Observatorio de DDHH Redes (@Obs_REDES) April 6, 2024

El ruido blanco de la censura en Bolívar

De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), el pasado 6 de marzo Conatel también había cerrado y decomisado los equipos de la emisora Bendición Estéreo 93.9 FM en Upata.

También denunciaron este 6 de abril que el medio de comunicación local El Upatense cerró su página web indefinidamente «ante el temor a represalias por difundir noticias». El equipo de periodistas del estado Bolívar anunciaron que seguirán informando en sus redes sociales (como Facebook e Instagram).

2/2 #AvanceIPYSve | Esta medida, ante el temor a represalias por difundir noticias, representa el cierre de otra ventana informativa en #Upata, estado #Bolívar. #8Abr

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) April 8, 2024

«Entre enero y el 6 de marzo de 2024, IPYS Venezuela registró la salida del aire de ocho emisoras en los estados Zulia (3), Portuguesa (2), Bolívar (1), Carabobo (1) y Trujillo (1)», dijo la ONG sobre la libertad de expresión. Ahora, con el cierre de Excelente 107.9 FM, la cifra de emisoras cerradas en 2024 subió a nueve.

Bendición Estéreo 93.9 FM llevaba ocho años al aire, mientras que Excelente 107.9 FM tenía 30 años de trasmisión de contenido periodístico e independiente en Upata. 

#AvanceIPYSve | El #6Mar la Conatel ordenó el cierre y decomisó los equipos de transmisión de la emisora Bendición Estéreo 93.9 FM, ubicada en #Upata, estado #Bolívar, bajo el alegato de falta de permisos para operar. #12Mar

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 12, 2024

«Desde las altas esferas del poder se insiste en imponer el silencio informativo», alertó el CNP, recordando que en los últimos 25 años se han cerrado más de 285 emisoras de radio en Venezuela.

La ONU, en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ha alertado desde el 2014 que Conatel es un ente que censura en el país al no permitirle a los trabajadores de la prensa radial y televisiva renovar sus concesiones. 

Mientras tanto, Espacio Público alertó que las violaciones a la libertad de expresión tanto en medios de comunicación como en redes sociales e internet alcanzó un nuevo pico de represión en marzo de 2024, registrando 36 casos de amenazas, hostigamiento y detenciones. 

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La organización Civicus Monitor incluyó a Venezuela en la lista de países vigilados por su situación de derechos humanos. 

En la última actualización de Civicus Monitor, realizada este martes, 5 de marzo, la organización destaca «serias preocupaciones con respecto al ejercicio de las libertades cívicas» en Venezuela. 

La organización indicó en su página web que en el país se vive un contexto marcado por una situación de emergencia humanitaria compleja y por la exacerbación de la tensión política, los cuales han puesto de manifiesto «mecanismos de censura y persecución en contra de defensores de los derechos humanos».

Como ejemplos, Civicus Monitor citó el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente junto con cinco de sus familiares. Días después, autoridades de la administración de Maduro informaron que se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de detención ‘El Helicoide’ de Caracas, acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación.

Después de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) expresara su preocupación por la detención de San Miguel, el 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció que suspendería las actividades de la ACNUDH en el país y daría a su personal 72 horas para dimitir después de acusar a la oficina de promover la oposición.

También el 12 de enero de 2024, la Asamblea Nacional reanudó el debate del proyecto de ley sobre ‘Ley de Control, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines’. Advirtieron que, de promulgarse, esta ley obstaculizaría «gravemente la libertad de asociación y por ende, millones de venezolanos en situación vulnerable, se verían afectados».

Otros países en la mira 

Además de Venezuela, en la lista también destacan Kirguistán, Pakistán, Palestina y Senegal.

Civicus Monitor indicó que en las próximas semanas seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos para garantizar que se ejerza una mayor presión sobre los gobiernos.

«Civicus llama a estos gobiernos a hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las medidas represivas en curso y garantizar que los perpetradores rindan cuentas», se lee en la publicación. 

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Advierten que es el cierre de la tercera emisora en 2024 y que ahora solo queda una estación de radio informativa en Valencia, Carabobo

El pasado 2 de febrero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre de la emisora Onda 100.9 FM en Valencia, estado Carabobo, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). 

De acuerdo con el ente gremial, Conatel no informó sobre el origen del cierre de la emisora más allá de «haber recibido varias visitas desde el 2023».

La ONG Espacio Público advirtió que la salida del aire de Onda 100.9 FM «es la tercera en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en Carabobo». Hasta ahora, la emisora La Mega 95.7 FM es el único canal de radio de información periodística e independiente de la capital carabobeña pertenecientes a Unión Radio.

#2Feb #Carabobo #Hoy Sale del aire por orden de #Conatel La emisora Onda 100.9 FM, en #Valencia . Desde las altas esferas del poder se insiste en imponer el silencio informativo. #CensuraEsDictadura pic.twitter.com/IJvx9l7KMN

— CNP Caracas (@CNPCaracas) February 3, 2024

Tercera estación cerrada en 2024

Hasta la fecha, Espacio Público contabiliza tres estaciones de radio que han cerrado por Conatel en lo que va de 2024.

El 11 de enero, el ente Estatal dejó fuera del aire a las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM del estado Portuguesa debido al vencimiento de las concesiones y las restricciones de Conatel para renovar dichos permisos. 

«Conatel tiene el deber de informar, dar celeridad y facilitar los procesos que permitan a las emisoras conocer el estatus de sus concesiones a fin de solicitar sus renovaciones, evitar cierres y pérdidas de empleos bajo esos argumentos. Instamos a las autoridades a evitar las prácticas que vulneran el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información», reiteró la ONG.

Mientras tanto, el Instituto de Prensa y Sociedad denunció que en Venezuela el cierre de las estaciones de radio ha sido una constante en los últimos 20 años. En este período se  contabiliza al menos 292 estaciones de radio clausuradas sin aviso desde la llegada del chavismo y la creación de Conatel.

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El ilustrador Lucas García París, junto a la ONG Provea y otras asociaciones civiles, cronstruyen relatos gráficos de no ficción para retratar las distintas violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela a lo largo de los años

Texto: AFP. Foto: Federico Parra (@federicoparra) / AFP

Ni Spider-Man ni Superman salvan el día. No hay final feliz en los cómics con los que el ilustrador Lucas García París da voz a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Sus viñetas, con altos contrastes entre luces y sombras, son crudas: una gigantesca bota militar amenaza con aplastar a manifestantes en las protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro; pescadores confundidos con «guerrilleros» son atravesados por balas disparadas por soldados y policías en la masacre de El Amparo (en el estado Apure), ocurrida hace más de 35 años en un pequeño pueblo fronterizo con Colombia; un hombre es ejecutado por un agente con una máscara de calavera en un barrio de Caracas.

Los cómics de García París nacieron en colaboración con organizaciones de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ante «la necesidad» de «un lenguaje, una iconografía, que fuera más cercana» a la gente, comenta a la Agencia Francesa de la Prensa (AFP) este artista de 50 años, en el pequeño estudio que tiene en su departamento en Caracas.

«Si tú me hubieses dicho hace diez años que este era el género con el cual íbamos a tratar temas centrales de lo que está pasando en el país, no lo hubiera creído», confiesa.

Venezuela tiene larga tradición en la caricatura, con grandes exponentes del humor político en América Latina como el fallecido Pedro León Zapata (1929-2016) o Rayma, pero el cómic ha sido un territorio poco explorado.

«Aquí no se hicieron cómics de superhéroes» o «grandes novelas gráficas de ficción», repasó García París.

Maduro, que buscará la reelección el año próximo, enfrenta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, que se han cristalizado en una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

«Una buena experiencia»

«¿Cómo le explicamos lo que está pasando a estos jóvenes que están frente a las protestas de una manera que sea más sencilla, más cercana?», fue la pregunta que según Marino Alvarado, directivo de PROVEA, impulsó la serie «Cómics de la Rebelión» en 2017.

Se buscaba con estas historietas de distribución gratuita, aunque no masiva, sortear un sofocante clima de censura que denuncian otras ONG como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela desde inicios del año 2000, con la presidencia de Hugo Chávez Frías.

Su impacto llevó a nuevas colaboraciones entre PROVEA y García París en los años siguientes: «Camino a la Justicia» resume los informes de las investigaciones de los fiscales de la CPI y «Lo que se cuenta no se olvida» lleva a las páginas de los cómics testimonios emblemáticos de víctimas en un libro del mismo nombre.

«El Amparo», publicado este año, rememora la masacre de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988. Los dos únicos sobrevivientes, aún hoy, piden justicia en un caso en el que no hay ni un detenido.

García París ha colaborado igualmente con otras organizaciones de derechos humanos como REACIN (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), así como con webs informativas; y acaba de publicar un libro propio: «El Tema. Una memoria gráfica sobre los derechos humanos».

«Empatía»

García París recuerda que cuando migró temporalmente a España en 2012, en medio del masivo éxodo por la crisis de Venezuela, regaló todos los libros de su biblioteca, salvo los cómics que atesoraba desde su adolescencia.

«Es un medio súper interesante (…). Yo escribía y ahorita ya no escribo, porque me he dado cuenta de que lo que me gusta es hacer cómics», explica el ilustrador, cuyas primeras aproximaciones con organizaciones de derechos humanos se dieron como diseñador o asesor de comunicación.

«Te vuelves más empático hacia el otro (…). De verdad, lo que le pasa al otro, te empieza a doler a ti», narra, esperando que sus lectores vivan esa misma metamorfosis. «La gente tiende a ver que (el tema de los derechos humanos) es un problema que pasa en otro lado y le pasa a otra gente y realmente lo que le está pasando al otro, te está pasando a ti».

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De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, representando 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años

Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder

En el marco de la celebración del Día del Periodista, el 27 de junio, los trabajadores de la prensa en Venezuela festejan su día enfrentándose a constantes desafíos y amenazas. Entre las violaciones a la libertad de expresión destacan actos de censura, intimidación, hostigamiento y bloqueos a portales de medios digitales. 

Aunque el ejercicio del periodismo en Venezuela está avalado por el Artículo 57 y 58 de la Constitución Nacional y la Ley del Ejercicio del Periodismo, ha sido el propio gobierno el principal obstáculo para el goce del derecho como se demuestra en los desafíos y amenazas que enfrentan los trabajadores de la prensa.  

Hitos de criminalización y censura

En lo que va del siglo XXI, hechos sobresalientes como el cierre de 233 emisoras de radio desde 2003 señalaron el camino de lo que sería una relación tormentosa con el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. Según el Colegio Nacional de Periodistas, durante 2022, al menos 103 emisoras salieron del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel).

La salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007 continúa siendo una de los cierres más emblemáticos en Venezuela. Tras el cierre de RCTV,  sus equipos fueron confiscados y al menos 3.000 personas se quedaron sin empleo.

El segundo año en el que el Estado venezolano cerró más emisoras de radio fue en 2009. Ese año, al menos 34 emisoras fueron cerradas simultáneamente bajo la presidencia de Hugo Chávez. 

“Todo cierre o restricción representa una violación a nuestros derechos”, refirió Espacio Público en un informe. 

De acuerdo con Transparencia Venezuela, un mecanismo del Gobierno venezolano para silenciar a medios críticos fue la compra de empresas de comunicación. Medios de gran importancia como: Globovisión, El Universal y Últimas Noticias pasaron a las manos de personas cercanas al chavismo.  En marzo de 2015, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas de su lugar de trabajo luego de haber sido víctimas de la censura por los cambios en la línea editorial.

Según Transparencia Venezuela, el sistema nacional de medios públicos funcionó desde 2008 hasta 2013 y estuvo integrado por 7 canales de televisión: Venezolana de Televisión, Vive, Tves, Telesur, ANTV, Ávila TV, y cinco emisoras de radio (Radio NAcional de Venezuela, YVKE Mundial, La Radio Sur, Alba Ciudad, AN Radio, y la Agencia Venezolana de Noticias). Aunque no formaban parte del Sistema Nacional de Medios, 244 emisoras comunitarias de radio y 32 estaciones de televisión contribuían a difundir y amplificar las voces oficialistas, así como su narrativa, contradiciendo la verdadera esencia de los medios comunitarios. 

Una labor bajo constante amenaza

Además de ser víctimas de cierres de medios de comunicación, los trabajadores de la prensa en Venezuela deben enfrentarse a diversas amenazas al momento de ejercer su profesión:

En su informe de 2021, VE Sin Filtro registró 68 dominios bloqueados: 45 corresponden a medios de comunicación, ocho a portales con contenidos políticos, seis con contenido para adultos, cuatro para compartir contenido multimedia, tres de organizaciones de derechos humanos y otros dos dominios de plataformas de VPN para «evadir la censura». En el período estudiado,  reaparecieron los bloqueos contra algunos medios que habían sido afectados en el pasado, como los casos de La Patilla, Caraota Digital, Alberto News, entre otros.

VE Sin Filtro señaló que las páginas web de organizaciones como Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón; Caracas Mi Convive y Change han sido bloqueadas. 

De acuerdo con VE Sin Filtro, otras formas de silenciar las noticias y a la sociedad civil están presentes, incluyendo intimidaciones y acoso en línea. También el uso de técnicas de ataques informáticos a los servidores donde se publican las páginas web, como los ataques de Denegación de Servicio, donde el servidor es saturado y deja de responder a solicitudes legítimas. 

La organización observó estrategias pseudo legales para intimidar o forzar la remoción de contenidos, una técnica que casi no se había visto en Venezuela antes de 2021. “Esta modalidad incluye solicitud de remoción de contenidos o suspensión de servicio a críticos proveedores y plataformas en línea por supuestas violaciones de derechos de autor, que resultan ser falsas; también incluyen amenazas legales sin mérito”, señaló el informe.

Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder.

Espacio Público registró durante 2022 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución de 7 % respecto a 2021.

En 2022, IPYS registró 55 hechos de agresiones físicas y verbales, ejecutados por funcionarios policiales y militares del Estado venezolano.

De acuerdo con IPYS, durante 2023, se han documentado 29 casos en los que se hicieron presente arbitrariedades y violaciones al debido proceso para ejercer presiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

Espacio Público contabilizó 51 violaciones a la libertad de expresión durante mayo de 2023, 39 más que en abril. 

IPYS también registró 21 actos de censura en 2022. Al menos 56 programas informativos o de opinión dejaron de ser transmitidos en el país, se constató que directivos de medios de comunicación ordenaron a periodistas no difundir ciertas informaciones. 

José Gregorio Urbina, comunicador social y director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM en Apure, fue asesinado en enero de 2022 a manos de grupos irregulares y sus victimarios permanecen impunes y sin identificar.

IPYS contabilizó 27 restricciones en internet durante el año pasado. Bloqueos a páginas web, hackeos y otros ciberataques.

El 14 de julio de 2022, la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación inició una discusión sobre una posible reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo. El gremio exigió participar en la discusión de la propuesta legal. Se advirtió que podría atentar contra la profesionalización, al considerar que los comunicadores no graduados en una universidad también hacen periodismo, según la diputada de la Asamblea Nacional conformada en 2020, María Carolina Chávez.

Un reporte de la Universidad de Oxford, elaborado en 2019 con el título: “Orden Mundial de la Desinformación. Inventario Global 2019 de la Manipulación Organizada en Redes Sociales” detalló que Venezuela es uno de los países en los que se ha detectado acción organizada desde el poder gubernamental para desinformar. 

Iniciativas para combatir ataques y censura

A raíz de enfrentar diversas amenazas y ataques, los periodistas venezolanos han recurrido a nuevas estrategias que les permite continuar su labor enfrentando la censura. A continuación, algunas iniciativas que ha implementado el periodismo venezolano: 

Uso de VPN: VE Sin Filtro explicó que para tener acceso a información fiable y evitar la vigilancia. En Venezuela es necesario utilizar diferentes herramientas y estrategias de evasión. La más eficaz ha sido el uso de servicios VPN que han permitido ocultar identidad y superar los bloqueos de Internet, a pesar de los intentos de limitarlos.

VE Sin Filtro indicó que el cambio de los servidores DNS, configurados por defecto en un dispositivo, también es una técnica común, pero no funciona para muchos sitios bloqueados, particularmente en CANTV, que aplica con mayor frecuencia técnicas de bloqueo más complejas.

Gracias a las denuncias públicas sobre los múltiples sitios web bloqueados, los venezolanos se hicieron más conscientes del uso de VPNs como un mecanismo para burlar la censura. Desde entonces, se inició el levantamiento de un cerco por parte de las operadoras en contra de estas herramientas.

Alianzas para enfrentar desafíos

Para enfrentar los múltiples desafíos que existen actualmente en Venezuela, muchos medios periodísticos se han visto en la necesidad de formar alianzas para seguir informando e investigando.

Con ese objetivo, los medios digitales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es conformaron la Alianza Rebelde Investiga (ARI). Con esta alianza no solo siguen difundiendo su contenido en conjunto –como parte de la alianza comercial inicial que establecieron desde 1 de diciembre de 2016 – sino que también trabajan juntos en proyectos editoriales.   

También, el 27 de mayo de 2017, se fundó El Bus TV, un medio de comunicación independiente venezolano que busca defender el derecho a la información y lucha en contra de la censura gubernamental. El Bus TV basa su trabajo en el periodismo offline, ​ hiperlocal y de servicio. El medio surge en un contexto de fragilidad en el ejercicio de los derechos ciudadanos y censura gubernamental a los medios de comunicación.

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que en Táchira ocho emisoras fueron cerradas en el sur del estado andino

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cese de transmisiones de la emisora Kalidad 90.3 FM, que trasmitía contenido periodístico a los estados Táchira, Apure, Mérida y Barinas el pasado 20 de enero.

De acuerdo con José Goncalves, director de estación con sede en San Rafael de El Piñal, municipio Fernández Feo, al sur del Táchira, la emisora tenía 24 años de trasmisión y cerca de 16 empleados. El motivo del cierre, según Conatel, se debe al vencimiento de su concesión.

Goncalves informó que la planta radial tenía un permiso de funcionamiento por 20 años y que en el 2019, cuando se venció, se le dificultó trasladarse hasta la capital por la situación que atravesaba el país y que luego con la llegada de la pandemia, todo se complicó.

— SNTP (@sntpvenezuela) January 21, 2023

«Estamos gestionando la restitución de la señal con la ayuda del diputado José Leonardo Rosales Aleta y el gobernador Freddy Bernal, pues se cuentan con 15 días para apelar dicha decisión», dijo Goncalves a través las redes sociales desde la emisora.

Para el mes de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que en Táchira ocho emisoras fueron cerradas en Rubio, municipio Junín, por órdenes de Conatel, bajo el argumento de no habilitación: Activación Stereo 93.1; La Nuestra 89.9; Pontálida 92.5; Somos 88.3; Esperanza Viva 98.1; Ángel 102.3; Café 90.3 y Explosión Stereo 95.7.

Solo en los últimos 10 meses del 2022, el SNTP ha reportado el cierre de 79 emisoras como mínimo en todo el territorio nacional. 

Con las notas del himno nacional de Venezuela hoy viernes 20-1-23 cesaron las operaciones de 90.3fm. Su director Cheo Goncalves informó por orden de Conatel, a las 5:53pm se apagó el transmisor que durante 24a orientó a sur de Táchira, Alto Apure, parte de Mérida y Barinas. pic.twitter.com/OYdD5oz6l3

— RODOLFO DELGADO (@rodolfoperiodis) January 21, 2023

el SNTP también denunció que la Emisora Cultural de Coro 97.5 FM, luego de 25 años al aire, sus directivos decidieron apagar el transmisor por una llamada de Conatel

Este lunes, 31 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró nueve emisoras en Falcón. 

El SNTP ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio entre enero y octubre de 2022. «Protestamos esta acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo», expresó el sindicato a través de su cuenta en Twitter. 

🚨 Al cierre de este #30Oct, el #SNTP ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio entre enero y octubre de 2022. Se sumaron 9 en Falcón.
Protestamos esta acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo.

— SNTP (@sntpvenezuela) October 30, 2022

Las 9 emisoras que fueron cerradas en el municipio Colina, del estado Falcón son: Occidente 92.7 FM, Carubarigua 96.9 FM, Beraka 91.3 FM, Misionera 97.6 FM,  Tricolor 105.5 FM, Fredmedical 93.9 FM, Centinela 99.1 FM y Precursora 95.9 FM.

El sindicato aclaró que las órdenes del cierre de las emisoras fueron dadas vía telefónica por Conatel.

En todos los casos, la instrucción fue dada telefónicamente por monitores de Conatel, personas del mismo municipio que trabajan para el organismo.
Las emisoras cerradas eran comunitarias con mínimo siete años al aire y medio centenar de trabajadores, entre locutores y operadores.

— SNTP (@sntpvenezuela) October 30, 2022

«Las emisoras cerradas eran comunitarias con mínimo siete años al aire y medio centenar de trabajadores, entre locutores y operadores», informó el SNTP. 

En otro Tweet, el SNTP también denunció que la Emisora Cultural de Coro 97.5 FM, luego de 25 años al aire, sus directivos decidieron apagar el transmisor por una llamada de Conatel.

También fue cerrada la Emisora Cultural de Coro 97.5 FM.
Luego de 25 años al aire, sus directivos decidieron apagar el transmisor por una llamada de Conatel.
Van 15 estaciones de radio cerradas en #Falcón durante el año 2022

— SNTP (@sntpvenezuela) October 30, 2022

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Espacio Público denunció a través de un informe publicado en su página web que, entre 2003 y septiembre de 2022, se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a nivel nacional

Este jueves, 13 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fueron cerradas cuatro emisoras de corte cristiano en el municipio Cabimas, estado Zulia. 

A través de su cuenta en Twitter, el SNTP informó que las emisoras afectadas por la medida son: Renuevo 89.5 FM, Celestial 96.9 FM, Jerusalén Stereo 98.5 FM y Gilgal Estéreo 102.7 FM.

«De acuerdo con los directivos de estas emisoras, se introdujeron proyectos de habilitación en Conatel desde el año 2004 y hasta el 2014, pero nunca recibieron respuesta por parte del organismo hasta la reciente orden de cierre», señaló el SNTP.

#AlertaSNTP | Por orden de Conatel, fueron cerradas las emisoras de corte cristiano Renuevo 89.5 FM, Celestial 96.9 FM, Jerusalen Stereo 98.5 FM y
Gilgal Estereo 102.7 FM, todas del municipio Cabimas, en #Zulia.

Estos medios dejaron de transmitir el pasado #11Oct. pic.twitter.com/G1HXqwPrCR

— SNTP (@sntpvenezuela) October 13, 2022

Espacio Público denuncia cierre de 233 emisoras entre 2003 y 2022

Espacio Público denunció a través de un informe publicado en su página web que, entre 2003 y septiembre de 2022, se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a nivel nacional, un 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años.

«La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad», destacaron. 

Según estos datos, el año con más cierre de emisoras fue 2017, con 55. Le siguen 2009, con 30 estaciones cerradas y 2022, en el que se contabilizan 29 emisoras clausuradas.

Espacio Público alerta que el cierre de estaciones radiales busca suprimir espacios de opinión, denuncia y contenidos vinculados a la política, sustituidos principalmente «por programación de entretenimiento o líneas editoriales pro gobierno».

Conatel, el principal «victimario»

La ONG indica que entre el año 2017 y septiembre de 2022, el principal responsable de restricciones a la libertad de expresión en contra de emisoras fue Conatel, al intervenir en, al menos, el 55% de los casos.

De acuerdo con denuncias de las víctimas, usualmente los funcionarios del ente regulador se presentan en las sedes de los medios «bajo la excusa de que son inspecciones de rutina».

Posteriormente, proceden a decomisar los equipos de transmisión, «sin previa notificación».

Añadieron que, en el 17% de los casos, desconocidos hurtaron o robaron equipos de cableado para  afectar las transmisiones.