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Según los cálculos del OVF, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (9.1%) fue uno de los que más aumento su valor en comparación al mes de septiembre

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó este lunes que el precio de la canasta de alimentos para cinco personas alcanzó para el mes de octubre su máximo histórico de US$343.75, una variación de 12,77% respecto al mes anterior.

Con este incremento, el acceso a la canasta alimentaria calculado en base al valor establecido del salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs.7.00, es de 0.69%

Según el Observatorio, la inflación mensual para el mes de octubre fue de 8.1%, la interanual se situó en 1.258% y la acumulada en 576.3%.

Según los cálculos del OVF, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas (9.1%) fue uno de los que más aumentó su valor en comparación al mes de septiembre.

El OVF estima que el aumento en todos los rubros se produce en medio de la flexibilización decretada por Nicolás Maduro desde noviembre hasta enero, el regreso a las clases presenciales y las elecciones regionales a gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre.

Inflación por rubros en el mes de Octubre 2021:

▶️Esparcimiento 🎬: 19,2%
▶️ Educación 📚: 11,8%
▶️ Transporte 🚙: 11,3%
▶️Bebidas Alcohólicas y tabaco 🍹:10,5% pic.twitter.com/1CTqXWuixX

— Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) November 9, 2021

Economía en recesión, pero menos intensa que la de 2020

El economista José Guerra utilizó su cuenta en Twitter para explicar el panorama económico en Venezuela.

Guerra señaló que la inflación sigue siendo una de las más altas, pues en octubre 2021 alcanzó a 1.248% en términos anuales y los salarios reales han disminuido a tal punto que con un salario mínimo se compra menos de 1% del valor de la canasta. 

La inflación sigue siendo muy alta, en octubre 2021 alcanzó a 1.248% en términos anuales y los salarios reales han disminuido a tal punto que con un salario mínimo se compra menos de 1% del valor de la canasta alimentaria valorada en $343.https://t.co/EMk15DwGyA

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 8, 2021

Sobre la desaceleración de la inflación, el economista señala que en el proceso ha influido la estabilidad del precio del dólar, debido a la venta de divisas del BCV y la reducción de los salarios reales.

Las tasas de inflación mensual octubre (8,1%) y anualizada (1.248%) representan una desaceleración del ritmo de aumento de precios respecto a 2020. En ello ha influido la estabilidad del precio del $ debido a la venta divisas del BCV y la reducción de los salarios reales

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 8, 2021

José Guerra también afirmó que según los indicadores del mes de octubre, aunque el país sigue estando en hiperinflación, esta ha sido a un menor ritmo.

La segunda conclusión sobre estos datos es que la economía continúa en recesión, pero menos intensa, que la que se tenía en el año 2020 y finalmente, que las intervenciones del Banco Central de Venezuela para estabilizar el precio del dólar ha costado 408 millones.

Tres certezas sobre la economía venezolana hasta octubre 2021. 1. Sigue la hiperinflación pero a un menor ritmo. Pero sigue. 2. La economía continúa en recesión. Menos intensa que en 2020. 3. Las intervenciones del BCV para estabilizar el precio del $ ha costado 408 millones

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) November 9, 2021

*Puede leer más aquí: Venezuela cerraría 2021 con una inflación un tercio menor a la de 2020

Para finales del 2021 se espera una variación de precios entre 700% y 800%  

El economista y miembro del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), Oscar José Torrealba, señaló que «es posible que por las circunstancias en la que nos encontramos, para el año 2022 veamos un tímido crecimiento económico», estimó.

Asimismo, indicó  que «el Gobierno usa al Banco Central de Venezuela (BVC) como caja chica. «La hiperinflación no es sostenible ni para el mismo Gobierno».

«Muchos de los servicios ofrecidos por el Estado están siendo anclados al petro, esto se triangula con el dólar, el Gobierno de alguna forma se está dolarizando», dijo

Comentó que «el consumo promedio de una familia de 3 o 4 integrantes equivale a unos US$416.

«El BCV ya lleva tiempo aplicando un programa de intervención cambiaria, el BCV va a las mesas de dinero de la banca comercial con una cantidad y ese aumento en la oferta de dólares produce una baja en el tipo de cambio», resaltó.

Manifestó que «las personas en un entorno de desconfianza hacia la moneda que no vale, se resguarda en la que sí vale y eso produce la subida en la tasa de cambio».

«Se espera que el proceso hiperinflacionario vaya disminuyendo a finales del 2021, podemos esperar entre 700% y 800% de variación de precios», resaltó.

Apuntó que Venezuela se dolarizó «porque el dólar ha llegado hasta los sectores más bajos, hasta la economía del menudeo está usando divisas».

El Fraser Institute de Canadá presentó su Índice de Libertad Económica, en el que el país repite en el último lugar a escala mundial

La caída del bolívar como moneda de valor y medio de pago convierte a Venezuela en un país sin sanidad monetaria, uno de los cuatro componentes medidos por el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW, por sus siglas en inglés), en el que Venezuela se situó este año en el último puesto entre 165 países examinados.

El índice, elaborado anualmente por el Fraser Institute de Canadá con el apoyo en Venezuela del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), evalúa otros cuatro componentes asociados a la libertad económica, además de la moneda sana: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios.

Venezuela resultó reprobada en todos los aspectos, al obtener una puntuación menor a 5/10. Mientras que en el apartado de moneda sana fue donde se vio la calificación más baja (0,7). En tanto, el apartado referente a tamaño de gobierno fue la nota más elevada, al obtener 4,34.

La posición desventajosa de Venezuela es aún más relevante tomando en cuenta que se aumentó el número de países por evaluar: mientras que en la edición del año pasado se analizaron 162 territorios, en la más reciente la muestra llegó a 165. También es necesario recordar que este estudio es realizado por el Fraser Institute a partir de data que tiene dos años de antigüedad, es decir, los resultados obtenidos corresponden a la situación de libertad económica del país en 2019.

Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda repitieron como los países con mayor libertad económica, mientras que Chile continuó en la primera posición de Latinoamérica, aunque cayó a escala mundial del puesto 16 al 29.

Libertad económica: clave para la movilidad social y de ingreso

Entre los contenidos del informe del EFW este año destaca el apartado dedicado a la movilidad social y de ingresos y su relación con la libertad económica.

Al respecto, los creadores del índice resaltan que entre los muchos beneficios que aporta la libertad económica al ciudadano, uno de los más importantes es la posibilidad de movilidad social y de ingresos. Añaden que a medida que las sociedades se vuelven menos libres económicamente se reduce radicalmente la posibilidad de los individuos de escapar de la pobreza y alcanzar la prosperidad.

Este aspecto particular de la relación entre movilidad y libertad económica así como otros datos relevantes del EFW serán analizados este viernes 17 de septiembre a las 10:30 am en un foro que contará con la presencia de Fred McMahon, resident fellow del Fraser Institute, y que será trasmitido a través de Zoom y del canal Youtube de Cedice Libertad.

Una investigación reciente llevada a cabo por la abogada tributarista Antonella Santana Jansen cuestiona lo excesivo de ciertos tributos y la forma como esto atenta contra el derecho de propiedad de los contribuyentes

Foto: Cedice

“La tributación municipal en la actualidad se puede calificar como voraz”. Con esta frase sintetiza la abogada experta en derecho tributario Antonella Santana Jansen la realidad impositiva de los municipios en Venezuela luego de las decisiones tomadas a partir de 2020, cuando se produjo una suspensión judicial de cualquier normativa impositiva surgida de los consejos legislativos estadales y los concejos municipales en aras de “armonizar” el régimen tributario a nivel local.

Estos hechos, así como sus consecuencias, están narrados en «La forma actual de la tributación municipal en Venezuela», una reciente investigación elaborada por la especialista para el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

El documento parte de la idea de la estrecha relación entre tributación y derechos de propiedad.

“Garantizar la propiedad privada como uno de las formas del ejercicio de la libertad es preservar la subsistencia de la tributación, porque que si se pierde el fundamento sobre el cual se erige el tributo (la propiedad privada) la fiscalidad no tendría cabida”, explica Santana Jansen, quien destaca la importancia de los límites al poder tributario como elemento del Estado de Derecho.

Por ello, la investigación profundiza en el alcance de la decisión judicial y, en particular, en la forma en que los municipios pechan la actividad económica.

Para hacerlo, el documento presenta una muestra de diez municipios de todo el país y concluye que, en Venezuela, la carga impositiva municipal puede calificarse de confiscatoria.

“La situación antes narrada se representa en una situación de gravamen excesivo y alto impacto fiscal para los individuos contribuyentes de este subsistema tributario y, por tanto, devastadores de su derecho de propiedad. Gravamen excesivo y alto impacto fiscal para los individuos contribuyentes de este subsistema tributario y, por tanto, devastadores de su derecho de propiedad”, concluye la abogada.

Otras irregularidades denunciadas por Santana Jansen en materia de tributación municipal implican la violación de principios de tributación como el principio de legalidad y la capacidad contributiva.

La investigación concluyó que, en su mayoría, el cambio más evidente y que se repite en casi todos los municipios analizados es  la creación de nuevos mínimos tributables. 

Modificación en plena pandemia

El año pasado, entre julio y agosto, una serie de decisiones cautelares dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en julio y resultaron en la suspensión de la tributación municipal.

En tal sentido, la Sala Constitucional ordenó al Ejecutivo nacional que conformara una mesa técnica con gobernadores, alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales los estados y municipios ejercerían su potestad tributaria, con el objetivo principal de armonizar los tipos impositivos.

El estudio concluyó que la nueva forma de la tributación municipal en Venezuela es «notablemente voraz» por cuanto los cambios recientes relacionados con el aumento de las alícuotas en la mayoría de las actividades económicas gravadas por el Impuesto sobre actividades económicas, así como la fijación del petro como unidad de medida municipal y especialmente su uso para determinar el mínimo tributable,  representa un «gravamen excesivo y alto impacto fiscal para los individuos contribuyentes de este subsistema tributario» y, por tanto, «devastadores de su derecho de propiedad».

A su vez,  refieren que, los cambios recientes de la tributación municipal que fueron «violatorios del principio de legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad». 

Los cambios de la tributación municipal, que violan el principio de legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, constituyen una violación de la propiedad, por cuanto todos estos principios son garantías formales y materiales del derecho de propiedad.#TuPropiedad

— Cedice Libertad (@CEDICE) August 31, 2021

Cedice recomienda que se reconozca la opinión de los sectores económicos y habitantes de los municipios para que se tomen en cuenta las realidades particulares.

«Y que, en lugar de producir un documento único al que haya que adherirse, se modifiquen las ordenanzas con base en esas condiciones particulares de cada municipio. Asimismo, al ser el petro un criptoactivo inidóneo para constituirse en unidad monetaria o unidad de cuenta, se recomienda volver al sistema de equivalencia a través de la Unidad Tributaria o crear un mecanismo nuevo en respeto de la Constitución y el sistema financiero del país», exponen finalmente. 

La recomendación de Antonella Santana es que se reconozca la opinión de los sectores económicos y habitantes de los municipios, se tomen en cuenta las realidades y que se modifiquen las ordenanzas con base en esas condiciones. Lee más aquí: https://t.co/9CgkAe0Rkr #TuPropiedad pic.twitter.com/vbYxoRrfTt

— Cedice Libertad (@CEDICE) August 31, 2021

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Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, aclaró que la motivación de las invasiones no son las viviendas, sino «el negocio»

El Observatorio de Derechos de Propiedad contabilizó, en su más reciente informe, 70 propiedades invadidas hasta el mes de agosto de 2021.

De acuerdo con el reporte de Cedice, el sector inmobiliario es el más afectado, con 30 invasiones reportadas hasta agosto de el año en curso.

En cuanto a los hechos por entidad, el Distrito Capital resultó ser el más afectado con 32 invasiones.

• Barinas: 9 propiedades
• Zulia: 8 propiedades
• Bolívar: 7 propiedades
• Lara: 4 propiedades
• Portuguesa: 4 propiedades
• Falcón: 2 propiedades
• Táchira: 2 propiedades
• Monagas: 2 propiedades

A continuación un mapa interactivo, realizado por Cedice, que muestra los estados del país donde hubo propiedades invadidas en lo que va de año, detallando cada una de ellas:

Las invasiones son un negocio

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, aclaró que la motivación de las invasiones no son las viviendas, sino «el negocio».

En el podcast «Hablemos de propiedad», del pasado 6 de agosto, Rojas señaló: «Cuando toman la edificación, no piensen que la gente que traen a vivir allí es de gratis. Les terminan, incluso, cobrando alquiler en dólares».

Al respecto, afirmó que en el Center Sala «terminaban cobrando 25 dólares mensuales».

También, señaló que el 59% de las invasiones, o intentos de invasiones, que se producen en Caracas, son en locales comerciales. «Tú puedes ver que el motivo es comercial».

De acuerdo con Rojas, los invasores subarrendan las propiedades, recordando el caso de un un estacionamiento de La Candelaria invadido en el 2018, que actualmente, está alquilado para una venta de comida.

El 59% de las invasiones que han ocurrido en la capital son a comercios. Esto implica que la principal motivación no es la vivienda, sino el lucro. Conoce más sobre la situación de las invasiones en #Caracas en el podcast #HablemosDePropiedad https://t.co/fYUz6dwzwb #TuPropiedad pic.twitter.com/jYvxuWNpY1

— Cedice Libertad (@CEDICE) August 21, 2021

El pasado 17 de agosto, dueños de inmuebles denunciaron ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat que sus inquilinos se niegan a abandonar las propiedades, amparados en la actual legislación venezolana.

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En Portuguesa y Falcón el promedio se eleva a 3,5 kilómetros

En los estados Lara y Yaracuy las familias deben movilizarse, en promedio más de 2,2 kilometros, para abastecerse del agua no potabilizada que consumen, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Observatorio del Gasto Público, de Cedice,relativas al servicio de agua potable para el mes de julio.

Mientras tanto, en los estados Portuguesa y Falcón el promedio se eleva a 3,5 kilómetros, el trayecto que deben recorrer las personas para obtener el vital líquido que les permita atender sus necesidades personales y aseo del hogar.

La investigación revela datos verdaderamente inquietantes, porque se ha determinado que 6 de cada 10 represas presentan problemas de contaminación, lo que evidencia que el a gua debe ser tratada adecuadamente para que pueda ser apta para el consumo humano.

De allí que según las cifras, un venezolano promedio invierte el 31% de su tiempo útil para almacenar y tratar el agua que consume, tiempo que podría ser utilizado en otras actividades más provechas.

La situación más dramática, desde el punto de vista del servicio de agua, la vive el pueblo zuliano, aun cuando dispone del Lago de Maracaibo, ya que los habitantes de deben recorrer diariamente entre 4 y 5 kilómetros para abastecerse de agua, que en la mayoría de los casos no es potable y tiene que ser hervida para poder ser utilizada.

A nivel regional se detecta que en el estado Lara, en la Avenida principal de Barquisimeto se presentó una avería en las tuberías matrices, generando que más de 300 mil personas quedaran sin suministro de agua por dos semanas. Se reparó parcialmente para restablecer el servicio pero la obra central de reparación no ha iniciado. Se desconoce el monto de la inversión.

En el estado Falcón, debido a las lluvias y la interrupción en el servicio de electricidad se ha incumplido en 87% el esquema de racionamiento de agua, pudiendo prolongarse los periodos sin agua por más de 15 días. Los habitantes han optado por recolectar, hervir para el consumo y usar para labores domésticas el agua de la lluvia. Se espera que para mediados de agosto comience un proyecto de reacondicionamiento de tuberías de tuberías principales, se desconoce el monto y los plazos exactamente.

Mientras que en el Zulia, debido a las fallas eléctricas los sistemas de distribución funcionan a menos del 20% de su capacidad, dejando sin agua a casi un 40% de la población. El proyecto de reacondicionamiento que está llevando la Gobernación fue detenido, se desconoce la razón y el monto invertido, revela el informe de Cedice Libertad.

Zulia registra un promedio de 6 apagones diarios con extensiones de entre 3 y 20 horas

Las regiones de Occidente, Oriente y los Llanos, fueron las más afectadas en materia deintermitencias eléctricas, durante el pasado mes de julio, de acuerdo con el Monitoreo de Servicios que realiza todos los meses, el Observatorio del Gasto Público de Cedice-Libertad. El reporte nacional especifica datos sobre los apagones en los estados Lara Yaracuy, Portuguesa, Falcón, Barinas, Apure, Zulia, Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui.

En efecto, en el estado Zulia se registran 6 apagones diarios, con extensiones entre 3 y 20 horas; mientras que durante el 71% del tiempo, la electricidad es inestable, con tendencia al corte y, en los estados Lara y Yaracuy, el servicio eléctrico se recibe sólo durante 7,1 horas.

En el Oriente del país, los apagones diarios se registran en los estados Sucre y Nueva Esparta, con extensiones de entre 10 minutos y 2 horas; durante el 64% del tiempo la electricidad es inestable con tendencia al corte y (en promedio) de electricidad continua, reciben 8,3 horas en los estado Anzoátegui y Sucre.

Por su parte, en la región de Los Llanos, apagones diarios se registran en el estado Portuguesa, con extensiones de entre 10 min y 2 horas: el 55% del tiempo la electricidad es inestable con tendencia al corte y en horas continuas (en promedio) de electricidad reciben 8,5 horas en el estado Apure y parte de Barinas.

Desde el punto de vista regional, en el estado Portuguesa, en más de 2/3 de Guanare permanecieron sin suministro eléctrico por más de 24 horas por una avería suscitada luego de un período de fuertes lluvias. Aunque el servicio fue restablecido, la falla persiste y algunas zonas tienen cortes que pueden extenderse por más de 4 horas diarias. El monto de la inversión se desconoce pero los trabajos están en desarrollo.

En el estado Falcón, se presentó una avería en el sistema de re-transmisión eléctrica en Santa Cruz de Pecaya, Curimagua y Churugüara, afectando más de 90 mil habitantes. La obsolescencia tecnológica y la falta de personal reducen las posibilidades desestabilizar las fallas que se presentan. Se desconoce el monto de
la inversión necesaria y las obras no han comenzado aún.

Mientras que en el estado Barinas, el desbordamiento de varios ríos como consecuencia de las lluvias, ha generado múltiples fallas donde se destaca la inundación de una subestación dejando sin suministro eléctrico a más de 30 mil habitantes por más de 18 horas continuas. Aunque el servicio se restableció los racionamientos persisten y no han iniciado las reparaciones a las averías estructurales.

En el estado Zulia. se presentó una falla en 2 líneas de generación eléctrica: Cable Lub Lacustre 2 y Cuestecita; de los 500 Mw instalados sólo hay disponibles 250 Mw desde principios de mes. La falla se agravó con la temporada de lluvias y por la falta de mantenimientos e inversiones en dichas líneas. Se comenzaron los trabajos para el restablecimiento de la generación, pero los mismos fueron detenidos por falta de presupuesto.

Ley antibloqueo carece de transparencia y claridad en las reglas aplicadas

Como “una nueva etapa en la política sistemática de ataque a la propiedad privada iniciada desde el año 2005”, puede calificarse el régimen de privatizaciones recientemente impulsado en el marco de la llamada popularmente “Ley Antibloqueo”, que no implica, en modo alguno, un cambio en cuanto al respeto hacia los derechos de propiedad en Venezuela.

Así lo estima la doctora Andrea Rondón, miembro del Comité Académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) en su más reciente investigación, titulada La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad. El documento da cuenta de las alertas del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad y de las iniciativas que desde esta institución se han impulsado para divulgar la idea de la justicia transicional que restituya los derechos de propiedad de los afectados por expoliaciones desde el año 2005, a través de un Anteproyecto de Ley de Restitución de Activos.

Además, recuerda la existencia en Venezuela de una Ley de Privatizaciones vigente desde 1992 que, entre otros aspectos, busca garantizar el carácter público de estos procesos, además de otros principios garantes como igualdad y concurrencia, dado que “la privatización permite racionalizar la actividad económica del Estado; optimizar los servicios públicos y reestructurar la Administración Pública”.

Privatizaciones que no son tales

Por esta razón, en su investigación, Rondón insiste en que las medidas tomadas entre 2020 y 2021 en materia de empresas expoliadas y “devueltas” a manos privadas no puede considerarse un proceso de “privatizaciones” como el enunciado arriba. Al respecto, resalta características de la Ley Antibloqueo, tales como la posibilidad de “desaplicar” leyes y las amplias facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”.

Rondón cuestiona la posibilidad de “mecanismos excepcionales de contratación”, así como la posibilidad de decretar el secreto y la reserva sobre las actuaciones realizadas en el marco de estas privatizaciones.

“Donde se han llevado a cabo las privatizaciones en países con procesos similares al de Venezuela, estas se han caracterizado por la transparencia de la información y claridad en las reglas aplicadas. Por el contrario, donde los procesos evidenciaron problemas fue porque se llevaron a cabo de manera caótica y no sistemática”, precisa la abogada.