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Claves | Niños del J. M. de los Ríos cumplen más de 6 años sin protección del Estado
Desde el año 2017, después de que el Estado asumió el servicio de trasplante en el país de cadáver – vivo, al menos 85 niños han fallecido esperando un riñón 
La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que se redujo en 39,33 % el número de centros de hemodiálisis desde el 2018 hasta ahora

Han pasado seis años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una medida cautelar que exhorta al Estado a proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) del servicio de Nefrología del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos

Desde entonces, el derecho a la salud en la infancia ha empeorado o se ha vuelto cada vez menos accesible. La misma Comisión tuvo que hacer dos ampliaciones de esa medida cautelar para proteger a los niños de otros 13 servicios del J. M. de los Ríos (en 2019) y después una medida de protección para la directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, frente a las represalias del Estado venezolano por documentar el estado del hospital (en 2020)

«A seis años de la primera medida, la situación no ha mejorado. Ahora, hay serias limitaciones y restricciones al hacer el monitoreo, entre el personal de salud y los familiares de los pacientes que tienen temor de denunciar por las posibles represalias mientras luchan por cubrir sus necesidades por su cuenta», advirtió el abogado Carlos Trapani, director de la ONG Cecodap.

En Runrun.es presentamos seis claves para relatar el declive en la salud pública venezolana en el J. M. de los Ríos desde el año 2018 hasta ahora.

Al menos 85 NNA han muerto a la espera de un riñón

«De los cinco niños que solicitaron la medida cautelar de la CIDH en 2017, tres fallecieron esperando un riñón. De los 12 niños que hicieron la solicitud de la audiencia pública a la CIDH en el año 2021, tres han fallecido en la misma situación», lamenta Martínez. 

Desde el año 2017, después de que el Estado venezolano obtuvo la administración completa del servicio de trasplantes en el país y se pidió la medida cautelar a la CIDH, al menos 85 NNA del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos ha fallecido por enfermedades prevenibles por falta de un trasplante renal

También se estima que más de 40 NNA han muerto en el servicio de hematología de ese hospital a la espera de un trasplante de médula ósea. 

«El problema es que las hemodiálisis no son un tratamiento permanente, siempre ha sido un tratamiento previo al trasplante», dice Martínez. «Algunos, por tener las vías arteriales saturadas, les colocan un catéter en el pecho, lo que aumenta el riesgo si hay una infección»

«Muchos niños del J. M. no tienen una alimentación adecuada, porque toda la comida proviene del CLAP. La mayoría de los niños perecieron entre los años 2019 y 2020 debido a la escasez de medicamentos en ese momento», agregó. 

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El último trasplante de donante vivo que hubo en el J. M. de los Ríos fue en diciembre del 2022. Habían pasado más de 5 años desde el último trasplante de vivo a vivo, el único sistema que no está suspendido.

Y, hasta la fecha, no ha habido un trasplante renal en ese hospital ni de donante vivo ni de un donante fallecido (conocido como trasplante cadáver – vivo), el más común que había en el país hasta su suspensión en el 2017.

«Las madres que cargan el peso de la crisis»

Para comprar unos 500 miligramos de Vancomicina, un medicamento para mitigar las infecciones en pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis, un venezolano debe gastar entre 3 y 4 dólares, un monto igual o superior al ingreso mínimo propuesto por el Estado para febrero del 2024, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Y ese medicamento es de un solo uso.

«Y eso hay que constatar que muchas madres deben desligarse de sus empleos formales para atender a sus hijos y ser cuidadoras», dice Martínez. «No hay infraestructura ni apoyo con recursos de ningún tipo, las madres cuidadoras deben proporcionar los insumos mediante sus propias gestiones». 

Para la directora de Prepara Familia, el desgaste financiero y emocional de las familias de los pacientes infantiles «está invisible». 

En un informe publicado por la ONG en noviembre del 2023, el 99 % de las madres de los pacientes del J. M. de los Ríos deben acompañar constantemente en el tratamiento y permanecer en el hospital

Además, 80% de las madres que cuidan a las y los niños son menores de 44 años. 

«Los hospitales no ven ni esa labor ni tienen en cuenta la importancia de todo este acompañamiento ni siquiera para apoyarlas en forma puntual», se lee en el informe.

«Hay mujeres que no se alimentan por un par de días para que sus hijos puedan comer, porque no tienen recursos para alimentarse entre los dos», agregó Martínez. «La alimentación tanto de los niños como de sus cuidadoras es precaria, se basa en los carbohidratos y algunas legumbres, como las lentejas, (…) para adquirir algún grado de proteínas».

Fachada en remodelación e insumos desatendidos

En un recorrido del equipo de Runrun.es al Hospital J. M. de los Ríos, se observó que los primeros pisos del centro público estaban en remodelación, pero los servicios no están completos

Paredes recién pintadas y decoradas con fotografías de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro aparecen en los espacios públicos, pero otras paredes con moho y humedad se ven en oficinas del personal, como la de enfermería

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Sala vacía con una camilla desgastada en el piso 4 del J.M. de los Ríos, en el servicio de Nefrología

«Hay dos alas del servicio de Nefrología, una con 10 camas que están inoperativas desde 2018 y otra que fue remodelada, donde también hay 10 camas, pero solo se ocupan 5 o 6 debido al déficit del personal», advierte Martínez. En su mayoría, las salas inoperativas del piso 4 del hospital, que está dedicado al servicio de Nefrología, tienen camas desgastadas o simplemente no tienen lencería para atender a los NNA. «El grupo de atención de hemodiálisis es muy pequeño: 10 niños, aproximadamente, reciben esa atención del hospital».

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, cerca del 67 % de los centros de salud del país presentan un déficit en la disponibilidad de lencería, entr ellas las camas, y cerca del 66 % «nunca tienen insumos como mascarillas, guantes y otros utensilios que deben ser esterilizados y utilizados por el personal médico». 

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Fachada arreglada del primer piso del J.M. de los Rios. febrero-2024

Sin datos oficiales desde 2016

«Realmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de venezolanos que sufren enfermedades renales crónicas, lo que se maneja son aproximaciones. Desde el 2016 el Estado se reserva el derecho de difundir o publicar los anuarios epidemiológicos, donde se refleja cómo se comportan las enfermedades agudas y crónicas en el país», reiteró el director de la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN), José Escalona. 

Una de las estimaciones más actualizadas sobre la morbilidad por enfermedades renales se encuentra en un estudio publicado en 2021 por la revista Nature. Allí, los nefrólogos venezolanos Ezequiel Bellorini y Raúl Carlini estimaron que 3.000.000 de venezolanos aproximadamente sufren de alguna enfermedad renal crónica. De ese grupo, cerca de 21.000 pacientes requieren un tratamiento de reemplazo del riñón (un trasplante).

«Actualmente, en Venezuela hay un aproximado de 6.300 pacientes en hemodiálisis y unos 550 en tratamiento tipo diálisis peritoneal, que es la que hacen los pacientes en sus casas», agregó el director de la SVN. 

Sin embargo, advirtió que las cifras pueden cambiar debido a la migración y desplazamiento forzado de los venezolanos para ser atendidos en sus enfermedades crónicas, tal como lo reportó la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana en la frontera con Brasil. 

«Aquellos que no pueden salir del país para atender a sus hijos migran hasta Caracas, hasta el J. M. de los Ríos, para que los atiendan», dice Martínez.

«El propio Estado ha reconocido que el Hospital J. M. de los Ríos no tenía las condiciones mínimas para atender a sus pacientes, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el año 2014, y el documento ya no está disponible en los portales web del Estado. El equipo de Cecodap pudo recuperarlo gracias a la herramienta digital Wayback Machine», alertó Trapani.

Con respecto al servicio de trasplante, Escalona afirmó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha permitido el trasplante de donantes vivos, «con una única sede en Caracas y con una actividad muy tímida, menor a 100 trasplantes en dos años. No hay muchos pacientes pediátricos en ese servicio».

Menos de 60 centros de hemodiálisis

Escalona advirtió que el J. M. de los Ríos es uno de los 59 centros de hemodiálisis operativos que quedan en el país

«Para el 2018 había alrededor de 150 centros, pero han cerrado por falta de insumos. Muchos hospitales centrales (estatales) no tienen un centro de hemodiálisis en la actualidad», dijo. 

La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que los servicios de hemodiálisis en el país presentan un «déficit y falta de mantenimiento» desde hace más de 3 años. Advierten que hacen falta entre 600 y 800 unidades de hemodiálisis para cubrir la demanda nacional. 

«Hay máquinas que necesitan cambios de filtros cada tres meses y no lo pueden tener», dijo el director de la SVN. 

El doctor en nefrología también alertó que la población venezolana no tiene recursos para mantener una cultura preventiva de enfermedades renales crónicas. «Ocho de cada diez venezolanos no tiene un tensiómetro, que es la herramienta principal para medir la presión arterial, una de las patologías que los pacientes con hemodiálisis deben monitorear». 

El silencio del Metotrexato continúa

Después de tres meses de que la comunidad médica y la sociedad civil denunciaron que el Estado debía investigar un lote del medicamento Metrotexato (o Metrotexate)  que había causado la muerte de una niña y efectos adversos como meningitis a otros 21 pacientes en el Servicio de Hematología «Dr. Wallis Camarillo» (SHWC) del Hospital J. M. de los Ríos, ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Salud han publicado una alerta sanitaria al respecto

El equipo de Runrun.es realizó un recorrido al Instituto Nacional de Higiene José Rafael Rangel para obtener los resultados del análisis del medicamento. Un trabajador del instituto que solicitó guardar su identidad informó que la denuncia se recibió y los resultados del estudio se compartieron exclusivamente con las madres de los pacientes afectados.

Mientras tanto, una madre de un paciente del SHWC, quién también solicitó resguardar su identidad por temor a represalias, dijo que en diciembre del 2023 llamaron a un grupo de madres al Ministerio de Salud e informaron que la alerta sanitaria dio negativa. El Ministerio le negó proporcionar a las madres, a las ONG y al equipo de Runrun.es un documento escrito que plasme los resultados del análisis del lote de Metrotexato.  

La última actualización del Instituto de Higiene sobre alertas sanitarias data del 18 de noviembre del 2023, tres días después que la sociedad científica denunciara públicamente el caso de los niños afectados por el Metrotexato. 

«A raíz de ese incidente, varios médicos especialistas se retiraron del Hospital por decisión ética de no suministrar un medicamento que no saben si es seguro a un paciente. Eso aumenta el déficit de personal que lleva el J. M. de los Ríos desde hace años en varias de sus especialidades sin la capacidad de reponer el talento perdido», reflexionó Martínez.  

Cecodap: la salud mental en Venezuela se convirtió en privilegio
El Observatorio Venezolano de la Violencia alertó que en 2023 la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes incrementó 5,6 % 

Por María Iriarte (Radio Fe y Alegría Noticias)

Jannia Orta, psicóloga clínica de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), aseguró que la salud mental es un derecho que en Venezuela se convirtió en un privilegio por la falta de servicios psicológicos y psiquiátricos gratuitos. 

«Hay muchas familias que no tienen la capacidad económica para acudir a un especialista», dijo Orta en una entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias

Cecodap, en colaboración con la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA), llevaron a cabo investigación periodística de septiembre a diciembre de 2022 en 10 estados de Venezuela, a fin de evaluar las con diciones de atención en servicios de salud mental. 

Las regiones evaluadas incluyeron: Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Zulia, Mérida, Anzoátegui, Aragua, Lara, Carabobo y Falcón.

Los resultados del estudio revelaron que, de los 103 centros de atención visitados, solo 36 tenían un especialista para atender a la población infantil. Igualmente, el 60 % expresaron la necesidad de ampliar el personal para hacer frente a la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica.

En cuanto a la oferta de servicios integrales de atención psicosocial, únicamente el 23.6 % ofrecen todos los componentes necesarios y apenas el 18.4 % implementan plenamente medidas para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes.

El autocuidado es primordial

Orta enfatizó que el autocuidado es fundamental, ya que tanto adolescentes como adultos nunca dedican tiempo para ellos mismos en medio de la ajetreada rutina diaria. 

Ejercitarse para liberar neurotransmisores de felicidad, meditar, tener un diario en donde aflorar los sentimientos y conectar con las emociones, llevar un dieta saludable y descansar correctamente, son algunas de las recomendaciones que planteó la experta. 

Asimismo, recordó que los padres tienen el deber de dialogar con sus hijos, hacerlos sentir acompañados, queridos y que sus emociones sean validadas. 

No obstante, hizo hincapié en que deben saber diferenciar entre los rasgos propios de la personalidad del pequeño o el adolescente a conductas que podrían ser un signo o un síntoma de riesgo.

«No hay que esperar sentirse desesperado para pedir ayuda profesional, la persona puede ir al psicólogo independientemente del tiempo y el grado de malestar que presente», recalcó.  

Motivos de consulta

Otros datos revelados en el informe de Cecodap indican que, en el primer semestre de 2023, el principal motivo de consulta en servicios de atención psicológica fue la alteración del estado de ánimo con un 34 % de casos, seguido de comportamiento disruptivo en el hogar (11,98 %), conflicto familiar (10,64 %) y violencia (9,99 %). 

El acoso escolar fue la forma más común de violencia que afectó a niños, niñas y adolescentes, con un 39 % de los casos registrados. Por su parte, el abuso sexual afectó al 27 % de las personas atendidas por hechos de violencia. 

Este último dato es especialmente preocupante, ya que los casos de abuso sexual contra adolescentes aumentaron del 38,64 % en 2022 al 43,14 % en el primer semestre de 2023.

Cecodap: Participación de adolescentes en consulta sobre el Esequibo debe ser voluntaria, informada y respetuosa
El coordinador de Cecodap indicó que la participación de menores en la consulta, no puede ser un acto decorativo, simbólico o un proceso manipulado, «debe ser un proceso respetuoso a la condición de los niños y los adolescentes como ciudadanos»

 

Este martes, 21 de noviembre, el gobernante Nicolás Maduro informó que dio instrucciones para organizar un proceso electoral en el cual los estudiantes menores de 18 años puedan votar en los liceos en la consulta que se realizará el próximo 3 de diciembre sobre el Esequibo. 

«Ya le he pedido a Jorge Rodríguez que elabore un programa, un software, para que los estudiantes hagan sus mesas de votación y voten todos, como un jercicio de soberanía», dijo Maduro en una transmisión por el canal del Estado. 

El gobernante también encargó a todas las universidades del país a realizar sus 1×10 y llevar a todos los estudiantes universitarios a votar. 

 

Sobre el anuncio hecho por Maduro, Carlos Trapani, abogado y coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) indicó que la organización siempre apuesta a los procesos de participación de niños y adolescentes.

Explicó que la Constitución y la Lopnna reconoce que los niños y adolescentes son objetos de derecho, por lo tanto, ellos perfectamente pueden expresar sus opiniones y puntos de vista libremente y ejercer una ciudadanía activa.

Sobre si la incorporación de menores al proceso de consulta constituye una violación a la normativa, Trapani indicó que el hecho de no representa violación a ninguna norma, ni legal, ni constitucional, «solo que esa participación debe ser voluntaria informada y respetuosa».

«El problema no sería tanto promover los espacios de participación, sino el uso que se le dé a esa información y que no se utilice la figura de los niños como una excusa con fines partidistas», enfatizó.

Aspectos a considerar

A juicio de Carlos Trapani hay varios aspectos que deben considerarse en este proceso y uno de ellos es cómo se va a materializar.

Otro es que la participación en el ejercicio «no puede ser un acto decorativo, simbólico o un proceso manipulado», sino más bien «un proceso respetuoso a la condición de los niños y los adolescentes como ciudadanos».

Trapani señaló que cualquier ejercicio de votación debe ir acompañado de un proceso de información previa, para que pueda ser una votación consciente.

«El reto es que cada familia pueda acompañar el proceso e informar lo que ocurre con el Esequibo como un problema nacional, pero también como otros problemas que afectan al país», finalizó.

Cecodap y Redhnna: «Cada día al menos seis menores de edad sufren un acto violento en Venezuela»
En el  informe «Somos Noticias, capítulo Violencia», las ONG dedicadas a los derechos humanos en la infancia contabilizó 1541 hechos directamente relacionados con muertes, abusos sexuales o psicológicos, violaciones a la integridad y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela entre diciembre del 2022 y julio del 2023
Al menos 326 muertes a menores de edad fueron catalogados como prevenibles. El desabastecimiento en los centros de salud fue una de las principales causas de muerte infantil 
Cecodap: «La consecuencia de la desatención pública puede ser el suicidio. El impacto que tiene la violencia afecta directamente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes»

 

«Desde el año 2005 no hay datos oficiales sobre violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en este país. A través de los registros de la prensa pudimos ver 1.541 situaciones de violencia que afectan a los niños en 8 meses. Eso quiere decir que todos los días al menos 6 niños son víctimas de violencia en sus distintas expresiones», denunció Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, en la presentación del Informe Somos Noticias, Capítulo Violencia este 26 de septiembre. 

Las ONG Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) analizaron 1995 notas de prensa en 22 medios de comunicación entre diciembre del 2022 y julio del 2023. Durante esos ocho meses, se registró un mínimo de 326 muertes prevenibles en niños, niñas y adolescentes y cerca de 1.215 hechos violentos donde un menor de edad fue vulnerado directa e indirectamente. 

«El derecho a la integridad está vulnerado en toda la familia. Existe un contexto de mucha adversidad. El eje temático y conductor de este informe es que la negligencia vulnera el derecho de la integridad de los niños. Eso se traduce desde la negligencia del Estado, de la familia y al de la sociedad», puntualizó Trapani. 

Del total de muertes, al menos 189 niños y niñas de 0 a 12 años fallecieron durante el periodo del monitoreo y 91 adolescentes —de 12 a 17 años— perdieron la vida. En 46 de los casos no se especificó la edad de las víctimas.

«El 91,6 % de las notas de prensa registran a los niños, niñas y adolescentes como víctimas, mientras que 8,4 % señala a adolescentes como victimarios», señala el informe. 

Informe Somos Noticia, capítulo Violencia. Venezuela 2023. Cecodap y Rdhnna.

Cortesía de Cecodap y Redhnna

Los estados con mayor cantidad de hechos violentos registrados fueron Anzoátegui (con 156 reportes), Zulia (con 155) y Carabobo (con 115). Mientras tanto, los estados con menor cobertura sobre hechos violentos a la niñez y adolescencia en Venezuela fueron Apure (con 13 casos), Amazonas (con 6) y Yaracuy (con 5). Del total, solo 7 hechos violentos no están identificados geográficamente.  

«Sabemos que esto es una fotografía del país, no son los datos completos. No todos los hechos terminan siendo noticias, o esas informaciones terminan siendo tapadas por otra ola de noticias. Quizás ese caso que salió a la prensa se olvide a las 48 horas. Por eso es tan importante la sistematización (de datos) para el ejercicio de la memoria. El Estado, hasta ahora, no ha ofrecido cifras sobre la violencia en varios años», explicó Carla Serrano, socióloga jurídica y secretaria adjunta de la Redhnna. 

Hospitales empobrecidos y la negligencia: las muertes más recurrentes

La crisis humanitaria compleja y la desatención estatal son los principales actores en los decesos. 116 menores de edad murieron por la falta de garantías sanitarias en los centros de salud y otros 116 fallecieron en contextos de accidentes de tránsito, accidentes domésticos y desastres socioambientales.

«Que un 35,6 % de los niños, niñas y adolescentes que han muerto haya sido por incumplimiento de la calidad de las condiciones hospitalarias es muy grave. Esto habla que no estamos haciendo la intención de prevención», asevera Serrano. «Además, cuando estos casos son reseñados en los medios, no se puede identificar si las autoridades está indagando el origen de estas muertes».

La socióloga del Redhnna destacó sobre la muerte de 60 bebés y recién nacidos en el hospital Luis Razzetti de Barcelona, debido a falta de insumos y la presencia de una supuesta «bacteria». Hasta los momentos las autoridades locales no han anunciado una investigación epidemiológica o forense.

Serrano informó que la tasa de muertes por accidentes —«que lo catalogamos como negligencia de los cuidadores y de otras instituciones, desde el Estado hacia abajo»— también cubre el 35,6 %. De ese grupo, 47 menores de edad murieron por ahogamiento o inmersión a cuerpos de agua, 22 por accidentes de tránsito y 6 por derrumbes o aludes torrenciales. 

Suicidio en la infancia 

«El caso de suicidios es alarmante: en tan solo 8 meses comprobamos 14 casos», denunció la secretaria adjunta de la Redhnna. «La víctima más joven tenía 8 años y vivía en Guárico. Se suicida, presionada, porque tenía una serie de abusos sexuales sostenidos por su abuelo durante varios meses y la familia no tenía recursos para atender el caso». 

Cecodap y Redhhna advierten que los casos de suicidios va en aumento, y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) también lo afirma. De acuerdo con el último reporte de la OVV en mayo de este año, en 2020 se registraron 28 casos, en 2021 hubo 34 y para el 2022 la cifra se elevó a 49.

«Otra conclusión cualitativa que evidenciamos en todos los casos de violencia es que las personas no formalizan la denuncia, ya sea por miedo o desinformación. Lo que muestra un posible subregistro», advirtió el abogado de Cecodap. 

A diferencia del informe Somos Noticias, la OVV registra 17 menores de edad víctimas de suicidio entre enero y abril del 2023, «18 % del total de suicidios a nivel nacional». En todos los casos se evidencia a la emergencia humanitaria compleja como el principal motor de estos decesos.

«La consecuencia de la desatención puede ser el suicidio. El impacto que tiene la violencia afecta directamente a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes», afirmó Trapani.

Femicidios y abuso sexual infantil en aumento

Más de 439 casos de abuso sexual a menores de edad se vieron en los últimos 9 meses, según la sociedad civil. De ese grupo, en 320 casos (72,9 %) las niñas y adolescentes femeninas fueron víctimas y 119 (27,1 %) casos los niños y adolescentes masculinos fueron víctimas. 

«Si vemos las edades, casi la mitad —el 48,5 % — son adolescentes entre 12 y 17 años, pero también vemos casos de bebés menores de 2 años que son víctimas, con 22 % (97 casos del total)», puntualizó Serrano. 

La socióloga apuntó que no todas las notas de prensa ofrecen los datos completos de la víctima, como la edad. «En un panorama donde el Estado no da cifras, el registro es lo más importante». 

Con respecto a los victimarios, el informe marca como tendencia que los principales responsables del abuso sexual infantil son miembros del círculo familiar de la víctima, «pero en 30 % de los casos durante este periodo el victimario era un desconocido para el menor de edad». 

Unas de las hipótesis de Cecodap y Redhnna sobre el aumento de estos casos con victimarios desconocidos pueden relacionarse con el fenómeno de la niñez dejada atrás, ya que los menores de edad no acompañados por sus padres y representantes porque han migrado a otro país y el NNA queda vulnerable. 

Bajo este contexto, durante la rueda de prensa destacaron que hubo 10 femicidios en los 8 meses del informe. Esta cifra va por debajo de los 42 casos que registra la ONG Cepaz en lo que va de 2023.

Malos tratos y secuestros silenciosos

Al menos 15 de las 24 víctimas mortales por tratos crueles no superaban los 3 años de edad. «Acá se evidencia una vulnerabilidad en las familias que recae en la violencia al menor. Por eso es importante prevenir y apoyar a las familias en su tratamiento psicológico y apoyo humanitario», agregó Serrano. 

Los representantes de Cecodap y Redhnna advierte que la mayoría de los tratos crueles reportados provienen de la presión familiar en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, donde la precariedad socioeconómica, la degradación del sistema educativo y de los sistemas de apoyo psicosocial y legal estatales inciden en la violencia intrafamiliar. «Pero este contexto no excluye a todos los casos». 

«Existen otros tipo de violencia que no se tiene registro, que es el maltrato psicológico. La violencia psicológica no está visibilizada», dijo Serrano. 

Mientras tanto, los secuestros también aumentaron con respecto al año pasado. Al menos 25 menores de edad —12 personas del género femeninos y 13 del masculino— fueron rescatados en los estados Nueva Esparta, Delta Amacuro, Zulia y Táchira.

«Varios de estos casos se conectan con la trata de personas. En algunos casos los entes públicos competentes informaban que los menores los trasladaban desde el centro del país hasta la frontera», enfatizó la representante de la Redhnna. 

La delincuencia atrapa a la juventud

Los expertos en derechos humanos infantiles advirtieron que la emergencia humanitaria compleja también ha empujado a los menores de edad a ser victimarios. Cerca de 145 casos se registraron en la prensa donde el responsable del presunto delito es un adolescente, en su mayoría del género masculino. 

36 adolescentes estuvieron involucrados en casos de homicidios y asesinatos, mientras que 23 están relacionados a delitos de origen sexual (como el abuso y la explotación). Los casos de robos, hurtos y vandalismo registran 14 casos cada uno. 

«La responsabilidad es compartida entre el Estado y los núcleos familiares en todos los casos mencionados. Identificamos que en el ámbito familiar y escolar hay altos niveles de frustración, de ansiedad, de rabia, que son los detonantes de la violencia», informó el abogado de Cecodap. «Y esto es prevenible. No estamos condenados a la violencia, se requiere un trabajo público».

Trapani dijo que, desde el año 2020, han aumentado los casos de denuncias. «Pero la recepción de un caso no significa la restitución».

Cecodap también ha registrado la normalización de la violencia en los entornos de los menores de edad por la violación al derecho humano del debido proceso. «El Ministerio Público no da respuestas o información pública sobre el seguimiento de las denuncias». 

Las ONG en derechos humanos en la infancia denunciaron que no existen suficientes instituciones públicas para la atención de los menores de edad, y, si las hay, se centran en las principales ciudades del país. «Mientras más alejados de la capital, más desprotegidos y vulnerables están», concluyó Trapani. 

Infancia venezolana desprotegida por falta de políticas públicas para prevenir violencia multifactorial
En junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que la infancia venezolana está bajo una «profunda desprotección» por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos.

De acuerdo con la ONG, «cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en el 2022».

Los infanticidios, que se definen como la «acción de dar muerte a niños de corta edad», se multiplicaron en Venezuela en los últimos años, según reflejan las informaciones puntuales de instituciones del Estado.

Según Cepaz, en 2022 se registraron 37 feminicidios de niñas, 22 de ellas menores de cinco años de edad.

Por su parte, el coordinador de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, plantea la escasa información como una de las dificultades para atender y prevenir agresiones a niños, y explica que cuando no hay cifras oficiales, existe «debilidad institucional para dar respuesta».

«Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia», explicó Trapani en entrevista concedida a EFE.

Violencia sin prevención

En junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor.

«El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (…) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó», contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.

Rachel aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría, y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer por el que murió un mes después de conocer del asesinato.

El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio «rápido», pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.

Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la «intervención oportuna desde la prevención» para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos.

A ciegas

Según Cecodap, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por «violencia doméstica».

Pese a estos datos, Trapani explicó que el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez.

«No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia», dijo.

Cecodap: Casos de acoso escolar, abuso sexual y maltrato aumentaron en el último año
Los niños están más expuestos a situaciones de violencia y no solo se incrementa la frecuencia de estos casos, sino también su severidad, alertó el informe Somos Noticia que presentó este 25 de abril el Servicio de Atención Jurídica de Cecodap
En el período entre marzo de 2022 y abril de 2023 las solicitudes a Cecodap por acoso escolar aumentaron 225% respecto al período 2021-2022. Los casos de abuso sexual se incrementaron en 46,66% y los casos de maltrato aumentaron en 21,42%
El Estado también figura como responsable de la violencia estructural contra niños, niñas y adolescentes, «cuando incumple con sus obligaciones y eso conlleva a violación de sus DDHH»
Cecodap insiste en la necesidad de denunciar cualquier vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes: «La denuncia detiene el delito, evita nuevas víctimas, acerca al niño a su derecho a la justicia y tiene un gran componente terapéutico», recalcó Carlos Trapani

 

Cecodap reportó un aumento de las solicitudes por acoso escolar, abuso sexual y maltrato contra niñas, niños y adolescentes durante el período entre marzo 2022 y abril 2023.

Así consta en el informe Somos Noticia que presentó este 25 de abril el Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, en el que se analizaron las principales vulneraciones a los derechos de los niños ocurridas en el período señalado. 

En general, el derecho a la integridad personal, física y psicológica fue el más vulnerado, con 56,38% de los casos. En esta categoría se incluyen los casos de acoso escolar, abuso sexual, conflictos causados por mala conducta del adolescente, negligencia y castigo físico.

«Al comparar en el periodo 2021-2022 con este año, recibimos 73% más casos que en el año anterior», explicó durante la presentación de resultados Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, quien recalcó que el acoso escolar aumento 225% respecto al período 2021-2022, mientras que el abuso sexual se incrementó en 46,66% y los casos de maltrato aumentaron en 21,42%.

 

Trapani llamó la atención sobre el hecho de que no solo se incrementó la frecuencia de estos hechos, sino también la «severidad» de los casos.

Cecodap acoso abuso
Fuente: Cecodap

Los otros dos derechos más vulnerados que destacan en el informe son el derecho a la familia e instituciones familiares (33,51%) y el derecho a la educación 14,89%.

Cecodap acoso abuso
Fuente: Cecodap

Niños más expuestos a violencia, acoso y abuso

Los datos del informe revelan que los niños en Venezuela están más expuestos a la violencia y tienen menos alternativa y oportunidad de atención.

El retorno a la presencialidad total de las clases, explica Trapani, podría explicar el drástico aumento de los casos de acoso escolar, aunado a la «ausencia de protocolos y estrategia pedagógicas y de acompañamiento para hacer frente a este tipo de violencia».

A eso se suma que Venezuela sigue atravesando una emergencia humanitaria compleja y que la situación pospandemia aumentó las diversas amenazas a las que se exponen los niños.

«Se incrementan brechas de desigualdad que vulneran los derechos humanos de las personas y de forma diferenciada, en este grupo, sin tener políticas públicas especializadas que permitan la garantía de la integralidad de esos derechos», explicó Trapani.

En líneas generales, los padres figuran como los principales agresores en este reporte de Cecodap, y fueron protagonistas de 20,33% de las denunciadas recibidas. Les siguen las madres (14,83%, de los casos) y los compañeros de clase (12,28% de los casos).

El representante de Cecodap comentó que el Estado también figura como responsable de la violencia estructural contra niños, niñas y adolescentes, «cuando incumple con sus obligaciones y eso conlleva a violación de sus DDHH».

Destacó también con especial énfasis que los familiares y allegados al entorno del niño siguen siendo los principales agresores en casos de violencia sexual: padres, tíos, abuelos, cuidadores y vecinos.

«Hay que romper el mito de que el agresor está alejado, que sale con una capucha de repente, son personas cercanas al entorno del niño y en función a esa relación de confianza materializa el abuso», insistió.

Otros derechos vulnerados

El informe también incluyó datos sobre la violación de otros derechos, como el derecho al libre tránsito y migración y derecho a la identidad.

Un 3,72% de los casos atendidos por el SAJ de Cecodap tuvieron que ver con obstáculos para la tramitación de actas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaporte. 

Por otra parte, 1,06% de los casos atendidos se vinculaban con el derecho a un nivel de vida adecuado. Se abordaron «situaciones de negligencia en el cuidado y manutención de los niños y contextos de pobreza».

Denuncia, un primer paso a la justicia

Los voceros de Cecodap insistieron en la necesidad de denunciar cualquier vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

«La denuncia detiene el delito, evita nuevas víctimas, acerca al niño a su derecho a la justicia y tiene un gran componente terapéutico», recalcó Trapani.

Como aspecto positivo, revelaron que en el período estudiado una hubo mayor recepción de casos en los Consejos de Protección, Ministerio Público y tribunales. Pero también aclararon que recibir la denuncia no significa inmediatamente la restitución del derecho. Hay un trecho largo entre una y otra cosa.

En ese sentido, Cecodap urgió al Estado venezolano » a diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de la niñez y adolescentes, con el objetivo de evitar llegar a situaciones de vulneración». 

“Hay que priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias, con respuestas institucionales expeditas, efectivas y de calidad”, instan en el documento.

Consideran necesario también que se fortalezca la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y que se implemente una lógica de articulación entre organismos de Estado y la sociedad civil para la protección a los derechos de los niños.

De igual forma, recuerdan al Estado que deben disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “lo que permitiría caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a sus derechos y priorizar acciones de prevención y atención”.

Por último, llaman a impulsar campañas «informativas permanentes y de calidad» sobre los distintos espacios, oportunidades, formas para reportar y denunciar situaciones de amenaza y violación a los derechos de los niños. 

En el episodio 211 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por El Pitazo, Tal cual y Runrun.es, los medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

Listen to «Episodio 211. Tres en uno: La deuda de Corporelec, la pérdida del Esequibo y los desaciertos del dalái lama» on Spreaker.

En El Pitazo destacan el trabajo “Ex Asesores del Gobierno interino: Corpoelec debe 4000 millones de dólares a empresas internacionales.”. Los ingenieros Miguel Lara y José Aguilar desarrollaron una propuesta con la participación de 150 expertos, algunos de ellos trabajadores activos de Corpoelec. La compararon con otros proyectos de recuperación del sistema eléctrico, que dicen son más costosas, no muestran cómo se financiarán y no cuentan con un cronograma.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el reportaje: “El chavismo cambió fidelidad por Esequibo y le llegó la factura”. Chávez cambió su postura con respecto a la reclamación territorial desde 2004. Luego Maduro continuó una política entreguista, que recogió apenas en 2015 y por la premura electoral. Ahora la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene la sartén por el mango en el caso del Esequibo, y Venezuela luce poco preparada para pelear por lo suyo

“Cecodap sobre dalái lama: Ningún pretexto religioso justifica vulnerar derechos de un niño», es el #RRPlus que presenta Runrun.es en este episodio.Activistas y expertos de la ONG en materia de derechos humanos de la infancia sostienen que el líder espiritual budista empleó su posición de poder para cometer un acto indebido y coinciden en que ninguna costumbre religiosa o cultural está por encima de los derechos de los menores de edad. No es la primera vez que el ganador del Premio Nobel de la Paz se ve envuelto en una polémica y su oficina lo excusa con un comunicado  

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Narración: Luis David Miquilena

Producción: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Ley de participación Estudiantil: “Discrecional y ambigua”
La ley establece un cúmulo de deberes y derechos para los estudiantes, pero no dice cómo se implementan, lo que podría representar un problema, según Carlos Trapani

 

El pasado 7 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. El proyecto, que se venía gestando desde el año 2020, y que tiene como objetivo “impulsar las vocerías en los colegios y legitimar los procesos de elección que se desarrollan en las aulas por votos democráticos”, deja a la libre imaginación un sinfín de interpretaciones, por lo que es calificada como “discrecional y ambigua” por expertos en el sector de la educación. 

Una semana después del anuncio y de la aprobación de la Ley de Participación Estudiantil, la cual generó gran revuelo en el gremio docente, quedan muchas imprecisiones en el aire que hasta el momento no tienen respuestas. 

Los primeros 11 artículos de esta ley plantean que los estudiantes de todo el país tienen el deber y el derecho de participar activamente en el ejercicio de sus deberes y derechos en el subsistema de Educación Básica. Así como a gozar de igualdad y no discriminación con enfoque y equidad de género. 

¿Qué plantea la Ley de Participación Estudiantil?

En los siguientes artículos se expone sobre la libre asociación en el ámbito escolar, y es donde se generan las dudas sobre el verdadero objetivo de la normativa. Catedráticos e incluso federaciones, afirman que con esto los bachilleres serán empleados para dar clases en los colegios. 

La norma también expresa que todos los estudiantes (en su mayoría menores de edad) pueden asociarse libremente con fines políticos.

Establece, además, que los jóvenes podrán “inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas”, actos que solo deben ser realizados por mayores de edad.

Sin embargo, la ley aclara que para que las personas jurídicas conformadas exclusivamente por adolescentes puedan obligarse patrimonialmente, «deben nombrar, de conformidad con sus estatutos, una o un representante legal con plena capacidad civil que asuma la responsabilidad que pueda derivarse de estos actos”.

El artículo 16 señala que los estudiantes deben “promover la inclusión e incorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, contribuyendo a la no deserción escolar”, lo que deja la duda si son los estudiantes los que deben procurar la erradicación de la deserción escolar, tarea que en todo caso solo le compete al gobierno.

El problema no es la ley

A través de un Twitter Space, en el que participó el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, se analizaron varios aspectos de esta ley para tratar de aclarar y entender las disposiciones de la ley. 

A juicio de Trapani, esta ley es “ambigua” y permite la “discrecionalidad” en varios de sus artículos donde no se expone con claridad la finalidad de la normativa. 

“El problema que tiene esta ley es que tiene que ser mucho más específica y no con tanta ambigüedad, porque en el marco de la ambigüedad se pueden cometer excesos y eso no es bueno”, afirmó. 

El coordinador de Cecodap afirmó que la Ley de Participación Estudiantil “no presenta nada nuevo” que no esté ya contemplado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y otras normativas.

El coordinador de Cecodap afirmó que el problema no es la ley, sino la implementación de la misma. 

El coordinador de Cecodap explicó que para hablar de participación y convivencia escolar es necesario que se consideren varios aspectos como la infraestructura escolar, los sueldos de los docentes, seguridad social, pensum de estudios actualizados y servicios básicos funcionales. 

Resaltó que en ninguna parte del texto se ven reflejadas las obligaciones del Estado ni de las autoridades educativas en la implementación de esta ley y establece un cúmulo de deberes y derechos para los estudiantes, pero no dice cómo se implementan, lo que podría representar un problema. 

“Yo creo que hay una gran falencia, en el cómo se va a implementar esta ley. No basta con decir que se reconoce el derecho a la participación si no se establecen los canales y mecanismos de participación porque los riesgos de abusos de participación va en contra de los principios de la Convención de los derechos del niño”. 

Cautela con la información

El coordinador de Cecodap explicó que aún faltan algunos pasos y procesos para que la Ley de Participación Estudiantil entre en vigencia, y uno de ellos es que sea aprobada por el gobernante Nicolás Maduro y luego sea publicada en Gaceta Oficial. 

Ante esto, la psicóloga y activista por la educación, Nancy Martínez, a través de un Twitter Space realizado por la organización Espaja.com, hizo un llamado a tener mucha cautela con la información que consumen los estudiantes en las escuelas y liceos del país, pues al ser tan ambigua en términos tan genéricos que se corre el riesgo de que se le de una interpretación arbitraria.

Por su parte, Alexis Ramírez, coordinador general de la organización Excubitus, la cual defiende los derechos humanos en Educación, sugirió leer las recomendaciones finales cuando se hable de una ley y prestar mucha atención a las noticias que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, para no caer en desinformación y propagación de noticias falsas. 

Por su parte, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, insistió en que la Ley de Participación Estudiantil en ninguna de sus normas y en ninguno de sus artículos indica que los muchachos de bachillerato de cuarto año o quinto año se tienen que incorporar como docentes de primaria. 

“No hay que ponerse a decir lo que la ley no dice”, agregó Calatrava. 

Carlos Calatrava comentó que no es algo nuevo que los bachilleres den clases, especialmente en el interior del país por la falta de profesores.

“Es como una suerte de preparaduría, pero no más de ahí, los estudiantes  hacen su labor social con clases de apoyo en materias para las que son buenos”, dijo.