CDI

Algunas de las personas que fallecen por coronavirus en su hogar no consiguen cupo en hospitales, clínicas y CDI

Para retirar un cadáver de un domicilio es necesario contar un certificado de defunción expedido por un médico 

Solo servicios velatorios autorizados por el gobierno pueden recoger en casas cuerpos de muertos por COVID-19

@franzambranor

Cuatro días en la morgue de Bello Monte pasó el cadáver del esposo de Sandra* antes que esta pudiera cremarlo en el Cementerio General del Sur. Todo comenzó con una gripe que en pocos días pasó a una fiebre de 42 grados que no le bajaba con nada, eso encendió las alarmas ese jueves en la noche. Sandra buscó ayuda en hospitales centinelas y CDI y no la consiguió. A los que asistió le dijeron que no podían recibirlo. “En cada sitio que fuimos no encontrábamos la manera de hacerle pruebas ni que pudieran examinarlo para poder saber qué hacer, nunca le hicieron el test del COVID-19”, dijo Sandra. 

Con mucha impotencia y miedo, a Sandra no le quedó otra que quedarse en casa suministrando a su esposo infusiones e inhalaciones con eucalipto. 

Cuatro días después falleció. “Era un hombre de apenas 52 años, no tenía enfermedad preexistente, pero si era una persona con sobrepeso”.

Sandra sentenció que dentro de toda la tragedia que significó perder al padre de sus dos hijos, el procedimiento fluyó. «La misma noche que murió fueron a la casa miembros de Protección Civil, luego se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que me explicó el procedimiento, el cual consistía en esperar a los trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). El cuerpo lo vinieron a buscar al mediodía del día siguiente”.

“Hubo personas que me dijeron que había tenido suerte, porque conocían a familiares que esperaban hasta veinte días para que les entregaran el cadáver. La misma gente del Cementerio General del Sur estaba sorprendida”, añadió Sandra.

El único dinero que debió desembolsar Sandra fueron 20 dólares por concepto de la caja donde reposan las cenizas de su esposo. “Para mi eso fue mucho porque no tenía como costearlo, pero escuchando todo lo que conversaban las demás personas, creo que quejarme está de más. Corrimos con suerte de cruzarnos con personas de buen corazón tras la muerte de mi esposo, pero cuando estábamos peregrinando para que lo atendieran fue rudo, nos sentíamos con mucho miedo y abandonados”.

Una cruz a cuestas 

La madre de Carlos Guerrra no murió de COVID-19, pero igual tuvo que someterse a un largo peregrinar para conseguir tratamiento domiciliario y posteriormente efectuar la cremación en Caracas. Por tratarse de una enfermedad bronco respiratoria, Carlos se vio obligado a buscar oxígeno para su mamá. “La situación fue desesperante, el ‘no hay’, ‘estamos colapsados’ y ‘no podemos atenderla’ fue la constante”.

Finalmente consiguieron oxígeno, pero la saturación no subió a los niveles requeridos por lo que le indicaron una serie de exámenes que lamentablemente no pudo practicarse a tiempo porque muchos laboratorios estaban preparándose para el asueto de Semana Santa.

La mamá de Carlos murió en su hogar la madrugada del martes 30 de marzo. Una funeraria en El Rosal fue a recogerla la tarde de ese día y no fue sino hasta el domingo 4 de abril que pudieron cremarla. 

Carlos indicó que en todos los lugares donde fue a reportar el deceso de su madre le preguntaban con insistencia si la causa había sido COVID-19. 

“Fue una odisea por el colapso de funerarias y cementerios. En el Registro de Baruta nos tocó hacer cola desde las 4 de la mañana para agarrar uno de los cupos diarios que entregan en el Cementerio del Este. Al final fueron 6 horas y media solo para pagar la cremación en el cementerio y tres más, seis días después para retirar las cenizas. La verdad es terrible todo lo relacionado con los trámites. El dolor se va transformando en una mezcla de rabia, resignación e indignación ”.  

Carlos sostuvo que el desborde en el camposanto es notorio. “Allí había una cola para los casos que eran de COVID-19 y otra para los que íbamos por casos diferentes, ambas largas, pero la de coronavirus era impresionante”.

¿Qué hacer si un enfermo con COVID-19 muere en casa?

Todo un proceso 

Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu) sostuvo que retirar un cuerpo de un domicilio por cualquier causa es un asunto en extremo delicado. “Sin certificado de defunción no se puede buscar ningún cadáver, eso es una norma. En los casos de COVID-19, las funerarias deben esperar el certificado y llevarlos inmediatamente al crematorio porque no pueden permanecer allí, los crematorios comienzan a trabajar a las 7 de la mañana, incluso hay algunos que les ha tocado trabajar las 24 horas”.

El primer paso que debe dar el familiar de una persona que muere en casa es conseguir un certificado de defunción, firmado por un médico. 

“En teoría debería ser emitido por un infectólogo, inmunólogo o internista si el paciente murió por COVID-19”, dijo Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela.

Lorenzo sostuvo que con el informe médico, el cadáver del fallecido por COVID-19 no necesita pasar por una morgue para la autopsia de rigor. El documento es suficiente para que los trabajadores de la funeraria acudan a retirar el cuerpo. 

“Ese certificado médico lo dan clínicas, hospitales y CDI, ninguna funeraria lo puede expedir”, aclaró Montoya.

Una vez que se cuente con el certificado se debe acudir a una prefectura para solicitar el acta de defunción, en el caso de que la persona no disponga del certificado médico, entonces es necesario solicitar la intervención del Senamecf, porque son ellos los que deben constatar la causa del deceso. 

De acuerdo con Montoya, el gobierno ha exigido a las instituciones que aceleren la marcha en vista de la demanda. “Han puesto énfasis en que los procesos y trámites sean expeditos, tanto en las prefecturas como en los registros adscritos al Consejo Nacional Electoral, que son quienes dan los permisos para la cremación”.

Solo algunas funerarias designadas

De acuerdo a un trabajador de una funeraria que opera en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte, quien no quiso identificarse, solo cinco servicios velatorios están autorizados en el área metropolitana y sus adyacencias para retirar cadáveres que hayan fallecido por COVID-19 en sus hogares: Cementerio del Este, Funeraria Vallés, La Loira, Jardines El Cercado y El Cristo en Catia.

“Ellos son los que tienen el equipo y el personal entrenado y capacitado para eso, el resto no nos metemos con eso porque es muy delicado. Nosotros para retirar un cadáver en un domicilio por causas naturales lo primero que pedimos es un informe de un médico debidamente autorizado para ver la causa, incluso hay quienes exigen una prueba de despistaje de COVID-19 al cadáver para cerciorarse”. 

Montoya indicó que las autoridades gubernamentales autorizaron a las funerarias que cumplen estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. “Son celosos para dar los permisos porque de eso depende la salud del pueblo”.  

Obligatorio tener dólares

“Pagamos 280 dólares por el traslado y el tiempo que estuvo en la funeraria y $326 por la cremación”, dijo Carlos Guerra, quien perdió a su madre a finales del mes de marzo. 

“El costo depende de la estructura de costos de cada funeraria. La cremación oscila entre 300 y 500 dólares”, sostuvo Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria.

Montoya manifestó que las funerarias debieron hacer una inversión considerable para atender a los fallecidos por la pandemia. 

“La carroza donde se traslada el cuerpo debe ser desinfectada en cada proceso, todo el personal tiene que estar protegido con mascarillas, trajes especiales, lentes, guantes dobles y botas de seguridad. Los costos de los productos que se utilizan son elevados, aquí no se produce ninguno de los instrumentos que son usados para la bioseguridad, son materiales que se consiguen en divisas y eso afecta la estructura de costos de cada funeraria”. 

De acuerdo a la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, hay 18 crematorios a nivel nacional y Caracas cuenta con siete de ellos. 

Montoya sentenció que el mantenimiento de un horno crematorio es costoso. “La gente cree que eso es prenderlo y ya. Un horno cuesta entre 90 y 100 mil dólares, es decir, hay una inversión importante detrás de eso.Todos los hornos tienen planta eléctrica, la mayoría emplean gasoil o gasolina que obviamente es difícil de conseguir. Hay que desinfectarlos todo el tiempo. Aunado a eso, se necesita personal calificado, no cualquiera puede operar un horno crematorio”. 

Un riesgo quedarse en casa 

Lorenzo indicó que un paciente con síntomas de leves a moderados podría someterse a un tratamiento en casa. “Hay médicos que están atendiendo a domicilio a las personas con el debido protocolo”. Pero aseguró que los casos severos de COVID-19 no deben permanecer en sus hogares. “Es necesario hacer lo posible por hospitalizar”. 

El dilema es que algunas personas pasan de tener leves síntomas a agravarse de una manera acelerada y los familiares no saben cuándo actuar. También la preexistencia de otras enfermedades, especialmente de carácter respiratoria hacen que el pronóstico pueda ser de extremo cuidado.

El director de Médicos Unidos por Venezuela sostuvo que la escasez de personal calificado para atender a pacientes, especialmente en los hospitales es un problema de salud pública. “Hay que recordar que ha habido una migración de profesionales de la salud debido a los sueldos miserables, especialmente en los hospitales públicos. Y no solo estoy hablando de los que se van del país, también de aquellos que se ven obligados a dedicarse a otra cosa porque sencillamente el dinero no les alcanza, además que a diario exponen sus vidas y la de sus familiares”. 

La segunda ola de coronavirus que vive Venezuela ha provocado el colapso de los hospitales y clínicas debido a la inmensa cantidad de contagios. “Estamos a nuestra máxima capacidad, desbordados, a finales de 2020 la cosa había bajado, pero ahora retrocedimos, es horrible”, dijo una enfermera de La Clinica Floresta en Altamira, Caracas.

Desde el 1 hasta el 11 de abril murieron en Venezuela 176 personas, de acuerdo a cifras del gobierno de Maduro, un promedio diario de 16, alcanzando la cifra récord por día de 20, el pasado 10 de abril. 

* Nombre ficticio a petición de la entrevistada

Distrito Capital lidera la cantidad de contagios, seguido de Táchira

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez informó que en las últimas 24 horas se han registrado 547 casos de COVID-19, con lo cual la cantidad de contagios en el país asciende a 126.323.

La información la ofreció a través de su cuenta de Twitter, donde agregó que del total de casos, 15 son «importados» de venezolanos que regresaron al país desde Colombia e ingresaron por el estado Táchira. 

Sobre los contagios comunitarios, Distrito Capital lidera con 99 casos; seguido de Táchira con 80; Yaracuy con 74; Zulia con 56; Miranda con 44; Lara con 36; Nueva Esparta con 22; Mérida con 19; Los Roques con 18; Guárico con 13; Trujillo con 12; Bolívar con 12; Barinas con 8; Portuguesa con 8; Apure con 7; Carabobo con 7; Sucre con 5; Cojedes con 5; Aragua con 3; Monagas con 2 y Anzoátegui con 2.

De estos contagios, Ñáñez indicó que 269 son mujeres; 263 son hombres y 45 son menores de edad.

Además informó que se registraron 6 fallecidos este 30 de enero, 1 mujer de 40 años y 1 hombre de 56 años del estado Aragua; 1 mujer de 85 años de Distrito Capital; 1 hombre de 64 años de Falcón; 1 mujer de 54 años de Mérida y 1 hombre de 72 años de Yaracuy.

COVID-19 sin aislamiento domiciliario

Freddy Ñáñez señaló que del total de casos de COVID-19, se han recuperado el 94% de los pacientes y solo habría 6.755 casos activos. Agregó que 4.960 pacientes están hospitalizados; 1.655 en CDI; 140 en clínicas privadas y 1.1183 fallecidos.

En el reporte de este sábado, 30 de enero, el ministro mostró que no hay ningún contagiado en aislamiento domiciliario, pero no detalló si todos esos pacientes se recuperaron o fueron hospitalizados.

En cuanto a la condición actual de los pacientes, Ñáñez indicó que 3.671 están asintomáticos; 2.178 con insuficiencia respiratoria leve; 261 con insuficiencia respiratoria moderada y 105 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por último, Freddy Ñáñez añadió que en el país se han hecho 2.643.700 pruebas, lo que equivale a 88.123 pruebas por millón de habitantes, aunque no especificó qué tipo de pruebas se están aplicando.

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Todo comenzó el pasado 31 de marzo. Ese día, para sorpresa de toda Venezuela, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, uno de los pilares fundamentales del chavismo dominante, formuló unas declaraciones explosivas: las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia violaban el orden constitucional. Era todo lo que necesitaba la oposición para disponer de la pieza clave para terminar de armar el grave rompecabezas nacional.

Desde aquel extraordinario 6 de diciembre de 2015, el régimen perdió la iniciativa. Paso a paso, la elección de una Asamblea Nacional con tres cuartas partes de sus escaños en manos de la oposición ataba a Nicolás Maduro de piernas y manos, y lo obligó a reaccionar violentamente, cada vez con mayor torpeza. Una política desesperada que lo llevó a desconocer los resultados de aquellas elecciones parlamentarias, a negar el derecho constitucional de los ciudadanos a revocar en las urnas de un referéndum el mandato presidencial de Maduro y a borrar del cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral la celebración de elecciones regionales y municipales previstas para el último trimestre de 2016. La última jugada para sacar del tablero de juego a la oposición fueron esas sentencias 155 y 156, mediante las cuales el máximo tribunal del país borraba “legalmente” del mapa a la Asamblea Nacional y se apropiaba porque sí de todas sus competencias constitucionales. Entre ellas, la facultad de destituir a la fiscal general de la República y designar a su sucesor. El punto que sin duda provocó la reacción de Ortega Díaz.

Estas dos sentencias fueron repudiadas y denunciadas de inmediato por la oposición. Más aún, les permitieron a sus dirigentes calificar aquel desafuero de auténtico golpe de Estado y convocar al pueblo a la rebelión civil para restaurar el Estado de Derecho y el hilo constitucional roto abruptamente por el TSJ. Por su parte, Luis Almagro, desde Washington, aprovechó la nueva crisis institucional que se producía en Venezuela para reintentar aplicarle al gobierno Maduro la Carta Democrática Internacional. Sin embargo, la denuncia de la oposición y la determinación de Almagro de condenar al gobierno venezolano volvían a tropezar con el obstáculo que representaba el argumento de que la denuncia de la MUD tenía carácter político y por lo tanto debía ser resuelto dentro de Venezuela mediante un acuerdo entre las partes. De acuerdo con esto, el papel de la OEA y la comunidad internacional debía limitarse a facilitar un diálogo gobierno-oposición.

Esta imprevista declaración de Ortega Díaz le dio un vuelco decisivo a la situación. Al margen de sus posibles razones personales para denunciar las sentencias 155 y 156, es decir, al margen de tener que enfrentar ahora la posibilidad de su sustitución por vía directa de un TSJ sumiso a Miraflores, su denuncia le daba a la compleja crisis política carácter finalmente institucional. Las acciones del TSJ a lo largo del último año habían creado un gravísimo conflicto institucional con el Poder Legislativo y de pronto, con estas sentencias 155 y 156, el TSJ abría un nuevo conflicto de poderes, en este caso con el Ministerio Público. Desde ese instante, sin duda punto relevante del actual proceso político venezolano, la tesis del autogolpe de Estado y la legitimidad constitucional de las acciones que estaba dispuesta a asumir la oposición para satisfacer el derecho y la obligación de salirle al paso a cualquier ruptura del orden constitucional, convirtieron a Ortega Díaz en el más sorprendente y peligroso enemigo de Maduro. Por otra parte, su rotunda denuncia la hacía a su vez intocable.

Desde ese decisivo 31 de marzo, la determinación opositora de tomar las calles y no abandonarlas hasta propiciar la transición de Venezuela hacia la democracia, por primera vez en todos estos años, obtuvo una muy significativa carta de naturaleza institucional a los ojos de la comunidad internacional, un paso imprescindible para propiciar un cambio político a fondo con el visto bueno de la región y de la Unión Europea. Mientras tanto, a partir de ahora, gracias a la posición adoptada por Ortega Díaz, nada ni nadie podía en lo adelante acusar a la oposición de golpista y la comunidad internacional disponía al fin de un sólido asidero institucional para enfrentar al régimen bolivariano.

Como era de suponer, toda la artillería oficial dirigió buena parte de sus andanadas contra la fiscal rebelde, que en ningún caso podía ser sindicada de oposicionista sino todo lo contrario, sobre todo después de que ella condenara el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles detenidos por protestar, insistiera en el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar pacíficamente y exigiera el desarme de los grupos civiles armados, valga decir, de los llamados colectivos chavistas, herederos de aquellos “círculos bolivarianos”, organizados por Diosdado Cabello y Miguel Rodríguez Torres en Miraflores desde el primer día del primer gobierno de Hugo Chávez.

El último y más grave movimiento de Ortega Díaz en su empeño por desarticular las artimañas de Maduro y sus lugartenientes al margen de la Constitución Nacional, entre las cuales, por supuesto, estaba su destitución, se produjo en la rueda de prensa convocada por ella para el pasado 24 de mayo, accidentada rueda de prensa por cierto, porque cuando estaba a punto de iniciarse, misteriosamente, se interrumpió el servicio eléctrico en la sede del Ministerio Público. Restablecida la normalidad, Ortega Díaz entró directamente en su tema de ese día, nada menos el muy lamentable caso del joven Juan Pablo Pernalete durante la marcha opositora del 26 de abril. Según su informe a la prensa, su muerte no fue producida por el disparo de una “pistola de perno”, como habían sostenido Maduro y su ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, para dar a entender que el asesino era un improvisado pistolero de la propia oposición, sino por el impacto de una granada de gases tóxicos efectuado a quemarropa por un efectivo de la Guardia Nacional. Para ser precisa, indicó Ortega Díaz que en la autopsia que se le practicó al joven asesinado se determinó que la causa de su muerte fue un paro cardiaco a consecuencia de un golpe que le fracturó el esternón y algunas costillas, huesos que a su vez le perforaron el pulmón izquierdo.

La respuesta del régimen no se hizo esperar. Primero lo hizo al general Néstor Reverol, ministro de Justicia; inmediatamente después Padrino López le respondió a Ortega Díaz. Ambos acusaron a la fiscal de ofender el honor de la Guardia Nacional y Padrino López llegó al extremo de denunciar que “Ortega Díaz había perdido su lealtad revolucionaria”, como si esa supuesta lealtad fuera, y tuviera que ser, mucho más importante y válida que la verdad y la justicia.

En todo caso, estas declaraciones, y las que decisiones que seguramente vendrán, porque esta vez Ortega Díaz tuvo la audacia de meter el dedo hasta el fondo de la llaga militar que hoy por hoy afecta mortalmente a la Guardia Nacional como componente del universo militar venezolano, en estos días que corren, son un ingrediente demasiado peligroso para que Maduro vaya a tolerarlo así como así. Entre otras razones, porque para nadie es un secreto que la última palabra en el desenlace que tarde o temprano tendrá la actual y terminante crisis política venezolana la dirá, precisamente, la Fuerza Armada Nacional. No porque a algunos de sus miembros se les ocurra tomar eso que desde el régimen llaman atajos golpistas, sino porque resulta imposible saber con exactitud qué ocurre realmente dentro de los cuarteles y nadie se atreve tampoco a vaticinar qué ocurrirá mañana, pasado mañana, algún día, si los efectivos de la Guardia Nacional se negaran a seguir reprimiendo con escandalosa ferocidad las manifestaciones pacíficas que se producen a diario en las calles de toda Venezuela, y si llegados a ese punto de no retorno Maduro se atrevería a encargarle a su ministro de la Defensa dar la orden de que los efectivos del ejército repriman las marchas de venezolanos indefensos con armas de guerra. Y eso, si Padrino López acatará la instrucción de su comandante en jefe, precipitaría de lleno a Venezuela en las honduras de una dimensión desconocida y letal.

@aduran111

El Nacional 

A juicio del presidente Nicolás Maduro, la red de Barrio Adentro es una de las más serviciales y oportunas del mundo. Este jueves, luego de los fuertes disturbios suscitados tanto en Caracas como en varios estados del país, Maduro se puso una bata de médico y empezó a lanzar sus dardos contra la oposición y a favor de la revolución.

Entre otras cosas arrojó cifras sorprendentes en cuanto a la salud en Venezuela, según él, cada venezolano puede asistir a un CDI cuando lo requiera y ser atendido diariamente. Una afirmación que contrasta con la realidad.

«Estamos trabajando, construyendo consultorios, construyendo hospitales, todos los días trabajando y así debemos mantenernos, con amor, siempre con amor, lo que se hace con amor sale bien y trasciende», expresó desde un centro de salud ubicado en Fuerte Tiuna,

A juicio del mandatario, el sistema Barrio Adentro ha realizado 1.468 millones de consultas en 14 años. Según Maduro casi 105 millones de atenciones a personas se efectúan cada año, nueve millones cada mes y poco más de 24 mil por día.

La cifra anterior tiene que repartirse entre los 11 mil 479 consultorios que dice el propio Maduro tener el sistema en todo el territorio nacional, números que solo alcanzarían si se atienden a dos individuos por minuto en cada institución. Siempre y cuando cada uno de estas instalaciones esté operativa.

A todas estas, es probable que Maduro haya leído mal la cifra, según otros entes gubernamentales (como el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas) y la real sea 1 millón 468 mil consultas, dígitos igualmente inverosímiles.

«Hemos salvado un millón 769 mil vidas gracias a Barrio Adentro, se han hecho 2 millones 92 mil intervenciones quirúrgicas, 71 millones 900 mil de exámenes gratuitos, eso no se ve en otro país, menos en Colombia por ejemplo», dijo. «La medicina es cara en el extranjero

«Allá toda la medicina es privada, para el pueblo plomo, por eso tenemos 5 millones de colombianos aquí, el año pasado se vinieron 100, solo este año 35 mil, Colombia es un estado fallido, firmaron acuerdos de paz gracias a Chávez y a mi»,

Aquí la cadena completa de este jueves 20 de abril, el sonido donde arroja la cifra récord está en el minuto 45:14

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, como mecanismo de resolución pacífica a los conflictos para restituir el Orden Constitucional en Venezuela; e instó al Consejo Permanente de la OEA a exigir elecciones inmediatas, así como requerir que los mecanismos para la liberación de los dirigentes detenidos y la apertura de un canal humanitario.

El diputado Luis Florido, encargado de abrir el debate, expresó su apoyo al informe del secretario de la OEA, Luis Almagro e indicó que la CDI, ya se encuentra activa. “Lo que ahora se busca es la aplicación de los artículos 20 y 21 como en su momento pasó en Honduras”, dijo.

“La CDI protege a los ciudadanos, al pueblo y la democracia venezolana. Cuando se habla de Carta Democrática la gente pregunta, ¿para qué sirve, ¿cuál es su utilidad? los objetivos son tres: el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y la celebración de elecciones periódicas como expresión de la soberanía del pueblo“, dijo.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Julio Borges aclaró que la carta no busca una intervención. “No es traer a Venezuela violencia ni intervención, la carta es una ley venezolana, la aplicación de la Carta es para proteger a un país que lo único que pide es elecciones para salir de la crisis.”, acotó.

Decreto de emergencia económica

Por ora parte, se realizó el debate sobre la consideración de prórroga del Decreto de Emergencia Económica de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la cual aprobaron la negación de esta nueva prórroga por considerarlo inconstitucional.

El diputado y economista, José Guerra, planteó a sus colegas parlamentarios negar la nueva prórroga del decreto de emergencia económica. Debido que “este decreto sirvió para destrozar y mutilar las estadísticas de Venezuela”

Guerra hizo una recuento de cómo ha estado la economía venezolana durante los dos años de vigencia de dicho decreto.

Asimismo, recalcó que la situación de la pobreza ha desmejora durante el decreto de emergencia. “De cada 10 hogares venezolanos 8 están en pobreza extrema”.

Del mismo modo, el parlamentario reafirmó que, según la Constitución, el Decreto solo puede prorrogarse una vez y el régimen lo ha prorrogado seis veces.

Aprobado por unanimidad Acuerdo en respaldo a la reactivación de proceso de aplicación de Carta Democrática de la OEA. #SesiónAN pic.twitter.com/BPJKtujVLx

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Pdte.AN @JulioBorges: celebramos que todos los países de la región acompañen y respalden a Venezuela en su solicitud de libertad. #SesiónAN pic.twitter.com/xULCPicCaK

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Pdte.AN @JulioBorges: la aplicación de la Carta es para proteger a un país que lo único que pide es elecciones para salir de la crisis. pic.twitter.com/R9NSIrpuwL

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Pdte.AN @JulioBorges: la Carta es Ley venezolana, y el mismo Gobierno la suscribió en 2001, pero ahora no le conviene acatarla. #SesiónAN pic.twitter.com/eQrvUe8q85

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Dip.@LuisFlorido: la Carta está ACTIVA, lo que ahora se busca es la aplicación de los artículos 20 y 21 como en su momento pasó en Honduras. pic.twitter.com/dgeo4OV8hE

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Dip.@LuisFlorido: el Art.20 de la Carta Democrática establece gestiones diplomáticas para la restitución del orden constitucional. #SesiónAN pic.twitter.com/h51do9DSGm

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Dip.@LuisFlorido: según Art.23 de la CRBV, los Acuerdos suscritos por la República son Ley y prevalecen sobre el orden interno. #SesiónAN pic.twitter.com/KU5y0pa5Ku

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 21 de marzo de 2017

Tras la derrota electoral de la oposición en la elección presidencial del 3 de diciembre de 2006, señalaba en estas mismas páginas que Hugo Chávez había perseguido en las urnas de aquel día tres objetivos.

El primero era, por supuesto, ganar, pero no por 4 votos, sino por una amplia mayoría. Los famosos “10 millones de votos por el buche” de la campaña electoral del oficialismo, para que nadie en Venezuela o en el resto del planeta dudara del carácter arrollador del liderazgo de Chávez. En segundo lugar, conseguir que la oposición reconociera su victoria, por abultada que fuera, para legitimar ante la comunidad internacional tanto el origen democrático de su presidencia como la pulcritud y transparencia del sistema electoral venezolano. Por último, consolidar con su victoria, aceptada por todos de buen grado, el desarrollo de una oposición, ahora dialogante, alejada para siempre de los atajos de la desestabilización y el golpismo a cambio de unos pocos e insignificantes espacios políticos en la estructura del Estado.

En pocas palabras, ese era el paso imprescindible para crear la ilusión de que en Venezuela reinaba un clima de paz y armonía de tanta magnitud que, incluso, el gran salto que se disponía a dar con la reforma a fondo de la Constitución para conducir Venezuela al socialismo sería a su vez el fruto de un gran diálogo entre el gobierno y la oposición.

Como todos recordamos, aquel 3 de diciembre no hubo sorpresa alguna. El 2 de febrero, en el Teatro Teresa Carreño, donde celebraba el séptimo aniversario de su ascensión al poder, Chávez les advirtió a sus partidarios la necesidad de evitar por todos los medios que la masiva abstención del 4 de diciembre del año anterior se repitiera ahora en la elección presidencial. La visita que le hicieron a Tibisay Lucena los tres precandidatos de oposición, Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales, tuvo la finalidad de hacerle saber a la opinión pública nacional e internacional que ellos, en representación de la Coordinadora Democrática, confiaban plenamente en la imparcialidad del CNE y aceptarían sin chistar el resultado oficial del escrutinio. Segundo capítulo de esta telenovela fue el espectáculo que ofreció Rosales al reconocer su derrota mucho antes de que terminara la totalización de los votos. Peor aún, que muy pronto los voceros más calificados de la oposición coincidieron en señalar que, a pesar de la derrota de Rosales, la oposición había logrado una gran victoria política, porque el pueblo opositor, al darle la espalda a la abstención como herramienta política, había demostrado su madurez al depositar toda su confianza en la fórmula electoral para enfrentar el reto que representaba Chávez.

Me preguntaba entonces si los felices dirigentes políticos de la oposición no se dieron cuenta de que los resultados de la votación anunciados por el CNE “lo que en definitiva indican es que Venezuela finalmente se aproxima al estado perfecto de la normalización política, que desde el punto de vista de Chávez significa democracia socialista y revolucionaria, sin oposición verdadera, y que dentro de este esquema el único papel previsto para la oposición es estar ahí, adornando los salones y nada, absolutamente nada más”.

Lo inaudito es que desde aquella jornada, a lo largo de estos últimos y turbulentos años, la oposición ha insistido en representar ese triste papel de cómplice, más bien barato, por cierto, del régimen. Es lo que hizo el año pasado, cuando a pesar de la gran victoria popular en las urnas del 6-D-15 aceptó participar en la maniobra dialogante del régimen para impedir el pleno y real funcionamiento de la Asamblea Nacional, y que Luis Almagro pudiera aplicarle la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Nicolás Maduro. Y es lo que hace ahora Henry Ramos Allup, fiel al electoralismo colaboracionista del 3 de diciembre de 2006, al pedirle al país y al mundo paciencia, porque la crisis venezolana se resolverá el año que viene por la vía de una “megaelección”. Simplemente para impedir que Almagro vuelva a invocar ahora la CDI, cuando la crisis venezolana por fin ha adquirido a los ojos de América y Europa la categoría de una auténtica catástrofe humanitaria.

@aduran111

El Nacional 

El secretario Luis Almagro, el presidente del Consejo Patrick Andrews y el embajador boliviano Diego Pary el 24FEB17. Foto: OEA

En Venezuela permanece suspendida la vigencia de los derechos constitucionales desde el 14ENE16, cuando Nicolás Maduro declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. En las regiones fronterizas del país, el estado de excepción está vigente desde agosto del 2015.

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En la práctica, el estado de excepción se convirtió en permanente en Venezuela. El régimen chavista, valiéndose del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo, ha convertido en rutina la emisión de decretos trimestrales mediante los cuales Maduro se autoadjudica potestad para legislar mediante la emisión de decretos. Según la Constitución Bolivariana, los decretos de “estado de excepción” deben ser validados por la Asamblea Nacional, precepto que está siendo abiertamente violado.

Sin que el país se percatara, Maduro emitió el 13MAR17 un nuevo decreto  prorrogando el estado de excepción por sesenta días, alegando “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación”. Maduro se arrogó atribuciones para adoptar “medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias”.

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Paradójicamente, mientras Maduro alega que el “orden constitucional” está afectado en Venezuela para así extender el “estado de excepción”, externamente el régimen chavista niega que exista tal afectación y rechaza que el tema sea tratado en la OEA.

En un intento para reactivar el proceso de aplicación de la Carta Democrática al gobierno Maduro, congelado desde el 23JUN16, el Secretario General de la OEA presentó el 14MAR17 una actualización de su informe sobre “la crisis en Venezuela, especialmente la «alteración del orden constitucional» y del «orden democrático» en ese país”. En el documento de setenta y cinco páginas, Almagro asegura que luego de su primer informe distribuido el 30MAY16, “América y la comunidad internacional han sido testigos de la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria en Venezuela”. Igualmente indica que “las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso” y “los reiterados intentos de diálogo han fracasado”.

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El nuevo informe de Luis Almagro sobre Venezuela considera que aún el gobierno Maduro puede tomar decisiones para “asegurar la separación de poderes, garantizar la independencia del Poder Judicial y del CNE, devolver los derechos electorales al pueblo, abrir un canal humanitario, devolver sus poderes constitucionales a la Asamblea Nacional y liberar a los presos políticos”. De lo contrario, a juicio de Almagro, el Consejo Permanente de la organización, integrado por los representantes permanentes, debe declarar que en Venezuela existe una “alteración grave del orden constitucional”, lo cual haría que el caso venezolano escale a una nueva etapa dentro de la OEA. Tomar esa decisión sólo requiere sumar 18 votos a favor, lo que parece probable según varias fuentes diplomáticas consultadas. El Consejo Permanente tiene también las opciones de decidir que en Venezuela no existe una “alteración grave” o que esa “alteración” no es grave: en ambas circunstancias el tema sería archivado para beneplácito del gobierno Maduro. Estas últimas opciones parecen poco probables ya que el régimen chavista no cuenta con los votos necesarios.

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Almagro advierte que “intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios”. Por lo cual, Almagro recomienda que tras la declaratoria del Consejo Permanente sea inmediatamente convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, conformada por los cancilleres de los 34 países miembros. Esa Asamblea General debería, a juicio de Almagro, aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. La suspensión de Venezuela requeriría del respaldo de 24 gobiernos.

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El gobierno chavista, con fuerte apoyo de la cancillería cubana, procura no sólo frenar cualquier sanción sino impedir que la OEA debata la situación venezolana. La recomendación de Almagro sólo se hace viable en la medida que el embajador Patrick Andrews, representante de Belice y actual Presidente del Consejo Permanente de la OEA, convoque a una sesión para considerar el nuevo informe y retomar el debate sobre Venezuela suspendido el 23JUN16. Andrews ejercerá la presidencia hasta el 31MAR17 cuando el cargo rotatorio trimestral será asumido por Diego Pary, representante de Bolivia ante la OEA. El gobierno boliviano de Evo Morales es socio de Maduro y ya el 15MAR17 emitió un comunicado calificando el informe de Almagro como “acciones intervencionistas y serviles a intereses hegemónicos”.

Se espera que la representación boliviana en la OEA, al ejercer la Presidencia del Consejo Permanente, realice maniobras para impedir la celebración de la reunión propuesta por Almagro. Tras conocerse el informe de Almagro, varias cancillerías han dejado saber su interés para que sea convocado el Consejo Permanente con el objeto de conocerlo oficialmente y pronunciarse al respecto, Paraguay y Perú los primeros de ellos. El caso Venezuela nuevamente amenaza con confrontar a los gobiernos del Continente.

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Los expresidentes de izquierda, la argentina Cristina Kirchner y el brasileño Lula da Silva, están enredados, cada uno de ellos, en diversos procesos judiciales en sus países, por casos de corrupción e intentos de evadir la justicia. Ambos intentan crear climas de confrontación callejera para zafarse de sus procesos judiciales alegando que se trata de persecución judicial y política.

El peronismo kirchnerista en Argentina y el PT en Brasil están movilizados para salvar a sus dirigentes usando como argumento las medidas de política económica de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer. Según expuso en Caracas el 05MAR17 el jefe de los Movimientos Sociales del ALBA, el brasileño João Pedro Stedile, el objetivo del Foro de São  Paulo es derrocar a Macri y Temer.

En Argentina, el movimiento sindical peronista convoca protestas y cierre de vías en las fechas coincidentes con las comparecencias de la familia Kirchner a los tribunales. En Brasil, el PT organiza concentraciones con Lula como orador principal, con la excusa de rechazar la reforma del sistema de jubilaciones propuesta por Temer. Incluso el PT, por intermedio del Movimiento de los Sin Techo, contrató al popular actor Wagner Moura, conocido por su interpretación del narcotraficante Pablo Escobar en una serie de Netflix, para realizar una campaña contra el gobierno Temer.

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La actitud de Lula y Cristina Kirchner en sus comparecencias en los tribunales tiende a ser análoga. El 07MAR17 Cristina Kirchner estaba citada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 de Buenos Aires. Ese tribunal investiga la llamada “causa Los Sauces”, según la cual la exmandataria habría recibido propinas mediante pagos de alquileres de hoteles pertenecientes a los Kirchner, a cambio de la concesión de contratos de obras públicas que favorecieron a amigos de la familia. Kirchner apeló a su derecho de no responder al cuestionario del tribunal y se limitó a entregar un escrito. Durante las formalidades, al ser interrogada sobre el monto de sus ingresos, se negó a aportar la información limitándose a señalar su “pensión por ex presidente”. Sobre el monto de la pensión dijo al funcionario del tribunal: “pregúntele a Bonadio [juez de la causa] que me la embargó”. Al preguntársele dónde y con quién vivía, respondió que vive sola “con mi perra Lolita”.

Una semana después tocó el turno a Lula. El expresidente que pretende convertirse en candidato presidencial en breve, debió comparecer ante la 10ª Vara da Justiça Federal en Brasilia. Ese tribunal federal de primera instancia se encarga de las acusaciones contra Lula por haber dirigido una conspiración para que Nestor Cerveró, exdirector internacional de la petrolera  estatal Petrobras, huyera del país y no realizara una completa confesión en el caso de corrupción de “Lava Jato”. El 14MAR17, al ser interrogado por el juez Ricardo Leite sobre sus actividades, Lula afirmó ser “tornero industrial”, obviando su condición de político profesional desde por lo menos hace tres décadas. Al ser interrogado sobre sus ingresos, Lula como ya lo hiciera su amiga Cristina Kirchner en el tribunal bonaerense, evadió dar una respuesta precisa. El exlíder sindical ofreció cifras parciales sobre las cuales no estaba seguro, dijo desconocer el monto total y prometió que sus abogados lo informarían al tribunal. El 16MAR17, los abogados de Lula entregaron al tribunal brasiliense los documentos sobre ingresos que Lula declaró al fisco en el año 2016. Según Lula, buena parte de sus  ingresos mensuales provienen de la empresa “L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda”, la cual se encarga de administrar los supuestos ingresos obtenidos por Lula en condición de “conferencista”.

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La Fiscalía General de Brasil solicitó el 14MAR17 al Supremo Tribunal Federal la apertura de cientos de investigaciones judiciales, con base en las delaciones de setenta y siete altos empleados de la empresa constructora Odebrecht. Aún permanece en secreto la lista de señalados por haber recibido propinas de la empresa constructora, la cual incluiría a más de ochenta altos funcionarios (senadores, diputados, ministros y gobernadores) cuyos casos correrían  directamente en el Supremo Tribunal Federal por disfrutar de fuero especial. La lista incluye un centenar de casos que envuelven a personas sin fuero especial, entre las que se encuentra los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.

@ecotalvora

Diario Las Américas 

El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, expresó hoy su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y por la grave situación de la democracia en dicho país. Ello durante su presentación en el “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico”, que se realiza en la ciudad chilena de Viña del Mar.

“El Perú ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y por la grave situación de la democracia en ese país. Es una preocupación que compartimos diversos países de la región”, expresó.

La visita del canciller Ricardo Luna al país sureño responde a una invitación formulada por su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, con el objetivo de retomar el diálogo iniciado en noviembre de 2016, en el marco de la XXIV Cumbre de Líderes del APEC.

El ministro Luna, además, manifestó que respecto a las recomendaciones del último informe del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es prerrogativa de los Estados miembros evaluar su viabilidad y eficacia y adoptar, de manera conjunta, la decisiones sobre la situación política de Venezuela en aplicación de los principios y criterios de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.

Las decisiones que se refiere el canciller Luna responden a un conjunto de medidas propuestas por la OEA para la normalización de la situación en Venezuela. Entre ellas se encuentran la realización de un referéndum revocatorio que dé o no legitimidad al gobierno, la liberalización de las personas detenidas por motivos políticos, el cese a la violación de derechos humanos y el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.