Cada año, del 24 al 31 de octubre, se celebra la Semana Internacional del Desarme, que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1995.
En una investigación que actualmente estamos llevando a cabo en Caracas Mi Convive para comprender la vivencia de los niños que viven en comunidades del municipio Libertador con altos niveles de homicidios, cuando le preguntamos a un grupo de ellos qué es lo que menos les gusta de la comunidad donde viven, las primeras respuestas siempre estuvieron vinculadas a armas.
Varios de los niños dibujaron armas de fuego como pistolas, lanzagranadas, metralletas, representándolas con detalle e inclusive siendo capaces de nombrar el modelo correspondiente. Esta anécdota muestra cómo la proliferación de armas de fuego constituye una de las expresiones más letales de la desigualdad social: el dinero producto de su venta termina en las manos de unos pocos y estas terminan teniendo una presencia desproporcionada dentro de los sectores más excluidos de la sociedad.
Venezuela hoy en día es uno de los países del mundo más afectados por la proliferación de armas de fuego. De acuerdo con los resultados del Small Arms Survey de 2017, estamos entre los cinco países donde ocurren mayor proporción de muertes por arma de fuego, constituyendo el 89% de las muertes violentas.
Cuando vemos en detalle los datos que hemos recogido desde nuestro Monitor de Víctimas, vemos que el patrón se repite en el área metropolitana de Caracas. En el año 2018, el 75% de las 1.372 muertes violentas registradas se llevaron a cabo con armas de fuego, de las cuales 72% corresponden a armas de fuego cortas. Estas muertes ocurren en su mayoría en parroquias conformadas principalmente por asentamientos urbanos espontáneos, como Petare, Sucre, El Valle y Antímano. Lo que confirma la presencia significativa de armamento en sectores populares.
Pero, ¿por qué hablar de esto en este momento? Cada año, del 24 al 31 de octubre, se celebra la Semana Internacional del Desarme, que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1995.
El objetivo principal de esta semana es impulsar políticas orientadas al control internacional sobre el mercado ilícito de armamento y frenar la carrera armamentística de las naciones, con el objetivo de un desarme progresivo para promover la paz y el desarrollo. El caso de Venezuela evidencia que una política de desarme es necesaria para el desarrollo de los sectores más vulnerados por las desigualdades sociales.
Existen ejemplos exitosos, como el caso de Brasil. En el año 2002, antes de implementar leyes regulatorias, se estimaba una tasa de muertes por armas de fuego de 21,72 por cada cien mil habitantes. Similar a nuestra historia, 90% de estas muertes correspondían a hombres jóvenes varones de sectores socialmente excluidos.
Al año siguiente, en octubre de 2003, se aprobó una serie de leyes orientadas a reducir y controlar el uso de armamento y municiones. Los estatutos fueron claros: controlar la cantidad de armas que entraban al país y su uso interno; crear instituciones para hacer chequeo de antecedentes para la compra de armas y municiones; multas y condenas de prisión más estrictas para las personas que violaran algunas de estas leyes. En 2004, el Ministerio de Justicia implementó un plan de desarme voluntario exitoso, que consistió en sensibilizar a la población y los pasos requeridos para la entrega de armas.
En primer lugar, hay un excesivo control militar sobre la producción y registro de armas en el país. La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) está controlada exclusivamente por las Fuerzas Armadas, imposibilitando el acceso a los grupos policiales a este registro de armas de fuego y producción de municiones, haciendo excesivamente difícil los procesos de investigación sobre la compra y venta de armas y municiones ilegales.
En segundo lugar, no existen incentivos focalizados para promover el desarme en los sectores que son más vulnerables que ocurran muertes violentas. Las investigaciones realizadas por la socióloga Verónica Zubillaga, muestran cómo las armas de fuego constituyen un símbolo de estatus y respeto entre jóvenes varones que incurren en actos delictivos y con pocas alternativas para obtener estos beneficios. En este sentido, las políticas de desarme voluntario son efectivas en la medida que estén focalizadas en ofrecer alternativas de desarrollo reales en estas poblaciones a cambio de la entrega de armas de fuego.
Por último, el presupuesto nacional ha priorizado el gasto militar sobre la atención a las necesidades de las poblaciones más excluidas. Se estima que el gasto militar entre 1999 y 2015 fue alrededor de 5.6 mil millones de dólares, lo que equivale a la construcción de alrededor 56 hospitales. Específicamente, en el año 2012, hubo inversiones de hasta 643 millones de dólares, representando un gasto 3 veces mayor al invertido en el sistema penitenciario y 3,5 veces mayor a la inversión en deporte y cultura.
La proliferación de armas de fuego en la población cobra aún más significado en el contexto de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. En un país donde los sectores más vulnerables simultáneamente manejan una gran cantidad de armas de fuego, hace menos probable que organizaciones orientadas a buscar soluciones a la emergencia se sientan seguras de trabajar dentro de dichas comunidades sin que sus vidas estén en riesgo.
