Caso Odebrecht

NUEVOS MENSAJES PUBLICADOS ESTE DOMINGO, 7 DE JULIO, sugieren que el ex juez brasileño Sergio Moro, actual ministro de Jair Bolsonaro, orientó a los fiscales de la operación Lava Jato para que revelasen informaciones ofrecidas por Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en Venezuela y que estaban bajo secreto de sumario.

El diario Folha de São Paulo, en asociación con el medio The Intercept Brasil, publicó otros mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram entre Moro y diversos fiscales de la operación Lava Jato, entre ellos Deltan Dallagnol.

Los integrantes de la operación Lava Jato se movilizaron para exponer informaciones bajo secreto de sumario sobre la corrupción en Venezuela después de recibir una sugerencia en agosto de 2017 del entonces juez federal.

Los diálogos, enviados por una fuente anónima a The Intercept Brasil y analizados por el diario Folha de São Paulo, indican que el objetivo principal de la iniciativa era dar una respuesta política al endurecimiento político del régimen de Nicolás Maduro.

Más información en El Nacional.

UN JUEZ ORDENÓ EL VIERNES tres años de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica por motivos de salud, obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y no tiene arraigo personal en el país, ya que su familia vive fuera.

La fiscalía afirma que Kuczynski, de 80 años, realizó supuestos «actos de blanqueo de capital» mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

«Es una sentencia de muerte a sus 80 años», dijo el legislador Gilbert Violeta, amigo del expresidente.

No se sabe a qué prisión será enviado Kuczynski, pero podría ser una cárcel de la zona este de Lima que sólo tiene un preso: el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumple una condena de 25 años por violación de derechos humanos. Kuczynski liberó temporalmente a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017, lo que desató protestas en el país.

La orden de cárcel se da el mismo día que se realizaron los funerales del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó para evitar ser arrestado mientras era investigado por otro caso ligado a Odebrecht.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Además de García, Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.

EL EXPRESIDENTE ALAN GARCÍA, quien se suicidó para evitar ser detenido, supuestamente dejó una carta en la que -según su familia- dice que su captura habría sido una humillación personal que no iba a permitir.

El cuerpo de García, uno de varios políticos señalados por corrupción en la investigación contra la constructora brasileña Odebrecht en Perú, fue velado el viernes en el local de partido político, donde una de sus hijas leyó la supuesta carta que dejó su padre.

“No tengo por qué aceptar vejámenes, he visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos. Les dejo mi cadáver como una muestra de desprecio hacia mis adversarios”, leyó la hija del exmandatario con la voz entrecortada por el llanto.

“En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan todos los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades”, añadió Luciana. The Associated Press no ha podido comprobar la veracidad de la carta. No se sabe ni el día ni la hora en la que fue escrita, ni si fue manuscrita o mecanografiada.

De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.

En los funerales, su ex primer ministro, Jorge del Castillo, calificó a García como “el mejor presidente de Perú”, mientras que su secretario Ricardo Pinedo comentó que los “odiadores no entendían que tu único objetivo era un lugar en la historia, ellos vivirán encadenados de sus odios y así morirán”.

García encabezaba en Perú la lista de políticos más rechazados y también la de los que deberían retirarse de la política local, de acuerdo a diversas encuestas en 2018 y 2019.

Poco después, miles de simpatizantes procedentes de todo el país siguieron por las calles de Lima el féretro del expresidente. El ataúd salió del local central del partido y, de acuerdo al programa, luego de recorrer las calles capitalinas será llevado hasta un cementerio de la zona este de Lima donde será cremado en otra ceremonia privada.

Al funeral se añadió una tragedia más cuando un autobús que llegaba con simpatizantes desde el norte de Perú chocó contra un muro de concreto en las afueras de Lima y dejó ocho muertos y más de 40 heridos. Varios de los muertos que estaban sentados en el segundo piso del bus salieron disparados por las ventanas y cayeron al río Huaura, dijo el jefe de la policía de carreteras, Jorge Castillo.

García murió el miércoles en un hospital horas después de dispararse en la cabeza con un revólver Colt, una de las nueve armas que guardaba en su dormitorio.

El ministro del Interior, Carlos Morán, comentó que cuando el equipo del fiscal ingresó con la policía a la mansión del expresidente para arrestarlo, García –que se encontraba en el segundo piso– indicó que iba a hacer una llamada a su abogado y se encerró en su dormitorio para después dispararse.

Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras es investigado por el caso Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el exgerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el exmandatario.

A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición y desde entonces García vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.

García, de 69 años, gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo 2006-2011.

Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta un pedido de prisión domiciliaria tras estar detenido desde el viernes último.

Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 -como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos- que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.

LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS HALLARON MUERTO EN BOGOTÁ al exsecretario de Transparencia de la Presidencia Rafael Merchán, testigo en el caso Odebrecht en Colombia, menos de dos meses después de que falleciera Jorge Enrique Pizano, cuya declaración estaba considerada clave.

«Tristeza infinita por la muerte de un gran amigo, extraordinario ser humano, Rafael Merchán. Nos va a hacer muchísima falta. Que dolor. Que en paz descanse», escribió en Twitter el exsenador Carlos Fernando Galán, muy cercano al exsecretario de Transparencia.

Según el diario El Tiempo, el cuerpo de Merchán, que tenía 43 años, fue hallado en extrañas circunstancias en su casa de Bogotá y había sido citado como testigo en el proceso penal contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade por el caso Odebrecht.

Andrade está acusado por la Fiscalía de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio, en calidad de determinador.

Los hechos investigados corresponden a la adición del contrato de concesión Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era la empresa brasileña Odebrecht, realizada cuando Andrade se desempeñaba como presidente de la ANI.

Jorge Enrique Pizano falleció de un infarto, según el informe del hospital donde fue atendido, y tres días después falleció su hijo el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, envenenado con cianuro al beber agua saborizada que estaba en una botella que halló en un escritorio que su padre tenía en su casa.

Por el manejo de ese caso el pasado 20 de diciembre el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Valdés, renunció en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Pizano.

Según la Fiscalía, las coimas que pagó Odebrecht en el país para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares).

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la solicitud de medida cautelar de embargo preventivo pedida por el Metro de Caracas (Cametro) contra las sociedades mercantiles Constructora Norberto Odebrecht y Seguros Caroní.

El Metro de Caracas interpuso la demanda ante el máximo tribunal el 14 de diciembre de 2017, y fue admitida el 19 de junio de 2018. En la acción judicial la empresa exige a la constructora brasileña y a Seguros Caroní, S.A, quien actuó como afianzadora, que devuelvan al Estado el dinero otorgado en anticipo no amortizado, por incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N- MC-4749, suscrito el 18 de diciembre de 2012.

El contrato estaba destinado a “la construcción de 2.400 viviendas a edificarse en terreno ubicado en Mariche, carretera nacional Petare-Santa Lucía, sector Las Tapias, (…), municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda (…)”, una obra que debió haber finalizado el 1º de marzo de 2017, pero las viviendas nunca fueron construidas, según Transparencia Venezuela.

Este seis de diciembre, la Sala Político Administrativa del TSJ anunció que declaraba procedente la solicitud de medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de las referidas sociedades mercantiles, hasta por la cantidad actual de Bs. 21.960,90, así como hasta por el monto de US$. 197.730.000,00, cuya ejecución quedará supeditada -únicamente en lo que respecta a la contratista- al sostenimiento o no de la “medida cautelar innominada autónoma” decretada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a través de la decisión Nro. 2017-00598 del 9 de agosto de 2017.

El fallo del Máximo Juzgado del país ordena oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), a los fines de que determine los bienes muebles sobre los que recaerá la medida preventiva decretada en el presente asunto en lo que atañe a la sociedad mercantil Seguros Caroní, S.A.

Odebrecht está envuelta en un escándalo de corrupción desde 2014, cuando se conoció el caso Lavajato en Brasil. Sin embargo, no fue hasta enero de 2017 cuando se realizó el primer allanamiento a las oficinas de la empresa en Caracas, y en agosto 2017 se conoció de la solicitud de medida cautelar de congelamiento de bienes pertenecientes a Odebrecht, que se encuentran relacionados con la ejecución de 11 proyectos inconclusos, interpuesta por la Procuraduría General de la República en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa.

*Con información de Banca y Negocios, y nota de prensa.

EN DICIEMBRE DE 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.

Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.

A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. El equipo de ‘Investiga Lava Jato’ realizó un especial sobre la situación actual del mayor escándalo de corrupción en cinco países de la región.

Sigue impunidad en Venezuela pese a millonarios sobornos confesados

Aunque Venezuela es el segundo país después de Brasil que más sobornos recibió de la empresa Odebrecht para conseguir y mantener contratos de megaproyectos de infraestructura —98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos—, el Ministerio Público no ha abierto investigaciones formales sobre el caso, ni las diferentes denuncias o revelaciones han tenido consecuencia penal, a diferencia de otras naciones involucradas en esta red de corrupción transcontinental.

En todo caso, las investigaciones sobre la constructora brasileña en Venezuela quedaron interrumpidas o resultaron viciadas por el abrupto cambio de mando del Ministerio Público a mediados de 2017, marcado por las pugnas políticas entre un poder adherido a  la línea del Ejecutivo y un sector del chavismo disidente.

En agosto de 2017, cuando ya se encontraba en el exilio, la Fiscal General destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, denunció  por primera vez que las pesquisas del caso Odebrecht involucraba al presidente Nicolás Maduro, así como al “número dos” del gobierno, Diosdado Cabello, y al dirigente chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. Manifestó que tenía evidencias de pago de sobornos por parte de Odebrecht a estos funcionarios.

“Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos”, dijo Ortega Díaz en una llamada telefónica durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina en la ciudad mexicana de Puebla, en agosto de 2017.

El 26 de enero del año pasado, un mes después de revelarse los montos de los sobornos de Odebrecht en Latinoamérica, el Ministerio Público informó que indagaba si la empresa brasileña había sobornado a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser beneficiados con contratos de proyectos de infraestructura, como la Línea 5 del Metro de Caracas y el segundo Puente del lago de Maracaibo. Indicó que solicitó una rogativa a la Procuraduría General de Brasil para discutir el caso y comprobar si el dinero que poseían los sospechosos era producto de ilícitos.

En julio de 2017, cuando aún ocupaba el despacho del Ministerio Público, Ortega Díaz citó en calidad de imputadas por el caso Odebrecht a María Baptista y Elita Zacarias, esposa y suegra respectivamente de Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gabinete de Maduro. La entonces fiscal indicó que tenía en su poder los contratos de obras no terminadas por las cuales muchos funcionarios públicos involucrados recibieron comisiones (sobornos) que fueron depositadas en cuentas bancarias en el extranjero y en varios casos a nombre de familiares o testaferros.

También en julio de 2017, justo antes de ser destituida y de salir del país en calidad de exiliada, la fiscal Ortega anunció que pronto acusarían a funcionarios públicos venezolanos por caso Odebrecht.

El 5 de agosto de 2017, la ahora “traidora de la revolución” y  “enemiga número uno del gobierno de Maduro”, fue sustituida por el ex defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien apenas asumió el puesto descartó investigar a Maduro por el caso Odebrecht aduciendo que no trabajarían en función a “especulaciones”.

En septiembre de 2017, Saab anunció que el Ministerio Público, ahora a su cargo, reabriría las investigaciones porque se encontraron inconsistencias en los expedientes, que son los que deben impulsar la acción penal.

También informó que se había reunido con los representantes de la empresa Odebrecht en Venezuela, quienes manifestaron estar a la orden de la fiscalía para suministrar información que aportara elementos para esclarecer los hechos.

Desde octubre del año pasado, el Ministerio Público no volvió a mencionar a la firma brasileña hasta que, en abril último, rechazó el debate en la Asamblea Nacional sobre el antejuicio de mérito aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados al caso Odebrecht.

También en octubre de 2017, la fiscalía venezolana imputó a tres directivos de la empresa Odebrecht: Maryorie Garboza Ceballos, George Faroh Cano y Sergio Ferraz de Campo y reiteró la orden de aprehensión  contra el presidente de la constructora en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo. El fiscal designado por la ANC señaló que los directivos imputados y el prófugo estarían implicados en pago de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos en Venezuela.

El proceso, que incluyó la solicitud de orden de captura contra Maduro ante Interpol, está basado en una denuncia de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, quien presentó pruebas ante el TSJ en el exilio para iniciar un juicio contra el presidente venezolano por participar en los sobornos de Odebrecht en Venezuela.

Puedes acceder al especial de Convoca e Investiga Lava Jato aquí

Destacados periodistas de República Dominicana, Uruguay, Bolivia y Angola se integran al proyecto periodístico colaborativo y transfronterizo, conformado ahora por reporteros de investigación de 15 países de América Latina y África

La red del proyecto periodístico ‘Investiga Lava Jato’, ganador este año del Premio internacional TRACE para el Periodismo de Investigación contra la corrupción, se expande e incluye a cuatro nuevos miembros para seguir desarrollando investigaciones sobre los esquemas de pago de sobornos por parte de las constructoras brasileñas, además de financiamiento de campañas políticas, en las naciones donde obtuvieron adjudicaciones de obras.

Se trata de los destacados reporteros Alicia Ortega del reconocido programa ‘El Informe’ de República Dominicana, Guillermo Draper y Raúl Santopietro del Semanario Búsqueda de Uruguay, Nelfi Fernández del diario El Deber de Bolivia y Rafael Marques de Moerais de Angola, que se suman a los veinte periodistas de investigación de once países de América Latina y África que en junio de 2017 empezaron a publicar en conjunto sus hallazgos sobre Odebrecht —una de las empresas de Brasil bajo investigación por prácticas corruptas— como parte de un trabajo colaborativo y transfronterizo.

Con los nuevos integrantes, esta iniciativa periodística pasa a estar conformada por reporteros de 15 países de dos continentes. La mayoría de los nuevos miembros del proyecto participaron en la investigación global ‘Panama Papers’, ganadora del premio Pulitzer, y forman parte el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). El proyecto es coordinado por la directora de Convoca.pe (Perú), Milagros Salazar, y Flávio Ferreira de Folha de S. Paulo (Brasil).

Desde sus inicios, ‘Investiga Lava Jato’ ha permitido a todos sus integrantes analizar miles de documentos, construir bases de datos relevantes de los países investigados, rastrear empresas offshore en paraísos fiscales, hacer decenas de pedidos de información a los Estados y entrevistar a los personajes claves de nuestras historias.

Precisamente, la aplicación web Vía Sobrecosto, que forma parte del referido proyecto periodístico, permite conocer los incrementos millonarios de los proyectos y su impacto social.

Esta labor ha sido reconocida y galardonada con el TRACE Prize for Investigative Reporting – Uncovering Commercial Briber, como ya se mencionó, así como la nominación de finalista en el premio Excelencia Periodística 2018 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría de Periodismo de Datos; y también en los Data Journalism Awards, en la categoría Innovación.

Además de los nuevos integrantes, participan en el proyecto los periodistas Óscar Libón, Miguel Gutiérrez y Milagros Salazar del medio digital de periodismo de investigación Convoca de Perú, que invitó a los reporteros a concretar este esfuerzo: Flávio Ferreira Machado del diario Folha de S. Paulo de Brasil, Emilia Delfino del diario Perfil de Argentina, Raúl Olmos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Lisseth Boon de Runrunes y César Batiz de El Pitazo de Venezuela, Christian Zurita del portal de investigación Mil Hojas de Ecuador, Jimmy Alvarado de El Faro de El Salvador, Ginna Morelo, Óscar Agudelo y Fabián Bocanegra de Consejo de Redacción de Colombia, Adérito Caldeira del Jornal Verdade, periodistas de Plaza Pública de Guatemala y de Panamá en el marco la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas.

En los próximos días, publicaremos nuevos reportajes y se integrarán nuevos miembros para echar luces sobre el caso de corrupción más sonado en el continente.

Accede aquí a Investiga Lava Jato: https://investigalavajato.convoca.pe/