LA TEORÍA ECONÓMICA EXPLICA las fuentes que sostienen las finanzas de una nación. Cualquier cambio de una economía nacional, opera desde las movilizaciones propias de su dinámica económica. Es lo que, en principio, define cualquier cambio estructural posible. Se trata particularmente de considerar los ingresos y gastos nacionales para un período dado. De esa forma, se desnuda el comportamiento de la economía. Y aunque el modo de calcular tales magnitudes lleva a formas diferentes de reconocimiento, su análisis siempre conduce al mismo objeto de estudio basado en el cálculo de los valores agregados. Estos, son los que determinan el soporte económico y financiero de una nación.
Primeramente deberá saberse que este proceso, denominado Cuentas Nacionales, revisa los ingresos agregados de los distintos actores de la economía, individuos y empresas, con el propósito de acordar las premisas por las cuales se rige la “contabilidad social”. De esa manera, podrá tenerse claridad sobre cuáles fundamentos económicos han de validar las decisiones pertinentes que favorecen la vida de una nación.
Vista esta situación desde la perspectiva venezolana, las realidades hablan de modo diferente. Los preceptos que trazan el tinglado de la teoría económica, evidencian alteraciones que dan de bruces la metodología pautada por los esquemas de una macroeconomía y que en Venezuela es considerada anormal en cuanto a su configuración conceptual. Esto es para decir que el país deja ver un caso atípico de lo que las Cuentas Nacionales deberían colegir.
Ni siquiera, esos procesos, regidos por la dinámica económica impuesta mediante ordenes presidenciales, son capaces de incitar los cambios a los que alude la Constitución Nacional cuando hace referencia de los Derechos Económicos. Incluso, de los Derechos Políticos y Derechos Sociales. Sobre todo, ante aquellas libertades que exaltan el ejercicio del trabajo en concomitancia con la creación de la riqueza, entendida como razón de Estado para consolidar el acervo económico nacional. Es así que el artículo 116 constitucional, bien destaca que “no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes” salvo cuando se cometan “delitos contra el patrimonio público”.
Y esas libertades están basadas en valores que necesariamente requiere el funcionamiento de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como lo exalta el artículo 2 constitucional. Para eso, luce la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos como soportes morales a partir de los cuales se posibilita la defensa de la persona y “el respeto a su dignidad” (Del artículo 3 constitucional)
Este prolegómeno, a manera de cimiento contextual del problema que se avecina en torno al abierto y abusivo control que el alto gobierno busca realizar sobre las remesas que están apuntalando la economía nacional, desde que la diáspora se volvió parte importante de la agenda diaria del país, hace ver el craso error que estaría cometiéndose en materia de igualdad y solidaridad. O sea, de Derechos Humanos, políticos y económicos.
Aunque las remesas se entienden como dineros que los emigrantes envían a su país de origen, a sus familiares, las remesas igualmente pueden considerarse desde una acepción que amplía la causa que determina no sólo lo enviado. Mucho más que eso. Las remesas las explica su razón, el tiempo político, económico y social bajo el cual se dan. Asimismo, la vía empleada para hacer llegar a las manos de los familiares un monto en particular. Es decir, el cómo, el cuándo, desde dónde, y el para qué.
Las remesas que han encauzado los venezolanos en el marco del desproporcionado éxodo, tienen el sentido que dicta la crisis política en Venezuela. El sólo hecho de comprender el número de emigrantes en consonancia con la celeridad que define su salida, el número de emigrantes y la magnitud del fenómeno migratorio venezolano, son variables que enturbian el problema. Aún cuando igualmente sirven para enriquecer el análisis político ante la tragedia que el alto gobierno ha propiciado adredemente. En consecuencia, dan cuenta del estado de la economía. Estado éste que las Cuentas Nacionales muestran al hacer un barrido de los ingresos que por vía de las remesas llegan al país.
Y aunque las remesas no dejan de avivar importantes diatribas políticas y económicas, son objeto de cuestionamiento si acaso están sirviendo de piso al subdesarrollo económico. No obstante esta preocupación de algunos estudiosos sobre el problema migratorio, ha sido razón para asentir estos efectos. Alegan que las remesas venezolanas han sido causa, de alguna forma, de la hiperinflación. Específicamente, cuando se tiene un control cambiario avivado por el mercado negro. Cuando se ha visto desvirtuado el valor de la unidad monetaria nacional a lo cual se suma el desorden para imprimir moneda del organismo emisor. El desamparo financiero por parte del Estado que vive el sector productivo nacional. Y la corrupción como elemento de desarreglo de la administración pública y de la moralidad de altos y medianos funcionarios.
La conjugación de estas variables determinó que el gobierno central se haya planteado otro modo de confiscar remesas al proceder desaforadamente a salirse con la suya. Para ello, decidió complicar el envío de remesas al bloquear cuentas a venezolanos en el exterior lo que no es distinto que saquear recursos trabajados duramente por venezolanos que decidieron construir su proyecto de vida alejado de la inseguridad que el mismo gobierno ha encubierto a fin de violentar condiciones que favorecen sus intenciones políticas.
Esto, que también es un modo del régimen de obtener las divisas que no tiene por las razones que se conocen, recrudece la vida de quienes en Venezuela son destino potencial de dichas remesas. De forma tal que lo que de cara a esta situación habrá de vivirse, representa un añadido a la crisis política, económica y social que tiene arruinado al país. O sea, es facción de la misma crisis. Pero que se verá acelerada por procedimiento de tal calaña. ES decir, son confiscaciones que quiebran esperanzas.
